Al duplicar el período de cálculo y atar la movilidad a una pauta general aplanada, el Gobierno de Frigerio destruye la proporcionalidad y el enganche sectorial. Es una embestida que transforma un derecho constitucional en una variable de ajuste, obligando a los entrerrianos a trabajar más para cobrar mucho menos. Con una maniobra que liquida el 82% móvil y condena a las nuevas trabajadoras a aportar hasta los 68 años, el Ejecutivo provincial pone en crisis el contrato social histórico de Entre Ríos. Por la búsqueda del equilibrio financiero, impone un ajuste generacional que busca tapar el bache fiscal con el hambre de quienes ya entregaron o están entregando todo.

Como lo delató en sus últimas apariciones públicas, a Milei le cuesta cada vez más mostrar resultados ante una sociedad sobreajustada que vive como una estafa la saga de Adorni y los casos que alimentan el fuego a la indignación. Ni siquiera la baja de la inflación en abril con respecto a marzo alcanzó para cambiar la tendencia y los aumentos en trenes, colectivos y combustibles preocupan hacia adelante.