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Nacionales - 08-06-2009 / 21:06
Fusilamiento ilegal de más treinta peronistas en cárceles y basurales. El comienzo del Terrorismo de Estado.

La Resistencia Peronista, la rebelión del General Valle, los fusilamientos y el genocidio

La Resistencia Peronista, la rebelión del General Valle, los fusilamientos y el genocidio
Pintura del aragonés Francisco Goya y Lucientes, titulada El tres de Mayo de 1808 o Los fusilamientos de la Moncloa (Pintada en 1814)
El 9 de junio de 1956 se desencadenó una sublevación cívico-militar, encabezada por el general Juan José Valle, en contra de la dictadura militar, antipopular y gorila, de Aramburu y Rojas. El objetivo era exigir la vuelta al sistema constitucional y la restauración de las conquistas sociales obtenidas por la clase trabajadora durante el gobierno peronista.

Escribe: Blas García

Derecha: Infografia de el diario El Clarín.

La rebelión fue la respuesta natural del pueblo ante la agresión de los militares que en junio de 1955 bombardearon la Plaza de Mayo, asesinando a más de 300 personas y en septiembre del mismo año derrocaron a Perón, iniciando una feroz persecución a militantes y simpatizantes justicialistas.
 
 
La conspiración de 1955
 
Con el correr del año 1955 la actividad conspirativa de los sectores liberales dentro de las Fuerzas Armadas se había incrementado. Se produjeron movimientos contrarios al gobierno en diversas bases militares que culminaron el 16 de junio, con un bombardeo de sediciosos pilotos navales y de la fuerza aérea, en horas del mediodía, a la Plaza de Mayo, colmada de gente, con la confesada intención de matar al Presidente Juan Perón.
 
Como saldo del ataque quedaron cientos de civiles heridos y muertos. El gobierno logró detener el golpe de Estado, pero la conspiración antiperonista se había ampliado. En ese momento el único sector social decidido a sostener a Perón era la clase trabajadora.
 
El golpe gorila
 
El 16 de septiembre de 1955 se produce el golpe militar contra el gobierno constitucional de Perón. Los jefes del levantamiento, autodenominado "Revolución Libertadora", son los generales Aramburu, Lonardi y el contralmirante Isaac Rojas.
 
El 20 de septiembre Lonardi asumía la presidencia de la República con una frase que luego fue desvirtuada por la realidad de los hechos: "Ni vencedores, ni vencidos".
 
Los partidos políticos gorilas festejaban en las calles. El Comité Nacional de la UCR brindó su apoyo al gobierno militar explicitando textualmente que "la revolución triunfante por el sacrificio de soldados, marinos, aviadores y civiles unidos por su patriotismo y amor a la libertad, abre una gran esperanza".
 
Incluso radicales como los doctores Roque Carranza, Carlos Alconada Aramburú, y en Entre Ríos, Sergio Montiel, resultaron ser relevantes conspiradores y comandos civiles.
 
Mientras tanto, el Movimiento Peronista se encuentra desorganizado y lo previsible ocurre. Con  la caída de Perón se produce el desbande general de los viejos dirigentes; muy pocos permanecerán en sus puestos de lucha.
 
Los comandos civiles atacan los locales obreros y los ocupan a punta de pistola (se interviene la CGT, se asaltan los locales partidarios y se encarcela a sus dirigentes más representativos). Pero la resistencia surgió rápida y espontánea en las bases populares indignadas por el derrocamiento de Perón, aunque sus dirigentes estaban presos, exiliados o escondidos.
 
Política de los "libertadores"
 
El nuevo gobierno "de facto" toma medidas de neto corte antipopular que tiende a sustituir el sistema de bienestar del peronismo.
 
El Plan Prebisch, alentado por el nuevo gobierno de facto, considera que existe una crisis económica en el país. Para salir de ella, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, propone y efectiviza: fuerte incentivo a la producción agropecuaria, restablecimiento del mercado libre de cambios, acudir al crédito exterior, congelar sueldos y salarios, admitir la entrada de capital extranjero y la devaluación del peso argentino.
 
Consecuentemente, dispone el ingreso como país-socio al Fondo Monetario Internacional.
 
Pero grupos de militares cerradamente antiperonistas (llamados "gorilas") entienden que Lonardi es demasiado blando y no lleva a cabo la tarea de "desperonizar" al país con suficiente energía y lo remplazan por Aramburu.
 
Se deroga la Constitución de 1949
 
Con Aramburu comienza una etapa de mayor represión. Se disuelve el Partido Peronista y se intervienen más sindicatos. El 1º de Mayo de 1956 se vuelve a poner en vigencia a la Constitución de 1853, declarándose nulas y sin valor las reformas sociales realizadas en 1949.
 
En la Constitución de 1949 se habían incorporado los derechos sociales conquistados por el movimiento obrero y la legalización de los cambios económicos, especialmente la política de nacionalizaciones del comercio exterior, de los combustibles y del transporte.
 
Recrudece la política represiva
 
Paralelamente al cambio presidencial, se agudiza la represión, llevándose a la práctica decretos leyes como el 4.161, que desautoriza toda actividad peronista (se prohíbe nombrar a Perón y a Eva Perón, tener sus retratos o símbolos, cantar la marcha peronista, etc.) también se proscribe electoralmente al peronismo y se secuestran los restos mortales de Evita.
 
El 22 de Febrero de 1956 estalla un polvorín militar en el Gran Buenos Aires, cerca de la Av. General Paz, y se suceden diferentes atentados: comienza a hablarse de la Resistencia Peronista.
 
Empieza una sorda resistencia inorgánica, con tres polos de desarrollo: la fábrica, el barrio y los militares peronistas. Desde el exilio, Perón envía "directivas secretas" a los dirigentes peronistas para intentar organizar la Resistencia, menciona especialmente a la Juventud Peronista y nombra a John William Cooke su delegado personal para coordinar la Resistencia.
 
La resistencia peronista
 
El año 1956 se caracteriza por el aumento de la oposición peronista al gobierno de Aramburu, la creciente tensión social y la crisis profunda que sacude al régimen.
 
En el 56 comienzan a organizarse en forma embrionaria agrupaciones gremiales ligadas a jóvenes peronistas, nucleados fundamentalmente en los barrios. Estos grupos juveniles se organizarán progresivamente hasta confluir al año siguiente en la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista, integrada por Gustavo Rearte, Héctor Spina, Felipe Vallese y otros. Aparecen varios periódicos ligados a ese sector (Norte, Línea Dura, etc.)
 
Se amplia la intransigencia
 
La exclusión política del peronismo, produjo un proceso de resistencia que ampliaría el perfil del justicialismo. A partir de 1955 el peronismo aglutinó, representó y canalizó a todas las rebeldías y críticas contra el sistema económico, social y político, crecientemente ineficaz y en el cual era el único actor apartado.
 
El espectro político peronista se tornó muy amplio y variado. El activismo peronista opositor, con ingenio y combatividad, realizó sus intentos por la vía del levantamiento cívico-militar, acciones de resistencia por métodos encubiertos, "trabajo a tristeza", sabotajes, colocación de explosivos, paros gremiales, atentados, ataques con bombas "Molotov".
 
Experiencias insurreccionales
 
En esta etapa se realizaron alzamientos cívico-militares -la revolución del general Juan José Valle y, posteriormente, la asonada del general Iñiguez- y se probaron otras formas de lucha que incluyeron experiencias insurreccionales -la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, encabezada por Sebastián Borro, que puso en pie de guerra al barrio de Mataderos durante una semana-, y experiencias guerrilleras rurales como fue la de los Uturuncos desarrollada en Tucumán y Santiago del Estero entre octubre de 1959 y junio de 1960.
 
Además, el peronismo participaba, aunque estaba proscripto, en las elecciones apoyando a otros candidatos en contra de los radicales, que eran los representantes civiles de la dictadura militar.
 
La conducción de Perón
 
La habilidad conductora de nuestro Líder, consistió en incluir dentro de su Movimiento a todos los que criticaban al sistema político-social, impulsando la organización frente a la proscripción del peronismo, y la pelea contra una dictadura que los perseguía, encarcelaba y fusilaba.
 
Perón combinaba todas las formas de lucha, las aprovechaba a todas, porque no confundía táctica con estrategia, ni objetivos inmediatos con objetivos fundamentales. El régimen gorila retenía el poder, pero la presencia del peronismo que lo hostigaba, lo acechaba y lo combatía, le impedía hacerlo funcionar plácidamente.
 
Con la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre termina la etapa del Peronismo de la Resistencia, y le sucede el Peronismo Revolucionario, cuyo nacimiento simbólico fue la toma, en 1961, de un cuartel de guardia aeronáutico en Ezeiza por parte de un grupo dirigido por el legendario Jefe de la JP, Gustavo Rearte, y donde participan "Cacho" El Kadri, "El Petiso" Spina, Carlitos Caride y Felipe Vallese, entre otros. Pero esa es otra historia.
 
La revolución del General Valle
 
En el marco de la resistencia anti-oligárquica, en junio de 1956, el General Juan José Valle organiza un alzamiento cívico-militar contra el gobierno ilegítimo para defender la soberanía popular y la justicia social, avasalladas por el gobierno militar instalado desde septiembre de 1955.
 
El movimiento revolucionario es infiltrado, pero no se lo reprime hasta que se manifiesta como tal. Se buscaba desde el poder dar un escarmiento total que sirviera para desalentar posibles intentos posteriores.
 
Tan es así, que los decretos de fusilamiento para el general Valle y sus compañeros fueron firmados antes del 9 de junio, pese a que el tribunal militar que los juzgó, los había absuelto. Así y todo se les aplicó la ley marcial retroactiva a la fecha y hora de disposición. Es de hacer notar que al rendirse el general Valle, se le garantizó salvaguardar su vida.
 
El escarmiento: Operación Masacre
 
Entre el 9 y el 12 de junio de 1956, murieron fusilados y asesinados 31 patriotas revolucionarios peronistas. En estos hechos, conocidos como "Operación Masacre", fueron ultimados, en horas de la madrugada del 10 de Junio: Mario Brión, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza y Francisco Garibotti.
 
El asesinato se realizó en total desorden, en un descampado que servía de basural, en José León Suárez. Los detenidos fueron bajados de los camiones, no se los hizo formar ni se armó el pelotón correspondiente y se les disparó por la espalda. El desconcierto permitió que, aunque algunos murieran, otros pudieran escapar y, en algunos casos, sin recibir ni un impacto de bala. Los que escaparon fueron los testigos de la saña y el sadismo de los represores.
 
El Capitán Jorge M. Costales y los civiles Osvaldo Alvedro, Dante H. Lugo, Clemente Ros y Norberto Ros, que al mando del Coronel José A. Irigoyen, pretendieron instalar en Avellaneda el comando Valle, fueron capturados y asesinados en la Unidad Regional de la Policía de Lanús en la madrugada de ese mismo día 10 de junio.
 
El Coronel Oscar L. Cogorno, jefe del levantamiento en La Plata, fue ejecutado en el cuartel del Regimiento 7. El Subteniente de Reserva Alberto Abadíe, herido en la refriega, es previamente curado y al anochecer del 12 de Junio, considerado apto para el pelotón, al cual se enfrentó en el Bosque. También murieron en manos de las fuerzas de represión Carlos Irigoyen, Ramón Videla y Rolando Zaneta.
 
El 10 de Junio, fueron juzgados en Campo de Mayo los Coroneles Alcibíades E. Cortinez y Ricardo Salomón Ibazeta, junto a cuatro oficiales subalternos: Dardo N. Cano, Eloy L. Caro, Jorge L. Noriega y Néstor M. Videla.
 
El tribunal resolvió que no se condene a muerte a los siete acusados, pero el Almirante Isaac Rojas  ordena por decreto el fusilamiento pasando por sobre la cosa juzgada.
 
Al mismo tiempo fueron fusilados en la Escuela de Mecánica del Ejército los cuatro suboficiales que la habían tomado: Miguel A. Paolini, Ernesto Gareca, Isauro Costa y Luís Pugnetti.
 
En la Penitenciaría Nacional de la Av. Las Heras, se fusila a los tres suboficiales del Regimiento 2 de Palermo que intentaron tomarlo: Hugo E. Quiroga, Luciano I. Rojas y  José M. Rodríguez.
 
Ese mismo 11 de Junio es ametrallado y herido de muerte frente a las instalaciones del Automóvil Club Argentino Miguel Ángel Mauriño, quien es dejado en el Hospital Fernández, donde falleció.
 
El 12 de Junio se entregó el General Juan José Valle, a cambio de que cese la matanza, ante la amenaza de asesinar a un detenido por día hasta su detención. Fue fusilado esa misma noche en la Penitenciaría Nacional pese a que ya se había levantado Ley Marcial.
 
"Se acabó la leche de la clemencia" dirá después el dirigente "socialista" Américo Ghioldi.
 
Terrorismo de Estado
 
Todas estas ejecuciones se sucedieron en menos de 72 horas, en seis lugares distintos; todas ellas estaban descalificadas por el artículo 18 de la Constitución Nacional: "...queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos..."
 
No hubo juicio previo, ni derecho a defensa de ningún tipo, ni ninguna posibilidad de indulto, sino que la misma madrugada del alzamiento se empezó a ejecutar gente a mansalva, sin miramientos.
 
En algunos casos se aplicó retroactivamente la Ley Marcial a quienes habían sido detenidos con anterioridad a su dictado, en otros se pasó por sobre la cosa juzgada, en otros no se tomó en cuenta el desistimiento de la acción armada, que hacen a la primera intimación los acusados; en otros se aplicó la Ley Marcial  cuando ya no estaba en vigencia. Se trató, en definitiva, de un bárbaro asesinato, arbitrario e ilegal.
 
De allí nacieron muchos de los odios que perduraron en las décadas siguientes. Hubo también mucho de simbolismo en todas estas muertes "ejemplificadoras", porque allí, en los basurales de José León Suárez,  comienza a distinguirse la siniestra cara de lo que luego seria el Terrorismo de Estado.
 
Los fusilamientos de junio de 1956 tienen tantas similitudes con la represión desatada veinte años más tarde que puede considerárselos un anticipo del genocidio y no como una simple exageración en la que incurrió un gobierno provisional "de mano dura", en una época de fuertes tensiones sociales.
 
Se trató, en ambos casos, de la instalación del terror como condición para impedir toda resistencia ante la reconversión económica decidida por el gran capital nacional y extranjero.
 
Como señala el historiador Norberto Galazo, la barbarie de las ejecuciones al margen de la ley emparenta esa tragedia de 1956 con la matanza que siguió a marzo de 1976.
 
En las décadas siguientes al 55, el peronismo es proscrito y perseguido por gobiernos civiles seudo-democráticos y militares que durarían hasta 1973. Ese año y en elecciones libres, el peronismo, por amplia mayoría, volvió a ser gobierno por tercera vez desde su nacimiento en 1945.

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La Resistencia Peronista, la rebelión del General Valle, los fusilamientos y el genocidio
11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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