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Nacionales - 25-04-2013 / 12:04
RECHAZÓ LA APROBACIÓN DE LA REFORMA JUDICIAL IMPULSADA POR EL GOBIERNO K

Para Julio César Strassera, así empezó la Alemania nazi en 1933

Para Julio César Strassera, así empezó la Alemania nazi en 1933
El ex fiscal de la Nación, Julio César Strassera, rechazó la aprobación de la reforma judicial impulsada por el Gobierno. “Esto es un golpe mortal a la República, se termina la división de poderes”, afirmó.
En una entrevista, el ex fiscal de la Nación, Julio César Strassera afirmó sentirse intranquilo por lo que sucederá de ahora en más con este proyecto. En ese sentido, afirmó que "esto es un escándalo de todos los funcionarios kirchneristas, no sólo de los legisladores".
 
"Es un Gobierno autoritario pero aún no es una dictadura. Así empezó la Alemania de 1933", fustigó el ex fiscal, que afirmó con la reforma judicial "dejará de haber un sistema Republicano de Gobierno y que la justicia pasará a ser un apéndice de ellos".
 
Por otro lado, Strassera opinó sobre el supuesto pacto que denunció la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió entre Cristina Kirchner y Ricardo Lorenzetti: "No creo para nada este pacto, creer en él, es pegarle duramente a la oposición".
 
Finalmente dejó en claro que "no podría ser candidato mientras haya algún kirchnerista en el país".

 
Fuente: radio La Once Diez

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20-09-2026 / 21:09
Detrás de la épica del equilibrio fiscal y la planilla de Excel que el gobierno libertario presenta ante el Congreso, el proyecto de Presupuesto 2027 esconde una matriz conocida por la historia argentina: la vieja receta unitaria de fundir al interior profundo para concentrar la caja en el puerto y gobernar por extorsión.
 
Como lo demostró con precisión el diputado nacional entrerriano del PJ, Guillermo Michel, el plan se ejecuta mediante una doble pinza. Por un lado, la Nación se desprende brutalmente de sus obligaciones constitucionales: liquida el Fondo de Incentivo Docente (dejando el salario de los maestros librado a su suerte), desmantela el subsidio al transporte federal —mientras sostiene los privilegios en el AMBA— y abandona las rutas y la obra pública. El mensaje a los gobernadores es cínico: háganse cargo del costo social del ajuste sin un solo peso de financiamiento.
 
Por el otro lado, opera el dispositivo electoral. El Ejecutivo triplica los recursos de la opaca “Jurisdicción 91”, inflando a casi 8 billones de pesos el programa de “Otras Asistencias Financieras”. Una partida fantasma: sin metas físicas, sin control parlamentario y sin criterio objetivo de reparto. Es, lisa y llanamente, la caja negra con la que pretenden obligar a los mandatarios provinciales a desfilar por los despachos de la Rosada para mendigar los sueldos de sus empleados a cambio de sumisión política en las elecciones de 2027.
 
Para perfeccionar el despojo, la recaudación se concentra en tributos que no se coparticipan (retenciones al agro y a la industria), mientras se retienen fondos específicos de combustibles en fideicomisos paralizados. El saldo es un ataque directo a la Constitución Nacional y a la médula misma del federalismo. Frente a este intento de subordinación colonial de las provincias, el peronismo tiene la obligación doctrinaria de alzar la voz, articular con los sectores del trabajo y la producción, y poner un freno institucional: la Argentina es federal o no será.

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