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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 15-09-2009 / 23:09
16 DE SEPTIEMBRE DE 1955

“La Fusiladora”: Golpe militar autodenominado “Revolución Libertadora”

“La Fusiladora”: Golpe militar autodenominado “Revolución Libertadora”
Almirante Isaac Rojas y General Pedro Eugenio Aramburu.
El enfrentamiento entre dos campos antagónicos: el nacional-popular y el oligárquico-imperialista llegó a su punto más alto con la "La Fusiladora" conocida también como  "Revolución Libertadora" que es como se autodenominó la dictadura militar, que gobernó el país, mediante un golpe de estado iniciado el 16 de septiembre de 1955, tras derrocar al presidente Juan Perón.
El 13 de noviembre de 1955, el general Eduardo Lonardi sería reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, profundizando el contenido gorila y reaccionario del golpe militar. Tras más de dos años de gobierno antipopular, este hizo entrega del mismo al presidente Arturo Frondizi, el 1º de mayo de 1958.



Escribe: Blas García

 Revolución Nacional y Popular
 
Todo proceso de transformación de una sociedad que involucre un cambio de sus estructuras para crear condiciones de mayor justicia social, es revolucionario.
 
A partir de 1945, el peronismo fue una revolución en marcha desde el poder de las masas populares, del Estado y del gobierno, sin derramamiento de sangre.
 
Desde el momento que significó un cambio de estructuras para alcanzar una mayor justicia social, no pudo dejar de herir privilegios causantes de la injusticia y molestar situaciones estabilizadas hasta entonces.  

La revolución peronista hirió sensiblemente a las minorías oligárquicas del país, pero también perjudicó ostensiblemente a los intereses yanquis y británicos, que se unirían a quienes les ofrecieran la más segura posibilidad de revancha.
 

 
Antecedentes previos

Los cruces del peronismo con los militares  y políticos liberales comenzaron en ocasión de la Reforma Constitucional de 1949 que, entre otras medidas, le otorgaba más atribuciones al gobierno para intervenir en la economía e incorporaba cambios fundamentales para la igualdad social.
 
En la Constitución de 1949 se habían integrado los derechos sociales conquistados por el Movimiento Obrero y la legalización de los cambios económicos, especialmente la política de nacionalizaciones del comercio exterior, de los combustibles y del transporte. Todo esto generaba un fuerte malestar a las clases oligárquicas y conservadoras.
 
Posteriormente, estas fricciones se profundizaron cuando en 1951 se comenzó a hablar de la posibilidad de que Eva Perón fuese candidata a vicepresidenta a la que se enfrentaron.

 
Además debe señalarse que durante el Gobierno de Perón, la oposición substancial estuvo a cargo de la Unión Cívica Radical, una fracción de la pequeña burguesía aliada al imperialismo y la oligarquía. Su área de implantación era la zona agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires y la zona de servicios de la Capital Federal. Vinculado a la estructura mas atrasada, al sistema agro exportador, el radicalismo ve con preocupación a las masas obreras y a la industria desarrollada por el peronismo.
 
Partido con una conducción arcaica, el radicalismo vivía una época que ya no era la suya. Las grandes convulsiones de una sociedad que buscaba resolver sus problemas fundamentales lo llevaron lejos del poder.
 
Escribía Abelardo Ramos: "Medroso ante la oligarquía, áspero hacia el proletariado, sin disimular su odio hacia el peronismo, incapaz de combatir al imperialismo sino en palabras, yrigoyenista en el pasado y liberal en los tiempos actuales, el radicalismo vive prisionero de todas las categorías formales de la democracia oligárquica e hipnotizado por un nirvana rural irrealizable".

 
Primer intento de golpe
  
En 1951 el general Benjamín Menéndez se sublevó contra el gobierno de Perón, pero no tuvo éxito, pues no encontró adhesiones importantes dentro del aparato militar. Perón declaró el Estado de Guerra interno, y dijo que "todo militar que no se subordine o se subleve contra las autoridades o participe en movimientos tendientes a derrocarlas o desconocerlas, será fusilado inmediatamente".
Pero la conspiración en contra del gobierno de Perón continuó, conforme aumentaba su respaldo popular.
 
El general Eduardo Lonardi, que estaba preso, nominó al entonces general Pedro Eugenio Aramburu como el jefe del movimiento. El presidente Perón contaba con el apoyo de grupos nacionalistas, tanto dentro del ejército como de la sociedad civil, sumados a la clase trabajadora y la CGT. Aramburu pensaba que todavía no era momento de sublevarse, pues la muerte de Evita había producido una galvanización del peronismo, y un abroquelamiento de los trabajadores en torno a su líder indiscutido.
 
Perón triunfó contundentemente en las elecciones de 1952 ampliando su apoyo hasta alcanzar un 62,49% de los votos. Las dificultades de la oposición para articular una opción política electoral al peronismo, impulsaría a muchos sectores a la actividad golpista e incluso terrorista. El 15 de abril de 1953 se produjo un grave atentado terrorista contra una manifestación sindical organizada por la CGT en la Plaza de Mayo, resultando asesinados 5 trabajadores y 95 heridos.
 
El conflicto con la iglesia católica, que se agrava rápidamente y el enfrentamiento de Perón con los sectores políticos católicos (Democracia Crisitana) precipitó la conspiración en su contra. Perón había llamado a una Convención para separar a la iglesia del estado, lo que puso a los sectores católicos en pie de guerra junto a los otros sectores que venían conspirando.
 
En marzo de 1955, funciona el congreso de la productividad y los empresarios pretenden reducir las conquistas obreras para aumentar la productividad, entrando en colisión con la CGT. El Frente Nacional, que representa a trabajadores y empresarios industriales, entra en crisis.
 
En abril de 1954, las elecciones para legisladores y vicepresidente (Quijano había muerto) arrojan amplia mayoría para el Partido Peronista, especialmente en el padrón femenino y en las provincias del interior, con el 63,2% de los votos.
 



 
Foto: Dos mujeres civiles peronistas muertas por el feroz bombardeo.


Segundo intento de golpe: la Masacre de Plaza de Mayo
 
El 16 de junio de 1955, un grupo de civiles y militares reaccionarios sobrevolaron la Plaza de Mayo en un supuesto desfile aéreo que había sido dispuesto por el Ministro de Aeronáutica como acto de desagravió a San Martín y de adhesión a Perón, pero que culminó en un salvaje ataque a la ciudad indefensa, en lo que fue el bautismo de fuego de la aviación naval.
 
Dicho ataque tenía como objetivo abrir camino a una tropa de la infantería de marina al mando del contralmirante Samuel Toranzo Calderón que debía tomar por asalto la casa Rosada y asesinar a Perón.
 
El levantamiento militar en el que la Aviación Naval bombardeó Buenos Aires es consecuencia del odio irracional de la oligarquía, alimentado desde las históricas jornadas del 17 de octubre de 1945, y que fue vomitado sobre la ciudad indefensa en una mansalva de bombas y metralla que dejo un saldo de más de 300 muertos y millares de heridos. 
 
Se combatió por aire, mar y tierra. Aviones de la Marina se enfrentaron a los de la Fuerza Aérea y atacaron a unidades del ejército que convergían sobre el epicentro de la ciudad. Los puntos bombardeados fueron: la Casa de Gobierno, los alrededores de Plaza de Mayo, el Ministerio de Guerra, el Departamento Central de Policía, la zona aledaña a la Residencia Presidencial, en la zona norte del Gran Buenos Aires en el barrio de Olivos y otros sectores de la ciudad.
 
La reacción del pueblo fue instantánea. Gran cantidad de trabajadores convergieron hacia la Plaza de Mayo y la CGT y al grito de "La vida por Perón" reclamaron armas y ofrecieron su apoyo en la defensa del gobierno constitucional y colaboraron en la lucha contra las fuerzas sublevadas. 
 
Perón dejó la represión en manos del ejército, que llegaría más tarde y comenzaría el ataque (al mando del General Valle, el mismo que será asesinado por la Fusiladora en 1956) sobre el Ministerio de Marina  que hacía de sede del comando rebelde, al tiempo que el pueblo seguía llegando a la Plaza en todo tipo de transporte y portando todo tipo de armas.
 
El Regimiento de Granaderos a Caballo y cuerpos del Ejército, con el Regimiento Motorizado Buenos Aires a la cabeza, lograron rechazar el ataque de la Infantería de Marina sobre la Casa de Gobierno y rendir al Ministerio de Marina, donde se había concentrado el alto mando rebelde, cuyo jefe, el Contralmirante Benjamín Gargiulo, al ver fracasada la asonada, se suicidó.
 
Por la noche, millares de militantes peronistas incendiaron los principales templos del casco histórico de la ciudad, la Curia Metropolitana y los edificios de instituciones, como el Jockey Club, por el apoyo que dieron a los golpistas.


 

Perón llama a la "convivencia democrática"
 
El fracasado intento subversivo sería la señal de que el conflicto entre el gobierno y la oposición ya no tenia retorno. O Perón profundizaba la revolución apoyado en la inmensa mayoría del pueblo argentino, o el proceso revolucionario iniciado en 1945 se truncaba.
 
En julio, Perón hace un llamado a los opositores para pacificar el país, apostando por la "convivencia democrática" y "la consolidación nacional". Con la sangre aún caliente de los millares de víctimas de la descabellada masacre de Plaza de Mayo, Perón llama a la conciliación y no a la lucha. Se ocultó el verdadero número de víctimas de los bombardeos y se negó a fusilar a los principales responsables.
 
Perón invita a la oposición a la conciliación y pacificación del país, y la oposición lo rechaza con argumentos bizantinos y pretensiones desmedidas, mientras continúa con la conspiración, el sabotaje y los atentados, alimentados por una oligarquía ávida de recuperar el poder que le había sido arrebatado en 1946.
 
Es evidente que la oligarquía estaba dispuesta a llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias: la franca confrontación entre los beneficiarios y los enemigos de la Nueva Argentina. Ya lo había demostrado con el bombardeo de Plaza de Mayo.
 


El golpe final del 16 de septiembre de 1955
 
El 16 se septiembre de 1955 estalló en Córdoba  la insurrección militar que daría inicio a la autodenominada Revolución Libertadora.
 
Los rebeldes contaron con el apoyo de los llamados "comandos civiles", políticos gorilas que combatieron contra las tropas leales al presidente Perón en Alta Córdoba, y mantuvieron escaramuzas en distintos puntos del país, ocupando edificios públicos y constituyeron un factor de enlace permanente con los militares sublevados.
 
Hubo fuertes enfrentamientos entre la Escuela de Artillería, su aliada, la Escuela de Tropas Aerotransportadas y la vecina Escuela de Infantería, leal al gobierno, en las afueras de Córdoba y se combatió en el epicentro de aquella ciudad, sobre todo frente al histórico Cabildo; en la Basa Naval de Río Santiago, atacada por la Fuerza Aérea leal y en el Río de la Plata, donde la Escuadra de Ríos sufrió serios daños. También se produjeron choques en Curuzú Cuatiá (provincia de Corrientes), en Cuyo y Entre Ríos.
 
Hubo duros enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y la Aviación Naval en la zona de Sierra de la Ventana y Tornquist y combates de consideración en Bahía Blanca y la provincia de Río Negro donde un convoy fue atacado por aviones navales.
 
Por otra parte, la Marina bombardeó los depósitos de combustible y la Escuela de artillería antiaérea de Mar del Plata, amenazó con hacer lo mismo en la Destilería de La Plata y  unidades rebeldes de la Fuerza Aérea atacaron aeródromos y bases leales en diferentes puntos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires.



 
Foto: Pese a la brutal represión, en Rosario la resistencia no afloja. En una de esas jornadas de 1956, Villa Manuelita amanece pintada en abierto desafío al orden mundial imperante: " Los yanquis, los rusos y las potencias reconocen a la Libertadora. Villa Manuelita no ".


Rosario: Capital del Peronismo
 
Apenas iniciado el golpe contra el gobierno constitucional peronista, aparecieron los resistentes en Rosario y durante 7 días con sus noches soportaron el asedio de los golpistas.
 
El general León Bengoa con refuerzos militares, armamento y municiones suficientes sitia a la ciudad provocando una guerra civil en Rosario. Sitiados, sin alimentos, sin armamento, las fuerzas leales a Perón, el Regimiento Militar II de Infantería de Rosario junto a los trabajadores del cordón industrial y el pueblo pelean y avanzan sobre los sectores enemigos del centro de la ciudad y las fuerzas armadas.

Durante siete días mantuvieron en vilo a la ciudad y a las fuerzas golpistas que nunca pudieron entrar para arrancar los bustos de Perón y Evita, por ese motivo Perón la declara la Capital del Peronismo.

 
Allí la resistencia peronista fue una de las más feroces y activas. Tenía una base social amplia y en esos días de guerra civil, en Rosario, el golpe se cobró más de 400 muertos entre niños, mujeres y hombres de distintas edades, además de cientos de heridos.
 
Los enfrentamientos en todo el país se extendieron del 16 al 21 de septiembre y finalizaron cuando Perón renunció a la presidencia y se marchó al exilio, primero a Paraguay y posteriormente a Venezuela, República Dominicana y España.

 

¿Por qué renunció Perón?
 
Para la renuncia se unieron varios factores: la falta de disposición de Perón a la lucha, la débil lealtad de los militares hacia él y el deseo de evitar la abierta confrontación de la oligarquía con el pueblo en las calles y armado, dispuesto a todo.
 
Sumado a ello la profunda decisión de los militares sublevados de llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias; como lo demuestra la amenaza de la Marina de bombardear a la población civil de la ciudad de Buenos Aires y destruir las destilerías de petróleo "Eva Perón", una obra de extraordinario valor para la economía nacional.
 
El gobierno de Perón tal vez estaba en condiciones de derrotar militarmente a los sediciosos, sin embargo la estabilidad del régimen popular dependía de su decisión de enfrentar violentamente a la oligarquía terrateniente y profundizar el proceso revolucionario iniciado el 17 de octubre de 1945. Perón tuvo el temor de introducir al país en una guerra civil, cedió a la presión y cursó su renuncia.
 
El golpe militar de septiembre de 1955 provocó, entre junio y septiembre, la muerte de casi 4000 personas, entre civiles y militares y significó el triunfo y el festejo para los sectores pertenecientes a las clases media y alta, pero la mayoría de los trabajadores y de los sectores populares lo recibieron con tristeza e indignación.
 
 
"Ni vencedores, ni vencidos"

El 20 de septiembre Lonardi asumía la presidencia de la República con una frase que luego fue desvirtuada por la realidad de los hechos: "Ni vencedores, ni vencidos".

Los partidos políticos gorilas festejaban en las calles. El Comité Nacional de la UCR brindó su apoyo al gobierno militar explicitando textualmente que: "la revolución triunfante por el sacrificio de soldados, marinos, aviadores y civiles unidos por su patriotismo y amor a la libertad, abre una gran esperanza".

Incluso radicales como los doctores Roque Carranza, Carlos Alconada Aramburu, y en Entre Ríos, Sergio Montiel, resultaron ser relevantes conspiradores y "comandos civiles".

El Congreso Nacional se disolvió; las provincias fueron intervenidas; a los miembros de la Corte Suprema de Justicia se los dejó cesantes; se creó una Comisión Nacional de Investigaciones destinada a actuar contra el peronismo.

Mientras tanto, el Movimiento Peronista se encuentra desorganizado y lo previsible ocurre. Con la caída de Perón se produce el desbande general de los viejos dirigentes; muy pocos permanecieron en sus puestos de lucha.

Los "comandos civiles" atacan los locales obreros y los ocupan a punta de pistola (se interviene la CGT, se asaltan los locales partidarios y se encarcela a sus dirigentes más representativos) Pero la resistencia surgirá rápida y espontánea en las bases populares indignadas por el derrocamiento de Perón, aunque sus dirigentes estaban presos, exiliados o escondidos.



Política de los "libertadores"

El nuevo gobierno "de facto" toma medidas de neto corte antipopular que tiende a sustituir el Estado de Bienestar del peronismo.

El Plan Prebisch, alentado por el nuevo gobierno de facto, considera que existe una crisis económica en el país. Para salir de ella, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) propone y efectiviza: fuerte incentivo a la producción agropecuaria, restablecimiento del mercado libre de cambios, acudir al crédito exterior, congelar sueldos y salarios, admitir la entrada de capital extranjero y la devaluación del peso argentino. Consecuentemente, dispone el ingreso como país-socio al Fondo Monetario Internacional.


 
Asume Aramburu

Pero grupos de militares cerradamente antiperonistas (llamados "gorilas") entienden que Lonardi es demasiado blando y no lleva a cabo la tarea de "desperonizar" al país con suficiente energía. Un golpe interno en las Fuerzas Armadas, determinó el día 13 de noviembre su reemplazo por un liberal de derecha, el General Pedro Eugenio Aramburu.


En ambas Presidencias el Almirante Isaac Rojas ocupó el cargo de vicepresidente de la Nación conjuntamente con la Junta Consultiva, integrada por representantes de los partidos gorilas opositores al peronismo, seleccionados por el poder militar.
 
Los siguientes partidos fueron los integrantes de la Junta Consultiva Nacional: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Conservador, Partido Demócrata Progresista y Partido Demócrata Cristiano.
 

Recrudece la política represiva


Con Aramburu comienza una etapa de mayor represión. Se disuelve el Partido Peronista y se intervienen más sindicatos. El 1º de Mayo de 1956 se vuelve a poner en vigencia a la Constitución de 1853, declarándose nulas y sin valor las reformas sociales realizadas en 1949.

Paralelamente al cambio presidencial, se agudiza la represión, llevándose a la práctica decretos leyes como el 4.161, que desautoriza toda actividad peronista (se prohíbe, con pena de cárcel: nombrar a Perón y a Eva Perón, tener sus retratos o símbolos, cantar la marcha peronista, etc.) también se proscribe electoralmente al peronismo y se secuestran los restos mortales de Evita.

Empieza una sorda resistencia inorgánica, con tres polos de desarrollo: la fábrica, el barrio y los militares peronistas. Desde el exilio, Perón envía "directivas secretas" a los dirigentes peronistas para intentar organizar la Resistencia, menciona especialmente a la Juventud Peronista y nombra su delegado personal para coordinar la Resistencia a John William Cooke.



La resistencia peronista

El año 1956 se caracteriza por el aumento de la oposición peronista al gobierno de Aramburu, la creciente tensión social y la crisis profunda que sacude al régimen.


Desde las fábricas, los barrios, el seno del movimiento obrero, desde las estructuras de los cuerpos de delegados y comisiones internas se formó el engranaje de una nueva manera de resistir el golpe, con la consigna de Perón Vuelve. Esa lucha se dará en Rosario, Córdoba, el primer y segundo cordón industrial de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Tucumán y en Tafí Viejo, donde se encuentran los talleres ferroviarios más emblemáticos, Altos Hornos Zapla, los cañeros de la Fotia, Minera Aguilar, Jujuy y las Pirquitas, y tanto más.

También en el 56 comienzan a organizarse en forma embrionaria agrupaciones gremiales ligadas a jóvenes peronistas, nucleados fundamentalmente en los barrios. Estos grupos juveniles se organizaron progresivamente hasta confluir al año siguiente en la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista, integrada por Gustavo Rearte, Héctor Spina, Felipe Vallese y otros. Aparecen varios periódicos ligados a ese sector (Norte, Línea Dura, etc.)



Se amplia la intransigencia

La exclusión política del peronismo, produjo un proceso de resistencia que ampliaría el perfil del justicialismo. A partir de 1955 el peronismo aglutinó, representó y canalizó a todas las rebeldías y críticas contra el sistema económico, social y político, crecientemente ineficaz y en el cual era el único actor apartado.

El espectro político peronista se tornó muy amplio y variado. El activismo peronista opositor, con ingenio y combatividad, realizó sus intentos por la vía del levantamiento cívico-militar, acciones de resistencia por métodos encubiertos, "trabajo a tristeza", sabotajes, colocación de explosivos, paros gremiales, atentados, ataques con bombas "Molotov", etc.



Experiencias insurreccionales

En esta etapa se realizaron alzamientos cívico-militares -la revolución del general Juan José Valle y, posteriormente, la asonada del general Iñiguez- y se probaron otras formas de lucha que incluyeron experiencias insurreccionales -la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, encabezada por Sebastián Borro, que puso en pie de guerra al barrio de Mataderos durante una semana-, y experiencias guerrilleras rurales como fue la de los "Uturuncos" desarrollada en Tucumán y Santiago del Estero entre octubre de 1959 y junio de 1960.

Además, el peronismo participaba, aunque estaba proscripto, en las elecciones apoyando a otros candidatos en contra de los radicales, que eran los representantes civiles de la dictadura militar.



El radicalismo nunca se alejó demasiado del poder. En los interregnos militares inaugurados por la Revolución Libertadora de 1955 siempre se pueden encontrar ministros, gobernadores e intendentes radicales, en grado tal que es posible hablar de la Unión Cívica Radical como brazo civil del golpismo militar de las décadas del 50, 60 y 70.

 
La revolución del General Valle y la Operación Masacre

En el marco de la resistencia anti-oligarquica, en junio de 1956, el General Juan José Valle organiza un alzamiento cívico-militar contra el gobierno ilegítimo para defender la soberanía popular y la justicia social, avasalladas por el gobierno militar instalado en septiembre de 1955.

El movimiento revolucionario es infiltrado, pero no se lo reprime hasta que se manifiesta como tal. Se buscaba desde el poder dar un escarmiento total que sirviera para desalentar posibles intentos posteriores.

Tan es así, que los decretos de fusilamiento para el general Valle y sus compañeros fueron firmados antes del 9 de junio, pese a que el tribunal militar que los juzgó, los había absuelto. Así y todo se les aplicó la ley marcial retroactiva a la fecha y hora de disposición. Es de hacer notar que al rendirse el general Valle, se le garantizó salvaguardar su vida. Entre el 9 y el 12 de junio de 1956, murieron fusilados y asesinados en los basurales de José León Suárez 31 patriotas revolucionarios peronistas.

 

Si bien los militares gorilas y golpistas, testaferros de la oligarquía ávida de recuperar el poder que le había arrebatado el pueblo en 1945, hablarán del "tirano sangriento" y la "tiranía sangrienta" refiriéndose a Perón, que se había negado a fusilar a los culpables de la masacre de Plaza de Mayo y a perseguir a sus cómplices, lo cierto es que serán ellos los salvajes y homicidas que proscribirán, perseguirán, encarcelarán, torturarán y matarán al pueblo argentino.

 
Escribe: Blas García

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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