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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 02-11-2013 / 10:11
ESTÁ HASTA LAS MANOS: CADA VEZ MÁS COMPLICADO EN LA CAUSA CICCONE

El vicepresidente Amado Boudou puede terminar preso

El vicepresidente Amado Boudou puede terminar preso
Duro revés judicial para el “Presidente” Amado Boudou: La causa Ciccone ya no tiene ningún obstáculo legal consistente que le impida avanzar hacia una resolución, sea cual fuere. La Cámara Federal de Casación Penal convalidó el rechazo al pedido de la defensa de Vandenbroele para que se declare la nulidad del inicio de la investigación por el caso Ciccone, de la declaración testimonial de su ex esposa, Laura Muñoz, y del allanamiento del domicilio en Chacras de Coria. En dicha causa, el vicepresidente en ejercicio del Ejecutivo, Boudou, está siendo investigado por negociaciones incompatibles con la función pública y por enriquecimiento ilícito.
Mientras Amado Boudou está a cargo de la Presidencia desde hace un mes (al menos en los "papeles") y nadie sabe a ciencia cierta hasta cuando, puede terminar preso ya que está cada vez más complicado en la causa Ciccone, luego de que la Justicia validó todas las pruebas que lo incriminan por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, cargos por la que podría ser condenado a prisión si se comprueban las múltiples pruebas que lo incriminan.
 
Boudou es investigado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública por sospecharse que, cuando era ministro de Economía, intercedió ante organismos estatales y tributarios para que la empresa The Old Fund, a nombre del monotributista Alejandro Vandenbroele, accediera al control de Ciccone con ventajosas medidas para la quiebra.
 
La Cámara Federal de Casación Penal avaló la declaración de Laura Muñoz, ex esposa del empresario Vandenbroele, quien se hizo cargo de la quebrada compañía Ciccone y consiguió un ventajoso plan de pagos en la AFIP para levantar la firma. Muñoz dijo que su marido le había confiado ser el "testaferro de Boudou", y se abrió una investigación que salpica al vicepresidente, a un íntimo amigo suyo, José María Núñez Carmona, y a Vandenbroele.
 
 Si bien hay pruebas independientes, Vandenbroele impugnó el testimonio de su ex mujer en base a que el vínculo que los unía le impedía declarar en su contra.  Según el Código Procesal Penal, la denuncia de una esposa por episodios que hubiera conocido durante la relación, no puede ser receptada como disparador de una causa judicial en su contra.
 
Pero, tanto el juez como la Cámara Federal y ahora el máximo tribunal penal, en un fallo unánime cargado de duros cuestionamientos, rechazaron los planteos de Vandenbroele sobre la nulidad de los dichos de Muñoz y también del allanamiento de la casa de la mujer en la localidad mendocina de Chacras de Coria, donde se secuestraron pruebas.  Así, Casación avaló la continuidad de todo lo investigado hasta ahora y despejó el camino para que el juez federal Ariel Lijo avance en la causa en la que está imputado Boudou.
 
Increíblemente, el "presidente" Boudou quedó a tiro de ser indagado por corrupción. Pero los interrogantes más básicos sobre ese proceso siguen sin respuesta. Por ejemplo: ¿Quiénes eran los dueños de la compañía expropiada? Los verdaderos accionistas mayoritarios de Ciccone aun son desconocidos para la sociedad. Nunca reclamaron una indemnización por la empresa que el Estado les quitó. ¿Se beneficiarían con la expropiación?
 
Además, ¿Por qué el gobierno de CFK estaba tan apurado en tomar posesión de una empresa cuyos accionistas eran investigados por lavado de dinero? ¿Realmente era necesario que la Casa de Moneda se haga cargo de una imprenta privada deficitaria para poder fabricar dinero?
 
La expropiación de Ciccone es la única de todas las estatizaciones impulsadas por los Kirchner que no es celebrada como un logro de la gestión nac & pop. Y ningún candidato del cristinismo hizo campaña en estas elecciones reivindicando esa cuestión. ¿Todo muy sospechoso, no?
 
La Opinión Popular

LA IMPRENTA DE LA POLÉMICA / UNA DECISIÓN JUDICIAL CRUCIAL
 
Revés para Boudou: la Justicia consideró válida la causa Ciccone
 
Con un fallo unánime cargado de duros cuestionamientos, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó ayer la validez de la investigación abierta por el caso Ciccone contra el vicepresidente Amado Boudou; su socio José María Núñez Carmona, y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.
 
El máximo tribunal penal del país tomó esa decisión en un momento singular. Llegó cuando Boudou vive su período de mayor exposición pública por estar a cargo de la presidencia por los problemas de salud que mantienen en reposo absoluto a Cristina Fernández de Kirchner desde hace cuatro semanas.
 
Para eso, la Sala IV de la Casación rechazó con los votos de sus tres miembros los argumentos jurídicos de Vandenbroele, con los que buscaba nulificar varias medidas de prueba, pero que terminaron por resultarle contraproducentes. Se topó con duras críticas por las prácticas "dilatorias" de su defensa, al decir de la Casación, con el aparente único fin de retrasar el avance de la pesquisa penal.
 
Los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky rechazaron, en particular, el pedido de nulidad del testimonio de la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, así como el allanamiento de su vivienda matrimonial en Mendoza, donde se secuestró material que podría resultar valioso, incluidas dos computadoras cuyo contenido aún no fue peritado.
 
El voto de uno de los miembros de la Sala IV de la Casación, Gemignani, fue el más contundente. Tras recordar las amenazas que sufrió Muñoz durante los últimos años, solicitó al juez federal del caso Ciccone, Ariel Lijo, que les otorgue la máxima protección posible a ella y a sus hijos. Según Gemignani, Muñoz puede encontrarse en serio riesgo tras declarar sobre "un grupo que, en consideración del cargo público ostentado por uno de sus integrantes [en alusión a Boudou], podía razonablemente asignársele una capacidad operativa de significativa trascendencia" para lastimarla (ver aparte).
 
El testimonio de Muñoz que buscó anular Vandenbroele incluye frases que el abogado monotributista consideraba funcionales a la fiscalía, como "Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou".
 
Al frente hoy del Ejecutivo, Boudou era ministro de Economía cuando ocurrieron los hechos que se investigan, entre 2010 y 2011. Como tal, habría cometido supuestas negociaciones incompatibles con su cargo para favorecer la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica cuando el misterioso fondo The Old Fund ya había tomado el control de la imprenta con Vandenbroele como presidente.
 
El fallo de la Casación era esperado desde hacía semanas en los tribunales de Comodoro Py. Los investigadores consideraban que un fallo a favor de Vandenbroele -y por extensión, de Boudou y de Núñez Carmona- podía afectar la fortaleza de la pesquisa o derrumbar amplios tramos del expediente por efecto dominó. Pero no fue así.
 
El primer espaldarazo para la causa -y para la labor del entonces fiscal instructor, Carlos Rívolo, luego desplazado de la pesquisa- llegó con el dictamen del fiscal de Casación, Javier de Luca, miembro de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima. En su rol de "garante de la legalidad" sostuvo que no podía prosperar la apelación de Vandenbroele.
 
 
TRES VOTOS NEGATIVOS
 
Entre los camaristas, el primer voto quedó por sorteo en manos de Hornos, quien recordó el fallo "Buassi" como precedente para sostener la validez del testimonio de Muñoz. En aquel caso, una madre había alertado a la policía sobre un posible delito cometido en su vivienda, lo que terminó en el arresto y la condena de su hijo por un asesinato, pero aun así se sostuvo la validez del inicio de la causa.
 
Para Hornos, a ese precedente se sumó que al momento de declarar en la causa, Muñoz y Vandenbroele ya habían protagonizado varios "eventos disruptivos de la relación de confianza" propia de un matrimonio, lo que a su vez quitaba "entidad" a la prohibición legal de declarar en contra del cónyuge.
 
Gemignani ahondó en esa senda: "La pregunta reza, en buen romance, si para que exista matrimonio, ¿resulta suficiente con la pervivencia formal del contrato nupcial? ¿O debe verificarse entre los cónyuges la existencia de una verdadera comunidad de asistencia, apoyo y colaboración mutua?". La respuesta la brindó el propio Gemignani, al recordar que al declarar en el expediente, el vínculo real era ya inexistente entre Vandenbroele y Muñoz, quien ya había denunciado amenazas, agresiones y distintos episodios conducentes al divorcio.
 
Último en votar y con el resultado ya definido, Borinsky sostuvo que Vandenbroele no demostró qué perjuicio concreto le podía generar el allanamiento de su casa de Mendoza -por ejemplo, si se analizan las computadoras secuestradas-, lo que a su vez tampoco podrá reclamar más adelante, sobre la base del principio de que las partes no pueden alegar en el futuro su propia torpeza para defenderse.
 
 
LAS MEDIDAS DE PRUEBA QUE SE ESPERAN
 
Con la investigación revalidada por el máximo tribunal penal del país, el juez federal Ariel Lijo puede avanzar ahora con varias medidas de prueba pendientes. Entre otras, el entrecruzamiento de las llamadas que habrían protagonizado el vicepresidente Amado Boudou, su socio José María Núñez Carmona, distintos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Alejandro Vandenbroele durante los días que resultaron cruciales para la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica, que fue rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana.
 
El fallo de la Cámara también allana el camino para convocar a nuevos testigos a declarar antes de fin de año. Así, en 2014, el juez Lijo podría iniciar la ronda de las declaraciones indagatorias..
 
Del editor: qué significa.
La Corte esperó a que pasen las elecciones para fallar, y la Casación hizo lo mismo para recordar que Boudou es un personaje políticamente muy lábil.
 
Por Hugo Alconada Mon
 
Fuentes: LA NACIÓN, Diario Hoy y LOP

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08-06-2025 / 10:06
Ante una multitud en Corrientes, Cristina Fernández de Kirchner desafió las presiones para que la Corte Suprema la proscriba. Aseguró que "anuncié mi candidatura y salieron a pedir que me metan presa" y remarcó que igual "no podrán evitar que el pueblo vuelva". Resaltó que no se puede "hacer un país destruyendo el Conicet o atacando a los médicos" y llamó a "construir un modelo nacional" que les mejore la vida a todos.
 
"Junio es un mes tremendo para el peronismo", dijo Cristina Fernández de Kirchner desde Corrientes, con la voz firme y la memoria encendida. El mismo mes en que se recuerda los fusilamientos del basural de José León Suarez y las bombas cayeron sobre la Plaza de Mayo, la Corte Suprema movió sus piezas y lanzó una nueva señal de avanzada: rechazó la recusación contra Ricardo Lorenzetti, apenas 24 horas después de que la expresidenta confirmara su candidatura por la tercera sección electoral.
 
"Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Pero no se dan cuenta de que lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo", lanzó desde Paso de los Libres con filo histórico y tono desafiante. Su llamado a "no llorar sobre la derecha derramada, sino a volver a organizarnos" resonó como un mandato, una brújula política en tiempos decisivos.
 
Cuando la tarde caía frente al río Uruguay, llegó Cristina y la militancia desbordó el anfiteatro Carlos Gomes con canciones de aliento y gestos de afecto. No fue casual que Martín "Tincho" Ascúa -intendente de Paso de los Libres y candidato a gobernador por el peronismo- instalara una consigna con resonancia regional: Cristina Libre.
 
La frase evoca de forma directa la campaña Lula Livre, el poderoso movimiento político y social que se desplegó en Brasil tras el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en abril de 2018, en el marco de la operación Lava Jato. Aquel movimiento impulsó la creación del Comité Internacional de Solidaridad en Defensa de Lula y la Democracia, que articuló fuerzas sociales, partidos políticos y personalidades de más de 50 países en defensa de sus derechos políticos. "Basta de lawfare. No la vamos a dejar sola", advirtió Ascúa -que irá a las urnas el próximo 31 de agosto- en un guiño a esa misma épica y construcción regional.
 
El mensaje de Cristina en Corrientes no fue solo un acto de campaña. Fue un mandato. A la dirigencia, a la militancia, a la sociedad. También una advertencia directa a quienes buscan dejarla fuera de la contienda electoral. Una intervención de alto voltaje político: Un llamado a ordenar fuerzas, salir del repliegue y volver a disputar en clave colectiva. Con coraje, propósito y decisión. "Cuando el coraje y la valentía además se hace propósito, estamos frente a la organización y a la decisión política de transformar las cosas peleando lo que hay que pelear. Y esto, y esto es un poco lo que también me trajo aquí", dijo al comenzar.
 
La expresidenta insistió: "Lo que nunca me van a perdonar es que en esos 12 años y medio pudimos lograr los niveles de desempleo más bajos, pero también la participación de los trabajadores más alta en toda la historia del PBI nacional. Más del fifty-fifty, 50, que siempre tuvo el peronismo". Esa fue la base desde la cual reclamó volver a construir, sin voluntarismos ni nostalgias. Con organización.
 

07-06-2025 / 10:06
Murió Thiago Correa, el chico de 7 años baleado en la cabeza por un policía federal, que les disparó once tiros mientras huían a unos jóvenes que intentaron asaltarlo. Mató a uno y también al nene. El fiscal ordenó su detención, pero Patricia "Chaborra" Bullrich ignoró todo lo ocurrido y mintió para defender los excesos policiales. Una línea de conducta que pone en peligro la vida de futuros Thiagos. Además, Bullrich justificó la balacera, minimizó la muerte del menor y culpó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la inseguridad.
 
Thiago Correa, un niño de tan solo 7 años, murió tras haber recibido un disparo en la cabeza. El proyectil salió del arma reglamentaria de Facundo Daniel Aguilar, un policía federal de 21 años que, estando de civil y fuera de servicio, desató una verdadera lluvia de balas en una parada de colectivo de La Matanza. Según testigos, se escucharon más de diez disparos. Entre las víctimas del tiroteo no solo hubo supuestos delincuentes: también terminó abatido un nene que estaba con su papá esperando el colectivo.
 
Lejos de mostrar prudencia o asumir alguna clase de responsabilidad institucional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió respaldar al agente como si fuera un héroe. "Los responsables son los delincuentes", dijo en conferencia de prensa. Al niño asesinado le dedicó apenas una frase suelta: "Está en una situación muy difícil", y luego continuó con su habitual libreto de guerra sin matices.
 
Para Bullrich, el agente "actuó en legítima defensa" y hasta sugirió que el Gobierno nacional va a pedir que la causa cambie su carátula a tentativa de homicidio, en una peligrosa escalada discursiva que iguala cualquier sospecha de robo con una amenaza de muerte. "Para nosotros, el que sale con un arma a robar, sale a matar", disparó sin siquiera titubear.
 
Los datos oficiales indican que uno de los presuntos asaltantes, Brandon Corpus, de 18 años, murió en el acto con seis balazos en el cuerpo. Otros dos jóvenes también fueron alcanzados por las balas y permanecen internados. Uno más sigue prófugo. Pero lo que realmente evidencia el salvajismo de la acción es la situación del niño inocente que quedó atrapado en el fuego cruzado.
 
Bullrich, por su parte, prefirió lavarse las manos y echarle la culpa al gobernador bonaerense Axel Kicillof: "Se tiene que hacer cargo". La causa, que por ahora está caratulada como "exceso en la legítima defensa", está en manos de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. El agente Aguilar quedó detenido, pero el respaldo político desde el Gobierno nacional podría condicionar la investigación.
 
El policía estaba fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil, sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió. Mientras un nene fue asesinado, Bullrich, buscando rédito político del caso, juega a la policía en televisión, anunciando que pedirá que la Justicia le achaque a ellos el homicidio del niño aunque la bala haya salido de la pistola del policía, como si los tiros de los gatillos fáciles no cayeran sobre los cuerpos de chicos inocentes.
 
La Opinión Popular
 

07-06-2025 / 09:06
Confluencias: La protesta social se unió el miércoles y en el peronismo bonaerense el jueves se reunieron Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Sincronizaciones: el martes la expresidenta anunció su intención de postularse como candidata y el jueves la Corte rechazó en trámite acelerado la recusación a Ricardo Lorenzetti y la corporación mediática redobló su presión para la proscripción judicial de Cristina Kirchner. Coincidencias: la diputada libertaria Juliana Santillán, que cobra cinco millones por mes, retó a los médicos del Garrahan porque no pueden vivir con 390 mil. Y su colega, Lilia Lemoine los amonestó porque tendrían que haberse dedicado al maquillaje como ella y no a la medicina.
 
Tanto la confluencia de las protestas de feministas, trabajadores de la salud, jubilados y discapacitados, como la reorganización de la principal oposición política tienen que conmover al 50 por ciento de la sociedad que decidió marginarse de los procesos políticos, así como a un porcentaje importante de los que aún votan al a-narco capitalismo pese a sufrir el ajuste.
 
Mientras no muevan el amperímetro en ese sector ganado por la desconfianza y el escepticismo, el gobierno gana votaciones en el Congreso, o el Presidente veta las que pierde, como ocurrirá seguramente con el aumento a los jubilados que se consiguió el miércoles junto con la prórroga de dos años a la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.
 
La votación por el aumento a los jubilados triunfó porque dividió a los sectores que le han dado mayoría al oficialismo en otras votaciones, como los del PRO y la mayoría radical. La unión de protestas que representan a sectores tan disímiles, en la plaza de los Congresos, fue simultánea con la votación que perdió el oficialismo.
 
Se pueden hacer lecturas diferentes. Para algunos el divorcio entre la protesta social y la política es total. O puede entenderse que la confluencia de la protesta social repercutió en la votación que se producía dentro del Congreso.
 
El acto del feminismo se efectuó luego de 20 días en los que hubo tres femicidios horrorosos. Este gobierno dice que no existe la figura del femicidio. Las marchas previas de los trabajadores del Garrahan incluyeron los testimonios conmovedores de familias cuyos hijos fueron salvados en el hospital.
 
Y la protesta por el ajuste en el área de discapacidad provocó el ataque descontrolado y cobarde del presidente Javier "el Loco" Milei y su horda de trolls contra un chico de doce años con autismo que hace campaña por la discapacidad. El estoicismo de los jubilados que todos los miércoles son gaseados y apaleados ha ganado el respeto del pueblo.
 
Juntos formaron una bomba neutrónica contra la injusticia y la insensibilidad. La fuerza expansiva impactó en los legisladores que lograron ganar esa votación. Si la política no se alimenta de esa fuerza, la potencia de esa onda expansiva la supera y la deja atrás.
 
En la protesta callejera hay un mensaje hacia el gobierno y la oposición, nunca se trata de un suceso encerrado en sí mismo, por lo menos en democracia. Los libertarios lo detestan e ignoran. Para ellos, sólo existe el mundo del capital. Para la oposición, la protesta en las calles es un llamado de atención, de reclamo y exigencia.
 

06-06-2025 / 11:06
Desesperados por los dólares del colchón, el Gobierno a-narco capitalista de Javier "el Loco" Milei presentó su proyecto de "Inocencia Fiscal" con un show electoral destinado a promocionar la figura de José Luis Espert, su probable candidato en Buenos Aires. Los anuncios resultaron inconsistentes para los expertos y no explican cómo el aparente blanqueo virtual quedará blindado hacia el futuro. Lo único claro es el elogio a los evasores y el desprecio a los cumplidores. El Gobierno impulsa una ley para proteger evasores y narcos, pero dice que no hay plata para los jubilados.
 
El proyecto de ley propone "blindar" el régimen simplificado de Ganancias y aumentar los montos mínimos por los cuales el Estado puede investigar el no pago de impuestos. Ambas medidas son parte del plan para fomentar el uso de dólares declarados sin costo alguno para los empresarios evasores y los narcotraficantes. La política implica más ajuste para las grandes mayorías para intentar cumplir con el FMI y parece destinada al fracaso.
 
José Luis Espert, figura protagonista de la conferencia de prensa donde se presentó la iniciativa en clave de campaña electoral, con eje principal en la provincia de Buenos Aires, fundamentó la evasión como "la preservación del ahorro". Mientras el titular de ARCA, Juan Pazo, a su lado, aseguró que no van a controlar a quien, por ejemplo, se compre cinco departamentos en un año porque el impuesto a las Ganancias lo va a pagar sobre sus ingresos anuales.
 
Una argumentación grosera que encubre a quien se declare como monotributista o jubilado, aunque sea un avasor o un narco, haya comprado excesiva cantidad de bienes que no puede justificar. Pero también esconde una contradicción: Ganancias no es Bienes Personales, son tributos con declaraciones diferentes.
 
Los bombos y platillos con los que se presentó el dudoso proyecto tienen como objetivo:
*Convencer a las personas para que se desprendan de los dólares obtenidos por fuera del sistema formal, ante la necesidad urgente que tiene el Gobierno de conseguir ese circulante.
*Reinstalar discursos efectistas para intentar desviar la agenda, en un contexto económico crítico.
*Juntar votos que les permitan avanzar con la política de ajuste y motosierra.
*Consolidar la idea de que no pagar impuestos es lo correcto, premiando a los evasores y cuestionando a quienes cumplieron con la responsabilidad de pagar los tributos al Estado.
 
Espert se mostró amenazante contra el Congreso, y en particular con "los gobernadores y diputados que responden al kirchnerismo", quienes serán responsables de acompañar o no la polémica reforma. En ese contexto, volvió a cargar con la violencia que lo caracteriza contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de "soviético" y de haber "arruinado la provincia". También criticó al Estado por décadas de políticas fiscales que, según él, empujaron a los ciudadanos a protegerse "con dólares fuera del sistema". "Ahora cambiamos la lógica: quien quiera cumplir, podrá hacerlo sin miedo a ser perseguido", aunque sean evasores o narcos.
 
La Opinión Popular
 

05-06-2025 / 10:06
Los tres proyectos rechazados por Javier "el Loco" Milei y que el Gobierno advirtió que vetaría esperan ahora que el Senado los convierta en ley. El aumento para los jubilados que se votó es del 7,2%, más una actualización del bono previsional, que pasará a ser de $110.000. La sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a favor. La emergencia en discapacidad también obtuvo media sanción.
 
El Congreso fue ayer el escenario de la Argentina que Milei ignora, en sus alrededores confluyeron sectores con reclamos diversos, pero que tienen un punto en común: la indiferencia y la brutalidad del Gobierno de La Libertad Avanza, que solo mide sus metas en términos de déficit fiscal. Ayer, la plaza rebalsó de gente: estuvieron las y los jubilados, como cada miércoles, pero también las personas con discapacidad y los prestadores, las y los trabajadores del Hospital Garrahan, las y los universitarios y las y los científicos. Y se movilizó el Ni una menos (NUM), el colectivo que el martes cumplió diez años y que decidió manifestarse ayer para unificar las luchas. Y por supuesto que lo hizo, otra vez los feminismos demostraron la capacidad para convocar masivamente, aglutinado en el reclamo a la CGT y a los partidos políticos, desde el peronismo hasta la izquierda.
 
Tras meses de movilizaciones que una y otra vez terminaron en represión, gases y palos orquestados por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia "Chaborra" Bullrich, el Congreso comenzó a dar una respuesta legislativa al reclamo de los jubilados. La Cámara de Diputados aprobó un aumento del 7,2% a las jubilaciones y una actualización del bono previsional, que pasará a ser de $110.000. La votación fue contundente: 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones.
 
La sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a favor. Todo el paquete fue girado al Senado. Es el segundo intento del Congreso por mejorar los ingresos de los jubilados, tras el veto presidencial del año pasado, respaldado por los 87 diputados que Javier Milei bautizó como el "tercio de hierro" y agasajó con un asado en Olivos. Esta vez, el oficialismo no logró bloquear la sesión y debió ceder el control del recinto para enfrentar un debate que incomoda los números del Excel libertario. Diputados también dio media sanción al proyecto de emergencia en materia de discapacidad, un reclamo que también tuvo respaldo callejero.
 
Afuera, desde temprano, miles de manifestantes se concentraron frente al Congreso. Personas con discapacidad, jubilados, familiares, trabajadores del Hospital Garrahan, organizaciones sociales y colectivos feministas confluyeron con demandas diversas, atravesadas por una urgencia común: sobrevivir en tiempos de motosierra. Sabiendo el resultado, Milei pidió en Twitter que "el Senado no apruebe esta demagogia populista".
 
Fuerzas de seguridad desplegaron un operativo desmedido, aunque no hubo represión. "Cuando somos muchos, se cuidan", apuntó el padre Paco Olveira. La movilización se replicó en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, con una consigna común: unir las luchas para frenar el ajuste. Frente a un Congreso activo y una calle movilizada, el desquiciado Milei enfrenta un doble desafío. Las amenazas de veto no alcanzan para silenciar la crisis ni desactivar el reclamo social.
 
La Opinión Popular
 

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