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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-06-2009 / 21:06
Fusilamiento ilegal de más treinta peronistas en cárceles y basurales. El comienzo del Terrorismo de Estado.

La Resistencia Peronista, la rebelión del General Valle, los fusilamientos y el genocidio

La Resistencia Peronista, la rebelión del General Valle, los fusilamientos y el genocidio
Pintura del aragonés Francisco Goya y Lucientes, titulada El tres de Mayo de 1808 o Los fusilamientos de la Moncloa (Pintada en 1814)
El 9 de junio de 1956 se desencadenó una sublevación cívico-militar, encabezada por el general Juan José Valle, en contra de la dictadura militar, antipopular y gorila, de Aramburu y Rojas. El objetivo era exigir la vuelta al sistema constitucional y la restauración de las conquistas sociales obtenidas por la clase trabajadora durante el gobierno peronista.

Escribe: Blas García

Derecha: Infografia de el diario El Clarín.

La rebelión fue la respuesta natural del pueblo ante la agresión de los militares que en junio de 1955 bombardearon la Plaza de Mayo, asesinando a más de 300 personas y en septiembre del mismo año derrocaron a Perón, iniciando una feroz persecución a militantes y simpatizantes justicialistas.
 
 
La conspiración de 1955
 
Con el correr del año 1955 la actividad conspirativa de los sectores liberales dentro de las Fuerzas Armadas se había incrementado. Se produjeron movimientos contrarios al gobierno en diversas bases militares que culminaron el 16 de junio, con un bombardeo de sediciosos pilotos navales y de la fuerza aérea, en horas del mediodía, a la Plaza de Mayo, colmada de gente, con la confesada intención de matar al Presidente Juan Perón.
 
Como saldo del ataque quedaron cientos de civiles heridos y muertos. El gobierno logró detener el golpe de Estado, pero la conspiración antiperonista se había ampliado. En ese momento el único sector social decidido a sostener a Perón era la clase trabajadora.
 
El golpe gorila
 
El 16 de septiembre de 1955 se produce el golpe militar contra el gobierno constitucional de Perón. Los jefes del levantamiento, autodenominado "Revolución Libertadora", son los generales Aramburu, Lonardi y el contralmirante Isaac Rojas.
 
El 20 de septiembre Lonardi asumía la presidencia de la República con una frase que luego fue desvirtuada por la realidad de los hechos: "Ni vencedores, ni vencidos".
 
Los partidos políticos gorilas festejaban en las calles. El Comité Nacional de la UCR brindó su apoyo al gobierno militar explicitando textualmente que "la revolución triunfante por el sacrificio de soldados, marinos, aviadores y civiles unidos por su patriotismo y amor a la libertad, abre una gran esperanza".
 
Incluso radicales como los doctores Roque Carranza, Carlos Alconada Aramburú, y en Entre Ríos, Sergio Montiel, resultaron ser relevantes conspiradores y comandos civiles.
 
Mientras tanto, el Movimiento Peronista se encuentra desorganizado y lo previsible ocurre. Con  la caída de Perón se produce el desbande general de los viejos dirigentes; muy pocos permanecerán en sus puestos de lucha.
 
Los comandos civiles atacan los locales obreros y los ocupan a punta de pistola (se interviene la CGT, se asaltan los locales partidarios y se encarcela a sus dirigentes más representativos). Pero la resistencia surgió rápida y espontánea en las bases populares indignadas por el derrocamiento de Perón, aunque sus dirigentes estaban presos, exiliados o escondidos.
 
Política de los "libertadores"
 
El nuevo gobierno "de facto" toma medidas de neto corte antipopular que tiende a sustituir el sistema de bienestar del peronismo.
 
El Plan Prebisch, alentado por el nuevo gobierno de facto, considera que existe una crisis económica en el país. Para salir de ella, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, propone y efectiviza: fuerte incentivo a la producción agropecuaria, restablecimiento del mercado libre de cambios, acudir al crédito exterior, congelar sueldos y salarios, admitir la entrada de capital extranjero y la devaluación del peso argentino.
 
Consecuentemente, dispone el ingreso como país-socio al Fondo Monetario Internacional.
 
Pero grupos de militares cerradamente antiperonistas (llamados "gorilas") entienden que Lonardi es demasiado blando y no lleva a cabo la tarea de "desperonizar" al país con suficiente energía y lo remplazan por Aramburu.
 
Se deroga la Constitución de 1949
 
Con Aramburu comienza una etapa de mayor represión. Se disuelve el Partido Peronista y se intervienen más sindicatos. El 1º de Mayo de 1956 se vuelve a poner en vigencia a la Constitución de 1853, declarándose nulas y sin valor las reformas sociales realizadas en 1949.
 
En la Constitución de 1949 se habían incorporado los derechos sociales conquistados por el movimiento obrero y la legalización de los cambios económicos, especialmente la política de nacionalizaciones del comercio exterior, de los combustibles y del transporte.
 
Recrudece la política represiva
 
Paralelamente al cambio presidencial, se agudiza la represión, llevándose a la práctica decretos leyes como el 4.161, que desautoriza toda actividad peronista (se prohíbe nombrar a Perón y a Eva Perón, tener sus retratos o símbolos, cantar la marcha peronista, etc.) también se proscribe electoralmente al peronismo y se secuestran los restos mortales de Evita.
 
El 22 de Febrero de 1956 estalla un polvorín militar en el Gran Buenos Aires, cerca de la Av. General Paz, y se suceden diferentes atentados: comienza a hablarse de la Resistencia Peronista.
 
Empieza una sorda resistencia inorgánica, con tres polos de desarrollo: la fábrica, el barrio y los militares peronistas. Desde el exilio, Perón envía "directivas secretas" a los dirigentes peronistas para intentar organizar la Resistencia, menciona especialmente a la Juventud Peronista y nombra a John William Cooke su delegado personal para coordinar la Resistencia.
 
La resistencia peronista
 
El año 1956 se caracteriza por el aumento de la oposición peronista al gobierno de Aramburu, la creciente tensión social y la crisis profunda que sacude al régimen.
 
En el 56 comienzan a organizarse en forma embrionaria agrupaciones gremiales ligadas a jóvenes peronistas, nucleados fundamentalmente en los barrios. Estos grupos juveniles se organizarán progresivamente hasta confluir al año siguiente en la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista, integrada por Gustavo Rearte, Héctor Spina, Felipe Vallese y otros. Aparecen varios periódicos ligados a ese sector (Norte, Línea Dura, etc.)
 
Se amplia la intransigencia
 
La exclusión política del peronismo, produjo un proceso de resistencia que ampliaría el perfil del justicialismo. A partir de 1955 el peronismo aglutinó, representó y canalizó a todas las rebeldías y críticas contra el sistema económico, social y político, crecientemente ineficaz y en el cual era el único actor apartado.
 
El espectro político peronista se tornó muy amplio y variado. El activismo peronista opositor, con ingenio y combatividad, realizó sus intentos por la vía del levantamiento cívico-militar, acciones de resistencia por métodos encubiertos, "trabajo a tristeza", sabotajes, colocación de explosivos, paros gremiales, atentados, ataques con bombas "Molotov".
 
Experiencias insurreccionales
 
En esta etapa se realizaron alzamientos cívico-militares -la revolución del general Juan José Valle y, posteriormente, la asonada del general Iñiguez- y se probaron otras formas de lucha que incluyeron experiencias insurreccionales -la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, encabezada por Sebastián Borro, que puso en pie de guerra al barrio de Mataderos durante una semana-, y experiencias guerrilleras rurales como fue la de los Uturuncos desarrollada en Tucumán y Santiago del Estero entre octubre de 1959 y junio de 1960.
 
Además, el peronismo participaba, aunque estaba proscripto, en las elecciones apoyando a otros candidatos en contra de los radicales, que eran los representantes civiles de la dictadura militar.
 
La conducción de Perón
 
La habilidad conductora de nuestro Líder, consistió en incluir dentro de su Movimiento a todos los que criticaban al sistema político-social, impulsando la organización frente a la proscripción del peronismo, y la pelea contra una dictadura que los perseguía, encarcelaba y fusilaba.
 
Perón combinaba todas las formas de lucha, las aprovechaba a todas, porque no confundía táctica con estrategia, ni objetivos inmediatos con objetivos fundamentales. El régimen gorila retenía el poder, pero la presencia del peronismo que lo hostigaba, lo acechaba y lo combatía, le impedía hacerlo funcionar plácidamente.
 
Con la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre termina la etapa del Peronismo de la Resistencia, y le sucede el Peronismo Revolucionario, cuyo nacimiento simbólico fue la toma, en 1961, de un cuartel de guardia aeronáutico en Ezeiza por parte de un grupo dirigido por el legendario Jefe de la JP, Gustavo Rearte, y donde participan "Cacho" El Kadri, "El Petiso" Spina, Carlitos Caride y Felipe Vallese, entre otros. Pero esa es otra historia.
 
La revolución del General Valle
 
En el marco de la resistencia anti-oligárquica, en junio de 1956, el General Juan José Valle organiza un alzamiento cívico-militar contra el gobierno ilegítimo para defender la soberanía popular y la justicia social, avasalladas por el gobierno militar instalado desde septiembre de 1955.
 
El movimiento revolucionario es infiltrado, pero no se lo reprime hasta que se manifiesta como tal. Se buscaba desde el poder dar un escarmiento total que sirviera para desalentar posibles intentos posteriores.
 
Tan es así, que los decretos de fusilamiento para el general Valle y sus compañeros fueron firmados antes del 9 de junio, pese a que el tribunal militar que los juzgó, los había absuelto. Así y todo se les aplicó la ley marcial retroactiva a la fecha y hora de disposición. Es de hacer notar que al rendirse el general Valle, se le garantizó salvaguardar su vida.
 
El escarmiento: Operación Masacre
 
Entre el 9 y el 12 de junio de 1956, murieron fusilados y asesinados 31 patriotas revolucionarios peronistas. En estos hechos, conocidos como "Operación Masacre", fueron ultimados, en horas de la madrugada del 10 de Junio: Mario Brión, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza y Francisco Garibotti.
 
El asesinato se realizó en total desorden, en un descampado que servía de basural, en José León Suárez. Los detenidos fueron bajados de los camiones, no se los hizo formar ni se armó el pelotón correspondiente y se les disparó por la espalda. El desconcierto permitió que, aunque algunos murieran, otros pudieran escapar y, en algunos casos, sin recibir ni un impacto de bala. Los que escaparon fueron los testigos de la saña y el sadismo de los represores.
 
El Capitán Jorge M. Costales y los civiles Osvaldo Alvedro, Dante H. Lugo, Clemente Ros y Norberto Ros, que al mando del Coronel José A. Irigoyen, pretendieron instalar en Avellaneda el comando Valle, fueron capturados y asesinados en la Unidad Regional de la Policía de Lanús en la madrugada de ese mismo día 10 de junio.
 
El Coronel Oscar L. Cogorno, jefe del levantamiento en La Plata, fue ejecutado en el cuartel del Regimiento 7. El Subteniente de Reserva Alberto Abadíe, herido en la refriega, es previamente curado y al anochecer del 12 de Junio, considerado apto para el pelotón, al cual se enfrentó en el Bosque. También murieron en manos de las fuerzas de represión Carlos Irigoyen, Ramón Videla y Rolando Zaneta.
 
El 10 de Junio, fueron juzgados en Campo de Mayo los Coroneles Alcibíades E. Cortinez y Ricardo Salomón Ibazeta, junto a cuatro oficiales subalternos: Dardo N. Cano, Eloy L. Caro, Jorge L. Noriega y Néstor M. Videla.
 
El tribunal resolvió que no se condene a muerte a los siete acusados, pero el Almirante Isaac Rojas  ordena por decreto el fusilamiento pasando por sobre la cosa juzgada.
 
Al mismo tiempo fueron fusilados en la Escuela de Mecánica del Ejército los cuatro suboficiales que la habían tomado: Miguel A. Paolini, Ernesto Gareca, Isauro Costa y Luís Pugnetti.
 
En la Penitenciaría Nacional de la Av. Las Heras, se fusila a los tres suboficiales del Regimiento 2 de Palermo que intentaron tomarlo: Hugo E. Quiroga, Luciano I. Rojas y  José M. Rodríguez.
 
Ese mismo 11 de Junio es ametrallado y herido de muerte frente a las instalaciones del Automóvil Club Argentino Miguel Ángel Mauriño, quien es dejado en el Hospital Fernández, donde falleció.
 
El 12 de Junio se entregó el General Juan José Valle, a cambio de que cese la matanza, ante la amenaza de asesinar a un detenido por día hasta su detención. Fue fusilado esa misma noche en la Penitenciaría Nacional pese a que ya se había levantado Ley Marcial.
 
"Se acabó la leche de la clemencia" dirá después el dirigente "socialista" Américo Ghioldi.
 
Terrorismo de Estado
 
Todas estas ejecuciones se sucedieron en menos de 72 horas, en seis lugares distintos; todas ellas estaban descalificadas por el artículo 18 de la Constitución Nacional: "...queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos..."
 
No hubo juicio previo, ni derecho a defensa de ningún tipo, ni ninguna posibilidad de indulto, sino que la misma madrugada del alzamiento se empezó a ejecutar gente a mansalva, sin miramientos.
 
En algunos casos se aplicó retroactivamente la Ley Marcial a quienes habían sido detenidos con anterioridad a su dictado, en otros se pasó por sobre la cosa juzgada, en otros no se tomó en cuenta el desistimiento de la acción armada, que hacen a la primera intimación los acusados; en otros se aplicó la Ley Marcial  cuando ya no estaba en vigencia. Se trató, en definitiva, de un bárbaro asesinato, arbitrario e ilegal.
 
De allí nacieron muchos de los odios que perduraron en las décadas siguientes. Hubo también mucho de simbolismo en todas estas muertes "ejemplificadoras", porque allí, en los basurales de José León Suárez,  comienza a distinguirse la siniestra cara de lo que luego seria el Terrorismo de Estado.
 
Los fusilamientos de junio de 1956 tienen tantas similitudes con la represión desatada veinte años más tarde que puede considerárselos un anticipo del genocidio y no como una simple exageración en la que incurrió un gobierno provisional "de mano dura", en una época de fuertes tensiones sociales.
 
Se trató, en ambos casos, de la instalación del terror como condición para impedir toda resistencia ante la reconversión económica decidida por el gran capital nacional y extranjero.
 
Como señala el historiador Norberto Galazo, la barbarie de las ejecuciones al margen de la ley emparenta esa tragedia de 1956 con la matanza que siguió a marzo de 1976.
 
En las décadas siguientes al 55, el peronismo es proscrito y perseguido por gobiernos civiles seudo-democráticos y militares que durarían hasta 1973. Ese año y en elecciones libres, el peronismo, por amplia mayoría, volvió a ser gobierno por tercera vez desde su nacimiento en 1945.

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La Resistencia Peronista, la rebelión del General Valle, los fusilamientos y el genocidio
02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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