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Nacionales - 08-06-2009 / 21:06
Fusilamiento ilegal de más treinta peronistas en cárceles y basurales. El comienzo del Terrorismo de Estado.

La Resistencia Peronista, la rebelión del General Valle, los fusilamientos y el genocidio

La Resistencia Peronista, la rebelión del General Valle, los fusilamientos y el genocidio
Pintura del aragonés Francisco Goya y Lucientes, titulada El tres de Mayo de 1808 o Los fusilamientos de la Moncloa (Pintada en 1814)
El 9 de junio de 1956 se desencadenó una sublevación cívico-militar, encabezada por el general Juan José Valle, en contra de la dictadura militar, antipopular y gorila, de Aramburu y Rojas. El objetivo era exigir la vuelta al sistema constitucional y la restauración de las conquistas sociales obtenidas por la clase trabajadora durante el gobierno peronista.

Escribe: Blas García

Derecha: Infografia de el diario El Clarín.

La rebelión fue la respuesta natural del pueblo ante la agresión de los militares que en junio de 1955 bombardearon la Plaza de Mayo, asesinando a más de 300 personas y en septiembre del mismo año derrocaron a Perón, iniciando una feroz persecución a militantes y simpatizantes justicialistas.
 
 
La conspiración de 1955
 
Con el correr del año 1955 la actividad conspirativa de los sectores liberales dentro de las Fuerzas Armadas se había incrementado. Se produjeron movimientos contrarios al gobierno en diversas bases militares que culminaron el 16 de junio, con un bombardeo de sediciosos pilotos navales y de la fuerza aérea, en horas del mediodía, a la Plaza de Mayo, colmada de gente, con la confesada intención de matar al Presidente Juan Perón.
 
Como saldo del ataque quedaron cientos de civiles heridos y muertos. El gobierno logró detener el golpe de Estado, pero la conspiración antiperonista se había ampliado. En ese momento el único sector social decidido a sostener a Perón era la clase trabajadora.
 
El golpe gorila
 
El 16 de septiembre de 1955 se produce el golpe militar contra el gobierno constitucional de Perón. Los jefes del levantamiento, autodenominado "Revolución Libertadora", son los generales Aramburu, Lonardi y el contralmirante Isaac Rojas.
 
El 20 de septiembre Lonardi asumía la presidencia de la República con una frase que luego fue desvirtuada por la realidad de los hechos: "Ni vencedores, ni vencidos".
 
Los partidos políticos gorilas festejaban en las calles. El Comité Nacional de la UCR brindó su apoyo al gobierno militar explicitando textualmente que "la revolución triunfante por el sacrificio de soldados, marinos, aviadores y civiles unidos por su patriotismo y amor a la libertad, abre una gran esperanza".
 
Incluso radicales como los doctores Roque Carranza, Carlos Alconada Aramburú, y en Entre Ríos, Sergio Montiel, resultaron ser relevantes conspiradores y comandos civiles.
 
Mientras tanto, el Movimiento Peronista se encuentra desorganizado y lo previsible ocurre. Con  la caída de Perón se produce el desbande general de los viejos dirigentes; muy pocos permanecerán en sus puestos de lucha.
 
Los comandos civiles atacan los locales obreros y los ocupan a punta de pistola (se interviene la CGT, se asaltan los locales partidarios y se encarcela a sus dirigentes más representativos). Pero la resistencia surgió rápida y espontánea en las bases populares indignadas por el derrocamiento de Perón, aunque sus dirigentes estaban presos, exiliados o escondidos.
 
Política de los "libertadores"
 
El nuevo gobierno "de facto" toma medidas de neto corte antipopular que tiende a sustituir el sistema de bienestar del peronismo.
 
El Plan Prebisch, alentado por el nuevo gobierno de facto, considera que existe una crisis económica en el país. Para salir de ella, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, propone y efectiviza: fuerte incentivo a la producción agropecuaria, restablecimiento del mercado libre de cambios, acudir al crédito exterior, congelar sueldos y salarios, admitir la entrada de capital extranjero y la devaluación del peso argentino.
 
Consecuentemente, dispone el ingreso como país-socio al Fondo Monetario Internacional.
 
Pero grupos de militares cerradamente antiperonistas (llamados "gorilas") entienden que Lonardi es demasiado blando y no lleva a cabo la tarea de "desperonizar" al país con suficiente energía y lo remplazan por Aramburu.
 
Se deroga la Constitución de 1949
 
Con Aramburu comienza una etapa de mayor represión. Se disuelve el Partido Peronista y se intervienen más sindicatos. El 1º de Mayo de 1956 se vuelve a poner en vigencia a la Constitución de 1853, declarándose nulas y sin valor las reformas sociales realizadas en 1949.
 
En la Constitución de 1949 se habían incorporado los derechos sociales conquistados por el movimiento obrero y la legalización de los cambios económicos, especialmente la política de nacionalizaciones del comercio exterior, de los combustibles y del transporte.
 
Recrudece la política represiva
 
Paralelamente al cambio presidencial, se agudiza la represión, llevándose a la práctica decretos leyes como el 4.161, que desautoriza toda actividad peronista (se prohíbe nombrar a Perón y a Eva Perón, tener sus retratos o símbolos, cantar la marcha peronista, etc.) también se proscribe electoralmente al peronismo y se secuestran los restos mortales de Evita.
 
El 22 de Febrero de 1956 estalla un polvorín militar en el Gran Buenos Aires, cerca de la Av. General Paz, y se suceden diferentes atentados: comienza a hablarse de la Resistencia Peronista.
 
Empieza una sorda resistencia inorgánica, con tres polos de desarrollo: la fábrica, el barrio y los militares peronistas. Desde el exilio, Perón envía "directivas secretas" a los dirigentes peronistas para intentar organizar la Resistencia, menciona especialmente a la Juventud Peronista y nombra a John William Cooke su delegado personal para coordinar la Resistencia.
 
La resistencia peronista
 
El año 1956 se caracteriza por el aumento de la oposición peronista al gobierno de Aramburu, la creciente tensión social y la crisis profunda que sacude al régimen.
 
En el 56 comienzan a organizarse en forma embrionaria agrupaciones gremiales ligadas a jóvenes peronistas, nucleados fundamentalmente en los barrios. Estos grupos juveniles se organizarán progresivamente hasta confluir al año siguiente en la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista, integrada por Gustavo Rearte, Héctor Spina, Felipe Vallese y otros. Aparecen varios periódicos ligados a ese sector (Norte, Línea Dura, etc.)
 
Se amplia la intransigencia
 
La exclusión política del peronismo, produjo un proceso de resistencia que ampliaría el perfil del justicialismo. A partir de 1955 el peronismo aglutinó, representó y canalizó a todas las rebeldías y críticas contra el sistema económico, social y político, crecientemente ineficaz y en el cual era el único actor apartado.
 
El espectro político peronista se tornó muy amplio y variado. El activismo peronista opositor, con ingenio y combatividad, realizó sus intentos por la vía del levantamiento cívico-militar, acciones de resistencia por métodos encubiertos, "trabajo a tristeza", sabotajes, colocación de explosivos, paros gremiales, atentados, ataques con bombas "Molotov".
 
Experiencias insurreccionales
 
En esta etapa se realizaron alzamientos cívico-militares -la revolución del general Juan José Valle y, posteriormente, la asonada del general Iñiguez- y se probaron otras formas de lucha que incluyeron experiencias insurreccionales -la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, encabezada por Sebastián Borro, que puso en pie de guerra al barrio de Mataderos durante una semana-, y experiencias guerrilleras rurales como fue la de los Uturuncos desarrollada en Tucumán y Santiago del Estero entre octubre de 1959 y junio de 1960.
 
Además, el peronismo participaba, aunque estaba proscripto, en las elecciones apoyando a otros candidatos en contra de los radicales, que eran los representantes civiles de la dictadura militar.
 
La conducción de Perón
 
La habilidad conductora de nuestro Líder, consistió en incluir dentro de su Movimiento a todos los que criticaban al sistema político-social, impulsando la organización frente a la proscripción del peronismo, y la pelea contra una dictadura que los perseguía, encarcelaba y fusilaba.
 
Perón combinaba todas las formas de lucha, las aprovechaba a todas, porque no confundía táctica con estrategia, ni objetivos inmediatos con objetivos fundamentales. El régimen gorila retenía el poder, pero la presencia del peronismo que lo hostigaba, lo acechaba y lo combatía, le impedía hacerlo funcionar plácidamente.
 
Con la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre termina la etapa del Peronismo de la Resistencia, y le sucede el Peronismo Revolucionario, cuyo nacimiento simbólico fue la toma, en 1961, de un cuartel de guardia aeronáutico en Ezeiza por parte de un grupo dirigido por el legendario Jefe de la JP, Gustavo Rearte, y donde participan "Cacho" El Kadri, "El Petiso" Spina, Carlitos Caride y Felipe Vallese, entre otros. Pero esa es otra historia.
 
La revolución del General Valle
 
En el marco de la resistencia anti-oligárquica, en junio de 1956, el General Juan José Valle organiza un alzamiento cívico-militar contra el gobierno ilegítimo para defender la soberanía popular y la justicia social, avasalladas por el gobierno militar instalado desde septiembre de 1955.
 
El movimiento revolucionario es infiltrado, pero no se lo reprime hasta que se manifiesta como tal. Se buscaba desde el poder dar un escarmiento total que sirviera para desalentar posibles intentos posteriores.
 
Tan es así, que los decretos de fusilamiento para el general Valle y sus compañeros fueron firmados antes del 9 de junio, pese a que el tribunal militar que los juzgó, los había absuelto. Así y todo se les aplicó la ley marcial retroactiva a la fecha y hora de disposición. Es de hacer notar que al rendirse el general Valle, se le garantizó salvaguardar su vida.
 
El escarmiento: Operación Masacre
 
Entre el 9 y el 12 de junio de 1956, murieron fusilados y asesinados 31 patriotas revolucionarios peronistas. En estos hechos, conocidos como "Operación Masacre", fueron ultimados, en horas de la madrugada del 10 de Junio: Mario Brión, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza y Francisco Garibotti.
 
El asesinato se realizó en total desorden, en un descampado que servía de basural, en José León Suárez. Los detenidos fueron bajados de los camiones, no se los hizo formar ni se armó el pelotón correspondiente y se les disparó por la espalda. El desconcierto permitió que, aunque algunos murieran, otros pudieran escapar y, en algunos casos, sin recibir ni un impacto de bala. Los que escaparon fueron los testigos de la saña y el sadismo de los represores.
 
El Capitán Jorge M. Costales y los civiles Osvaldo Alvedro, Dante H. Lugo, Clemente Ros y Norberto Ros, que al mando del Coronel José A. Irigoyen, pretendieron instalar en Avellaneda el comando Valle, fueron capturados y asesinados en la Unidad Regional de la Policía de Lanús en la madrugada de ese mismo día 10 de junio.
 
El Coronel Oscar L. Cogorno, jefe del levantamiento en La Plata, fue ejecutado en el cuartel del Regimiento 7. El Subteniente de Reserva Alberto Abadíe, herido en la refriega, es previamente curado y al anochecer del 12 de Junio, considerado apto para el pelotón, al cual se enfrentó en el Bosque. También murieron en manos de las fuerzas de represión Carlos Irigoyen, Ramón Videla y Rolando Zaneta.
 
El 10 de Junio, fueron juzgados en Campo de Mayo los Coroneles Alcibíades E. Cortinez y Ricardo Salomón Ibazeta, junto a cuatro oficiales subalternos: Dardo N. Cano, Eloy L. Caro, Jorge L. Noriega y Néstor M. Videla.
 
El tribunal resolvió que no se condene a muerte a los siete acusados, pero el Almirante Isaac Rojas  ordena por decreto el fusilamiento pasando por sobre la cosa juzgada.
 
Al mismo tiempo fueron fusilados en la Escuela de Mecánica del Ejército los cuatro suboficiales que la habían tomado: Miguel A. Paolini, Ernesto Gareca, Isauro Costa y Luís Pugnetti.
 
En la Penitenciaría Nacional de la Av. Las Heras, se fusila a los tres suboficiales del Regimiento 2 de Palermo que intentaron tomarlo: Hugo E. Quiroga, Luciano I. Rojas y  José M. Rodríguez.
 
Ese mismo 11 de Junio es ametrallado y herido de muerte frente a las instalaciones del Automóvil Club Argentino Miguel Ángel Mauriño, quien es dejado en el Hospital Fernández, donde falleció.
 
El 12 de Junio se entregó el General Juan José Valle, a cambio de que cese la matanza, ante la amenaza de asesinar a un detenido por día hasta su detención. Fue fusilado esa misma noche en la Penitenciaría Nacional pese a que ya se había levantado Ley Marcial.
 
"Se acabó la leche de la clemencia" dirá después el dirigente "socialista" Américo Ghioldi.
 
Terrorismo de Estado
 
Todas estas ejecuciones se sucedieron en menos de 72 horas, en seis lugares distintos; todas ellas estaban descalificadas por el artículo 18 de la Constitución Nacional: "...queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos..."
 
No hubo juicio previo, ni derecho a defensa de ningún tipo, ni ninguna posibilidad de indulto, sino que la misma madrugada del alzamiento se empezó a ejecutar gente a mansalva, sin miramientos.
 
En algunos casos se aplicó retroactivamente la Ley Marcial a quienes habían sido detenidos con anterioridad a su dictado, en otros se pasó por sobre la cosa juzgada, en otros no se tomó en cuenta el desistimiento de la acción armada, que hacen a la primera intimación los acusados; en otros se aplicó la Ley Marcial  cuando ya no estaba en vigencia. Se trató, en definitiva, de un bárbaro asesinato, arbitrario e ilegal.
 
De allí nacieron muchos de los odios que perduraron en las décadas siguientes. Hubo también mucho de simbolismo en todas estas muertes "ejemplificadoras", porque allí, en los basurales de José León Suárez,  comienza a distinguirse la siniestra cara de lo que luego seria el Terrorismo de Estado.
 
Los fusilamientos de junio de 1956 tienen tantas similitudes con la represión desatada veinte años más tarde que puede considerárselos un anticipo del genocidio y no como una simple exageración en la que incurrió un gobierno provisional "de mano dura", en una época de fuertes tensiones sociales.
 
Se trató, en ambos casos, de la instalación del terror como condición para impedir toda resistencia ante la reconversión económica decidida por el gran capital nacional y extranjero.
 
Como señala el historiador Norberto Galazo, la barbarie de las ejecuciones al margen de la ley emparenta esa tragedia de 1956 con la matanza que siguió a marzo de 1976.
 
En las décadas siguientes al 55, el peronismo es proscrito y perseguido por gobiernos civiles seudo-democráticos y militares que durarían hasta 1973. Ese año y en elecciones libres, el peronismo, por amplia mayoría, volvió a ser gobierno por tercera vez desde su nacimiento en 1945.

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La Resistencia Peronista, la rebelión del General Valle, los fusilamientos y el genocidio
07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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