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Nacionales - 12-03-2013 / 08:03
GRAVES ACUSACIONES POLÍTICAS QUE SE DESATARON LUEGO DE LA “PUEBLADA”

Arde Junín y la interna Cristina vs. Scioli: El intendente dijo que hubo infiltrados kirchneristas

Arde Junín y la interna Cristina vs. Scioli: El intendente dijo que hubo infiltrados kirchneristas
En otra grosera falta de respeto a la gente, el polémico secretario de Seguridad, el teniente coronel Sergio Berni, dijo insólitamente: “¿A quién carajo le importa la sensación de inseguridad?”. El total desconocimiento de la realidad por parte del Gobierno K es cada vez más preocupante. Esta desubicación de reducir a la inseguridad a una simple “sensación”, la comparte con la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. Y los hechos muestran que no se trata solamente de la negación de un cuadro de situación que está al rojo vivo, sino también de una burla constante hacia la sociedad, cuya tolerancia llegó a un límite. Estos comentarios vertidos ayer dejaron al descubierto que los propios funcionarios del Gobierno K no se hacen eco de los reclamos sociales que estallan en cada rincón de la Argentina, gesto que marca a las claras el fracaso de la política K en Seguridad.
La violenta pueblada que siguió anteayer al virtual fusilamiento de la joven Karen Campos en un robo, sacudió a Junín y agitó con fuerza las disputas políticas entre el gobierno de Cristina Kirchner y la administración de Daniel Scioli.
 
Además de las acusaciones cruzadas, cobró fuerza la sospecha de que en los violentos incidentes de anteanoche actuaron infiltrados, activismo organizado, movilizado y pertrechado para sacar beneficio político del dolor, con el propósito de provocar el caos destituyente. Así lo manifestó el ministro de Seguridad bonaerense, Daniel Casal, cuando dijo que "hay gente que ha planificado claramente" las acciones, y que se notaba que los violentos no eran vecinos de la ciudad.
 
El intendente de Junín, el radical Mario Meoni, alineado con su colega de Tigre, Sergio Massa, fue más allá y les apuntó a agrupaciones kirchneristas: La Cámpora, la Juventud Peronista y la agrupación Kolina, que responde a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Además, denunció que no fue asistido por la Gendarmería por criticar a la ministra Nilda Garré. Lo mismo le había hecho en diciembre al socialismo de Santa Fe cuando pidió ayuda por los saqueos.
 
Fuentes municipales afirmaron que en los videos se observa "a funcionarios de las delegaciones locales de la ANSeS y el PAMI junto a quienes arrojaron piedras y bombas molotov", y a miembros de las cooperativas que desarrollan actividades en los viejos talleres ferroviarios que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
 
Párrafo aparte merece el exabrupto del polémico secretario de Seguridad, el teniente coronel Sergio Berni, sobre el tema, quien en Radio La Red aseveró: "¿A quién carajo le importa la sensación de inseguridad? Nosotros tenemos problemas de seguridad y nos rompemos todo el día el lomo trabajando en el área de seguridad". Es la pobreza de un debate donde se buscan eludir responsabilidades antes que encontrar soluciones.


El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, opositor al Gobierno de CFK, afirmó: "Quieren mostrar lo que puede pasar si no nos alineamos". ¿El Gobierno K trata diferente a los gobernadores o intendentes que responden al cristinismo que a otros que hacen su propio camino político? ¿A los amigos todo, al adversario ni justicia?

 
La Opinión Popular

PUEBLADA EN JUNÍN
 
Política y seguridad: Señalan a militantes K por los graves incidentes en Junín
 
Por Leonardo Mindez
 
El intendente Meoni dijo que hay videos que muestran quiénes son responsables de los incendios y robos que sucedieron a la protesta por el asesinato de una adolescente. Duro rechazo del Gobierno.
 
Comenzó con el asesinato de una chica de 17 años. Siguió con una pueblada que incluyó el ataque incendiario a una comisaría y la municipalidad. Ayer, sobre ese caldero aún humeante, se desató una batalla política entre las autoridades municipales, provinciales y nacionales. El intendente de Junín, el radical Mario Meoni, acusó al kirchnerismo de estar detrás de los desmanes para desestabilizar a su gobierno.
 
"Tenemos imágenes de los actos vandálicos en las que se han detectado como autores de los hechos de robo, incendio y destrucción del patrimonio municipal y locales privados a militantes del Frente par al Victoria, la JP y miembros de las cooperativas que desarrollan actividades en los viejos talleres ferroviarios que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación", señaló Meoni por Radio Continental.
 
Prefirió no dar nombres y dijo que los detalles estaban en manos de la Justicia.
 
Fuentes del gobierno municipal aseguraban que en los registros de las cámaras callejeras se distingue a funcionarios de las delegaciones locales de la ANSeS y el PAMI junto a quienes arrojaron las piedras y bombas molotov. De acuerdo a esa versión, los funcionarios habrían oficiado de instigadores, mientras entre los ejecutores no sólo habría mano de obra local: "Llegó u na banda grande de motociclistas que iba preguntando dónde queda la Municipalidad. Un juninense no pregunta donde queda la municipalidad", contó a Clarín un funcionario local.
 
El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, pareció coincidir con Meoni al separar a "la gente de Junín, que salió a protestar con razón" por el asesinato de Karen Campos y "grupos que planificaron claramente el caos y no son vecinos de Junín".
 
"Veíamos las imágenes con el gobernador y nos acordábamos de la actitud organizada y caótica que utilizaron en los saqueos de fin de año", acotó Casal.
 
El intendente contó que 40 días atrás le había solicitado al secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, la asistencia de la Gendarmería para el municipio y le fue denegada. Y lo mismo ocurrió en la noche del domingo. "Berni me respondió que después de las declaraciones que hice (denunciando la falta de ayuda) era difícil ayudarme", dijo Meoni.
 
Además, denunció que el ese día circularon en su ciudad mensajes de textos y correos electrónicos que decían: "Vamos con todo que lo tumbamos a Meoni". El Presidente del Concejo Deliberante, Pablo Petraglia, habló de un intento de "golpe de Estado" en Junín. En la misma sintonía se expresó el diario local La Verdad, que también sugirió un intento desestabilizador, más allá de las falencias en la gestión de Meoni.
 
Desde la Nación, descargaron todas las responsabilidades en el municipio y la Provincia.
 
Berni calificó como "un acto de bajeza" el pedido de urgencia de Meoni del domingo que "me hizo un llamado por fuera de todo contexto y rápidamente colgó para sacar de encima su responsabilidad". Y agregó que Junín "tiene un problema grave con tasas de homicidios similares a las de Rosario " ante "un total abandono y falta de inversión social por parte del Estado local".
 
"El intendente ha dicho cada cosa...", respondió Berni ante la denuncia de infiltrados por parte de Meoni. "Lo único que no hizo fue hacerse responsable en una situación que tiene que ponerse a la cabeza porque sino no puede ser intendente". La Ministra de Seguridad, Nilda Garré, acusó a Meoni de intentar "manipular los incidentes" y dijo que debería haberle pedido asistencia a Casal ya que "la Policía Bonaerense tiene 60 mil efectivos" para cuidar el territorio provincial y la Gendarmería "no puede ser una policía bonaerense dos". El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina también le pidió al intendente "gestionar y solucionar los problemas y no echarle la culpa a los otros".
 
Vale recordar que Meoni es un radical que se alineó en su momento con Julio Cobos y en los últimos meses se mostró cercano a Sergio Massi y Mauricio Macri.
 
Fuente: Clarín

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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