Nacionales - 17-04-2014 / 08:04
BUSCA ESTABLECER CUÁNDO PUEDE SER DISPERSADA POR LA FUERZA
El cristinismo ahora quiere una ley para prohibir la protesta social en las calles
El proyecto de ley presentado por los diputados más duros del cristinismo no va solo contra los piquetes opositores de la izquierda política y gremial, está dirigido contra los movimientos espontáneos de los ciudadanos a través de las redes sociales, como fue por ejemplo los cacerolazos. También se podría aplicar contra otras protestas sociales, como los que reclamaban por los cortes de luz o la de los ambientalistas de Gualeguaychú.
Luego de que la presidenta Cristina Fernández lo pidiera en su discurso de apertura de sesiones en el Congreso, y con el impulso de Jorge Capitanich, un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto para limitar "toda manifestación pública" y habilitar el "uso de la fuerza" para desalojar las protestas sociales.
El proyecto, que por el lenguaje castrense parece redactado por el general Milani, lleva las firmas de los diputados ultra K Carlos Kunkel, Diana Conti, Sandra Mendoza, José María Díaz Bancalari, María Teresa García, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez Campos, tiene 34 artículos y supuestamente propone "saldar una deuda legítima, garantizando el derecho de los ciudadanos en el contexto de las manifestaciones públicas".
El texto, entre otras cosas, establece que "toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas". También estipula que "una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad (...) sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites" previstos en la normativa.
¿Cuándo una manifestación es legítima? Según el proyecto son legítimas las protestas que no impiden "el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente a la educación, la seguridad y la salud pública"; no bloquean "totalmente" la circulación; permiten el paso de grupos especialmente vulnerables y los manifestantes no cometen delitos previstos en el Código Penal. Además, deben ser notificadas con antelación. De ese modo cualquier corte sería considerado ilegítimo.
Por la redacción del texto, los cacerolazos entrarían en este proyecto de ley y serían considerados "ilegítimos" si se replicaran como en sus últimas ediciones, entre otros motivos porque las calles quedaron cortadas en su totalidad. Hay expresiones populares, cuando el pueblo sale a la calle para dar visibilidad a un reclamo, que quedan fuera de cualquier control. Si vecinos manifiestan porque les cortan la luz, no pueden avisar 48 horas antes, y sería considerado ilegítimo. Y la norma determina que "puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar" los derechos de terceros.
El mismo Gobierno que institucionalizó los piquetes, destinando millones de pesos a solventar agrupaciones piqueteras, como las de Milagro Sala y Luis D'Elía, dedicadas a cortar rutas para desarrollar los más infames métodos del clientelismo político, ahora quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano. En el ocaso de poder, cuando está ingresado en la recta final de su gestión, el cristinismo busca bañarse en agua bendita en plena Semana Santa. Y por eso pretende salir a regular las protestas en las calles.
Ahora bien, constituye un verdadero atentado a la razón que el mismo Gobierno que utilizó a distintas agrupaciones piqueteras como fuerza de choque y ha hecho que proliferen protestas como las que suelen realizar agrupaciones como Quebracho, recién ahora salga a plantear una regulación. Es una contradicción en sí misma, que no resiste el menor análisis, y que demuestra la poca seriedad del proyecto en cuestión.
La protesta en las calles es una herramienta de los sectores populares para manifestar y reclamar por sus derechos no resueltos, situación que se agravó producto de la crisis económica y social, causada por el fracaso del gobierno de CFK, que ha llevado a que las protestas callejeras se multiplicaran exponencialmente.
Pero, se terminaron los piquetes "amigos", el Gobierno perdió la calle que se transformó en un ámbito hostil para los K; por eso, ahora buscan regular y prohibir para poder reprimir, aunque vulneren derechos básicos como el ejercicio de la libertad de expresión, artículos 14 y 19 de la Constitución; de asociación con fines sociales, de trabajar, de reunión y petición.
La Opinión Popular
Giro del kirchnerismo: avanza con su plan para regular los piquetes
Por impulso del Gobierno, diputados oficialistas presentaron un proyecto que impide los cortes totales y obliga a informar a la policía antes de las protestas
En un profundo cambio de su política de tolerancia y apoyo a las protestas sociales, el kirchnerismo presentó ayer en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para impedir que haya cortes totales que afecten la libre circulación y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como seguridad, salud y educación.
La iniciativa sorprende no sólo por el cambio de actitud que revela ahora el kirchnerismo, en la etapa final del mandato, sino también, porque les permite a las fuerzas de seguridad "dispersar" las "manifestaciones ilegítimas", es decir, aquellas protestas que provoquen cortes totales en el espacio público y que no hayan sido notificadas con 48 horas de antelación a la policía, como define el texto. Eso sí, las fuerzas de seguridad que participen en los operativos no podrán usar, en ninguna circunstancia, armas letales o de fuego.
El proyecto se elaboró con el impulso de la Casa Rosada. De hecho, responde a un reclamo que hizo la propia Presidenta el 1° de marzo al hablar durante la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso.
En aquella ocasión, Cristina Kirchner instó a que se sancionara una norma de "convivencia ciudadana" porque, enfatizó, "no puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones atendibles que tengan, y que no pase nada".
Fue el párrafo más aplaudido de su discurso. La tropa oficialista tomó nota del reclamo y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, instruyó a su ex ministro de Gobierno de Chaco y actual diputado nacional Juan Manuel Pedrini a diseñar una iniciativa.
La propuesta fue rubricada luego por el kirchnerismo más conspicuo: los diputados Carlos Kunkel, Diana Conti, José María Díaz Bancalari y Sandra Mendoza (ex esposa de Capitanich). Un detalle no menor es que Kunkel preside la Comisión de Seguridad Interior, adonde seguramente se girará el proyecto.
"Es una iniciativa que no criminaliza la protesta social, ya que no establece ninguna sanción a los manifestantes", se atajó Pedrini ante las críticas que ya comenzó a recibir de los diputados de izquierda de la Cámara baja, incluso dentro de su bloque.
Enfatizó que, por el contrario, lo que se pretende es regular las manifestaciones sociales para garantizar que gocen del resguardo del Estado.
Este proyecto kirchnerista no es el primero en su tipo tras el reclamo público que hizo la Presidenta en el Congreso. Paradójicamente, fueron los diputados Darío Giustozzi (Frente Renovador) y Federico Sturzenegger (Pro) los que se anticiparon con sendas propuestas sobre "convivencia ciudadana" en la Cámara baja. El del massista Giustozzi reconoce el derecho de peticionar, pero en espacios públicos determinados y dotados de los recursos tecnológicos para que la protesta popular pueda ser difundida a la opinión pública.
En cambio, Sturzenegger propone imponer multas de entre 500 y 5000 pesos a quienes, en una protesta social, impidan la circulación total por el espacio público. Si el corte es parcial y notificado 24 horas antes, la multa no se aplicaría.
El radicalismo, por su parte, no presentará una iniciativa propia. "Que el oficialismo se haga cargo de sus propias contradicciones", dicen en el centenario partido.
En la regulación que propone el kirchnerismo se distinguen tres puntos clave: primero, la distinción de manifestaciones "legítimas" e "ilegítimas"; segundo, la intervención de un "mediador" para canalizar las demandas de los manifestantes ante la contraparte del sector público o privado, según sea el caso. Y tercero, la obligatoriedad de los medios del Estado de difundir las manifestaciones consideradas legítimas y sus reclamos.
¿Cuáles son las manifestaciones "legítimas"? Según el proyecto, aquellas que "no impiden totalmente la circulación de personas y de vehículos en una dirección determinada" y que permiten "la libre circulación de grupos especialmente vulnerables, como niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos, entre otros".
Una protesta legítima en una ruta, por ejemplo, sería que los manifestantes dejen un espacio o un carril libre para permitir el paso de terceros. Pero a esto se suma otro requisito: que con 48 horas de anticipación la protesta sea notificada ante las autoridades policiales.
Las manifestaciones "ilegítimas", en cambio, son aquellas que no han sido previamente notificadas y las que provocan un corte total en la circulación.
En estos casos, dice el proyecto, la fuerza pública está habilitada para dispersar a los manifestantes, aunque siempre en el marco de la ley y sin el uso de armas de fuego o letales. Por el contrario, el texto enfatiza que "el uso de la fuerza pública" debe quedar limitado "a su mínima expresión" y que todos los agentes participantes del operativo deben estar identificados.
El proyecto introduce, también, la figura de un mediador que, según su autor, debe tener amplio conocimiento de los movimientos y de los conflictos sociales. Su función será canalizar los reclamos de los manifestantes, tanto de las protestas legítimas como ilegítimas, ante la contraparte respectiva para buscar un principio de solución. La mediación no debe superar las dos horas; si se vence este plazo y no hay respuesta, la manifestación pasa a ser ilegítima.
"Éste es un proyecto reaccionario", protestaron los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Christian Castillo. En las antípodas, Alberto Asseff, del Frente Renovador, cuestionó al proyecto oficialista por llegar "10 años tarde". "Lo que hay que hacer es cumplir la ley sin vueltas. El tránsito debe ser libre las 24 horas de los 365 días para todos", aseveró Asseff.
LOS PUNTOS PRINCIPALES
Manifestaciones legítimas: deben notificarse 48 horas antes a la policía. No deben impedir el normal funcionamiento de servicios públicos ni bloquear totalmente la circulación y nunca interrumpir el tránsito de grupos vulnerables (discapacitados, enfermos, niños)
Manifestaciones ilegítimas: son las que no fueron notificadas previamente y bloquean en forma total la circulación. También, las que no acepten la intervención del mediador. Se habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar el bloqueo
Mediador: debe ser un agente civil capaz de canalizar los reclamos de los manifestantes a la contraparte pública o privada. Tendrá dos horas para llevar adelante su tarea. Pasado ese plazo, la protesta es considerada ilegítima
Difusión: el Estado garantizará que las manifestaciones legítimas y sus reclamos sean dados a conocer a través de los medios públicos
Por Laura Serra
Fuentes: LA NACIÓN, DIARIO HOY y LOP