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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 02-09-2013 / 09:09
ALERTAN POR LAS FRONTERAS “COLADOR” Y LA FALTA DE PROFESIONALISMO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Inseguridad: El envío de 4.000 gendarmes al Conurbano es una medida tardía y un parche que no sirve para nada

Inseguridad: El envío de 4.000 gendarmes al Conurbano es una medida tardía y un parche que no sirve para nada
Jaqueado por los malos resultados electorales y acorralado por un flagelo que no parece tener fin, el gobierno de CFK decidió enviar a más de cuatro mil gendarmes a “colaborar en el combate del delito en el Gran Buenos Aires”. La decisión es un manotazo de ahogado. Recién en la recta final del poder, cuando el 74% de la sociedad le ha dado la espalda y pide un cambio de forma urgente, la presidenta Cristina Fernández y su círculo de aplaudidores hacen gestos desesperados para intentar mostrar que tomaron nota de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la inseguridad.
Jaqueado por los malos resultados electorales y acorralado por un flagelo que no parece tener fin, el gobierno de CFK decidió enviar a cuatro mil gendarmes a "colaborar en el combate del delito en el Gran Buenos Aires". La decisión es un manotazo de ahogado. Recién en el final de su poder, cuando el 74% de la sociedad le ha dado la espalda y pide un cambio de forma urgente, la presidenta Cristina Fernández y sus aplaudidores hacen gestos desesperados para intentar mostrar que tomaron nota de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la inseguridad.
 
La cantidad de efectivos anunciados equivale a un gendarme cada 3.750 habitantes, lo que muestra una medida que no alcanza ni siquiera a ser un parche.  Luego de 10 años de kirchnerismo en el poder, donde los partidarios de CFK se la pasaron defendiendo al garantismo extremo respecto a la ola delictiva, al punto que se llegó a considerar a la inseguridad "como una sensación fabricada por los medios", ahora el Gobierno se volcó a una opción vinculada con la mano dura.
 
Concretamente, se busca hacer creer que se el problema de la inseguridad, que tiene su raíz en el deterioro social generado por una política económica que castiga la producción y la generación del trabajo genuino como ordenador social, puede ser controlado con un puñado de uniformados armados en algunos barrios.
 
La gendarmería actualmente padece una crisis extrema. Sólo basta con ver las imágenes que difundió el propio Gobierno, con efectivos que muestran un abdomen prominente, para darse cuenta que una parte importante de los gendarmes ni siquiera tienen la aptitud física que se requiere para combatir a las organizaciones del crimen organizado, que cuentan con armas más modernas y sofisticadas que las fuerzas de seguridad de nuestro país.
 
Esta situación no es producto de la casualidad. La crisis que se desató el año pasado, con la aplicación de descuentos salariales masivos a los gendarmes, terminaron en una sublevación masiva de los integrantes de esta fuerza. Desde aquel entonces poco cambió: los organizadores de la protesta fueron cesanteados, y los gendarmes siguen cobrando sueldos de hambre, con bonificaciones en negro.
 
Actualmente, el sueldo de un gendarme que es obligado a patrullar las calles roza los $3000, es decir, su familia se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. La situación de las otras fuerzas de seguridad es muy parecida. Los efectivos de la Policía bonaerense, que en su mayoría perciben haberes tan miserables como los gendarmes, también presentan falta de profesionalismo por la falta de recursos. Es imposible que un agente, que no tiene otra alternativa que hacer horas extras para llegar a fin de mes, lo que lo obliga a tener que trabajar dos o hasta tres días seguidos sin dormir, puedan tener la estabilidad física y emocional que exige portar un arma de fuego.
 
El envío de gendarmes al Conurbano se hace trasladando efectivos que deberían estar cuidando las fronteras, para recorrer zonas calientes del Gran Buenos Aires sin tener la más minima noción de donde están ubicados. Mientras tanto, las fronteras siguen sin radarizarse, y son auténticos coladores por donde entran y salen, sin ningún tipo de inconvenientes, los narcos, los tratantes de blancas y los integrantes de las bandas del crimen organizado.
 
Vivimos en una Argentina absolutamente insegura.
 
La Opinión Popular

Un parche que no tapa los problemas
 
Las políticas desesperadas del Gobierno para frenar el flagelo de la inseguridad terminaron siendo un manotazo de ahogado. "Este Gobierno no se ha caracterizado por cuidar al ciudadano, sino al delincuente", dijo Claudio Izaguirre, de la AARA.
 
Jaqueado por los malos resultados electorales y acorralado por un flagelo que no parece tener fin, el Gobierno decidió enviar a más de cuatro mil gendarmes a "colaborar en el combate del delito en el Gran Buenos Aires". La resolución termina siendo, a simple vista, un manotazo de ahogado que apenas podrá tapar con un dedo el sol: en más de una ocasión, nuestro diario dio cuenta de la gravedad de la situación en el Conurbano bonaerense, donde los índices delictivos llegaron a un punto verdaderamente insostenible.
 
Al respecto, el titular de la Asociación Antidrogas de la Argentina (AARA), Claudio Izaguirre, explicó a Hoy que "lo que están haciendo es tratar de solucionar el problema que ellos mismos crearon respecto de una falta de acción sobre los grupos delictivos".
 
"Uno de los reclamos del votante es la falta de seguridad, pero tenemos que tener en cuenta que este Gobierno no se ha caracterizado por cuidar al ciudadano, sino al delincuente. Por lo tanto, no porque hoy pongan la Gendarmería en los distritos afines al Gobierno van a cambiar la opinión del votante. El votante ya ha tomado la decisión y ésta es no darle su voto a quien no lo ha cuidado", aseguró.
 
Otra de las preocupaciones, tras conocerse la medida, radica en la desprotección del propio territorio nacional, moviendo agentes de Gendarmería a puro antojo y asignándolos en tareas que, por oficio, no les corresponden.
 
"Las fronteras nacionales han sido descuidadas esta última década y estos espacios han sido ganados por el narcotráfico. Seguir sacando fuerzas de seguridad en estos espacios hace que se les de mayores posibilidades al narcotráfico de afincarse en la zona norte de nuestro país, obligando, por ejemplo, a los jueces federales a dejar en libertad al narcotraficante, como ha sucedido con el juez Raúl Reynoso en Salta, que dejó a 36 narcotraficantes libres en un solo día bajo la excusa de que no había lugar en las cárceles", indicó Izaguirre, durante la entrevista que mantuvo con este medio.
 
Y añadió: "Lo que está sucediendo en la Argentina es que los jueces federales, por un lado, están dejando en libertad a los grandes narcotraficantes -a los jefes de grupos de comercialización y transporte de drogas- y, a la vez, le dan una paliza de inseguridad a todos aquellos que no han sido afines al Gobierno".
 
 
El desmantelamiento de las fuerzas de seguridad
 
Las nefastas políticas del kirchnerismo no sólo impactaron de lleno de puertas para afuera, sino también de puertas para adentro. Es tal el grado de desmantelamiento a nivel de infraestructura de las fuerzas armadas que más de una vez surgieron serios reclamos al respecto, ya sea por los magros salarios en Gendarmería o la falta de elementos para trabajar en todas las fuerzas de seguridad a nivel nacional.
 
"Lo que debería hacerse es darle garantías de seguridad al ciudadano común, al trabajador, y caer con todo el peso de la ley a quienes delinquen. Las políticas de estado respecto a este tema es la que expuso la diputada Diana Conti, para quien el ladrón no está robando, sino recuperando una parte de lo que la sociedad no le ha dado. Este concepto de la delincuencia hace entonces que las fuerzas de seguridad estén desprovistas de elementos para investigar y de todo lo que necesitan para llevar adelante su trabajo", apuntó, en este sentido, el titular de la AARA. 
 
 
El Conurbano, un polvorín a punto de estallar
 
Demasiado tarde se acordó el Gobierno de atender ese gran dolor de cabeza que es la inseguridad en el Conurbano bonaerense. Y lo más llamativo es que en los pagos chicos del kirchnerismo -como el municipio de Lomas de Zamora, gobernado por el K Martín Insaurralde- la realidad es todavía más preocupante. 
 
En este contexto, según estadísticas del Poder judicial bonaerense, se pasó de 90.123 delitos denunciados por año, en 2007, a 106.035 en 2012. En otras palabras, se trata de un incremento de 15.912 denuncias penales anuales que deja al mencionado distrito entre los de mayor mayor cantidad de delitos denunciados a la Justicia.
 
A su vez, en Quilmes, otro de los municipios kirchneristas, los números tampoco dejan mentir: En la comuna gobernada por Francisco "Barba" Gutiérrez, se registraron 121 casos de homicidios sobre una población total de 1.333.192 habitantes -13 con menores y 14 en ocasión de robo- si se tienen en consideración las tres localidades que componen la Jefatura Departamental (Quilmes, Florencio Varela y Berazategui).
 
 
Insólito: en El Calafate una serie de robos puso en duda la seguridad
 
En el país, el delito no distingue ningún tipo de geografías. Por lo menos eso se pudo ver luego de que el Concejo Deliberante de El Calafate -el territorio K por excelencia- aprobara la ordenanza que declaró el estado de emergencia de la seguridad pública en la ciudad durante 12 meses.
 
Curiosamente, la polémica ordenanza fue aprobada pocas horas después de que una inédita manifestación de vecinos y comerciantes exigiera medidas urgentes para combatir el delito.
 
"Decidí convocar a una protesta porque El Calafate se convirtió en tierra de nadie. Todos los días hay un delito", explicó el empresario turístico local, Luciano Pera, durante la entrevista que mantuvo con un matutino nacional.
 
El temor a los asaltos cobró tal dimensión que en las calles y en las oficinas públicas crece la preocupación de que "la emergencia de la seguridad pública" aleje a los turistas que visitan a la localidad del sur argentino.
 
Fuente: Hoy en la Noticia

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02-04-2026 / 18:04
02-04-2026 / 18:04
01-04-2026 / 14:04
La Argentina de Javier Milei ha ingresado en una fase peligrosa: la de la construcción de una realidad paralela. Mientras las persianas de las pymes se bajan definitivamente, los comedores populares se desbordan y el consumo de leche cae a niveles históricos, el Gobierno nacional ha decidido que la mejor manera de combatir la pobreza no es con políticas públicas, sino con un lápiz y una goma de borrar en las oficinas del INDEC.


El reciente anuncio que sitúa la pobreza en un 28,2% para el segundo semestre de 2025 no es solo una provocación; es un insulto a la inteligencia de un pueblo que sobrevive en el ajuste más brutal de la historia argentina moderna. Estamos ante el "milagro estadístico" de un gobierno que pretende hacernos creer que, en medio de una recesión galopante y salarios de miseria, la pobreza ha retrocedido por arte de magia.



Javier Milei ha decidido abrazar el dogma por encima de la vida. Su gestión se ha convertido en una maquinaria de propaganda que utiliza la macroeconomía financiera para ocultar la microeconomía de la heladera vacía. Festejar un 28,2% de pobreza en un contexto de desguace del Estado, entrega de la soberanía y destrucción del mercado interno no es solo cinismo; es una declaración de guerra contra la realidad.



El Gobierno podrá seguir "dibujando" números y publicando gráficos en redes sociales, pero la calle tiene su propia estadística. Y en esa estadística, la que se mide en el boleto de colectivo, en el alquiler impagable y en el plato de comida que falta, el modelo de Milei solo ha demostrado ser un éxito en una sola cosa: en producir una miseria estructural que ningún comunicado oficial podrá ocultar por mucho tiempo. El despertar de este sueño estadístico será, lamentablemente, una pesadilla social de la que nos costará años recuperarnos.


De la redacción de La Opinión Popular

31-03-2026 / 16:03
29-03-2026 / 15:03
La gestión de Javier Milei atraviesa un momento muy complejo, atrapada en una tenaza que combina corrupción sistémica y degradación económica. La narrativa de austeridad se ha quebrado frente a pruebas judiciales contundentes: por un lado, el Caso $LIBRA, donde el peritaje técnico confirma un esquema de promoción de estafas piramidales que involucra directamente al Presidente y a Karina Milei por presuntos cobros millonarios; por otro, el escándalo de Manuel Adorni, cuya utilización de vuelos privados y un crecimiento patrimonial injustificado -que incluye mansiones y gastos de lujo- lo colocan como el nuevo emblema de los privilegios que el Gobierno prometió desterrar.

Sin embargo, el factor que transforma estos escándalos en un veneno letal para el oficialismo es el contexto de asfixia social. La paciencia popular, que hasta hace poco funcionaba como un cheque en blanco, se está agotando ante una realidad incontrastable marcada por la pobreza récord Con indicadores que ya superan el 55%, el ajuste ha dejado de caer sobre la política para ensañarse con la clase media y los sectores vulnerables; la inflación persistente, la cual, a pesar del discurso oficial, el costo de vida -especialmente en alimentos y servicios públicos- sigue demoliendo el poder adquisitivo de los salarios. A esto se le suma la crisis de expectativas: El contraste entre el "no hay plata" para comedores escolares y el despliegue de recursos en el entorno de Adorni ha roto el vínculo de confianza con su base electoral.


En definitiva, la caída en las encuestas no es solo producto de los tribunales; es el resultado de un modelo que pide sacrificios extremos a la población mientras sus máximos referentes se ven cercados por causas de corrupción que huelen a vieja política. La "libertad" parece haberse convertido, para el círculo íntimo del poder, en la libertad de gozar de privilegios mientras el resto del país cae en la indigencia.


De la redacción de La Opinión Popular

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