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Internacionales - 16-06-2012 / 08:06
AL MENOS 17 MUERTOS ENTRE CAMPESINOS Y POLICIAS Y VERSIONES ENCONTRADAS SOBRE LO QUE PASO
Sangriento desalojo de una hacienda tomada por campesinos en Paraguay
Sangriento desalojo de una hacienda tomada por campesinos en Paraguay. El intento policial de desalojar a familias de campesinos sin tierras que ocuparon una parte de una hacienda privada en la localidad de Curuguaty provocó un fuerte intercambio de disparos de armas de fuego y la muerte de policías y campesinos.
Al menos diecisiete personas murieron durante el violento enfrentamiento entre policías y campesinos que resisten al desalojo de una reserva forestal en Curuguaty, el departamento paraguayo de Canindeyú, 400 kilómetros al noreste de Asunción.
Los policías se enfrentaron a tiros con los ocupantes, que se encontraban instalados en un predio de 2 mil hectáreas propiedad del empresario y político Blas Riquelme. Según los reportes oficiales, fallecieron siete policías y nueve campesinos, mientras que se registran unos 80 heridos. Por el hecho ya renunció el ministro del Interior y el presidente Fernando Lugo envío militares a la zona.
La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y culparon a la policía. Es la peor crisis de Lugo.
Durante sus 35 años en el poder, Alfredo Stroessner entregó casi 7 millones de hectáreas de manera irregular a personas allegadas, el 19% de la superficie de todo el país. Blas Riquelme, ex senador del Partido Colorado y cercano al ex gobernante, es considerado como uno de los principales beneficiados.
El grupo que tomó los terrenos los señala de ser "malhabidos", por lo que debía "recuperarlas". El reclamo de las tierras es un conflicto de larga data no sólo en Paraguay si no en toda América Latina.
La Opinión Popular
Los policías se enfrentaron a tiros con los ocupantes, que se encontraban instalados en un predio de 2 mil hectáreas propiedad del empresario y político Blas Riquelme. Según los reportes oficiales, fallecieron siete policías y nueve campesinos, mientras que se registran unos 80 heridos. Por el hecho ya renunció el ministro del Interior y el presidente Fernando Lugo envío militares a la zona.
La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y culparon a la policía. Es la peor crisis de Lugo.
Durante sus 35 años en el poder, Alfredo Stroessner entregó casi 7 millones de hectáreas de manera irregular a personas allegadas, el 19% de la superficie de todo el país. Blas Riquelme, ex senador del Partido Colorado y cercano al ex gobernante, es considerado como uno de los principales beneficiados.
El grupo que tomó los terrenos los señala de ser "malhabidos", por lo que debía "recuperarlas". El reclamo de las tierras es un conflicto de larga data no sólo en Paraguay si no en toda América Latina.
La Opinión Popular
Un desalojo a sangre y fuego en Paraguay
La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y culparon a la policía. La peor crisis de Lugo.
Al menos 16 muertos, entre campesinos y policías, y unos 50 heridos dejó el violento desalojo de un predio de unas 2 mil hectáreas ocupadas ilegalmente en un distrito del norte de Paraguay, hecho que puso al gobierno de Fernando Lugo en la situación más delicada desde su asunción, en agosto del 2008. Las versiones sobre muertos y heridos son numerosas, pero varias fuentes coincidieron en que ya hay 16 víctimas fatales, aunque algunas hablan de 17, y no menos de 50 heridos, algunos de gravedad, lo que puede hacer subir la cifra de fallecidos.
El episodio puso en guardia al Ejecutivo, sobre todo a partir de las versiones de que la oposición intentaría iniciar un juicio político a Lugo y la posibilidad de que se reúna el Congreso y exija la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola. Lugo suspendió todas las actividades que tenía agendadas para hoy e hizo dos apariciones, una a través de un comunicado para solidarizarse con las familias de los policías muertos, y otra en persona, para informar que ordenó a las Fuerzas Armadas que se sumen a la zona para garantizar que no haya nuevos enfrentamientos.
Los hechos se dieron en un campo ocupado del municipio de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, ubicado al noreste del país, en la frontera con Brasil, donde campesinos sin tierra mantenían ocupado un predio del empresario Blas Riquelme. La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados "brasiguayos", prósperos productores de soja brasileños, instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con Argentina y Brasil.
La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y restaron responsabilidad a los labriegos.
"Ordené a las Fuerzas Armadas a desarrollar su misión específica en apoyo a la policía de acuerdo con la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado", señaló Lugo en un breve mensaje al país, desde la residencia presidencial. Antes se había divulgado un comunicado en el que expresó su "gran pesar y repudio" por los hechos y su "firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley".
El presidente señaló en el texto: "Manifiesto mi solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión". El mandatario destacó que "los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán calma y tranquilidad" a la región.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, rechazó las versiones sobre su inminente destitución y aseguró también que "no hay evidencias aún" de que en el enfrentamiento hayan participado miembros del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). "El hecho fue consecuencia de una orden judicial para desalojar una propiedad ocupada. No es la primera vez que se procede a desalojos y se procedió legalmente, con orden fiscal correspondiente. Hoy se activó el operativo en base a una orden judicial", recalcó el ministro.
El ministro indicó que los ocupantes eran campesinos de "diferente procedencia y diferentes organizaciones", algunos incluso conocidos de ocupaciones anteriores. E informó que los muertos son "nueve o diez campesinos y siete policías". Filizzola apuntó que la situación ya está controlada, por lo que no amerita declarar el estado de excepción, en tanto se busca a algunos campesinos refugiados en la zona boscosa aledaña al lugar de los incidentes.
Sobre la chance de que la Cámara de Diputados exija su renuncia, Filizzola destacó que tiene "el respaldo" de Lugo, que "sabe que puede disponer del cargo cuando lo considere pertinente". El titular de Interior aseguró que "no existen ni pies ni cabezas, ni argumento alguno" para solicitar el juicio político a Lugo, como lo pidió el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo.
La Policía Nacional, en tanto, emitió un comunicado en el que denunció la "cobarde agresión" de los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos a los uniformados, y remarcó que la fuerza pondrá "el mejor de sus esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones". El comunicado denuncia que los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego. El jefe de investigación de Salto del Guairá, Walter Gómez, fue aún más allá al denunciar que los uniformados fueron emboscados por los campesinos. "Esa gente está entrenada y ya no son simples campesinos, sino criminales", dijo Gómez.
Políticos de la oposición lanzaron duras críticas contra Filizzola y pidieron su renuncia. "Garantizaron la integridad de los campesinos y despreciaron la vida de los policías. Por eso se produjo la masacre", dijo el diputado Salyn Buzarquis. La gobernadora del departamento de Canindeyú, Cristina Villalba, calificó a Filizzola de "irresponsable" tras recordar que le había advertido que un desalojo violento iba a desembocar en pérdida de vidas.
A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez, del Movimiento de los Campesinos, afirmó a un canal de TV que las familias rurales establecidas en la hacienda sólo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos contra la policía. El dirigente campesino José Rodríguez, estrechamente vinculado con el presidente Lugo, dijo que el enfrentamiento "pudo haber sido un autoatentado de la policía" para justificar supuestamente las muertes de los sin tierra.
El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes propietarios fueron acusados por instituciones estatales de apoderarse de terrenos mediante negocios ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los sin tierra. Un plan de reforma agraria y entrega de terrenos a los campesinos fue parte de las promesas de campaña de Lugo, pero esa iniciativa avanza lentamente.
Fuente: Página 12
La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y culparon a la policía. La peor crisis de Lugo.
Al menos 16 muertos, entre campesinos y policías, y unos 50 heridos dejó el violento desalojo de un predio de unas 2 mil hectáreas ocupadas ilegalmente en un distrito del norte de Paraguay, hecho que puso al gobierno de Fernando Lugo en la situación más delicada desde su asunción, en agosto del 2008. Las versiones sobre muertos y heridos son numerosas, pero varias fuentes coincidieron en que ya hay 16 víctimas fatales, aunque algunas hablan de 17, y no menos de 50 heridos, algunos de gravedad, lo que puede hacer subir la cifra de fallecidos.
El episodio puso en guardia al Ejecutivo, sobre todo a partir de las versiones de que la oposición intentaría iniciar un juicio político a Lugo y la posibilidad de que se reúna el Congreso y exija la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola. Lugo suspendió todas las actividades que tenía agendadas para hoy e hizo dos apariciones, una a través de un comunicado para solidarizarse con las familias de los policías muertos, y otra en persona, para informar que ordenó a las Fuerzas Armadas que se sumen a la zona para garantizar que no haya nuevos enfrentamientos.
Los hechos se dieron en un campo ocupado del municipio de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, ubicado al noreste del país, en la frontera con Brasil, donde campesinos sin tierra mantenían ocupado un predio del empresario Blas Riquelme. La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados "brasiguayos", prósperos productores de soja brasileños, instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con Argentina y Brasil.
La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y restaron responsabilidad a los labriegos.
"Ordené a las Fuerzas Armadas a desarrollar su misión específica en apoyo a la policía de acuerdo con la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado", señaló Lugo en un breve mensaje al país, desde la residencia presidencial. Antes se había divulgado un comunicado en el que expresó su "gran pesar y repudio" por los hechos y su "firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley".
El presidente señaló en el texto: "Manifiesto mi solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión". El mandatario destacó que "los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán calma y tranquilidad" a la región.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, rechazó las versiones sobre su inminente destitución y aseguró también que "no hay evidencias aún" de que en el enfrentamiento hayan participado miembros del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). "El hecho fue consecuencia de una orden judicial para desalojar una propiedad ocupada. No es la primera vez que se procede a desalojos y se procedió legalmente, con orden fiscal correspondiente. Hoy se activó el operativo en base a una orden judicial", recalcó el ministro.
El ministro indicó que los ocupantes eran campesinos de "diferente procedencia y diferentes organizaciones", algunos incluso conocidos de ocupaciones anteriores. E informó que los muertos son "nueve o diez campesinos y siete policías". Filizzola apuntó que la situación ya está controlada, por lo que no amerita declarar el estado de excepción, en tanto se busca a algunos campesinos refugiados en la zona boscosa aledaña al lugar de los incidentes.
Sobre la chance de que la Cámara de Diputados exija su renuncia, Filizzola destacó que tiene "el respaldo" de Lugo, que "sabe que puede disponer del cargo cuando lo considere pertinente". El titular de Interior aseguró que "no existen ni pies ni cabezas, ni argumento alguno" para solicitar el juicio político a Lugo, como lo pidió el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo.
La Policía Nacional, en tanto, emitió un comunicado en el que denunció la "cobarde agresión" de los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos a los uniformados, y remarcó que la fuerza pondrá "el mejor de sus esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones". El comunicado denuncia que los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego. El jefe de investigación de Salto del Guairá, Walter Gómez, fue aún más allá al denunciar que los uniformados fueron emboscados por los campesinos. "Esa gente está entrenada y ya no son simples campesinos, sino criminales", dijo Gómez.
Políticos de la oposición lanzaron duras críticas contra Filizzola y pidieron su renuncia. "Garantizaron la integridad de los campesinos y despreciaron la vida de los policías. Por eso se produjo la masacre", dijo el diputado Salyn Buzarquis. La gobernadora del departamento de Canindeyú, Cristina Villalba, calificó a Filizzola de "irresponsable" tras recordar que le había advertido que un desalojo violento iba a desembocar en pérdida de vidas.
A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez, del Movimiento de los Campesinos, afirmó a un canal de TV que las familias rurales establecidas en la hacienda sólo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos contra la policía. El dirigente campesino José Rodríguez, estrechamente vinculado con el presidente Lugo, dijo que el enfrentamiento "pudo haber sido un autoatentado de la policía" para justificar supuestamente las muertes de los sin tierra.
El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes propietarios fueron acusados por instituciones estatales de apoderarse de terrenos mediante negocios ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los sin tierra. Un plan de reforma agraria y entrega de terrenos a los campesinos fue parte de las promesas de campaña de Lugo, pero esa iniciativa avanza lentamente.
Fuente: Página 12
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