21:56 | Domingo 05 de Mayo de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Paraná - 27-04-2013 / 18:04
ES POSIBLE E INDISPENSABLE DEMOCRATIZAR EL PODER JUDICIAL
Proyecto Sur Paraná brega por otra Reforma distinta del Poder Judicial
Proyecto Sur Paraná brega por otra Reforma distinta del Poder Judicial, creen que es posible e indispensable democratizar el Poder Judicial. Foto: Blas García para La Opinión Popular
Desde Proyecto Sur creen que es posible e indispensable democratizar el Poder Judicial. "Estamos convencidos de que el pueblo de nuestro país está dispuesto a dar una discusión madura y generosa que llegue a consensos amplios acerca de una reforma del Poder Judicial sustentable en el tiempo y favorable al bien común. Pero lamentablemente no es esto lo que se ha impuesto hoy en el Congreso", afirman en un comunicado de prensa enviado a La Opinión Popular.
Primero, el proyecto oficialista no busca eliminar la corporación judicial como dice sino que, por el contrario, aumenta la estructura burocrática del Poder Judicial -al crear nuevas cámaras de casación- lo que pone más lejos del pueblo del acceso a la justicia.
La reforma votada no protege a la ciudadanía sino que benefician a las corporaciones, las patronales y al gobierno que controla al Estado. Hay que saber que el cambio introducido favorece a los que tienen más recursos económicos para apelar las sentencias en el tiempo mientras que, los más débiles, que no pueden esperar indefinidamente la resolución de un juicio y se ven obligados a "negociar" extorsivamente arreglos extrajudiciales.
Entonces queda claro que las modificaciones introducidas perjudican a individuos y organizaciones sociales que buscan proteger derechos tanto privados como públicos. Y por esto perjudica a: jubilados, trabajadores, desempleados y movimientos sociales, entre otros.
En lugar de crear nuevas instancias intermedias como son las tres nuevas cámaras de casación aprobadas en el día de hoy. Desde Proyecto Sur impulsamos la elección de más jueces en la base de la estructura judicial, es decir, en instancias cercanas al pueblo.
Además, en este mismo atropello a la Constitución, el kirchnerismo ha introducido la Reforma del Consejo de la Magistratura sin ninguna intención "democrática". Es digno de hacer notar que el actual gobierno ya modificó este órgano constitucional pero en el sentido opuesto, es decir, que redujo los miembros del Consejo aumentando la proporción de la corporación política en detrimento de los representantes profesionales y científicos, y eliminando la representación de las segundas minorías. Mientras ahora se amplía de 13 a 19 miembros en búsqueda del control absoluto de la magistratura, esto es, la potestad de designar y suspender jueces y de los concursos preventivos para cubrir vacantes.
Por lo tanto, no es el verdadero objetivo de esta reforma la elección democrática de algunos de los miembros del Poder Judicial. Sino que lo votado incrementa el control partidario sobre la justicia. Una votación que se realiza junto a las elecciones legislativas, queda sometidas a la lógica partidocrática y a las coyunturas eventuales que alejan al Consejo de su rol de contralor institucional.
Asimismo, la reforma propone una elección que establece una doble representación para la mayoría y una sola minoría, es decir que elimina la proporcionalidad y al prohibir una tercera expresión política destruye el debate plural y el equilibrio que sostiene la Constitución.
También los cambios reducen las mayorías necesarias para efectuar los nombramientos y las acusaciones evitando más todvía la transversalidad de los consensos y favoreciendo las mayorías oficialistas. Todas estas medidas no apuntan a garantizar el control popular del organismo sino a garantizar control del partido del gobierno.
Otra cuestión clave es la limitación de las medidas cautelares que son derechos que protegen a los ciudadanos más débiles frente al poder estatal y corporativo, garantizando que el día que se dicten las sentencias, los derechos involucrados en las mismas no se hayan tornado de cumplimiento imposible.
La limitación incorporada en la duración de la cautelares por el termino de 6 meses (y 3 meses en los amparos) extensibles por una única vez si el juez lo permite, sumado a la potestad del Estado de suspenderlas mediante la mera apelación, convierte a las cautelares en medidas inútiles frente a procesos que duran años, dejando a los particulares indefensos frente al poder estatal de suspenderlas arbitrariamente. Y para completar la desigualdad se agrega la exigencia de una caución económica para su presentación negando el acceso a las cautelares a los miembros más pobres de nuestro pueblo.
Entonces, frente a estas modificaciones ¿Qué protección les queda entonces a las asambleas ciudadanas, a las organizaciones sociales, a las comunidades indígenas, a los individuos y familias que quieran proteger sus derechos sociales, económicos y políticos?
Y como si esto fuera poco, el proyecto aprobado hoy en Diputados establece que, de acuerdo al artículo 17, el Estado podría utilizar las cautelares contra los trabajadores en huelga o contra quienes protesten en defensa de sus derechos. ¿Podrían esperarse mayores retrocesos democráticos?
Por el contrario y para demostrar con el ejemplo su intención de democratizar las instituciones sería deseable que el oficialismo garantice el acceso al Ministerio Fiscal y a toda la Administración Pública mediante concursos públicos y que deje de utilizar a los empleos en el Estado como parte de negociaciones políticas clientelares. Así también, y en este mismo sentido, podría avanzar en la disminución de los costos del litigio, la eliminación de formalismos en los procedimientos judiciales, ampliar la legitimación para litigar, cumplir con el mandato de la Constitución Nacional que establece el Juicio por Jurados, favorecer los litigios colectivos, crear una policía judicial autónoma de la policía administrativa, entre otras medidas fácilmente aplicables que propone Proyecto Sur.
Y finalmente, el oficialismo podría demostrar un verdadero compromiso con la Justicia en nuestro país, instruyendo a investigar el delito organizado que expolia nuestros recursos, incrementa la inseguridad, destruye el tejido social y corrompe la institucionalidad democrática de la Argentina. Esto es combatir la corrupción estructural estatal-corporativa, el tráfico de drogas, la trata de personas y el saqueo de los recursos y bienes del pueblo para así romper la estructura "mafiocrática" enquistada en el Estado.
Desde Proyecto Sur estamos de acuerdo con una democratización real y efectiva del Poder Judicial como así también del Poder Ejecutivo y Legislativo. Lamentablemente el oficialismo no se propone este objetivo y deja pasar una oportunidad de conciliar las demandas populares de transparencia con una reforma que busca cambiar la relación de fuerza entre las facciones corporativas que se disputan el control del Poder Judicial e impiden una Justicia verdadera en nuestro país.
Los argentinos acabamos de contemplar un escándalo institucional en el Congreso con el objeto de establecer un pacto de impunidad y el manejo discrecional de los tres poderes de la República por parte del gobierno kirchnerista. Ante tanto autoritarismo, es necesario que la ciudadanía se proponga limitar estos poderes en las próximas elecciones legislativas como paso previo a un nuevo tipo de gobierno que, lejos de manipular a la población, represente una verdadera democracia y para que se haga justicia, una verdadera justicia social.
Proyecto Sur Paraná
La reforma votada no protege a la ciudadanía sino que benefician a las corporaciones, las patronales y al gobierno que controla al Estado. Hay que saber que el cambio introducido favorece a los que tienen más recursos económicos para apelar las sentencias en el tiempo mientras que, los más débiles, que no pueden esperar indefinidamente la resolución de un juicio y se ven obligados a "negociar" extorsivamente arreglos extrajudiciales.
Entonces queda claro que las modificaciones introducidas perjudican a individuos y organizaciones sociales que buscan proteger derechos tanto privados como públicos. Y por esto perjudica a: jubilados, trabajadores, desempleados y movimientos sociales, entre otros.
En lugar de crear nuevas instancias intermedias como son las tres nuevas cámaras de casación aprobadas en el día de hoy. Desde Proyecto Sur impulsamos la elección de más jueces en la base de la estructura judicial, es decir, en instancias cercanas al pueblo.
Además, en este mismo atropello a la Constitución, el kirchnerismo ha introducido la Reforma del Consejo de la Magistratura sin ninguna intención "democrática". Es digno de hacer notar que el actual gobierno ya modificó este órgano constitucional pero en el sentido opuesto, es decir, que redujo los miembros del Consejo aumentando la proporción de la corporación política en detrimento de los representantes profesionales y científicos, y eliminando la representación de las segundas minorías. Mientras ahora se amplía de 13 a 19 miembros en búsqueda del control absoluto de la magistratura, esto es, la potestad de designar y suspender jueces y de los concursos preventivos para cubrir vacantes.
Por lo tanto, no es el verdadero objetivo de esta reforma la elección democrática de algunos de los miembros del Poder Judicial. Sino que lo votado incrementa el control partidario sobre la justicia. Una votación que se realiza junto a las elecciones legislativas, queda sometidas a la lógica partidocrática y a las coyunturas eventuales que alejan al Consejo de su rol de contralor institucional.
Asimismo, la reforma propone una elección que establece una doble representación para la mayoría y una sola minoría, es decir que elimina la proporcionalidad y al prohibir una tercera expresión política destruye el debate plural y el equilibrio que sostiene la Constitución.
También los cambios reducen las mayorías necesarias para efectuar los nombramientos y las acusaciones evitando más todvía la transversalidad de los consensos y favoreciendo las mayorías oficialistas. Todas estas medidas no apuntan a garantizar el control popular del organismo sino a garantizar control del partido del gobierno.
Otra cuestión clave es la limitación de las medidas cautelares que son derechos que protegen a los ciudadanos más débiles frente al poder estatal y corporativo, garantizando que el día que se dicten las sentencias, los derechos involucrados en las mismas no se hayan tornado de cumplimiento imposible.
La limitación incorporada en la duración de la cautelares por el termino de 6 meses (y 3 meses en los amparos) extensibles por una única vez si el juez lo permite, sumado a la potestad del Estado de suspenderlas mediante la mera apelación, convierte a las cautelares en medidas inútiles frente a procesos que duran años, dejando a los particulares indefensos frente al poder estatal de suspenderlas arbitrariamente. Y para completar la desigualdad se agrega la exigencia de una caución económica para su presentación negando el acceso a las cautelares a los miembros más pobres de nuestro pueblo.
Entonces, frente a estas modificaciones ¿Qué protección les queda entonces a las asambleas ciudadanas, a las organizaciones sociales, a las comunidades indígenas, a los individuos y familias que quieran proteger sus derechos sociales, económicos y políticos?
Y como si esto fuera poco, el proyecto aprobado hoy en Diputados establece que, de acuerdo al artículo 17, el Estado podría utilizar las cautelares contra los trabajadores en huelga o contra quienes protesten en defensa de sus derechos. ¿Podrían esperarse mayores retrocesos democráticos?
Por el contrario y para demostrar con el ejemplo su intención de democratizar las instituciones sería deseable que el oficialismo garantice el acceso al Ministerio Fiscal y a toda la Administración Pública mediante concursos públicos y que deje de utilizar a los empleos en el Estado como parte de negociaciones políticas clientelares. Así también, y en este mismo sentido, podría avanzar en la disminución de los costos del litigio, la eliminación de formalismos en los procedimientos judiciales, ampliar la legitimación para litigar, cumplir con el mandato de la Constitución Nacional que establece el Juicio por Jurados, favorecer los litigios colectivos, crear una policía judicial autónoma de la policía administrativa, entre otras medidas fácilmente aplicables que propone Proyecto Sur.
Y finalmente, el oficialismo podría demostrar un verdadero compromiso con la Justicia en nuestro país, instruyendo a investigar el delito organizado que expolia nuestros recursos, incrementa la inseguridad, destruye el tejido social y corrompe la institucionalidad democrática de la Argentina. Esto es combatir la corrupción estructural estatal-corporativa, el tráfico de drogas, la trata de personas y el saqueo de los recursos y bienes del pueblo para así romper la estructura "mafiocrática" enquistada en el Estado.
Desde Proyecto Sur estamos de acuerdo con una democratización real y efectiva del Poder Judicial como así también del Poder Ejecutivo y Legislativo. Lamentablemente el oficialismo no se propone este objetivo y deja pasar una oportunidad de conciliar las demandas populares de transparencia con una reforma que busca cambiar la relación de fuerza entre las facciones corporativas que se disputan el control del Poder Judicial e impiden una Justicia verdadera en nuestro país.
Los argentinos acabamos de contemplar un escándalo institucional en el Congreso con el objeto de establecer un pacto de impunidad y el manejo discrecional de los tres poderes de la República por parte del gobierno kirchnerista. Ante tanto autoritarismo, es necesario que la ciudadanía se proponga limitar estos poderes en las próximas elecciones legislativas como paso previo a un nuevo tipo de gobierno que, lejos de manipular a la población, represente una verdadera democracia y para que se haga justicia, una verdadera justicia social.
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