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Entre Ríos - 13-06-2026 / 17:06
EL CONGRESO PROVINCIAL TAMBIÉN SANCIONÓ A OTROS DIRIGENTES

El PJ Entre Ríos expulsó al intendente Rossi

El PJ Entre Ríos expulsó al intendente Rossi
Rossi permaneció en el lugar hasta la lectura de la resolución. Tras conocerse la decisión, reaccionó con gritos e insultos dirigidos a los presentes, en una escena que generó tensión en el cierre de la jornada. Reggiardo fue quien más se enardeció, diciéndole las más variadas descalificaciones de índole personal al diputado nacional Guillermo Michel, quien estaba sentado en primera fila y se contuvo de responderle.
El Congreso Provincial del Partido Justicialista (PJ), reunido este sábado en un predio del Sindicato de Pasteleros de Paraná, resolvió la expulsión del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y de su asesor legal, Guillermo Reggiardo, en el marco de una serie de medidas disciplinarias adoptadas por la conducción partidaria.
 
La jornada comenzó pasadas las 10.30 con la participación de 173 congresales de distintos puntos de la provincia. La mesa del Congreso estuvo encabezada por el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, acompañado por Gustavo Díaz como vicepresidente primero, Mariel Henchoz como vicepresidenta segunda y Juan Carlos Albornoz como secretario. Claudia La Rosa fue designada secretaria de Actas.

En primer término, los congresales escucharon un informe político sobre la situación partidaria presentado por la presidenta del PJ entrerriano, Silvia “Nené” Moreno. Luego, tras aprobar una modificación del orden del día, se dio paso al tratamiento de los informes elaborados por el Tribunal de Disciplina. Fue en ese marco que se resolvió la expulsión de Rossi y Reggiardo. 
 
Rossi permaneció en el lugar hasta la lectura de la resolución. Tras conocerse la decisión, reaccionó con gritos e insultos dirigidos a los presentes, en una escena que generó tensión en el cierre de la jornada. Reggiardo fue quien más se enardeció, diciéndole las más variadas descalificaciones de índole personal al diputado nacional Guillermo Michel, quien estaba sentado en primera fila y se contuvo de responderle. Reggiardo se paró a unos tres metros de distancia -acompañado de una menor que sería familiar directa de su pareja- y le dijo una catarata de insultos por la medida adoptada, lo que sorprendió, por el contenido violento de sus dichos. Rossi y Reggiardo decían a los gritos que la medida del PJ era porque ellos "denunciaron la corrupción" de varios de los dirigentes del peronismo, antes y después de las elecciones. Cabe acotar que Rossi fue condenado en junio de 2006, por enriquecimiento ilícito, tras una denuncia de ANALISIS en 1998, cuando se le hallaron más de 3 millones de dólares en cuentas de varios bancos del Uruguay, que estaban a nombre de su madre jubilada (ya fallecida) y su exesposa, que era empleada del hospital de Santa Elena. Rossi, además, tiene causas por delitos de corrupción actualmente, junto a su esposa senadora provincial del PJ, mientras que Reggiardo cuenta también con varias instancias judiciales -por diferentes delitos penales-, que irán a juicio en próximas semanas.
 
Además de las expulsiones, el Congreso avanzó con sanciones contra dirigentes que participaron como candidatos por fuera de la estructura oficial del PJ en las elecciones de 2025. La medida alcanza a Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Claudia Quiróz, Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González, quienes no podrán postularse bajo el sello justicialista durante los próximos dos turnos electorales.
 
Las decisiones adoptadas por el máximo órgano partidario se enmarcan en un proceso de revisión interna impulsado tras los comicios del año pasado y apuntan a reforzar la disciplina partidaria frente a las candidaturas consideradas disidentes.
 
No obstante, algunas ausencias en el listado de sancionados llamaron la atención entre los asistentes. En particular, no se dispusieron medidas contra José Ángel Allende y Carina Domínguez, ambos referentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y aliados políticos del gobernador Rogelio Frigerio.
 
Tanto Allende como Domínguez habían respaldado la lista encabezada por Maya y Guzmán en las elecciones legislativas de 2025. Para ello utilizaron el sello del Partido Socialista, fuerza integrante de la coalición que llevó a Frigerio a la Gobernación. 
 
Motivos de la sanción recomendada contra Domingo Daniel Rossi:
1.    Militancia activa y pública a favor de la Lista 50 (Partido Socialista), en contra de los candidatos oficiales del PJ (Lista 501), poniendo a disposición la Unidad Básica local para la campaña opositora.  
2.    Declaraciones públicas valorando la fórmula opositora Maya-Guzmán como “excelente alternativa” y afirmando que el peronismo local los acompañaría “ampliamente”.  
3.    Interposición de denuncia penal contra el candidato oficial Guillermo Michel, en pleno proceso electoral, con el fin de dañar su imagen.  
4.    No haber agotado las vías internas partidarias antes de recurrir a la justicia.  
5.    Agravante específico: su larga trayectoria como Vicegobernador e Intendente de Santa Elena gracias al PJ le imponía un deber de lealtad institucional mayor que al afiliado común.
 
Motivos de la sanción recomendada contra Carlos Guillermo Reggiardo:
 
1.    Actuó como patrocinante letrado en la denuncia penal temeraria contra el candidato oficial del PJ.  
2.    Utilizó su rol de comunicador y acceso a medios para realizar ataques sistemáticos contra la conducción partidaria.  
3.    No ofreció ninguna explicación ni desmentida frente a ninguna de las imputaciones concretas en su descargo.  
4.    No agotó las vías internas antes de judicializar el conflicto.
 
Motivos comunes a ambos:
 
 •    Violación de los artículos 1°, 5° y 10° de la Carta Orgánica (deberes de lealtad, disciplina y observancia del orden jerárquico).  
•    El descargo presentado fue considerado una “negativa genérica” que no refutó los hechos concretos imputados.  
•    Los planteos de nulidad y recusación del Tribunal fueron rechazados por extemporáneos y carentes de sustento.  
•    La denuncia penal fue amplificada mediáticamente, operando como herramienta de campaña para fuerzas opositoras (listas de Milei y Frigerio).
 
Reformas y posicionamientos
Además de las resoluciones disciplinarias, el Congreso Provincial abordó distintos temas vinculados a la agenda institucional y política de la provincia. Entre ellos se analizaron la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Boleta Única de Papel y el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno entrerriano.
 
En materia electoral, los congresales expresaron su rechazo a cualquier iniciativa orientada a suprimir las PASO. Consideraron que una modificación de esas características afectaría los mecanismos de participación interna de los partidos y respondería a intereses circunstanciales del oficialismo.
 
Respecto de la Boleta Única de Papel, el justicialismo manifestó objeciones sobre algunos aspectos del diseño previsto para su aplicación en Entre Ríos. En particular, cuestionó la presencia de la fotografía del candidato a gobernador en el espacio destinado al voto por lista completa. Frente a ello, el Congreso autorizó a las autoridades partidarias a realizar las presentaciones que consideren pertinentes ante la Justicia Electoral.
 
Otro de los puntos debatidos fue la reforma previsional que comenzó a ser tratada esta semana en comisiones del Senado provincial. El máximo órgano partidario fijó una postura contraria a la iniciativa y envió una señal a los legisladores que integran el bloque justicialista para que rechacen el proyecto cuando llegue al recinto.
 
En ese marco, también se resolvió habilitar al Tribunal de Disciplina para que evalúe sanciones, incluso la expulsión partidaria, en caso de que legisladores elegidos por listas del PJ acompañen la reforma o se abstengan al momento de la votación.
 
El Congreso finalizó luego de casi dos horas, con la foto grupal y entonando las estrofas de la Marcha Peronista. Los participantes comenzaron a despedirse y a retirarse del predio del Acceso Norte de Paraná, luego de una jornada tensa.
 
Fuente: Análisis Digital

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11-07-2026 / 16:07
La avanzada del gobierno de Rogelio Frigerio sobre el sistema previsional entrerriano entra en su fase más crítica tras la firma exprés del dictamen de mayoría en el Senado, desatando una contundente e inmediata reacción del arco gremial y social. Ante la convocatoria a una sesión especial este miércoles 15 de julio para sancionar el proyecto oficial, la Multisectorial declaró una huelga general con movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná. La jornada de lucha expone la profundidad del conflicto político y social, interpelando de forma directa a los legisladores provinciales a asumir el costo político y las consecuencias de convalidar el ajuste sobre el sector pasivo.
 
Las objeciones al proyecto oficial apuntan al corazón de un diseño normativo que, bajo la pantalla de un ordenamiento técnico, instrumenta una armonización encubierta con el régimen nacional y un severo recorte de derechos adquiridos. Entre los puntos más cuestionados se destacan la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo mediante la declaración de la emergencia económica, el aumento de la edad jubilatoria, y la imposición de mayores aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad, diluyendo de hecho el histórico principio del 82% móvil. Para los sectores movilizados, la reforma de Frigerio configura una intervención real sobre la Caja de Jubilaciones y un saqueo directo al poder adquisitivo tanto de los trabajadores activos como de los actuales beneficiarios del sistema.

09-07-2026 / 09:07
09-07-2026 / 09:07
El proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales al poner en jaque conquistas laborales históricas con perspectiva de género. En su análisis, Lucy Grimalt advierte de manera tajante que “la reforma previsional es inconstitucional y atenta contra la vida y salud de las mujeres y disidencias sexuales”, señalando de forma puntual que la propuesta, en su artículo 18, “deroga el derecho de las mujeres a acceder a jubilarse con 30 años de aportes y cinco años menos de edad que los varones”. Lejos de tratarse de un beneficio infundado, la autora defiende que esta diferenciación cronológica responde a una “acción afirmativa o discriminación positiva” indispensable para “compensar desigualdades históricas estructurales” dentro de un mercado laboral fuertemente precarizado y desigual.
 
Asimismo, la publicación enfatiza el flagrante desapego del texto oficial frente a las normativas vigentes en la provincia, las cuales protegen las trayectorias de vida signadas por las tareas de cuidado no remuneradas. Grimalt recuerda de forma unívoca que la propia Carta Magna entrerriana de 2008 “instituye la equidad de género con carácter constitucional en el artículo 17”, donde textualmente “reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar”. En este sentido, la articulista denuncia que equiparar la edad jubilatoria bajo una falsa premisa de simetría o aplicar un criterio de “ajuste selectivo” no hace más que profundizar la vulnerabilidad socioeconómica de las trabajadoras, ignorando el mandato constitucional de compensar el impacto económico y social de la división sexual del trabajo.

06-07-2026 / 15:07
Detrás de los discursos oficiales de ordenamiento fiscal y un dócil alineamiento con el ajuste nacional, la realidad socioeconómica de Entre Ríos se traduce en una alarmante parálisis que golpea de lleno la mesa de las familias. El reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone un derrumbe dramático y estructural del consumo masivo: las ventas en supermercados acumuladas a abril de 2026 arrastran una estrepitosa caída del 26,6% en comparación con los niveles de 2023, afectando de manera severa a rubros de primera necesidad como almacén (-28,9%), carnes (-22,5%) y lácteos (-18,1%).
 
Esta alarmante retracción descalza el relato oficial y desnuda la total desprotección en la que la gestión de Rogelio Frigerio ha dejado a la provincia, permitiendo que una recesión sin freno devore la calidad de vida de los entrerrianos bajo una pasividad gubernamental alarmante. La explicación de este vaciamiento de las góndolas locales radica en la pulverización del bolsillo popular, donde los trabajadores registrados sufren una pérdida real de hasta el 10,1% de su poder adquisitivo en una economía provincial que ya ha visto evaporarse más de 300.000 millones de pesos del circuito comercial desde fines de 2023.
 
Mientras el Ejecutivo entrerriano ensaya justificaciones macroeconómicas y se desentiende de los efectos destructivos de la recesión, la asfixia del mercado interno no solo destruye el comercio local, sino que consolida un modelo de empobrecimiento planificado. El "cambio" prometido por Frigerio se revela así en su versión más cruda: una administración obsesionada con cumplir las exigencias ordenadas ante el poder central, pero dolorosamente indiferente ante las mesas vacías y los ingresos licuados de su propio pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular

06-07-2026 / 15:07
La gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos cruzó un límite ético: exigirle un ajuste feroz a los de abajo mientras la dirigencia política se salva sola. Bajo la bandera de una supuesta "sustentabilidad financiera", el oficialismo provincial avanza con una reforma previsional implacable que pretende estirar la edad de retiro, subir los aportes y licuar el histórico 82% móvil. Para el laburante común —el docente, el enfermero o el empleado estatal cuyos salarios ya perdieron más del 40% de su poder de compra bajo este mandato—, la propuesta gubernamental no es otra cosa que una condena a la pobreza legalizada; un manotazo al bolsillo popular para maquillar el déficit de una caja que los trabajadores no vaciaron.
 
La bofetada definitiva a la dignidad de los entrerrianos quedó en evidencia con el escandaloso doble estándar en el Senado, donde legisladores del propio bloque oficialista se apuraron a tramitar sus retiros en medio del debate para blindar sus privilegios antes de que caiga el hachazo de la nueva ley. Este oportunismo político despoja por completo de autoridad moral al gobierno de Frigerio, desnudando un esquema obsceno donde el sacrificio y la austeridad son obligaciones exclusivas para el pueblo trabajador, mientras que el "sálvese quien pueda" y las jubilaciones de privilegio siguen siendo el reglamento interno de la casta gobernante.
 
El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, expresó que: “los dos senadores que tienen responsabilidad muy importante en el proyecto ya iniciaron los trámites de jubilación. Eso también es una bofetada a cada uno de los laburantes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque ni ellos creen en lo que ellos mismos están legislando y están llevando adelante”.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

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