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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Entre Ríos - 23-10-2024 / 12:10
LO QUE FALTABA: EL PROYECTO ES CONSIDERADO UN RETROCESO TOTAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL

Polémica: El porteño Frigerio quiere poner una inmobiliaria para vender inmuebles del Estado entrerriano sin autorización legislativa

Polémica: El porteño Frigerio quiere poner una inmobiliaria para vender inmuebles del Estado entrerriano sin autorización legislativa
Está en debate en la Cámara de Diputados un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que apunta a ordenar la gestión de los inmuebles del Estado y promueve para ello la creación de una agencia. Un artículo en particular, que elimina la obligación de que las ventas de tierras y edificios sea autorizada por ley, como se hace desde hace décadas, es considerada un retroceso en materia de control por parte de la oposición. "Rogelio Frigerio quiere hacer su inmobiliaria", apuntan en la oposición.
 
Está en debate en la Cámara de Diputados un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que apunta a ordenar la gestión de los inmuebles del Estado y promueve para ello la creación de una agencia. Un artículo en particular, que elimina la obligación de que las ventas de tierras y edificios sea autorizada por ley, como se hace desde hace décadas, es considerada un retroceso en materia de control por parte de la oposición. "Rogelio Frigerio quiere hacer su inmobiliaria", apuntan en la oposición.
 
El proyecto ingresó en junio y recién comenzó a ser tratado en comisión en septiembre. Dispone la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación.
 
La función principal de esta agencia será ocuparse de toda la actividad inmobiliaria del Estado. También la creación y gestión de un inventario de los mismos.
 
Actualmente, los bienes en cuestión son administrados desde dos organismos dependientes de la Fiscalía de Estado: la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles. Esas oficinas dejarían de existir y sus bienes y empleados pasarían a depender de la nueva agencia.
 
"La generación de recursos económicos a partir de operaciones inmobiliarias" es una de las facultades asignadas. La agencia podrá vender bienes incluso si están asignados a un uso específico "que no fuera conveniente a los bienes del Estado".
 
También tendrá potestad de asignar bienes a organismos provinciales, nacionales y municipales a título gratuito y gestionar la venta de inmuebles del Estado mediante subastas.
 
La carencia de una política pública que ordene el manejo de los inmuebles del Estado es uno de los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para impulsar los cambios.
 
Normas reiterativas, muchos organismos intervinientes, criterios disímiles y la ausencia de un registro son algunas de las falencias enumeradas en los fundamentos.
 
 
El artículo de la polémica
 
Desde la sanción de la ley 5.140, en 1996, si el gobierno entrerriano quiere vender, ceder, donar o transferir la titularidad de un bien debe elevar un proyecto a la Legislatura y lograr su aprobación.
 
La iniciativa en debate, en su artículo 16º, exceptúa de esta autorización legislativa a las operaciones en las que intervenga la nueva agencia.
 
"Es un proyecto complicado. Si bien es cierto que hay que mejorar los procesos de administración de los bienes del Estado, lo polémico en este caso es la eliminación de la intervención previa de la Legislatura para vender una propiedad, tierras o cualquier bien mueble o inmueble", comentó a este medio un legislador de la oposición.
 
Hubo cuestionamientos tanto del bloque del PJ como de miembros de las bancadas libertarias. "Nada impide que el gobierno de turno le ceda tierras a sus amigos para hacer negocios. Frigerio quiere hacer su propia inmobiliaria", apuntaron.
 
El proyecto está siendo analizado en la Comisión de Legislación General. En ese ámbito participó el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Gobernación, Matías Plugoboy, que confirmó la eliminación de la autorización legislativa.
 
"La conformación de esta agencia establece la posibilidad de agilizar la venta de aquellos inmuebles que se consideren pertinentes luego de un estudio y análisis. Se haría a través de una subasta, pero sin necesidad de que pase por la Legislatura como es en la actualidad", explicó el funcionario a Radio Diputados.
 
En la comisión que preside el radical Marcelo López llamó la atención que quien apareció a defender el proyecto fue el arquitecto Guillermo Marcone, referente del MID de Concordia, que fue precandidato a intendente por esa fuerza y luego candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en tercer lugar. "Fue presentado por el diputado López como participante en representación de Ivan Kerr", contó uno de los presentes.
 
Kerr fue secretario de Vivienda de la Nación del gobierno de Mauricio Macri, con Frigerio en el Ministerio del Interior. En Entre Ríos fue designado como síndico de Enersa.
 
Marcone fue nombrado en mayo al frente del Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, pero se quedó sin cargo en agosto cuando el presidente Javier Milei decidió remover a todos los jefes de distrito de Juntos por el Cambio.
 
Según los partes de prensa oficiales, en la Comisión de Legislación General, Marcone "se explayó sobre los fundamentos que respaldan la creación de la agencia y respondió consultas de los legisladores presentes".
 
Hay quienes ven en el dirigente concordiense al futuro titular de la agencia. El cargo tendrá rango similar al del secretario General de la Gobernación y su designación directa por parte del gobernador, sin concurso previo, también genera resistencias en los bloques opositores.
 
Fuente: Análisis Digital
 

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10-06-2026 / 14:06
El inicio del debate por la reforma previsional en el Senado entrerriano dejó en evidencia lo que ya se anticipaba en los pasillos de la Legislatura: un tratamiento exprés, opaco y plagado de cruces que demuestra la fragilidad de los argumentos oficiales. Bajo la pantalla de una supuesta "armonización" con el sistema nacional, el oficialismo intenta forzar un ajuste severo sobre las espaldas de las y los trabajadores provinciales, recurriendo a diagnósticos sesgados que omiten deliberadamente las verdaderas causas del desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
 
De acuerdo con lo consignado por el medio especializado Sociedad Política en su artículo "El debate por la reforma previsional comenzó con cruces entre funcionarios y senadores de la oposición", la primera reunión de comisión se convirtió en un escenario de fuertes tensiones. Los funcionarios provinciales desembarcaron en el Senado con un libreto rígido y justificaciones netamente matemáticas sobre la relación entre activos y pasivos, pretendiendo clausurar una discusión profunda. La oposición legislativa y las representaciones gremiales no tardaron en desnudar las falencias del proyecto: se cuestionó con dureza el apuro oficialista por imponer modificaciones estructurales y la preocupante discrecionalidad que la declaración de "emergencia previsional" le otorgaría al Poder Ejecutivo.
 
El nudo del conflicto radica en las recetas que el oficialismo pretende aplicar, las cuales repiten viejos dogmas neoliberales. La iniciativa de Frigerio contempla una unificación progresiva de los requisitos de edad —llegando a proponer un esquema que eleva la edad jubilatoria a los 68 años para los nuevos ingresantes, una de las más altas a nivel global—, lo que constituye un ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero. Peor aún, el proyecto introduce un brutal sesgo de género al no reconocer el valor de las tareas de reproducción y cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Mientras tanto, las corporaciones empresarias y los sectores más concentrados de la economía provincial —los grandes beneficiados de siempre— miran desde afuera sin aportar un solo centavo extraordinario, ya que toda la carga del desequilibrio financiero se traslada de forma directa a los bolsillos pulverizados de los activos y pasivos mediante "aportes extraordinarios".
 
De la redacción de La Opinión Popular

09-06-2026 / 22:06
09-06-2026 / 21:06
08-06-2026 / 14:06
El demoledor informe "Hogares bajo tensión", elaborado por el dirigente Sergio Benítez (Siatrasag) para el Cisper, deja al descubierto las consecuencias del brutal ajuste coordinado entre el gobierno nacional de Javier Milei y la gestión provincial de Rogelio Frigerio. Entre febrero de 2024 y abril de 2026, la tarifa eléctrica en Entre Ríos sufrió un incremento desorbitado del 606%, superando ampliamente la inflación y pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyos sueldos en el sector público apenas aumentaron un 118%. Esta transferencia de recursos profundiza la pérdida del poder de compra y condena a las familias entrerrianas a una situación de vulnerabilidad extrema, donde un docente debe destinar casi dos días enteros de su salario solo para abonar una factura estándar de luz.

La investigación devela, además, una alarmante contradicción que desnuda la insensibilidad de la administración de Frigerio: mientras los usuarios residenciales son sometidos a tramos tarifarios altamente regresivos y se ven imposibilitados de pagar sus boletas, la empresa estatal Enersa registró ganancias netas superiores a los 42.000 millones de pesos (unos 40 millones de dólares). Lejos de cumplir con las promesas oficiales de alivio económico, la pasividad de la provincia ante la quita de subsidios dispuesta por Milei demuestra que el acceso a la energía dejó de ser considerado un derecho humano básico en Entre Ríos para convertirse en una caja de recaudación política a costa del sacrificio del pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular
 

08-06-2026 / 14:06
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