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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 25-10-2012 / 13:10
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 25 DE OCTUBRE DE 1985: ALFONSÍN, DECRETA EL ESTADO DE SITIO POR 60 DÍAS PARA SALIR AL PASO DE INTENTOS GOLPISTAS

Raúl Alfonsín ordenó la detención ilegal de una docena de personas

Raúl Alfonsín ordenó la detención ilegal de una docena de personas
El 25 de octubre de 1985, el entonces presidente Raúl Alfonsín firmó el Decreto 2.049 por el cual se ordenó la detención de una docena de personas.
El 25 de octubre de 1985, el entonces presidente Raúl Alfonsín firmó el Decreto 2.049 por el cual se ordenó la detención de una docena de personas. El decreto se dictó con el objetivo de detener un supuesto golpe cívico-militar que, según se sospechaba, se estaba pergeñando.
 
Varias personas estuvieron privadas de su libertad a disposición del Poder Ejecutivo durante el término de varios días sin que se hubiesen cumplido a su respecto los presupuestos legales y constitucionales que habrían autorizado esa detención.
 
En efecto, el gobierno de Alfonsín declaró el estado de sitio, a través del Decreto 2069/85 el 25 de octubre de 1985, y dispuso los arrestos, mediante el Decreto 2070/85, el 26 de octubre de 1985, pero lo hizo después de firmar el Decreto 2049.
 
Luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de ese decreto, que ordenó la detención de personas, en razón de no haberse dispuesto antes el estado de sitio, como hecho necesario para el ejercicio de las facultades que se ejercieron al dictarlo.
 
Fue la primera y única vez que, a través de un decreto, se consigue impedir un imaginario Golpe de Estado.
 
Por Carlos Morales

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20-09-2026 / 21:09
Detrás de la épica del equilibrio fiscal y la planilla de Excel que el gobierno libertario presenta ante el Congreso, el proyecto de Presupuesto 2027 esconde una matriz conocida por la historia argentina: la vieja receta unitaria de fundir al interior profundo para concentrar la caja en el puerto y gobernar por extorsión.
 
Como lo demostró con precisión el diputado nacional entrerriano del PJ, Guillermo Michel, el plan se ejecuta mediante una doble pinza. Por un lado, la Nación se desprende brutalmente de sus obligaciones constitucionales: liquida el Fondo de Incentivo Docente (dejando el salario de los maestros librado a su suerte), desmantela el subsidio al transporte federal —mientras sostiene los privilegios en el AMBA— y abandona las rutas y la obra pública. El mensaje a los gobernadores es cínico: háganse cargo del costo social del ajuste sin un solo peso de financiamiento.
 
Por el otro lado, opera el dispositivo electoral. El Ejecutivo triplica los recursos de la opaca “Jurisdicción 91”, inflando a casi 8 billones de pesos el programa de “Otras Asistencias Financieras”. Una partida fantasma: sin metas físicas, sin control parlamentario y sin criterio objetivo de reparto. Es, lisa y llanamente, la caja negra con la que pretenden obligar a los mandatarios provinciales a desfilar por los despachos de la Rosada para mendigar los sueldos de sus empleados a cambio de sumisión política en las elecciones de 2027.
 
Para perfeccionar el despojo, la recaudación se concentra en tributos que no se coparticipan (retenciones al agro y a la industria), mientras se retienen fondos específicos de combustibles en fideicomisos paralizados. El saldo es un ataque directo a la Constitución Nacional y a la médula misma del federalismo. Frente a este intento de subordinación colonial de las provincias, el peronismo tiene la obligación doctrinaria de alzar la voz, articular con los sectores del trabajo y la producción, y poner un freno institucional: la Argentina es federal o no será.

20-09-2026 / 21:09
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