18:51 | Miercoles 01 de Mayo de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 26-06-2016 / 09:06
CRÓNICAS DE LA REPÚBLICA
Frente al asombroso festival judicial
A seis meses del cambio de mando, no hay casi un juez federal o del fuero penal o económico que no tenga un procesado o un imputado del kirchnerismo. Ahora mismo hay más de 30 ex funcionarios o empresarios amigos del poder que caducó el 10 de diciembre que están llamados a rendir cuentas ante la Justicia. Lo más impactante es que 16 de esos imputados o procesados integraron la primera línea de la administración de los Kirchner en los últimos años. El juez Claudio Bonadío podría agregarle más temprano que tarde a esa encumbrada lista el nombre de Cristina Fernández.
El gobierno de Mauricio Macri parece un cómodo espectador de una pelea entre sus enemigos comunes y de la que, sin siquiera calzarse un guante, podría resultar beneficiado. Es un cómodo espectador que asiste entre azorado y esperanzado al festival de kirchneristas desfilando por los juzgados ante los ahora veloces magistrados de Comodoro Py.
Los funcionarios de Macri muestran las tapas de los diarios y se entusiasman con lo obvio: hace dos semanas que no hay titulares que destaquen los problemas de la inflación, el ajuste de las tarifas, los Panamá Papers, las inconsistencias en algunas declaraciones juradas del gabinete, y los otros temas que sirvieron de argumento para los enemigos que insistían en colgarle a Macri el sayo de que gobierna para los ricos.
Hay otra línea, que encarnaría centralmente el ministro de Justicia, Germán Garavano, que sostiene que, si bien los jueces deben investigar, elevar las causas a juicio oral y dictar sentencia, al mismo tiempo expresan una mirada dura sobre esos mismos magistrados que ahora se atropellan por los pasillos de tribunales para ver quien investiga más rápido, mientras durante ocho años estuvieron entregados a una larga siesta. Sostienen que, si tuviesen un poco de dignidad, la mayoría de esos jueces federales deberían presentar sus renuncias.
En ese punto, hay un toque de atención, para algunos una verdadera piedra en el zapato, que es Elisa Carrió. La diputada de la Coalición Cívica y auto titulada "garante moral" de Cambiemos le reclama a Macri que el gobierno no baje los brazos y no permita que la ola de investigaciones se caiga, aunque al mismo tiempo habla pestes de todos los jueces por igual.
Una tercera mirada que convive con esos dos modos de analizar la realidad judicial del país y el derrumbe sin remedio del kirchnerismo tiene que ver con cuánto le conviene políticamente al Presidente que ese terremoto seguido de un tsunami que se abatió sobre los principales actores del gobierno anterior se precipite tan de golpe.
Macri expresaba su gusto particular por un escenario nítido y extendido: tenerla a Cristina Fernández como principal contendiente, con la intención de que esas dos fuerzas fuesen las que se vieran las caras en las legislativas de 2017, cuando un triunfo o una derrota del oficialismo podría marcar el futuro mismo de la coalición. Era una buena forma de asestarle el golpe final en las urnas, y no en los tribunales, a su rival.
Un solo dato de la realidad exime de cualquier otro comentario. A seis meses del cambio de mando, no hay casi un juez federal o del fuero penal o económico que no tenga un procesado o un imputado del kirchnerismo. Ahora mismo hay más de 30 ex funcionarios o empresarios amigos del poder que caducó el 10 de diciembre que están llamados a rendir cuentas ante la Justicia.
Lo más impactante es que 16 de esos imputados o procesados integraron la primera línea de la administración de los Kirchner en los últimos años. El juez Claudio Bonadío podría agregarle más temprano que tarde a esa encumbrada lista el nombre de Cristina Fernández.
Los funcionarios de Macri muestran las tapas de los diarios y se entusiasman con lo obvio: hace dos semanas que no hay titulares que destaquen los problemas de la inflación, el ajuste de las tarifas, los Panamá Papers, las inconsistencias en algunas declaraciones juradas del gabinete, y los otros temas que sirvieron de argumento para los enemigos que insistían en colgarle a Macri el sayo de que gobierna para los ricos.
Hay otra línea, que encarnaría centralmente el ministro de Justicia, Germán Garavano, que sostiene que, si bien los jueces deben investigar, elevar las causas a juicio oral y dictar sentencia, al mismo tiempo expresan una mirada dura sobre esos mismos magistrados que ahora se atropellan por los pasillos de tribunales para ver quien investiga más rápido, mientras durante ocho años estuvieron entregados a una larga siesta. Sostienen que, si tuviesen un poco de dignidad, la mayoría de esos jueces federales deberían presentar sus renuncias.
En ese punto, hay un toque de atención, para algunos una verdadera piedra en el zapato, que es Elisa Carrió. La diputada de la Coalición Cívica y auto titulada "garante moral" de Cambiemos le reclama a Macri que el gobierno no baje los brazos y no permita que la ola de investigaciones se caiga, aunque al mismo tiempo habla pestes de todos los jueces por igual.
Una tercera mirada que convive con esos dos modos de analizar la realidad judicial del país y el derrumbe sin remedio del kirchnerismo tiene que ver con cuánto le conviene políticamente al Presidente que ese terremoto seguido de un tsunami que se abatió sobre los principales actores del gobierno anterior se precipite tan de golpe.
Macri expresaba su gusto particular por un escenario nítido y extendido: tenerla a Cristina Fernández como principal contendiente, con la intención de que esas dos fuerzas fuesen las que se vieran las caras en las legislativas de 2017, cuando un triunfo o una derrota del oficialismo podría marcar el futuro mismo de la coalición. Era una buena forma de asestarle el golpe final en las urnas, y no en los tribunales, a su rival.
Un solo dato de la realidad exime de cualquier otro comentario. A seis meses del cambio de mando, no hay casi un juez federal o del fuero penal o económico que no tenga un procesado o un imputado del kirchnerismo. Ahora mismo hay más de 30 ex funcionarios o empresarios amigos del poder que caducó el 10 de diciembre que están llamados a rendir cuentas ante la Justicia.
Lo más impactante es que 16 de esos imputados o procesados integraron la primera línea de la administración de los Kirchner en los últimos años. El juez Claudio Bonadío podría agregarle más temprano que tarde a esa encumbrada lista el nombre de Cristina Fernández.
CRÓNICAS DE LA REPÚBLICA
Frente al asombroso festival judicial
Por momentos, el gobierno parece un cómodo espectador de una pelea entre sus enemigos comunes y de la que, sin siquiera calzarse un guante, podría resultar beneficiado.
Es, para decirlo en lenguaje de absoluta actualidad política, un cómodo espectador que asiste entre azorado y esperanzado al festival de kirchneristas desfilando por los juzgados o de inexorable futuro de banquillo ante los ahora veloces magistrados de Comodoro Py.
Hay espectadores y espectadores. Están los que los que aspiran a que el espectáculo no acabe nunca o el campanazo llegue lo más lejano en el tiempo. Son esos funcionarios del entorno de Mauricio Macri que muestran las tapas de los diarios y se entusiasman con lo obvio: hace dos semanas que no hay titulares que destaquen los problemas de la inflación, el ajuste de las tarifas, los Panamá Papers, las inconsistencias en algunas declaraciones juradas del gabinete, y los otros temas que sirvieron de argumento para los enemigos que insistían en colgarle a Macri el sayo de que gobierna para los ricos.
Esgrimen, además, con entusiasmo un agregado no menor con formato de rumor que les llega desde los despachos de Comodoro Py: la posibilidad de que el ex vicepresidente Amado Boudou siga los pasos de Ricardo Jaime antes de fin de año. Sin contar con las complicaciones crecientes que afrontará otro pez gordo como Julio De Vido.
Y el "run run" que crece en los pasillos, y llega extendido hasta las carpas kirchneristas, sostiene que "en algún momento" la abogada exitosa va a terminar presa. Curioso, pero lo acaba de enarbolar el inefable Luis D´Elía en medio de andanadas contra la tropa cada vez más amplia de desertores, en un mensaje que sonó más a ruego para que no la abandonen.
Hay otra línea, que encarnaría centralmente el ministro de Justicia, Germán Garavano, un funcionario que ha dicho cosas sobre los jueces que difícilmente no reconozcan detrás un guiño previo del presidente. Los cultores de esa línea sostienen que, si bien los jueces deben investigar, elevar las causas a juicio oral y dictar sentencia, al mismo tiempo expresan una mirada dura sobre esos mismos magistrados ahora se atropellan por los pasillos de tribunales para ver quien investiga más rápido, mientras durante ocho años estuvieron entregados a una larga siesta.
Sostienen sin doble lectura que, si tuviesen un poco de dignidad, la mayoría de esos jueces federales, con contadísimas excepciones, deberían presentar sus renuncias.
En ese punto, reconocen fuentes importantes del gobierno, hay un toque de atención, para algunos una verdadera piedra en el zapato, que es Elisa Carrió. La diputada de la Coalición Cívica y autotitulada "garante moral" de Cambiemos le reclama a Macri que el gobierno no baje los brazos y no permita que la ola de investigaciones se caiga, aunque al mismo tiempo habla pestes de todos los jueces por igual. Con honradas excepciones.
Una tercera mirada que convive con esos dos modos de analizar la realidad judicial del país y el derrumbe sin remedio del kirchnerismo tiene que ver con cuánto le conviene políticamente al presidente que ese terremoto seguido de un tsunami que se abatió sobre los principales actores del gobierno anterior se precipite tan de golpe.
Era un valor extendido que Macri expresaba su gusto particular por un escenario nítido y extendido: tenerla a Cristina Fernández como principal contendiente, con la intención de que esas dos fuerzas fuesen las que se vieran las caras en las legislativas de 2017, cuando un triunfo o una derrota del oficialismo podría marcar el futuro mismo de la coalición con radicales y el partido de Carrió.
Era una buena forma, y lo sigue siendo, de allí esas preocupaciones por el inusitado apuro que ahora muestran los jueces por terminar cuanto antes con el trabajo atrasado, de asestarle el golpe final en las urnas, y no en los tribunales, a su rival.
La preocupación por tanta aceleración judicial tendría además su basamento en otro dato que se ha generalizado en las encuestas y que el gobierno, en el marco de esta última estrategia, pensaba aprovechar, aunque nada dice que no pueda aún hacerlo.
En promedio, un 60% de la sociedad no quiere saber más nada con el kirchnerismo tal como se lo conoció, autoritario y corrupto. Un sentimiento que se calcificó después de escenas que ni el mismísimo Federico Fellini hubiese imaginado, como los Báez contando millones de dólares en la Rosadita y el estrambótico José López revoleando bolsos con millones de dólares sobre la alambrada de un monasterio bonaerense. Que, para más datos, ahora se sabe que frecuentaban asiduamente el mismo López, Alicia Kirchner, Julio De Vido y su esposa, "Laly" Minnicelli.
Conviene decirlo a estas alturas para no perder el foco: no es que el espectáculo judicial que se lleva todas las carteleras sea novedoso. Siempre hubo jueces que se apuraron a levantar las persianas de sus despachos ante cada gobierno en retirada, después de haber sido funcionales a los deseos del poder político de turno. Lo que asombra es que esta versión actualizada de la misma película supera todos los limites. Y enerva a aquellos funcionarios que dudan de la moralidad de la inmensa mayoría de sus señorías.
Un solo dato de la realidad exime de cualquier otro comentario. A seis del cambio de mando, no hay casi un juez federal o del fuero penal o económico que no tenga un procesado o un imputado del kirchnerismo. Ahora mismo hay más de 30 ex funcionarios o empresarios amigos del poder que caducó el 10 de diciembre que están llamados a rendir cuentas ante la Justicia.
Lo más impactante es que 16 de esos imputados o procesados integraron la primera línea de la administración de los Kirchner en los últimos años. El juez Claudio Bonadío podría agregarle más temprano que tarde a esa encumbrada lista el nombre de Cristina Fernández.
Por Eugenio Paillet
Fuente: lanueva.com
Frente al asombroso festival judicial
Por momentos, el gobierno parece un cómodo espectador de una pelea entre sus enemigos comunes y de la que, sin siquiera calzarse un guante, podría resultar beneficiado.
Es, para decirlo en lenguaje de absoluta actualidad política, un cómodo espectador que asiste entre azorado y esperanzado al festival de kirchneristas desfilando por los juzgados o de inexorable futuro de banquillo ante los ahora veloces magistrados de Comodoro Py.
Hay espectadores y espectadores. Están los que los que aspiran a que el espectáculo no acabe nunca o el campanazo llegue lo más lejano en el tiempo. Son esos funcionarios del entorno de Mauricio Macri que muestran las tapas de los diarios y se entusiasman con lo obvio: hace dos semanas que no hay titulares que destaquen los problemas de la inflación, el ajuste de las tarifas, los Panamá Papers, las inconsistencias en algunas declaraciones juradas del gabinete, y los otros temas que sirvieron de argumento para los enemigos que insistían en colgarle a Macri el sayo de que gobierna para los ricos.
Esgrimen, además, con entusiasmo un agregado no menor con formato de rumor que les llega desde los despachos de Comodoro Py: la posibilidad de que el ex vicepresidente Amado Boudou siga los pasos de Ricardo Jaime antes de fin de año. Sin contar con las complicaciones crecientes que afrontará otro pez gordo como Julio De Vido.
Y el "run run" que crece en los pasillos, y llega extendido hasta las carpas kirchneristas, sostiene que "en algún momento" la abogada exitosa va a terminar presa. Curioso, pero lo acaba de enarbolar el inefable Luis D´Elía en medio de andanadas contra la tropa cada vez más amplia de desertores, en un mensaje que sonó más a ruego para que no la abandonen.
Hay otra línea, que encarnaría centralmente el ministro de Justicia, Germán Garavano, un funcionario que ha dicho cosas sobre los jueces que difícilmente no reconozcan detrás un guiño previo del presidente. Los cultores de esa línea sostienen que, si bien los jueces deben investigar, elevar las causas a juicio oral y dictar sentencia, al mismo tiempo expresan una mirada dura sobre esos mismos magistrados ahora se atropellan por los pasillos de tribunales para ver quien investiga más rápido, mientras durante ocho años estuvieron entregados a una larga siesta.
Sostienen sin doble lectura que, si tuviesen un poco de dignidad, la mayoría de esos jueces federales, con contadísimas excepciones, deberían presentar sus renuncias.
En ese punto, reconocen fuentes importantes del gobierno, hay un toque de atención, para algunos una verdadera piedra en el zapato, que es Elisa Carrió. La diputada de la Coalición Cívica y autotitulada "garante moral" de Cambiemos le reclama a Macri que el gobierno no baje los brazos y no permita que la ola de investigaciones se caiga, aunque al mismo tiempo habla pestes de todos los jueces por igual. Con honradas excepciones.
Una tercera mirada que convive con esos dos modos de analizar la realidad judicial del país y el derrumbe sin remedio del kirchnerismo tiene que ver con cuánto le conviene políticamente al presidente que ese terremoto seguido de un tsunami que se abatió sobre los principales actores del gobierno anterior se precipite tan de golpe.
Era un valor extendido que Macri expresaba su gusto particular por un escenario nítido y extendido: tenerla a Cristina Fernández como principal contendiente, con la intención de que esas dos fuerzas fuesen las que se vieran las caras en las legislativas de 2017, cuando un triunfo o una derrota del oficialismo podría marcar el futuro mismo de la coalición con radicales y el partido de Carrió.
Era una buena forma, y lo sigue siendo, de allí esas preocupaciones por el inusitado apuro que ahora muestran los jueces por terminar cuanto antes con el trabajo atrasado, de asestarle el golpe final en las urnas, y no en los tribunales, a su rival.
La preocupación por tanta aceleración judicial tendría además su basamento en otro dato que se ha generalizado en las encuestas y que el gobierno, en el marco de esta última estrategia, pensaba aprovechar, aunque nada dice que no pueda aún hacerlo.
En promedio, un 60% de la sociedad no quiere saber más nada con el kirchnerismo tal como se lo conoció, autoritario y corrupto. Un sentimiento que se calcificó después de escenas que ni el mismísimo Federico Fellini hubiese imaginado, como los Báez contando millones de dólares en la Rosadita y el estrambótico José López revoleando bolsos con millones de dólares sobre la alambrada de un monasterio bonaerense. Que, para más datos, ahora se sabe que frecuentaban asiduamente el mismo López, Alicia Kirchner, Julio De Vido y su esposa, "Laly" Minnicelli.
Conviene decirlo a estas alturas para no perder el foco: no es que el espectáculo judicial que se lleva todas las carteleras sea novedoso. Siempre hubo jueces que se apuraron a levantar las persianas de sus despachos ante cada gobierno en retirada, después de haber sido funcionales a los deseos del poder político de turno. Lo que asombra es que esta versión actualizada de la misma película supera todos los limites. Y enerva a aquellos funcionarios que dudan de la moralidad de la inmensa mayoría de sus señorías.
Un solo dato de la realidad exime de cualquier otro comentario. A seis del cambio de mando, no hay casi un juez federal o del fuero penal o económico que no tenga un procesado o un imputado del kirchnerismo. Ahora mismo hay más de 30 ex funcionarios o empresarios amigos del poder que caducó el 10 de diciembre que están llamados a rendir cuentas ante la Justicia.
Lo más impactante es que 16 de esos imputados o procesados integraron la primera línea de la administración de los Kirchner en los últimos años. El juez Claudio Bonadío podría agregarle más temprano que tarde a esa encumbrada lista el nombre de Cristina Fernández.
Por Eugenio Paillet
Fuente: lanueva.com
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