El panorama económico de la Argentina bajo la gestión de Javier Milei presenta hoy un escenario de desolación productiva y regresión social que los especialistas ya califican de "inédito". Según los últimos relevamientos y análisis, la velocidad de destrucción del entramado económico no solo no encuentra piso, sino que está mutando la estructura misma del país hacia un modelo de supervivencia e informalidad.

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos, emitió una serie de resoluciones vinculada a las denuncias por inconducta partidaria de varios dirigentes en los últimos comicios electorales. En ese marco, resolvió recomendar la expulsión de los afiliados Domingo Daniel Rossi (actual intendente de Santa Elena) y Carlos Guillermo Reggiardo (asesor de Rossi), al considerar acreditadas conductas de “deslealtad manifiesta” y graves violaciones a la Carta Orgánica partidaria.

Para Álvaro Gabás "el gobierno sostiene que se mantiene el 82% móvil, pero lo hace sobre una base distinta. Y ahí está la clave política: no se elimina la semántica del 82% móvil, se lo vacía de contenido. Si el cálculo incluye etapas de salarios más bajos, el resultado es una jubilación significativamente menor. Distintos análisis muestran pérdidas que pueden superar el 25% del ingreso respecto del sistema actual".

Según los detalles técnicos difundidos recientemente, el proyecto busca dinamitar la estructura de los partidos políticos bajo la premisa de que "son caros". Pero la democracia no es un gasto, es una inversión. Al eliminar las PASO, el Gobierno no solo busca ahorrar unos pesos en boletas (mientras despilfarra en otros rubros menos claros), sino que le quita a la ciudadanía la capacidad de dirimir las internas de las fuerzas políticas, devolviendo ese poder a las cúpulas partidarias o a quienes tengan mayor presupuesto publicitario. ajo la excusa de que "la política no viva de tu bolsillo", se abre la puerta a que las grandes corporaciones financien campañas sin los controles actuales. Esto no es transparencia; es legalizar que el poder económico compre candidatos.