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Por Carlos Andujar
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Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Entre Ríos - 03-06-2015 / 12:06
EL FISCAL FEDERAL PIDIÓ LA "FALTA DE MÉRITOS"
Se cae la acusación: Militantes anti fracking, inocentes
Organizaciones políticas, sociales y ambientalistas acompañaron a los asambleístas antifracking.
El fiscal Ricardo Álvarez pidió este martes la falta de mérito para los asambleístas de Concordia Facundo Scattone Moulins, Bernardo Zalisñak, Horacio De Carli y Francisco Larocca, "por no poder comprobarse que fueron ellos los que cometieron el presunto ilícito". No encontró pruebas de delitos y además cuestionó a Gendarmería.
La audiencia que comenzó este martes en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, fue acompañada por asambleístas de Gualeguaychú, que llegaron para apoyar el reclamo de los concordienses y otras organizaciones socioambientales.
Fueron cuatro de los cinco los ambientalistas que apelaron el procesamiento dictado por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, en febrero, por el delito de "Entorpecimiento del normal funcionamiento del Transporte Terrestre", durante una protesta contra el fracking realizada en la ruta 015, en Concordia.
Ahora resta conocerse la resolución de la Cámara compuesta por los magistrados Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso. La Cámara Federal de Apelaciones tiene cinco días para resolver si concede la falta de mérito a las cinco personas que impidieron la circulación de camiones vibradores por una ruta en Concordia.
La Opinión Popular
Cae la acusación contra los asambleístas antifracking
El fiscal Ricardo Álvarez no sostuvo la acusación "por no poder comprobarse que fueron ellos los que cometieron el presunto ilícito", que consistió, según el cargo que se les enrostraba, en haber interrumpido la circulación de camiones vibradores por una ruta nacional.
Así las cosas, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná podría dictar la falta de mérito de Horacio Miguel De Carli, Facundo Scattone, Bernardo Zalisñak y Francisco Larocca -Cesar Arístides Pibernus decidió no apelar su procesamiento-, tal como pidió el fiscal, o hacer caso omiso y confirmar el procesamiento dictado en febrero pasado por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró.
Los asambleístas fueron procesados por el delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre por una ruta, que prevé penas de tres meses a 2 años de prisión, por impedir el cruce hacia la República Oriental del Uruguay de cuatro camiones vibradores, bajo el argumento de que pretendían evitar la práctica del fracking sobre el Acuífero Guaraní.
Ahora, los jueces Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso tienen cinco días hábiles para resolver.
En tanto, en la calle, organizaciones gremiales, ambientalistas, estudiantiles y partidos políticos de izquierda se manifestaron con pancartas de apoyo a los cinco imputados, en una especie de vigilia frente al edificio de tribunales.
DESPROCESAR
La protesta se inició el sábado 2 de agosto del año pasado, en horas de la mañana, cuando un grupo de personas impidió la circulación de los camiones pertenecientes a una empresa que realizaba trabajos de exploración de hidrocarburos por fracking (sistema de fractura hidráulica) en la República Oriental del Uruguay. Los manifestantes se mantuvieron a un costado de la ruta 015 hasta la madrugada del domingo, cuando Gendarmería reprimió a los manifestantes y detuvo a cuatro de ellos, invocando una orden judicial que ordenaba a los manifestantes que se apartaran de la banquina y permitieran a los camiones continuar con su camino.
El fiscal Álvarez desistió de la acusación y solicitó la falta de mérito para los cuatro asambleístas. Por un lado, se refirió a un accionar irregular de Gendarmería, que en las actas calificaban a los asambleístas procesados como "referentes, cabecillas y/o voceros" de la protesta, aunque sin un sustento probatorio.
Álvarez aseguró que "no se sabe cómo se los identificó como referentes, cabecillas y/o voceros a los acusados" y agregó que De Carli, Scattone, Zalisñak, Larocca y Pibernus "fueron injustamente procesados ya que hay una insuficiencia probatoria de que estas personas fueron los que cometieron el delito del que se los acusa".
Pero el fiscal también expuso otro argumento para solicitar la falta de mérito de los asambleístas: dijo que la protesta no implicó un corte total de la ruta sino que afectó a una empresa privada en particular.
"Al haber un desplazamiento consensuado hacia la banquina, no hubo entorpecimiento de los transportes en general sino de una empresa en particular. Al no existir un corte de ruta generalizado, sino un corte particularizado a cuatro camiones de una empresa privada, de las cuales dichos conductores no fueron privados ilegítimamente de su libertad, me pronuncio a favor de la falta de mérito", enfatizó Álvarez.
QUÉ DICE LA DEFENSA
Los defensores de los asambleístas fueron muy críticos de la investigación. Cada uno a su turno hizo una defensa de la causa ambiental, más allá de las particularidades, y hasta advirtieron que la represión y detención de los manifestantes fue ilegal.
Juan Carlos Ferrari, defensor de Zalisñak, asumió "la voluntad de representar a todos", por sobre los intereses individuales, dado que la protesta que sostenían los asambleístas pretendía evitar un posible daño a la comunidad. "No sólo todos tenemos el derecho a un ambiente sano, sino que tenemos la obligación y el deber de preservarlo, y esta gente nos representó a todos en su accionar", sostuvo.
En el mismo sentido, Guillermo Grandi, que defiende a Larocca y De Carli, sostuvo que el fallo del juez Seró, "en lugar de aportar herramientas para comprender y solucionar un problema, reprime".
Osvaldo Fernández, co-defensor, planteó la nulidad del procesamiento, dijo que Gendarmería actuó sin una orden escrita al detener a los asambleístas y aseguró que "hay una falta absoluta de tipicidad en cuanto al delito ni hay carga probatoria que demuestre que se puso en riesgo la paz y el orden público".
En tanto, Imanol Sánchez, defensor de Scattone, habló de "criminalización de la protesta social", reclamó al Poder Judicial que no persiga a quienes ejercen el derecho a reclamar por sus derechos y dijo que la figura que se les imputó a los asambleístas es de "dudosa constitucionalidad".
Fuente: El Diario de Paraná
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