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Sociedad e Interés General - 08-07-2014 / 10:07
EFEMÉRIDES POPULARES

Se promulga la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria

Se promulga la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria
El 8 de julio de 1884 se promulgó la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria.
 
El 8 de julio de 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se promulgó la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria.
 
La ley aprobada estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley.
 
Es una Ley fundacional del Estado argentino y creadora de la educación pública. Se establece el Consejo Nacional de Educación, con Eduardo Wilde como Ministro de Instrucción Pública.
 
La Opinión Popular

Ley 1420: el país que se hizo con buenas escuelas
 
El 8 de julio se cumplen 130 años de la sanción de la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria. Se trata de la norma básica que estructuró el sistema de educación pública nacional.
 
Domingo Faustino Sarmiento había sido el gran propagandista de la educación pública, pero en su presidencia (1868/74) no llegó a sancionar una norma sobre ella. Tampoco lo hizo su sucesor, Nicolás Avellaneda, quien había sido su Ministro de Educación (entonces de Justicia e Instrucción Pública) en los seis años de su mandato.
 
Fue Roca, su sucesor, el que construye el sistema de educación nacional, que el primero publicitó y el segundo esbozó pero que no llegaron a concretar.
 
Roca asume su primera presidencia el 12 de octubre de 1880 y a los pocos meses crea el Consejo Nacional de Educación, el órgano destinado a conducir la política para la educación primaria en el ámbito nacional y elige a Sarmiento para presidirlo. Al mismo tiempo, designa a su predecesor, Nicolás Avellaneda, como Rector de la Universidad de Buenos Aires.
 
Los dos presidentes anteriores eran designados así al frente de la educación primaria y de la institución ya más importante de la superior.
 
La ley 1420, que estructura el sistema educativo nacional estableciendo la obligatoriedad de la enseñanza, su carácter gratuito y laico, a cargo del Estado, llega en 1884.
 
Los debates parlamentarios muestran que fue una norma resistida y que el Presidente tuvo que ejercer una fuerte decisión política para su sanción. El Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, defiende con vehemencia el proyecto en el Congreso.
 
En la primera presidencia de Roca la relación con la Iglesia se tensa y el Presidente termina expulsando al Nuncio Apostólico del país, argumentando su injerencia en los asuntos internos. Pero será el mismo Roca quien en su segunda presidencia restablecerá las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
 
Al momento de la sanción de la ley, el porcentaje de personas alfabetizadas en Argentina era muy bajo.
 
Sabía leer y escribir menos de uno de cada cinco habitantes. Un cuarto de siglo más tarde, al conmemorarse el Centenario, ya dos de cada tres saben leer y escribir y en los menores de diez años la escolarización está llegando al 90%.
 
Vista en perspectiva, una ley políticamente controvertida en el momento ha pasado a ser, junto con la Ley Sáenz Peña que estableció el voto universal secreto y obligatorio, la norma que tiene mayor consenso.
 
Es que todas las fuerzas políticas, cualquiera sea su posición ideológica, coinciden hoy en reivindicar ambas normas. Vista en perspectiva, la democratización de la educación fue un paso previo a la democratización de la política.
 
La ley 1420 mostró una gran vigencia y adaptabilidad a través del tiempo y no fue un obstáculo al desarrollo de la educación privada, área que tuvo un avance importante a partir del gobierno de Arturo Frondizi.
 
Recordar hoy esta norma no sólo lleva a reconocer que es de Roca y no de Sarmiento, como cree la mayoría de la gente informada en Argentina, sino que la educación pública ha pasado a ser una gran asignatura pendiente de la democracia contemporánea.
 
Por Rosendo Fraga Director Del Centro De Estudios Unión Para La Nueva Mayoría
 
Fuente: Clarín 
 

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Herminio Iglesias fue peronista, sindicalista, intendente de Avellaneda, diputado y fallido candidato a gobernador de Buenos Aires en 1983 por el PJ. Su quema del ataúd con la sigla UCR fue el símbolo de la derrota del peronismo a manos del radical Raúl Alfonsín.
 
Participó del 17 de octubre de 1945. Presidió la agrupación vandorista "30 de Junio", en Avellaneda. Fue baleado en 1972 por otros peronistas. Corrió a tiros a Juan Manuel Abal Medina ese mismo año. Fue baleado otra vez, en este caso le rozaron el escroto, en septiembre de 1973, también por una interna con sus adeptos.
 
Tenía una fama basada en exabruptos, provocaciones y un curioso manejo del idioma. Era un exponente de la ortodoxia justicialista, una fórmula que con menos eufemismo podría traducirse como un "pesado" del peronismo bonaerense. Gozaba de un nombre en su territorio, Avellaneda, ganado, entre otras cosas, a fuerza de pistola.

Los que estabamos en las antípodas ideológicas de Iglesias recordamos -nobleza obliga- que las tres firmas que llevaba el documento de denuncia de la represión militar entregado a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, en plena dictadura, eran las de Alfonsín, Deolindo Felipe Bittel  y Herminio Iglesias. Y él se ofreció para entregar el documento donde el PJ y la UCR defendían a los derechos humanos. Eran tiempos donde no abundaban los valientes.
 
En Herminio había un elemento central del peronismo: la reivindicación de los humildes. Venía de abajo en serio, no se había criado en las bibliotecas, ni siquiera sabía dónde quedaban. Era duro, forjado en la vida, expresaba como nadie la cultura de la calle, la de la noche, la del dolor. No era un mafioso, como lo querían definir los cajetillas, tampoco un santón, como lo imaginaban algunos fanáticos de la política. Murió el 16 de febrero de 2007.

Alguno nos acusará de defender a personas que tenían relación con el delito. En rigor, la política los sacó de la marginalidad, no como tantos a los que ahora la política los inició en el mundo de la corrupción y el delito. Y la gran mayoría de ellos tienen carreras universitarias.
 
Por Carlos Morales para La Opinión Popular

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