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Nacionales - 17-02-2012 / 09:02
BARLETTA, JEFE DEL PARTIDO, CONFIRMÓ SU DESPLAZO PERO EL AUDITOR DICE QUE NO SE VA

La sucesión de Despouy en la Auditoría hizo arder la interna de los radicales

La sucesión de Despouy en la Auditoría hizo arder la interna de los radicales
Leandro Despouy dejará en marzo de ser el presidente de la Auditoría General de la Nación. Será una consecuencia directa de la fuerte presión a la que lo sometió el flamante presidente de la Unión Cívica Radical, Mario Barletta, quien había intentado lo mismo en diciembre, a poco de asumir, pero se había topado con la resistencia del alfonsinismo . Despouy fue durante las administraciones del kirchnerismo un tenaz opositor que aún hoy suele irritar a la Casa Rosada por el tenor de sus denuncias.
La continuidad de Leandro Despouy al frente de la Auditoría General de la Nación ya es historia. Mientras un sector de la UCR busca al sucesor, el alfonsinismo pretendía anoche condicionar la salida del presidente de la AGN ­cargo que le corresponde a esa fuerza­ a la negociación del nombre de su reemplazante.
 
Despouy ya era intolerable para la Casa Rosada y su posible remplazante, Mariano Candioti, ex titular del Consejo de la Magistratura y de buena llegada al kirchnerismo, tendría el visto bueno de un sector del Gobierno K.
 
Todo el radicalismo está muy preocupado por la repercusión negativa que tuvo su remoción, y mientras intentan que Despouy acepte irse, también discuten el candidato que lo reemplace. El tema fue centro de la reunión de urgencia que Barletta convocó ayer en el comité nacional, donde estuvieron los presidentes de los bloques de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, y del Senado, Luis Naidenoff, el senador Gerardo Morales y el propio Alfonsín.
 
El resto de la oposición objetó la decisión de la cúpula radical.
 
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BARLETTA, JEFE DEL PARTIDO, CONFIRMÓ SU DESPLAZO PERO EL AUDITOR DICE QUE NO SE VA
 
La sucesión de Despouy en la Auditoría hizo arder la interna de los radicales
 
El alfonsinismo reaccionó por la decisión unilateral de Barletta. Ratificó apoyo a Despouy. Pero ayer ya discutía su reemplazo. Terragno y González Fraga, en la lista
 
Como si se tratara de combustible vital para su subsistencia, la UCR volvió ayer a enfrentarse en otra feroz interna partidaria por los espacios de poder. Esta vez fue por el desplazo de Leandro Despouy al frente de la Auditoría General de la Nación, realizado el miércoles a través de un comunicado de prensa por el titular del partido, Mario Barletta.
 
La decisión reveló al alfonsinismo y otros sectores por considerar que se trató de una medida "unilateral y desprolija" del flamante presidente del Comité Nacional. La piel se les erizó, además, por su intención de colocar allí a un hombre de su confianza, Mariano Candioti, ex titular del Consejo de la Magistratura y de buena llegada al kirchnerismo.
 
Tras una jornada de intensas reuniones, varios dirigentes coincidían al cierre de esta edición que por la magnitud y repercusión que había generado la pelea, ni Despouy tenía chances de continuar, ni Candioti sería su reemplazante. Y ya se discutía la sucesión: en una reunión convocada de urgencia en el Comité Nacional se mencionó entre los posibles candidatos a Rodolfo Terragno y Javier González Fraga.
 
Pese a la polémica, Barletta mantuvo ayer su postura. Aseguró a El Cronista que Despuy le había comunicado su intención de renunciar a ese organismo de control externo del sector público nacional, por considerar que se había cumplido un ciclo, en una reunión realizada el miércoles, en la que participó el vicepresidente del partido, Juan Manuel Casella. "
 
En los próximos días vamos a enviar a la Presidencia de Diputados y el Senado el nombre de quien va a proponer el radicalismo a partir del 22 de marzo para la AGN, cargo que le corresponde por ser la fuerza opositora con mayor representación en el Congreso, le dijo a este diario.
 
Lo mismo comunicó a los dirigentes reunidos en el Comité Nacional al mediodía, entre ellos, Ricardo Alfonsín, Gerardo Morales, y las autoridades de los bloques legislativos encabezados por el diputado Ricardo Gil Lavedra y el senador Luis Naidenoff.
 
Pero Despouy negó depués su renuncia. En su entorno, insistían en que el encuentro con Barletta y Casella se había gestado para coordinar la presentación de un informe sobre sus diez años al frente del organismo.
 
Desde el alfonsinismo sector que ya había frenado en diciembre la presión de Barletta para desplazarloco nfiaron a este diario que Alfonsín se encontraba ante un dilema: el de cuidar a Despouy y garantizar la tarea de control al frente de la Auditoria, por un lado, y también evitar que se dañe la imagen del partido. El ex candidato presidencial prefirió no hacer declaraciones.
 
Sus voceros habituales juraron durante toda la jornada que apoyaba al aún titular de la AGN para seguir en el cargo. Insistían en que su desplazamiento no era atribución del titular de la fuerza –como asegura Barletta– ni de los bloques legislativos. Y qué sólo puden correrlo por mal desempeño de sus funciones o haciendo lugar a su propia renuncia.
 
Pero en voz baja reconocían que su continuidad era difícil. Ante las repercusiones que había tomado la interna, podría implicar un debilitamiento de la figura de Barletta. Algo también dejaron en claro: "
Candioti no pasa, dijeron. Es que el candidato del jefe radical, santafesino como él, tiene buenos vínculos con el operador judicial del kirchnerismo Javier Fernández y el senador santacruceño K, Nicolás Fernández, hoy principal asesor de la Auditoría, que debe controlar al gobierno kirchnerista. Además, claro, el alfonsinismo buscará terciar a favor de un postulante de su riñón.
"
No le tengo miedo a esos fantasmas que hablan de pactos con el Gobierno. Garantizo que la persona designada al frente de la AGN hará su trabajo con absoluta transparencia, afirmó Barletta a El Cronista para despejar las polémicas versiones que circularon ayer, y que daban cuenta de las molestias del oficialismo por las duras denuncias realizadas por Despouy a lo largo de su administración. Eso el valió el respeto de todo el arco opositor. El Frente Amplio Progresista (FAP), la Coalición Cívica-ARI y el PRO lamentaron ayer su desplazamiento.
 
Fuente: El Cronista

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
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17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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