13:13 | Lunes 13 de Julio de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 10-06-2026 / 14:06
REFORMA EXPRESS: MENOS DERECHOS, MÁS AJUSTE
A puertas cerradas y ajuste copiado: el verdadero rostro de la reforma previsional de Frigerio
El presidente del bloque de senadores justicialistas, Marcelo Berthet, manifestó que “el gobierno al que tanto le preocupa que un millón de entrerrianos banque el déficit de la Caja, le debería preocupar el costo de los juicios millonarios que enfrentaría por la inconstitucionalidad de varios de sus artículos y que también deberá pagar el millón de entrerrianos”.
El inicio del debate por la reforma previsional en el Senado entrerriano dejó en evidencia lo que ya se anticipaba en los pasillos de la Legislatura: un tratamiento exprés, opaco y plagado de cruces que demuestra la fragilidad de los argumentos oficiales. Bajo la pantalla de una supuesta "armonización" con el sistema nacional, el oficialismo intenta forzar un ajuste severo sobre las espaldas de las y los trabajadores provinciales, recurriendo a diagnósticos sesgados que omiten deliberadamente las verdaderas causas del desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
De acuerdo con lo consignado por el medio especializado Sociedad Política en su artículo "El debate por la reforma previsional comenzó con cruces entre funcionarios y senadores de la oposición", la primera reunión de comisión se convirtió en un escenario de fuertes tensiones. Los funcionarios provinciales desembarcaron en el Senado con un libreto rígido y justificaciones netamente matemáticas sobre la relación entre activos y pasivos, pretendiendo clausurar una discusión profunda. La oposición legislativa y las representaciones gremiales no tardaron en desnudar las falencias del proyecto: se cuestionó con dureza el apuro oficialista por imponer modificaciones estructurales y la preocupante discrecionalidad que la declaración de "emergencia previsional" le otorgaría al Poder Ejecutivo.
El nudo del conflicto radica en las recetas que el oficialismo pretende aplicar, las cuales repiten viejos dogmas neoliberales. La iniciativa de Frigerio contempla una unificación progresiva de los requisitos de edad —llegando a proponer un esquema que eleva la edad jubilatoria a los 68 años para los nuevos ingresantes, una de las más altas a nivel global—, lo que constituye un ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero. Peor aún, el proyecto introduce un brutal sesgo de género al no reconocer el valor de las tareas de reproducción y cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Mientras tanto, las corporaciones empresarias y los sectores más concentrados de la economía provincial —los grandes beneficiados de siempre— miran desde afuera sin aportar un solo centavo extraordinario, ya que toda la carga del desequilibrio financiero se traslada de forma directa a los bolsillos pulverizados de los activos y pasivos mediante "aportes extraordinarios".
De la redacción de La Opinión Popular
De acuerdo con lo consignado por el medio especializado Sociedad Política en su artículo "El debate por la reforma previsional comenzó con cruces entre funcionarios y senadores de la oposición", la primera reunión de comisión se convirtió en un escenario de fuertes tensiones. Los funcionarios provinciales desembarcaron en el Senado con un libreto rígido y justificaciones netamente matemáticas sobre la relación entre activos y pasivos, pretendiendo clausurar una discusión profunda. La oposición legislativa y las representaciones gremiales no tardaron en desnudar las falencias del proyecto: se cuestionó con dureza el apuro oficialista por imponer modificaciones estructurales y la preocupante discrecionalidad que la declaración de "emergencia previsional" le otorgaría al Poder Ejecutivo.
El nudo del conflicto radica en las recetas que el oficialismo pretende aplicar, las cuales repiten viejos dogmas neoliberales. La iniciativa de Frigerio contempla una unificación progresiva de los requisitos de edad —llegando a proponer un esquema que eleva la edad jubilatoria a los 68 años para los nuevos ingresantes, una de las más altas a nivel global—, lo que constituye un ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero. Peor aún, el proyecto introduce un brutal sesgo de género al no reconocer el valor de las tareas de reproducción y cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Mientras tanto, las corporaciones empresarias y los sectores más concentrados de la economía provincial —los grandes beneficiados de siempre— miran desde afuera sin aportar un solo centavo extraordinario, ya que toda la carga del desequilibrio financiero se traslada de forma directa a los bolsillos pulverizados de los activos y pasivos mediante "aportes extraordinarios".
De la redacción de La Opinión Popular
Resulta inadmisible que el gobernador Rogelio Frigerio intente presentarse ante la sociedad con una retórica de "coraje" y "sostenibilidad" fiscal, cuando en realidad actúa como un fiel y dócil alumno de las políticas de ajuste nacional. Su gestión prefiere ensañarse con los jubilados y precarizar el futuro de la juventud antes que tocar los intereses del agronegocio o de las grandes fortunas entrerrianas. El supuesto déficit crónico que tanto agita en los medios no es más que la consecuencia de políticas de miseria salarial, paritarias a la baja y sumas fijas abonadas "en negro" por el propio Estado; una precarización laboral que su propia administración ha decidido profundizar en lugar de combatir.
Con este avance sobre la Caja provincial, Frigerio demuestra un alarmante desprecio por el equilibrio social y una alarmante insensibilidad hacia el desgaste real de los trabajadores de la salud, la educación y la administración pública. Obligar a los entrerrianos a trabajar hasta el límite de sus vidas no es modernizar el Estado; es un retroceso histórico disfrazado de eficiencia técnica. Si el gobernador verdaderamente buscara sanear el sistema previsional, comenzaría por exigir el pago de las deudas nacionales con la provincia y por blanquear los salarios estatales, en vez de firmar un proyecto esclavista que condena al pueblo trabajador al desamparo en su vejez.
En el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno se realizó la primera reunión conjunta de comisión de la Cámara de Senadores para abordar el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo que reforma la seguridad social de los trabajadores públicos entrerrianos.
El ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia, Fabián Boleas, abrió el debate: “Vengo a hablarles con números, a proponerles un debate honesto, porque el tema que lo convoca lo merece. Quiero comenzar por donde corresponde: éste no es un problema que inventó esta gestión, ni nació este año. Es un problema histórico de Entre Ríos diagnosticado una y otra vez durante casi tres décadas y postergado una y otra vez. Lo que no hubo fue la voluntad de actuar”.
En ese sentido, dijo que “en 1997, hace casi 30 años, el gobierno provincial de ese entonces había elevado un proyecto previsional que proponía elevar la edad jubilatoria, ampliar el período de cálculo del haber inicial y modificar el régimen de movilidad, los mismos ejes que hoy estamos discutiendo”.
El funcionario remarcó que la Constitución de Entre Ríos establece que “el equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos”.
En esa línea discursiva, los senadores Martín Oliva y Juan Pablo Cosso (Frente Más para Entre Ríos) respondieron al ministro recordándole que los actuales funcionarios que eran legisladores durante los gobiernos justicialistas se negaban a discutir los proyectos del gobierno.
El presidente del bloque de senadores justicialistas, Marcelo Berthet, manifestó que “el gobierno al que tanto le preocupa que un millón de entrerrianos banque el déficit de la Caja, le debería preocupar el costo de los juicios millonarios que enfrentaría por la inconstitucionalidad de varios de sus artículos y que también deberá pagar el millón de entrerrianos”.
Por su parte, el senador oficialista Rafael Cavagna argumentó que con la reforma jubilatoria se pretende “unificar y homogeneizar” el sistema previsional entrerriano “para que sea más previsible” y aseguró que “la Legislatura tiene la competencia legitima para declarar la emergencia y hay voluntad para esto, aunque confiamos que la justicia acerque propuestas, porque no quiero hacer una norma en la que todos estén esperando para hacer amparos”.
El bloque justicialista cuestionó que no se transmita en vivo el tratamiento
Por otro lado, Berthet expresó su preocupación y lamentó la decisión del oficialismo de rechazar el pedido formulado para que las reuniones conjuntas de las comisiones que analizan el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo sean transmitidas en vivo a través de los canales institucionales de la Cámara de Senadores.
La solicitud había sido presentada formalmente ante la Cámara Alta con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pudiera seguir de manera directa el tratamiento de la iniciativa con impacto directo sobre los derechos de trabajadores activos, jubilados y pensionados de Entre Ríos. A las comisiones asistirán referentes de todos los sectores afectados por la reforma, funcionarios, representantes de la justicia, gremios, especialistas previsionales y ex titulares de la Caja de Jubilaciones, entre otros.
“Lamentamos profundamente que el oficialismo haya decidido cerrar una posibilidad concreta de acercar el debate a la sociedad. Estamos hablando de una discusión que involucra derechos previsionales de miles de entrerrianos y que, por su trascendencia institucional, económica y social, debería desarrollarse con los mayores niveles de publicidad y transparencia posibles”, sostuvo Berthet.
Fuente: Sociedad Política
Con este avance sobre la Caja provincial, Frigerio demuestra un alarmante desprecio por el equilibrio social y una alarmante insensibilidad hacia el desgaste real de los trabajadores de la salud, la educación y la administración pública. Obligar a los entrerrianos a trabajar hasta el límite de sus vidas no es modernizar el Estado; es un retroceso histórico disfrazado de eficiencia técnica. Si el gobernador verdaderamente buscara sanear el sistema previsional, comenzaría por exigir el pago de las deudas nacionales con la provincia y por blanquear los salarios estatales, en vez de firmar un proyecto esclavista que condena al pueblo trabajador al desamparo en su vejez.
En el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno se realizó la primera reunión conjunta de comisión de la Cámara de Senadores para abordar el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo que reforma la seguridad social de los trabajadores públicos entrerrianos.
El ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia, Fabián Boleas, abrió el debate: “Vengo a hablarles con números, a proponerles un debate honesto, porque el tema que lo convoca lo merece. Quiero comenzar por donde corresponde: éste no es un problema que inventó esta gestión, ni nació este año. Es un problema histórico de Entre Ríos diagnosticado una y otra vez durante casi tres décadas y postergado una y otra vez. Lo que no hubo fue la voluntad de actuar”.
En ese sentido, dijo que “en 1997, hace casi 30 años, el gobierno provincial de ese entonces había elevado un proyecto previsional que proponía elevar la edad jubilatoria, ampliar el período de cálculo del haber inicial y modificar el régimen de movilidad, los mismos ejes que hoy estamos discutiendo”.
El funcionario remarcó que la Constitución de Entre Ríos establece que “el equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos”.
En esa línea discursiva, los senadores Martín Oliva y Juan Pablo Cosso (Frente Más para Entre Ríos) respondieron al ministro recordándole que los actuales funcionarios que eran legisladores durante los gobiernos justicialistas se negaban a discutir los proyectos del gobierno.
El presidente del bloque de senadores justicialistas, Marcelo Berthet, manifestó que “el gobierno al que tanto le preocupa que un millón de entrerrianos banque el déficit de la Caja, le debería preocupar el costo de los juicios millonarios que enfrentaría por la inconstitucionalidad de varios de sus artículos y que también deberá pagar el millón de entrerrianos”.
Por su parte, el senador oficialista Rafael Cavagna argumentó que con la reforma jubilatoria se pretende “unificar y homogeneizar” el sistema previsional entrerriano “para que sea más previsible” y aseguró que “la Legislatura tiene la competencia legitima para declarar la emergencia y hay voluntad para esto, aunque confiamos que la justicia acerque propuestas, porque no quiero hacer una norma en la que todos estén esperando para hacer amparos”.
El bloque justicialista cuestionó que no se transmita en vivo el tratamiento
Por otro lado, Berthet expresó su preocupación y lamentó la decisión del oficialismo de rechazar el pedido formulado para que las reuniones conjuntas de las comisiones que analizan el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo sean transmitidas en vivo a través de los canales institucionales de la Cámara de Senadores.
La solicitud había sido presentada formalmente ante la Cámara Alta con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pudiera seguir de manera directa el tratamiento de la iniciativa con impacto directo sobre los derechos de trabajadores activos, jubilados y pensionados de Entre Ríos. A las comisiones asistirán referentes de todos los sectores afectados por la reforma, funcionarios, representantes de la justicia, gremios, especialistas previsionales y ex titulares de la Caja de Jubilaciones, entre otros.
“Lamentamos profundamente que el oficialismo haya decidido cerrar una posibilidad concreta de acercar el debate a la sociedad. Estamos hablando de una discusión que involucra derechos previsionales de miles de entrerrianos y que, por su trascendencia institucional, económica y social, debería desarrollarse con los mayores niveles de publicidad y transparencia posibles”, sostuvo Berthet.
Fuente: Sociedad Política
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