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Nacionales - 03-01-2012 / 13:01
EFEMÉRIDES POPULARES. A 179 AÑOS DE OCUPACIÓN BRITÁNICA EN NUESTRAS ISLAS MALVINAS

Usurpación pirata de las Islas Malvinas

Usurpación pirata de las Islas Malvinas
El pueblo no olvida: Las Malvinas son argentinas y deben ser devueltas.
El 3 de enero de 1833 fuerzas piratas británicas ocuparon las Malvinas, desalojando por la fuerza a sus pobladores y a las autoridades argentinas establecidas legítimamente.  Ese acto de fuerza se protestó inmediatamente y nunca fue consentido por la República Argentina.
 
Ante la persistencia de la ocupación ilegítima, el gobierno reafirmó los imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante de su territorio nacional.
 
Reafirmamos los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, al cumplirse 179 años de la ocupación ilegítima de ese territorio por parte del Reino Unido. La ocupación es una anacrónica situación colonial incompatible con la evolución del mundo moderno.
 
El pueblo no olvida: Las Malvinas son argentinas y deben ser devueltas.
 
La Opinión Popular

 
El 3 de enero de 1833, son usurpadas las Islas Malvinas. El comandante Onslow, de la Corbeta Clío, tomó posesión de Puerto Soledad. El día 5, el pequeño buque argentino Sarandí, se retira hacia Buenos Aires. Mientras tanto, luego de haber arriado la bandera argentina de las islas, Onslow, iza la bandera inglesa. Carente de otras órdenes, el capitán inglés abandona Puerto Soledad, y deja en custodia de la bandera, al escocés Dickson.
 
La Cancillería argentina resaltó siempre su permanente y sincera disposición a reanudar el proceso negociador bilateral con el Reino Unido para hallar una solución definitiva a la disputa de soberanía y poner fin a una anacrónica situación colonial incompatible con la evolución del mundo moderno.
 
La Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional consagra el objetivo "permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre dichos territorios y espacios marítimos".
 
Este objetivo es una política de Estado y responde a un anhelo de todo pueblo argentino.
 
Si bien la Argentina y el Reino Unido concluyeron entendimientos bilaterales de carácter provisorio sobre cuestiones prácticas relacionadas con el Atlántico Sur, persiste la renuencia del Reino Unido a abordar la cuestión de la soberanía.
 
Persiste la reiterada realización de actos unilaterales británicos en relación con el área disputada que, violan el espíritu y la letra de los entendimientos y contrarían los llamamientos de las Naciones Unidas.
 
La Argentina considera incomprensible la negativa británica a abordar la cuestión de fondo para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía, conforme el mandato de la comunidad internacional.
 
La Opinión Popular

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18-03-2019 / 12:03
18-03-2019 / 10:03
Mauricio Macri acusó este domingo a su padre, el recientemente fallecido Franco Macri, de participar de actividades ilegales junto al gobierno anterior, hechos de los cuales se desentendió pese a que figuran las empresas familiares que también le pertenecen.
 
"Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar", afirmó el jefe de Estado, en una doble jugada que apunta a despegar su propia figura de las investigaciones judiciales y salpicar a quienes hoy forman parte de la oposición.
 
Parece que la muerte reciente de su padre, le presentó la oportunidad para intentar separarse de la "herencia" familiar, que recae sobre su figura como sucesor del Clan Macri que se benefició y edificó su fortuna sobre la base de sucios negociados de la patria contratista con el Estado durante la dictadura militar y el menemismo.
 
Entrevistado por el periodista ultra oficialista Luis Majul en el regreso de su programa La Cornisa, el mandatario aseguró además que entre los problemas de Argentina está que "tenemos una fragilidad de nuestro sistema económico que viene de décadas" y se mostró irritado aun ante las tibias observaciones del conductor.
 
En otros fragmentos de la entrevista, que se emitió grabada y editada, Macri señaló que "no tenemos moneda, porque tenemos inflación" y celebró que "no hay más cepos", al tiempo que reiteró la cantinela incomprobable que "íbamos camino a Venezuela".
 
"Me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno", sostuvo sobre la desastrosa situación económica y social, cada vez más difícil para los sectores populares y la clase trabajadora como consecuencia del ajuste que impulsa por las directivas del FMI.
 
"Percibo el enojo de los argentinos", admitió aunque su gobierno no deja de anunciar tarifazos y medidas que empobrecen a las mayorías. Claramente, ensaya un tipo de discurso diferente al que desarrolló en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso: no se sostiene el relato que "vamos bien", que Cambiemos genera empleo y que combate la inflación.
 
"No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno y no tengo miedo de ir preso", manifestó el actual ocupante de la Casa Rosada. Por último, llamaron especialmente la atención sus conceptos sobre Cristina, porque son precisamente las críticas que se le hacen a él: "Es una persona que niega la realidad, les echa la culpa a los demás de lo que ella hace".
 
La Opinión Popular

17-03-2019 / 10:03
En esta etapa, una pinchadura -autorizada o ilegal- no se le niega a nadie, tampoco su divulgación. Charlas particulares entre la presidenta Cristina Fernández y Oscar Parrilli fueron venteadas por el periodismo in the pendiente, Diputadas de la Coalición Cívica se valen de escuchas a teléfonos de la cárcel para empiojar la causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla. "Nadie" se rasgó las vestiduras, el ministro de Justicia Germán Garavano permaneció impertérrito, la Corte Suprema miró para otro lado.
 
En Ciudad Gótica, el Gobierno promueve juicio político contra Ramos Padilla por su intervención en el Congreso. Los cargos son imprecisos y falsos a la vez. El magistrado difundió pruebas incorporadas a un expediente que es público. Todos lo son, en principio. Lo estatal es público, suena a redundancia quizá porque lo sea. Además, el secreto del sumario cesó. Por añadidura, es potestad del juez determinar su comienzo, prórroga y fin. No hay ahí falla alguna.                        
 
La "falta de imparcialidad" es un cargo opinable que tiene reparación durante el proceso. Es causal de recusación, las partes están facultadas a interponerla. El Estado argentino no es parte en el pleito, a menos que se cuele (tácitamente) en nombre de agentes de servicios de inteligencia, "de planta" o informales. Como escribió el colega Martín Rodríguez tiempo ha: en la Argentina es más fácil separar a la Iglesia del Estado que al periodismo de la SIDE. La SIDE se llama ahora AFI, solo eso  cambió.
 
Parece difícil que el juicio político avance. Los jueces que integran el Consejo de la Magistratura deberían oponerse por mínimo respeto a su labor y apego a la ley. También el representante de los abogados Juan Pablo Mas Vélez cuya condición de radical no debería perturbarlo.
 
Los canales de la cadena privada de propaganda macrista produjeron un apagón televisivo durante la sesión, a costa de perder rating. No les alcanza porque sobreviven medios críticos que la hacen conocer.
 
El periodista Edi Zunino publica en Perfil una columna lapidaria sobre su ex compañero en Animales Sueltos, Daniel Santoro. Lo sindica como "coronel" del periodismo de guerra, no es poco.
 
La desesperación oficialista da cuenta de la credibilidad del material incorporado al expediente, obtenido e informado de modo legal. La judicialización de la política por una vez se les hizo búmeran a las huestes del presidente Mauricio Macri. La degradación institucional crece día tras día. El pedido de juicio político guarda plena coherencia con el contexto, mientras lo agrava.
 
Por Mario Wainfeld

16-03-2019 / 08:03
El gobierno de Mauricio Macri decidió avanzar a fondo contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal y extorsión en la que estarían involucrados el falso abogado Marcelo D'Alessio, agentes de inteligencia, fiscales como el macrista Carlos Stornelli, periodistas afines y dirigentes políticos de Cambiemos.
 
El Poder Ejecutivo le pidió a su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo Mahíques, que inicie el proceso de juicio político contra el magistrado. La embestida de Cambiemos contra Ramos Padilla lleva ya varias semanas pero se precipitó ayer, justo el día en que el juez federal de Dolores envió un nuevo pedido de citación a indagatoria para el fiscal macrista Carlos Stornelli (para el 20 de marzo) y realizó una ampliación de la indagatoria a D'Alessio, quien se negó a declarar.
 
También cuando el caso comenzaba a ramificarse y profundizarse, entre otras cosas, a partir del pedido de indagatoria del juez Luis Rodríguez a otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, quien también reconoció haber colaborado con D'Alessio para realizar tareas de espionaje.
 
En los allanamientos y la investigación sobre D'Alessio, pudieron encontrarse varias pruebas de presuntos vínculos tanto con la Ministra de Justicia, Patricia Bullrich, así como con la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió y su principal espada en la Justicia, la diputada Paula Oliveto.
 
El alcance podría llegar incluso hasta el presidente Mauricio Macri, dado que en un intercambio de chats, D'Alessio le cuenta a Stornelli que "estaba con el amigo MM". También hay evidencia de fluidos contactos con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y con periodistas de medios afines al gobierno nacional, como Clarín.
 
La noticia despertó un amplio rechazo entre juristas y académicos, incluso entre quienes han tenido una actitud muy crítica del gobierno K como el abogado Andrés Gil Domínguez. "Solicitar el juicio político del juez Ramos Padilla implica un suicidio institucional del gobierno, que lo asemeja a las peores prácticas K y un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial. No luchamos tantos años por la República para terminar así", señaló Domínguez.
 
Para Maximiliano Rusconi "es un tremendo y global acto de auto encubrimiento". "La pregunta es qué quieren cubrir, ¿sólo lo que ya sabemos? ¿O esta decisión pretende encubrir actos que todavía no conocemos y que ellos creen que ya vamos a conocer? Es el típico acto del nivel de inmoralidad previo a dejar el Gobierno", completó.
 
La Opinión Popular

16-03-2019 / 08:03
El sistema montado para la guerra jurídica o lawfare, orquestado por Washington, quedó muy expuesto con la aparición de Marcelo D'Alessio. Este personaje nunca podría haber participado en operaciones de alta seguridad, como la entrega de un jefe narco a la DEA en la Triple Frontera o la extorsión de testigos de la causa de los cuadernos, si no estuviera conectado con los servicios de inteligencia locales y extranjeros.
 
El lawfare empezó con una serie de congresos, seminarios y encuentros que organiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con funcionarios judiciales de la región. Bajo el título de combatir al terrorismo, al narcotráfico o al lavado de dinero, se discute la forma de forzar las leyes para saltearse garantías constitucionales.
 
Pero estos mecanismos no se han aplicado contra terroristas, narcos o lavadores, sino para perseguir a dirigentes opositores o movimientos populares que puedan convertirse en obstáculo para las políticas norteamericanas en la región. No hay terroristas presos, ni narcos presos por estas acciones y mucho menos lavadores. Lo que hay son presos políticos como Lula o como Milagro Sala.
 
La trama es tejida por los servicios de inteligencia, es difundida hasta la saturación por las corporaciones multimediáticas y convertidas en causas judiciales por jueces y fiscales parcializados y cooptados.
 
Este guión, que ha sido denunciado en Estados Unidos y en todos lados, sale a la luz en todo su esplendor en el historial de D'Alessio: su relación con los servicios de inteligencia, con periodistas y políticos denuncistas y con jueces y fiscales.
 
Los mensajes que intercambia D'Alessio son difíciles de explicar fuera de un armado de ese tipo. El fiscal Carlos Stornelli, el periodista Daniel Santoro, las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo tutean, le piden favores, lo tratan con respeto y hasta con afecto, en ningún momento hay desconfianza. Más bien lo tratan con esa fascinación que inspira el poder que respalda al sujeto en cuestión.
 
Los comentarios todavía aislados que intenta el oficialismo para evitar que la estantería se le caiga encima culpan al juez Ramos Padilla de parcializar la acusación. No discuten la prueba, sino que tratan de demostrar esa parcialidad porque el juez asiste a las marchas del 24 de marzo.
 
El mismo día que el juez declaraba en el Congreso, Patricia Bullrich, funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y jueces y fiscales argentinos participaban en una reunión en la embajada norteamericana. Para esta gente es natural asistir a las actividades polémicas que realiza la embajada norteamericana sobre temas judiciales, pero es cuestionable asistir a una marcha por los derechos humanos.
 
La mafia que expuso a la luz del día la captura de D'Alessio no es un fenómeno tan aislado.

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