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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 14-03-2013 / 08:03
EL SALUDO DE LA PRESIDENTA AL NUEVO PONTÍFICE FUE FRÍO Y DISTANTE

Militantes K silbaron al nuevo Papa y Cristina lo emplazó a luchar contra las potencias del mundo

Militantes K silbaron al nuevo Papa y Cristina lo emplazó a luchar contra las potencias del mundo
La Presidenta no pudo con su genio y dejó bien en claro lo incómodo que le resulta el nombramiento del Arzobispo de Buenos Aires, con el que mantiene hace años un duro enfrentamiento, como Sumo Pontífice. Mientras que el PJ es una fuerza política muy vinculada al catolicismo, y Bergoglio simpatizó siempre con el peronismo e inclusive militó en la ex Guardia de Hierro, el cristinismo no peronista se opone a Bergoglio y lo acusan de una supuesta complacencia o complicidad con la represión militar. Pero, en verdad, lo hacen porque Bergoglio discrepa con los objetivos del Frente para la Victoria en diversos temas. Como todos saben, los ultra K no aceptan críticos y mucho menos opositores. Arriba: Cristina con Bergoglio. Abajo: La algarabía se adueñó ayer de la Plaza San Pedro -a la izquierda- y de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires -a la derecha-.
La Presidenta no pudo con su genio y en su primera aparición pública luego que se conociera la designación de Jorge Bergoglio como Papa, dejó bien en claro lo incómodo que le resulta el nombramiento del Arzobispo de Buenos Aires con el que mantiene hace años un duro enfrentamiento.
 
Mientras se destaca la alegría de un mundo que recibió a Francisco, la carta que le envió la Presidenta al jesuita argentino fue fría y formal, transmitiendo la imagen de una Casa Rosada sombría y amargada por la designación de un Pontífice que se encuentra distanciado del oficialismo gobernante.
 
La noticia no pudo caer peor en Olivos ya que consideran a Bergoglio como un opositor. Según fuentes oficiales de la Quinta de Olivos, la mandataria nacional no puedo disimular, atónita, su malestar y sorpresa por la elección papal, y reaccionó recién dos horas después con una carta fría, escueta y distante.
 
En el acto que ayer encabezó Cristina en Tecnópolis, donde presentó nuevos planes para los trabajadores de cooperativas, avanzó 40 minutos sin ninguna referencia para la noticia que sacudió el mundo. Y la Presidenta mencionó al Papa Francisco hacia el final de su discurso, entre silbidos y abucheos de la militancia cristinista y tibios aplausos de los beneficiarios del plan. Nadie, entre los muchos funcionarios K presentes, se molestó en acallar los chiflidos de los "militontos" hacia Su Santidad.
 
La Jefa de Estado, en un mensaje insólitamente protocolar y distante, no quiso mencionar a Bergoglio por su nombre, y eludiendo su condición de argentino, en el pasaje más político de su discurso, emplazó al Sumo Pontífice a que tenga una labor "significante para la región" y a luchar contra las potencias del mundo, en lo que consideraría una referencia para la disputa diplomática entre la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.
 
La indiferencia de Cristina se evidenció también en la transmisión poco relevante que realizó la Televisión Pública mientras un argentino, y para colmo peronista, se convertía en el primer Papa Latinoamericano y máxima autoridad mundial de la Iglesia Católica. Mientras todo esto sucedía y las repercusiones mundiales no paraban frente al acontecimiento la televisión estatal decidió transmitir programación infantil Paka Paka.
 
La Opinión Popular

BERGOGLIO, PAPA / LA REACCIÓN DEL GOBIERNO ARGENTINO
 
Con frialdad, la Presidenta le pidió que tenga una labor "significante para la región"
     
Los silbidos resonaron en la gigantesca carpa. De pronto, el clima se tensó y en segundos el público pasó de la algarabía a los abucheos cuando Cristina Kirchner decidió al final de su discurso dedicarle tres párrafos al nuevo papa. Dijo que era un día histórico, eligió sólo nombrarlo como "Francisco I" y destacó de él que sea un representante de América latina.
 
Sin festejos, la Presidenta optó por los buenos deseos. Si durante toda la tarde se había mostrado contenta, apenas comenzó a hablar de Jorge Bergoglio su rostro se llenó de tensión. Los gritos bajaban desde las gradas circulares en uno de los espacios de la feria Tecnópolis, en una visible señal de desaprobación cuando la jefa del Estado tocó el tema. La Presidenta apenas levantó la mano, pero no pidió silencio.
 
"Por primera vez en la historia de la Iglesia va a haber un papa que pertenece a Latinoamérica", fue la primera reflexión que hizo Cristina durante el acto en el que puso en marcha nuevos beneficios para los cooperativistas sociales, en su primera aparición pública tras la noticia que conmovió al país.
 
En 2259 palabras de un total de 10.582 que pronunció, nunca se refirió al nuevo papa como Bergoglio ni le reconoció su condición de argentino, en una muestra más de la nula relación de la Casa Rosada con el ahora sumo pontífice. "Deseamos de corazón a Francisco I que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones; que esa opción por el nombre de Francisco, que creo que es por San Francisco de Asís, la opción de los pobres, sea realmente la opción que puedan hacer las altas jerarquías", pidió Cristina.
 
En tono frío, la Presidenta recalcó que "de verdad" deseaba una mirada de la Iglesia a los más humildes, y enseguida lanzó la frase que entonces sí despertó los aplausos. "Éste es un gobierno que ha estado siempre optando por los que menos tienen y eso es lo que muchos no nos han perdonado." El público se puso de pie.
 
El sacudón que generó en la Casa Rosada la elección de Bergoglio como nuevo papa se plasmó en las palabras de Cristina. La tarde fría acompañaba el clima del Gobierno ante la noticia menos esperada en la quinta de Olivos. A medida que iban llegando, ministros, gobernadores e intendentes se iban refugiando en una sala VIP, sin hablar, a la espera de las palabras presidenciales que fijaran la postura oficial.
 
El único habilitado por la jefa del Estado fue el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, que anunció que Cristina participará de la ceremonia de asunción de Bergoglio, la semana próxima, en un primer gesto de retomar la relación perdida.
 
La Presidenta delineó desde el escenario los ejes de lo que espera del papa argentino. "Esperemos que realmente sea una labor significante para nuestra región, para que también lleve el mensaje a las grandes potencias del mundo para que dialoguen", propuso.
 
Sin referencias a las condiciones del nuevo papa, abundó: "Queremos que el diálogo que tanto pregonan desde todas partes lo hagan efectivo y puedan convencer a los poderosos del mundo, a esos que tienen armamento, a esos que tienen poder financiero, que finalmente dirijan una mirada hacia sus propias sociedades, hacia los pueblos emergentes y que promuevan un diálogo de civilizaciones, donde ninguna cuestión se resuelva por la fuerza, sino que se resuelva por los canales diplomáticos".
 
Una hora después del histórico momento en el que se anunció la llegada de Bergoglio al Vaticano, la Presidenta emitió una carta de felicitación. En apenas dos párrafos despojados de adjetivos a la figura del nuevo papa, Cristina le deseó una "fructífera tarea pastoral en pos de la justicia, la igualdad, la fraternidad y la paz de la humanidad".
 
Desde la renuncia de Benedicto XVI, el Gobierno se había mostrado escéptico ante la posibilidad de la llegada de los dos argentinos papables a la Santa Sede y bregaba, en todo caso, para que el elegido resultara Leonardo Sandri, a quien Cristina había recibido en diciembre pasado.
 
Sumidos en el estupor, las reacciones tras la designación de Bergoglio tardaron en llegar. En el mismo momento en el que la expectativa estaba puesta en el fin del cónclave y el misterio por el nuevo papa, la jefa del Estado emprendía una catarata de mensajes en Twitter con sus anuncios de obras del día anterior. En el acto de ayer repitió el gesto. Primero presentó el nuevo plan para que las mujeres accedan al programa Argentina Trabaja, recordó al presidente venezolano Hugo Chávez, defendió el uso de la cadena nacional y recién después, sobre el final, se refirió a Bergoglio.
 
"Todos mis deseos de buenaventura y de buena misión y de muy buena misión pastoral para todos los habitantes del mundo", fueron sus últimas palabras.
 
Una vez sentada la posición oficial, a partir de ahora, el Gobierno intentará dar vuelta la página de la mala relación con el hasta ayer cardenal y buscará explotar la imagen argentina en el mundo. "Más allá de cómo nos llevamos en el pasado con Bergoglio, esto es histórico y muy importante para el país y lo vamos a aprovechar", se esperanzaba ante LA NACION un funcionario que llegó con la Presidenta y que reiteraba que la jefa del Estado estará en la ceremonia de asunción.
 
Por Mariana Verón 
 
Fuente: LA NACION

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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