La Opinión Popular
                  12:15  |  Lunes 13 de Julio de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
Recomendar Imprimir
Entre Ríos - 08-06-2026 / 14:06
TARIFAZO ASFIXIANTE DE FRIGERIO

El costo de la luz en Entre Ríos creció cinco veces más que los salarios y golpea con dureza a los hogares

El costo de la luz en Entre Ríos creció cinco veces más que los salarios y golpea con dureza a los hogares
El Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (Cisper) difundió el informe “Hogares bajo tensión”, elaborado por Sergio Benítez, secretario gremial del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (SIATRASAG). “El valor de la energía en Entre Ríos es una decisión política: mientras los entrerrianos no pueden pagar la factura, Enersa registró un resultado positivo superior a los 42.000 millones de pesos, equivalente a unos 40 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cierre del ejercicio”, dice el análisis. Foto: El Entre Ríos.
El demoledor informe "Hogares bajo tensión", elaborado por el dirigente Sergio Benítez (Siatrasag) para el Cisper, deja al descubierto las consecuencias del brutal ajuste coordinado entre el gobierno nacional de Javier Milei y la gestión provincial de Rogelio Frigerio. Entre febrero de 2024 y abril de 2026, la tarifa eléctrica en Entre Ríos sufrió un incremento desorbitado del 606%, superando ampliamente la inflación y pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyos sueldos en el sector público apenas aumentaron un 118%. Esta transferencia de recursos profundiza la pérdida del poder de compra y condena a las familias entrerrianas a una situación de vulnerabilidad extrema, donde un docente debe destinar casi dos días enteros de su salario solo para abonar una factura estándar de luz.

La investigación devela, además, una alarmante contradicción que desnuda la insensibilidad de la administración de Frigerio: mientras los usuarios residenciales son sometidos a tramos tarifarios altamente regresivos y se ven imposibilitados de pagar sus boletas, la empresa estatal Enersa registró ganancias netas superiores a los 42.000 millones de pesos (unos 40 millones de dólares). Lejos de cumplir con las promesas oficiales de alivio económico, la pasividad de la provincia ante la quita de subsidios dispuesta por Milei demuestra que el acceso a la energía dejó de ser considerado un derecho humano básico en Entre Ríos para convertirse en una caja de recaudación política a costa del sacrificio del pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular
 

El Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (Cisper) difundió el informe “Hogares bajo tensión”, elaborado por Sergio Benítez, secretario gremial del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (SIATRASAG). “El valor de la energía en Entre Ríos es una decisión política: mientras los entrerrianos no pueden pagar la factura, Enersa registró un resultado positivo superior a los 42.000 millones de pesos, equivalente a unos 40 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cierre del ejercicio”, dice el análisis.
 
El trabajo analiza la evolución de las tarifas eléctricas en la provincia, su relación con los salarios y el impacto que tienen sobre la economía de los hogares.
 
A continuación, se reproduce el documento completo.
Hogares bajo tensión
Una familia de dos o tres personas en una ciudad entrerriana -con heladera, lavarropas, una computadora, ventiladores y un uso moderado del aire acondicionado- consume alrededor de 300 KWh por mes. No se trata de un hogar que despilfarra energía: es el consumo habitual de quien trabaja, estudia y vive en una vivienda estándar. Por eso, para analizar el valor de la energía es conveniente situarlo en un contexto. Ese perfil de consumo es el punto de partida de este análisis, porque es donde el ajuste tarifario y los incrementos golpean con más fuerza.
 
En economía, cuando el precio de un bien sube más rápido que el ingreso de las personas, el resultado se llama pérdida de poder adquisitivo. No hace falta ganar menos: alcanza con que lo que se paga por un servicio crezca a un ritmo que el sueldo no puede seguir. Por eso, para discutir el valor de la energía hay que plantearlo en término relativos al ingreso. Los datos muestran que el incremento de la tarifa de energía efectivamente golpeo los salarios de los trabajadores entrerrianos.
 
En febrero de 2024, una familia con ese perfil de consumo pagaba alrededor de $8.000 de factura eléctrica. En abril de 2026, con la resolución 56/26 del EPRE vigente, paga $56.800.
 
Ese dato en abstracto solo marcaría el ritmo de crecimiento del valor de la energía en la provincia, pero toma otra dimensión cuando se piensa que el ingreso no se multiplicó por siete pero la factura sí.
 
Mientras que la tarifa eléctrica para un hogar de ingresos medios en Entre Ríos aumentó un 606% entre febrero de 2024 y abril de 2026, el sueldo de docentes y estatales aumentó en torno al 118% en el mismo período, aclarando que este cálculo incluye montos en negro, por lo que el porcentaje de aumento formal es sensiblemente menor.
 
Si se compara con la canasta básica total del INDEC, la misma trepó un 108% en el período analizado, muy por debajo del incremento tarifario provincial en materia de energía eléctrica. Como resultado, la factura de luz creció cinco veces más rápido que los salarios del sector público.
 
Lo que hace especialmente regresivo el diseño de la última resolución es su estructura de tramos. A partir de los 150 kWh mensuales, la tarifa no sube de manera uniforme: se aplican subtramos que se cobran a 225 y a 259 pesos el kWh, valores que no existían en la resolución anterior. Esto significa que cada kWh adicional de consumo moderado -encender el aire una hora más, sostener una computadora encendida durante la jornada laboral, usar el lavarropas con frecuencia normal- se cobra a un precio proporcionalmente mucho más alto que los primeros kWh.
 
Para el empleado estatal, esos $56.800 pesos representan cerca del 5,8% del ingreso mensual, cuando en febrero de 2024 ese porcentaje era del 2,3%, destinado exclusivamente a electricidad. En el caso de los docentes, ese consumo representa el 7,5% del salario inicial, cuando en febrero del 2024 representaba un 2,3% al igual que en el caso de los estatales. Otra vez, vale aclarar que los cálculos se realizan contabilizando montos en negro, por lo que si se tomaran los conceptos remunerativos, la carga de la boleta sería mayor.
 
El peso de la factura eléctrica sobre los salarios creció entre 2,5 y 3,5 veces desde febrero de 2024 hasta abril de 2026.
 
En términos de jornada laboral, en 2024 un docente destinaba 0,5 días de trabajo para cubrir la boleta y hoy necesitaría 1,67 jornadas para pagar la factura de luz. En el caso de los estatales, debería dedicar 1,27 días laborales. Es el equivalente a más de un día de trabajo para pagar una sola boleta, antes de cubrir alquiler, alimentación, transporte o salud. En 2024, el mismo esfuerzo era de menos de un día. No cambió el consumo. No cambió el trabajo. Lo que cambió fue la política tarifaría, y con ella, la proporción del salario que el hogar resigna para sostener un servicio básico.
 
Finalmente, otra dimensión para poner en perspectiva el valor de la energía eléctrica es comparar de forma relativa el peso que tiene sobre un salario docente en nuestra provincia respecto al caso de Santa Fe: mientras que un consumo de 300KWh representa un 7,5% del salario inicial docente en Entre Ríos, ese mismo consumo en la provincia vecina equivale al 4,3% del salario inicial de docentes santafesinos.
Fuente: El Entre Ríos / Cisper

Agreganos como amigo a Facebook
11-07-2026 / 16:07
La avanzada del gobierno de Rogelio Frigerio sobre el sistema previsional entrerriano entra en su fase más crítica tras la firma exprés del dictamen de mayoría en el Senado, desatando una contundente e inmediata reacción del arco gremial y social. Ante la convocatoria a una sesión especial este miércoles 15 de julio para sancionar el proyecto oficial, la Multisectorial declaró una huelga general con movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná. La jornada de lucha expone la profundidad del conflicto político y social, interpelando de forma directa a los legisladores provinciales a asumir el costo político y las consecuencias de convalidar el ajuste sobre el sector pasivo.
 
Las objeciones al proyecto oficial apuntan al corazón de un diseño normativo que, bajo la pantalla de un ordenamiento técnico, instrumenta una armonización encubierta con el régimen nacional y un severo recorte de derechos adquiridos. Entre los puntos más cuestionados se destacan la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo mediante la declaración de la emergencia económica, el aumento de la edad jubilatoria, y la imposición de mayores aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad, diluyendo de hecho el histórico principio del 82% móvil. Para los sectores movilizados, la reforma de Frigerio configura una intervención real sobre la Caja de Jubilaciones y un saqueo directo al poder adquisitivo tanto de los trabajadores activos como de los actuales beneficiarios del sistema.

09-07-2026 / 09:07
09-07-2026 / 09:07
El proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales al poner en jaque conquistas laborales históricas con perspectiva de género. En su análisis, Lucy Grimalt advierte de manera tajante que “la reforma previsional es inconstitucional y atenta contra la vida y salud de las mujeres y disidencias sexuales”, señalando de forma puntual que la propuesta, en su artículo 18, “deroga el derecho de las mujeres a acceder a jubilarse con 30 años de aportes y cinco años menos de edad que los varones”. Lejos de tratarse de un beneficio infundado, la autora defiende que esta diferenciación cronológica responde a una “acción afirmativa o discriminación positiva” indispensable para “compensar desigualdades históricas estructurales” dentro de un mercado laboral fuertemente precarizado y desigual.
 
Asimismo, la publicación enfatiza el flagrante desapego del texto oficial frente a las normativas vigentes en la provincia, las cuales protegen las trayectorias de vida signadas por las tareas de cuidado no remuneradas. Grimalt recuerda de forma unívoca que la propia Carta Magna entrerriana de 2008 “instituye la equidad de género con carácter constitucional en el artículo 17”, donde textualmente “reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar”. En este sentido, la articulista denuncia que equiparar la edad jubilatoria bajo una falsa premisa de simetría o aplicar un criterio de “ajuste selectivo” no hace más que profundizar la vulnerabilidad socioeconómica de las trabajadoras, ignorando el mandato constitucional de compensar el impacto económico y social de la división sexual del trabajo.

06-07-2026 / 15:07
Detrás de los discursos oficiales de ordenamiento fiscal y un dócil alineamiento con el ajuste nacional, la realidad socioeconómica de Entre Ríos se traduce en una alarmante parálisis que golpea de lleno la mesa de las familias. El reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone un derrumbe dramático y estructural del consumo masivo: las ventas en supermercados acumuladas a abril de 2026 arrastran una estrepitosa caída del 26,6% en comparación con los niveles de 2023, afectando de manera severa a rubros de primera necesidad como almacén (-28,9%), carnes (-22,5%) y lácteos (-18,1%).
 
Esta alarmante retracción descalza el relato oficial y desnuda la total desprotección en la que la gestión de Rogelio Frigerio ha dejado a la provincia, permitiendo que una recesión sin freno devore la calidad de vida de los entrerrianos bajo una pasividad gubernamental alarmante. La explicación de este vaciamiento de las góndolas locales radica en la pulverización del bolsillo popular, donde los trabajadores registrados sufren una pérdida real de hasta el 10,1% de su poder adquisitivo en una economía provincial que ya ha visto evaporarse más de 300.000 millones de pesos del circuito comercial desde fines de 2023.
 
Mientras el Ejecutivo entrerriano ensaya justificaciones macroeconómicas y se desentiende de los efectos destructivos de la recesión, la asfixia del mercado interno no solo destruye el comercio local, sino que consolida un modelo de empobrecimiento planificado. El "cambio" prometido por Frigerio se revela así en su versión más cruda: una administración obsesionada con cumplir las exigencias ordenadas ante el poder central, pero dolorosamente indiferente ante las mesas vacías y los ingresos licuados de su propio pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular

06-07-2026 / 15:07
La gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos cruzó un límite ético: exigirle un ajuste feroz a los de abajo mientras la dirigencia política se salva sola. Bajo la bandera de una supuesta "sustentabilidad financiera", el oficialismo provincial avanza con una reforma previsional implacable que pretende estirar la edad de retiro, subir los aportes y licuar el histórico 82% móvil. Para el laburante común —el docente, el enfermero o el empleado estatal cuyos salarios ya perdieron más del 40% de su poder de compra bajo este mandato—, la propuesta gubernamental no es otra cosa que una condena a la pobreza legalizada; un manotazo al bolsillo popular para maquillar el déficit de una caja que los trabajadores no vaciaron.
 
La bofetada definitiva a la dignidad de los entrerrianos quedó en evidencia con el escandaloso doble estándar en el Senado, donde legisladores del propio bloque oficialista se apuraron a tramitar sus retiros en medio del debate para blindar sus privilegios antes de que caiga el hachazo de la nueva ley. Este oportunismo político despoja por completo de autoridad moral al gobierno de Frigerio, desnudando un esquema obsceno donde el sacrificio y la austeridad son obligaciones exclusivas para el pueblo trabajador, mientras que el "sálvese quien pueda" y las jubilaciones de privilegio siguen siendo el reglamento interno de la casta gobernante.
 
El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, expresó que: “los dos senadores que tienen responsabilidad muy importante en el proyecto ya iniciaron los trámites de jubilación. Eso también es una bofetada a cada uno de los laburantes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque ni ellos creen en lo que ellos mismos están legislando y están llevando adelante”.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar