Nacionales - 24-04-2013 / 10:04
AVANCE JUDICIAL: "ESTAMOS ENTRANDO EN UNA DICTADURA CONSTITUCIONAL"
La “democratización” de la Justicia hará más autoritario al Gobierno de CFK
Julio Alak llega al Congreso. Junto a él, Agustín Rossi y Julián Domínguez. Elisa Carrió y Jorge Yoma contra Diana Conti. Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo no acordaron. Las modificaciones que se implementarán obedecerían sólo a razones políticas circunstanciales y no a la intención de admitir alguna de las objeciones de fondo surgidas desde el propio Poder Judicial, del mundo del Derecho y de la oposición política.
El Gobierno de CFK llevó adelante dos modificaciones en el paquete de leyes de la denominada reforma judicial. La primera, involucra al proyecto centrado en el Consejo de la Magistratura. Persiste la propuesta de la ampliación de miembros y la elección de los consejeros por voto popular, pero agregan que la Corte Suprema seguirá manejando el presupuesto judicial. Lo mismo con el proyecto de acceso igualitario a la Justicia ya que ahora los jueces podrán seguir designando a dos de sus colaboradores inmediatos.
Le devolvieron a la Corte el manejo del dinero, pero le sacarán la independencia al Poder Judicial. En el texto original, el nuevo Consejo de la Magistratura tenía el control de todos los recursos de la Justicia y el nombramiento de los funcionarios. Cristina y Ricardo Lorenzetti se reunieron personalmente y mantuvieron conversaciones telefónicas para definir las modificaciones del proyecto oficial.
En pocas palabras, el kirchnerismo le deja el manejo del presupuesto a la Corte, sobre las cuestiones de fondo objetadas ni se habla. Es sólo cosmética barata que no alcanza a disimular el verdadero rostro del poder autoritario. Porque el Gobierno no modificó los aspectos más cuestionados de la reforma: el del número de integrantes del Consejo y el referido a las mayorías necesarias para nombrar y destituir jueces.
La diputada Elisa Carrió denunció estos espurios acuerdos y un supuesto pacto entre la "corporación política y la judicial". La diputada apuntó al titular de la Corte, a quien acusó de firmar un "pacto de Olivos" para que avance la reforma judicial impulsada por la presidenta. Además dijo que aprobar la iniciativa es "entrar a la dictadura constitucional".
"El Gobierno se está asegurando el control de toda la Justicia. Aun cuando perdiese las elecciones, con un Consejo de 25 integrantes hecho a su medida, seguirá teniendo hasta 2015 la mayoría y, desde allí, podrá presionar y digitar a todos los jueces. Quizá busca la impunidad o tal vez quiere controlar el poder", expresó el diputado y ex juez Ricardo Gil Lavedra.
Antes de lograr los votos para aprobar cada proyecto, la primera batalla en el Congreso será para conseguir el quórum de 129 diputados para abrir la sesión. Aquí los números están muy ajustados. Ocurre que varios de los 'indecisos' que luego dijeron que votarán en contra de la reforma no revelaron si ayudarán al Gobierno para conseguir el quórum mientras otros revelaron que lo harán.
En 1933 Adolf Hitler gana las elecciones. Poco después, decretó el fin de todas las libertades y derechos individuales, antes de comenzar las persecuciones políticas y étnicas. El mismo criterio totalitario, que el que ganó el Gobierno, por haber obtenido la mayoría, tiene el derecho de imponerse en todos los poderes del Estado forma parte hoy de los argumentos de los ultra K.
El creciente rechazo social a estos proyectos que atentan contra los derechos de los ciudadanos y la independencia del poder judicial se ha puesto de manifiesto en la impresionante manifestación del 18A. Hoy será un día histórico en el que está en juego la democracia republicana. El Gobierno de CFK busca el fin del derecho de las minorías, del juicio imparcial y de las libertades personales y colectivas.
La Opinión Popular
AVANCE SOBRE LA JUSTICIA
Reforma judicial: hacen cambios, pero sin tocar los temas más polémicos
El oficialismo introdujo modificaciones, a pedido de la Corte, para que ésta conserve la administración del Poder Judicial; hoy se aprobaría en Diputados
Luego de recibir un reclamo de la Corte Suprema, el Gobierno aceptó modificar dos de los proyectos de la reforma de la justicia , para mantener en el máximo tribunal todas las facultades de administración del Poder Judicial, potestad que en la propuesta original pasaba a manos del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el oficialismo no aceptó modificar los aspectos más cuestionados de la reforma: el del número de integrantes de ese órgano y el referido a las mayorías necesarias para nombrar y destituir jueces.
Los cambios, recibidos con sorpresa por los diputados oficialistas y calificados por un sector de la oposición como un "pacto espurio" entre la Casa Rosada y la Corte, postergarán al menos dos semanas los planes del oficialismo, que tenía previsto sancionar todas las leyes hoy.
El viraje del kirchnerismo se produjo luego de que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, envió el jueves pasado al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, una carta en la que le transmitió algunas de las objeciones hechas por la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones de todo el país. Ahí se advertía que podía producirse una "verdadera paralización del Poder Judicial".
Lorenzetti formalizó el reclamo ante el Congreso por expreso pedido de la Presidenta, a quien el juez le había manifestado unos días atrás, en una conversación reservada, el mismo planteo, según informó la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
La antesala de la votación, para la que el oficialismo cuenta con una mayoría muy ajustada, estuvo marcada por una fuerte presión contra la reforma, reclamo central de la multitudinaria protesta del 18-A, y eje de una intensa campaña de lobby de un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Para sumar presión, la oposición instaló ayer una carpa frente al Congreso.
"Es nuestra intención tomar algunas de las sugerencias de nuestros jueces, que incluso ya habían sido hechas por integrantes de nuestro bloque y de bloques aliados", anunció Conti en el inicio del plenario de comisiones, en el que se emitió dictamen favorable a los proyectos que serán debatidos hoy en el recinto de la Cámara baja. Al encuentro asistieron el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez.
"Todos sabemos que la Corte es el último intérprete de la Constitución. Si hace una interpretación de que el Consejo no tendría una capacidad eficiente, la verdad que al Poder Ejecutivo le parece aceptable la mayoría de las propuestas que hace la Corte", dijo Álvarez, para justificar el viraje. El funcionario ratificó que el resto de la reforma, que tiene como puntos salientes la elección de consejeros por medio del voto popular y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado, se mantuvo sin cambios.
Ya cuando Conti anunció las modificaciones, entre los diputados, oficialistas y opositores, nació un murmullo que se prolongó durante varios segundos. Tres kirchneristas consultados por LA NACION no escondieron su sorpresa. "Nunca habíamos reculado, ni con la 125", se resignó uno. "Hay que pelearse con uno a la vez", evaluó otro, y explicó que, con las últimas modificaciones, el Gobierno mejoraba la convivencia con el máximo tribunal, al que irán a parar los planteos de inconstitucionalidad contra la reforma. "Hay batallas ganadas y otras que se tienen que postergar por un tiempo", interpretó el tercero.
La reacción opositora fue automática. "Esto es un pacto entre Lorenzetti y Cristina", soltó Elisa Carrió, que había girado su silla para quedar de cara a los periodistas que cubrían la reunión. Esa denuncia enseguida fue propalada en comentarios off the record por otros diputados opositores, que se preguntaban en qué consistía el supuesto intercambio entre el Poder Ejecutivo y la Corte. "Cristina le da el manejo de los recursos y del personal. ¿Qué le da Lorenzetti? La constitucionalidad del cepo cambiario o de la ley de medios", arriesgó Carrió.
Las modificaciones alcanzaron a dos de los seis proyectos, el de ingreso igualitario de empleados al Poder Judicial y el de reforma del Consejo de la Magistratura. El primero se debatirá en el Senado el miércoles próximo. Había sido aprobado la semana pasada en Diputados, cámara a la que deberá regresar tras los cambios. El segundo tendrá que volver a tratarse en el Senado, luego de que se sancione hoy en Diputados.
A partir de cambios en una veintena de artículos, en la nueva redacción de los dos proyectos se faculta a la Corte para manejar la administración de los fondos, la política salarial y las tareas de superintendencia del Poder Judicial. El máximo tribunal también queda a cargo de los concursos para ingresar a la planta de empleados de la Justicia. El proyecto original, que traspasaba todas esas facultades al Consejo, se fundaba en la Constitución, que en su artículo 114, señala que ese organismo "tendrá a su cargo [...] la administración del Poder Judicial". Pese a que algunos sectores de la oposición señalaban el "vaciamiento de poder" de la Corte como uno de los principales defectos de la reforma, las modificaciones no lograron atenuar el rechazo de todo el arco antikirchnerista.
LOS ARTÍCULOS REFORMULADOS
El kirchnerismo incorporó los aportes de Lorenzetti.
ASÍ ESTABA
Los recursos
El proyecto original, aprobado en el Senado, ponía en manos del Consejo de la Magistratura las facultades para el manejo del presupuesto, del personal y de las tareas de superintendencia del Poder Judicial
Nombramientos
La iniciativa kirchnerista también le otorgaba al Consejo el manejo del proceso de selección de jueces subrogantes
ASÍ SERÁ
Los recursos
El manejo de los fondos, del personal y de las tareas de superintendencia del Poder Judicial permanece en manos de la Corte Suprema
Nombramientos
El Consejo de la Magistratura sólo mantiene el control de los procesos para la selección de jueces subrogantes
DENUNCIAS DE AMENAZAS
Por unos segundos, la frase dejó a todos en silencio. "¡Me amenazaron!", gritó Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino), de pie, al lado de su silla. La diputada integra el grupo de doce legisladores al que apuntó la campaña de presión de un grupo de ONG que se opone a la reforma judicial. La denuncia interrumpió la exposición de Fernando Straface, director del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una de las asociaciones civiles impulsoras de la campaña. Ante una consulta de la nacion, la legisladora Comelli detalló que había recibido mensajes intimidantes a su teléfono celular, de parte de desconocidos, y no dudó en atribuirlos a la campaña que la tiene como blanco. "Ojo con lo que votás. Mirá que tenés que volver a Neuquén", decía uno de ellos, según contó la diputada. "Lo que más me molesta -agregó Comelli- es que las ONG nunca me llamaron para darme argumentos, y eso que había trabajado juntos en varios proyectos.".
Del editor: qué significa.
El Gobierno acordó con la Corte. Ahora podrá decir que escuchó a la Justicia. Lorenzetti quedó en el medio de las miradas.
Por Gabriel Sued
Fuente: LA NACION