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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 02-11-2013 / 10:11
ESTÁ HASTA LAS MANOS: CADA VEZ MÁS COMPLICADO EN LA CAUSA CICCONE

El vicepresidente Amado Boudou puede terminar preso

El vicepresidente Amado Boudou puede terminar preso
Duro revés judicial para el “Presidente” Amado Boudou: La causa Ciccone ya no tiene ningún obstáculo legal consistente que le impida avanzar hacia una resolución, sea cual fuere. La Cámara Federal de Casación Penal convalidó el rechazo al pedido de la defensa de Vandenbroele para que se declare la nulidad del inicio de la investigación por el caso Ciccone, de la declaración testimonial de su ex esposa, Laura Muñoz, y del allanamiento del domicilio en Chacras de Coria. En dicha causa, el vicepresidente en ejercicio del Ejecutivo, Boudou, está siendo investigado por negociaciones incompatibles con la función pública y por enriquecimiento ilícito.
Mientras Amado Boudou está a cargo de la Presidencia desde hace un mes (al menos en los "papeles") y nadie sabe a ciencia cierta hasta cuando, puede terminar preso ya que está cada vez más complicado en la causa Ciccone, luego de que la Justicia validó todas las pruebas que lo incriminan por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, cargos por la que podría ser condenado a prisión si se comprueban las múltiples pruebas que lo incriminan.
 
Boudou es investigado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública por sospecharse que, cuando era ministro de Economía, intercedió ante organismos estatales y tributarios para que la empresa The Old Fund, a nombre del monotributista Alejandro Vandenbroele, accediera al control de Ciccone con ventajosas medidas para la quiebra.
 
La Cámara Federal de Casación Penal avaló la declaración de Laura Muñoz, ex esposa del empresario Vandenbroele, quien se hizo cargo de la quebrada compañía Ciccone y consiguió un ventajoso plan de pagos en la AFIP para levantar la firma. Muñoz dijo que su marido le había confiado ser el "testaferro de Boudou", y se abrió una investigación que salpica al vicepresidente, a un íntimo amigo suyo, José María Núñez Carmona, y a Vandenbroele.
 
 Si bien hay pruebas independientes, Vandenbroele impugnó el testimonio de su ex mujer en base a que el vínculo que los unía le impedía declarar en su contra.  Según el Código Procesal Penal, la denuncia de una esposa por episodios que hubiera conocido durante la relación, no puede ser receptada como disparador de una causa judicial en su contra.
 
Pero, tanto el juez como la Cámara Federal y ahora el máximo tribunal penal, en un fallo unánime cargado de duros cuestionamientos, rechazaron los planteos de Vandenbroele sobre la nulidad de los dichos de Muñoz y también del allanamiento de la casa de la mujer en la localidad mendocina de Chacras de Coria, donde se secuestraron pruebas.  Así, Casación avaló la continuidad de todo lo investigado hasta ahora y despejó el camino para que el juez federal Ariel Lijo avance en la causa en la que está imputado Boudou.
 
Increíblemente, el "presidente" Boudou quedó a tiro de ser indagado por corrupción. Pero los interrogantes más básicos sobre ese proceso siguen sin respuesta. Por ejemplo: ¿Quiénes eran los dueños de la compañía expropiada? Los verdaderos accionistas mayoritarios de Ciccone aun son desconocidos para la sociedad. Nunca reclamaron una indemnización por la empresa que el Estado les quitó. ¿Se beneficiarían con la expropiación?
 
Además, ¿Por qué el gobierno de CFK estaba tan apurado en tomar posesión de una empresa cuyos accionistas eran investigados por lavado de dinero? ¿Realmente era necesario que la Casa de Moneda se haga cargo de una imprenta privada deficitaria para poder fabricar dinero?
 
La expropiación de Ciccone es la única de todas las estatizaciones impulsadas por los Kirchner que no es celebrada como un logro de la gestión nac & pop. Y ningún candidato del cristinismo hizo campaña en estas elecciones reivindicando esa cuestión. ¿Todo muy sospechoso, no?
 
La Opinión Popular

LA IMPRENTA DE LA POLÉMICA / UNA DECISIÓN JUDICIAL CRUCIAL
 
Revés para Boudou: la Justicia consideró válida la causa Ciccone
 
Con un fallo unánime cargado de duros cuestionamientos, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó ayer la validez de la investigación abierta por el caso Ciccone contra el vicepresidente Amado Boudou; su socio José María Núñez Carmona, y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.
 
El máximo tribunal penal del país tomó esa decisión en un momento singular. Llegó cuando Boudou vive su período de mayor exposición pública por estar a cargo de la presidencia por los problemas de salud que mantienen en reposo absoluto a Cristina Fernández de Kirchner desde hace cuatro semanas.
 
Para eso, la Sala IV de la Casación rechazó con los votos de sus tres miembros los argumentos jurídicos de Vandenbroele, con los que buscaba nulificar varias medidas de prueba, pero que terminaron por resultarle contraproducentes. Se topó con duras críticas por las prácticas "dilatorias" de su defensa, al decir de la Casación, con el aparente único fin de retrasar el avance de la pesquisa penal.
 
Los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky rechazaron, en particular, el pedido de nulidad del testimonio de la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, así como el allanamiento de su vivienda matrimonial en Mendoza, donde se secuestró material que podría resultar valioso, incluidas dos computadoras cuyo contenido aún no fue peritado.
 
El voto de uno de los miembros de la Sala IV de la Casación, Gemignani, fue el más contundente. Tras recordar las amenazas que sufrió Muñoz durante los últimos años, solicitó al juez federal del caso Ciccone, Ariel Lijo, que les otorgue la máxima protección posible a ella y a sus hijos. Según Gemignani, Muñoz puede encontrarse en serio riesgo tras declarar sobre "un grupo que, en consideración del cargo público ostentado por uno de sus integrantes [en alusión a Boudou], podía razonablemente asignársele una capacidad operativa de significativa trascendencia" para lastimarla (ver aparte).
 
El testimonio de Muñoz que buscó anular Vandenbroele incluye frases que el abogado monotributista consideraba funcionales a la fiscalía, como "Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou".
 
Al frente hoy del Ejecutivo, Boudou era ministro de Economía cuando ocurrieron los hechos que se investigan, entre 2010 y 2011. Como tal, habría cometido supuestas negociaciones incompatibles con su cargo para favorecer la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica cuando el misterioso fondo The Old Fund ya había tomado el control de la imprenta con Vandenbroele como presidente.
 
El fallo de la Casación era esperado desde hacía semanas en los tribunales de Comodoro Py. Los investigadores consideraban que un fallo a favor de Vandenbroele -y por extensión, de Boudou y de Núñez Carmona- podía afectar la fortaleza de la pesquisa o derrumbar amplios tramos del expediente por efecto dominó. Pero no fue así.
 
El primer espaldarazo para la causa -y para la labor del entonces fiscal instructor, Carlos Rívolo, luego desplazado de la pesquisa- llegó con el dictamen del fiscal de Casación, Javier de Luca, miembro de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima. En su rol de "garante de la legalidad" sostuvo que no podía prosperar la apelación de Vandenbroele.
 
 
TRES VOTOS NEGATIVOS
 
Entre los camaristas, el primer voto quedó por sorteo en manos de Hornos, quien recordó el fallo "Buassi" como precedente para sostener la validez del testimonio de Muñoz. En aquel caso, una madre había alertado a la policía sobre un posible delito cometido en su vivienda, lo que terminó en el arresto y la condena de su hijo por un asesinato, pero aun así se sostuvo la validez del inicio de la causa.
 
Para Hornos, a ese precedente se sumó que al momento de declarar en la causa, Muñoz y Vandenbroele ya habían protagonizado varios "eventos disruptivos de la relación de confianza" propia de un matrimonio, lo que a su vez quitaba "entidad" a la prohibición legal de declarar en contra del cónyuge.
 
Gemignani ahondó en esa senda: "La pregunta reza, en buen romance, si para que exista matrimonio, ¿resulta suficiente con la pervivencia formal del contrato nupcial? ¿O debe verificarse entre los cónyuges la existencia de una verdadera comunidad de asistencia, apoyo y colaboración mutua?". La respuesta la brindó el propio Gemignani, al recordar que al declarar en el expediente, el vínculo real era ya inexistente entre Vandenbroele y Muñoz, quien ya había denunciado amenazas, agresiones y distintos episodios conducentes al divorcio.
 
Último en votar y con el resultado ya definido, Borinsky sostuvo que Vandenbroele no demostró qué perjuicio concreto le podía generar el allanamiento de su casa de Mendoza -por ejemplo, si se analizan las computadoras secuestradas-, lo que a su vez tampoco podrá reclamar más adelante, sobre la base del principio de que las partes no pueden alegar en el futuro su propia torpeza para defenderse.
 
 
LAS MEDIDAS DE PRUEBA QUE SE ESPERAN
 
Con la investigación revalidada por el máximo tribunal penal del país, el juez federal Ariel Lijo puede avanzar ahora con varias medidas de prueba pendientes. Entre otras, el entrecruzamiento de las llamadas que habrían protagonizado el vicepresidente Amado Boudou, su socio José María Núñez Carmona, distintos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Alejandro Vandenbroele durante los días que resultaron cruciales para la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica, que fue rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana.
 
El fallo de la Cámara también allana el camino para convocar a nuevos testigos a declarar antes de fin de año. Así, en 2014, el juez Lijo podría iniciar la ronda de las declaraciones indagatorias..
 
Del editor: qué significa.
La Corte esperó a que pasen las elecciones para fallar, y la Casación hizo lo mismo para recordar que Boudou es un personaje políticamente muy lábil.
 
Por Hugo Alconada Mon
 
Fuentes: LA NACIÓN, Diario Hoy y LOP

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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