09:00 | Domingo 20 de Julio de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 22-10-2014 / 08:10
MANIOBRA DESESPERADA PARA DESVIAR LA ATENCIÓN POR EL ESCÁNDALO DE LÁZARO BÁEZ
Para tapar la realidad, Cristina envía al Congreso la reforma del Código Procesal Penal
¿Qué ha llevado a Cristina a hablar de inseguridad, cuando es una problemática que ha estado ausente en sus discursos desde que es presidenta, al extremo que sus laderos la definieron como “una mera sensación inventadas por los medios”? Evidentemente, quiere cambiar la agenda de temas de la opinión pública, que la tiene a Ella en un primer plano a partir de sus estrechos vínculos con el empresario Lázaro Báez, cada vez más comprometido por el escándalo de la ruta del dinero K y las denuncias del lavado de dinero.
Anoche, durante 25 minutos, tuvimos que escuchar a la presidenta Cristina Fernández hablar del proyecto de reforma del Código Procesal Penal que incluye, entre otras iniciativas, el aumento del poder discrecional de los fiscales K que están alineados con Alejandra Gils Carbó y la expulsión de extranjeros que sean sorprendidos in fraganti en un delito.
"Proponemos un sistema acusatorio. Este mecanismo delega en el fiscal toda la investigación", sintetizó CFK al explicar el proyecto. Lo que no dice es que muchos de los fiscales federales fueron nombrados por la administración K de forma absolutamente irregular y responden a la Procuración General de la Nación a cargo de la ultrakirchnerista Gils Carbó.
Y como si hubiese asumido hace dos días, Cristina hizo de relatora de la realidad. Habló de "puertas giratorias", haciendo alusión a los delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra; de la lentitud de la Justicia, y de las facilidades que tienen los delincuentes para cometer sus fechorías. "La sociedad se siente desprotegida", añadió sin sonrojarse.
Como siempre, en el discurso de Cristina estuvo ausente la autocrítica: la inseguridad es producto de una situación social y económica generada por las políticas del gobierno K. Uno de cada tres compatriotas vive en la pobreza o en la indigencia, en un contexto de marcado crecimiento del narcotráfico y de las adicciones. La marginalidad, en definitiva, es la principal fábrica de delincuentes.
¿Qué ha llevado a CFK a hablar de inseguridad, cuando es una problemática que ha estado ausente en sus discursos desde que es presidenta, al extremo que sus laderos la definieron como "una mera sensación inventadas por los medios"?
Evidentemente, Cristina quiere cambiar la agenda de temas de la opinión pública, que la tiene a Ella en un primer plano a partir de sus estrechos vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez, cada vez más comprometido por el escándalo de la ruta del dinero K y las denuncias del lavado de dinero.
En definitiva, intentar hacer creer que -luego de 11 años en el poder- el Gobierno está preocupado porque haya Justicia, en un país donde reina la impunidad del poder político. También busca, desesperadamente, desviar la atención pública ante la grave situación económica, con una inflación del 40% anual que ha devorado el poder adquisitivo de los salarios. A su vez, el nivel de reservas del Banco Central no para de caer, y vuelve a la Argentina cada vez más vulnerable.
Mientras se extingue su mandato, el gobierno de CFK sólo intenta aplicar parches que de poco y nada sirven. Si estas iniciativas hubiesen sido instrumentadas hace cinco años, quizás habría encontrado algunas soluciones. El tiempo de Cristina, para aplicar este tipo de reformas, ya se agotó. Y no cuenta con la mínima idoneidad moral necesaria, para reformar el Código, un gobierno que protege y encubre a Boudou.
La Opinión Popular
"Proponemos un sistema acusatorio. Este mecanismo delega en el fiscal toda la investigación", sintetizó CFK al explicar el proyecto. Lo que no dice es que muchos de los fiscales federales fueron nombrados por la administración K de forma absolutamente irregular y responden a la Procuración General de la Nación a cargo de la ultrakirchnerista Gils Carbó.
Y como si hubiese asumido hace dos días, Cristina hizo de relatora de la realidad. Habló de "puertas giratorias", haciendo alusión a los delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra; de la lentitud de la Justicia, y de las facilidades que tienen los delincuentes para cometer sus fechorías. "La sociedad se siente desprotegida", añadió sin sonrojarse.
Como siempre, en el discurso de Cristina estuvo ausente la autocrítica: la inseguridad es producto de una situación social y económica generada por las políticas del gobierno K. Uno de cada tres compatriotas vive en la pobreza o en la indigencia, en un contexto de marcado crecimiento del narcotráfico y de las adicciones. La marginalidad, en definitiva, es la principal fábrica de delincuentes.
¿Qué ha llevado a CFK a hablar de inseguridad, cuando es una problemática que ha estado ausente en sus discursos desde que es presidenta, al extremo que sus laderos la definieron como "una mera sensación inventadas por los medios"?
Evidentemente, Cristina quiere cambiar la agenda de temas de la opinión pública, que la tiene a Ella en un primer plano a partir de sus estrechos vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez, cada vez más comprometido por el escándalo de la ruta del dinero K y las denuncias del lavado de dinero.
En definitiva, intentar hacer creer que -luego de 11 años en el poder- el Gobierno está preocupado porque haya Justicia, en un país donde reina la impunidad del poder político. También busca, desesperadamente, desviar la atención pública ante la grave situación económica, con una inflación del 40% anual que ha devorado el poder adquisitivo de los salarios. A su vez, el nivel de reservas del Banco Central no para de caer, y vuelve a la Argentina cada vez más vulnerable.
Mientras se extingue su mandato, el gobierno de CFK sólo intenta aplicar parches que de poco y nada sirven. Si estas iniciativas hubiesen sido instrumentadas hace cinco años, quizás habría encontrado algunas soluciones. El tiempo de Cristina, para aplicar este tipo de reformas, ya se agotó. Y no cuenta con la mínima idoneidad moral necesaria, para reformar el Código, un gobierno que protege y encubre a Boudou.
La Opinión Popular
AVANCE K SOBRE LA JUSTICIA
Los K aceleran para reformar el Código Procesal Penal
El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) avanza a través del Ministerio de Justicia en su intención de enviar en los próximos días al Congreso el proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal de la Nación (CPPN). Prueba de ello es que la semana pasada le pidió a la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados copias de todos los proyectos existentes allí sobre el asunto. Todavía no está claro cómo será el proyecto final, pero lo cierto es que se trabaja en el asunto, como anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace más de dos semanas, cuando promulgó en un acto público la ley del nuevo Código Civil y Comercial unificado que recién empezará a aplicarse en 2016.
En la comisión de Diputados presidida por la opositora Patricia Bullrich (UNION-PRO) hay casi una decena de proyectos vigentes, uno de su propia autoría. Todos ellos fueron enviados al PEN, según dijeron fuentes parlamentarias. La idea del Ejecutivo era mandar el proyecto la semana pasada, pero no se llegó a tiempo y ahora se especula con remitirlo en los próximos días.
Tal como lo hizo con el Código Civil, el kirchnerismo pretende "modernizar" la legislación en materia penal y si bien no lo hará en el código de fondo, por las críticas que despertó la propuesta (qué es delito y con qué pena se lo castiga), sí lo hará con el de procedimiento, una reforma en la que coincide casi toda la academia.
La duda principal es si el reducido plazo que se les pretende imponer a los fiscales para acusar a un infractor acelerará el sistema de enjuiciamiento, como todos quieren y están de acuerdo, o garantizará la impunidad para los casos de corrupción o "guante blanco", como afirman algunos.
Fuentes judiciales ya habían advertido a Clarín la posibilidad de que varias causas complejas prescriban a causa de la transición entre el sistema actual y el que ahora se propone, del tipo acusatorio, más que nada por el "bache" entre el viejo procedimiento y el nuevo.
"Si la idea es mandarlo (el proyecto), a los 15 días aprobarlo y enseguida aplicarlo, estamos mal", expresó ante este diario un alto ex funcionario del Poder Judicial del actual Gobierno. La misma fuente sugirió la conveniencia de aplicar un sistema gradual en la aplicación de la eventual nueva ley y remitió al ejemplo de lo realizado en Chile, donde el nuevo Código Procesal Penal se aplicó primero en las provincias y luego en la ciudad capital del país, Santiago.
Si bien el proyecto que el Gobierno enviará al Parlamento abreva de varias fuentes, la principal de ellas, según las fuentes consultadas, sería la reforma realizada hace más de 15 años en la provincia de Buenos Aires, donde no funciona muy bien, según todos los consultados. La idea es entregar el poder de la investigación a los fiscales y dejar a los jueces como garantes del debido proceso.
La Comisión de Legislación Penal a cargo de Bullrich había comenzado a trabajar este año en la unificación de varios proyectos para modernizar el Código de Procedimiento en materia penal. En total hay ocho proyectos. El Gobierno puso el ojo en uno viejo del rionegrino Oscar Albrieu, aunque las bases de su iniciativa serían las ideas del ex juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Julio Maier y las del titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Alberto Binder.
El anteproyecto que se presentaría esta semana sólo sería acompañado por la oposición si es que la reforma incluye una modificación para limitar el poder del procurador general de la Nación -hoy Alejandra Gils Carbó- ya que la "verticalidad" del Ministerio Público Fiscal (MPF) le otorgaría a éste una herramienta de alcances incalculables que algunos sospechan pueda generar una carta de impunidad para los actuales funcionarios kirchneristas bajo la lupa judicial.
Por Lucio Fernández Moores
Fuentes: Clarín, Diario Hoy y LOP
Los K aceleran para reformar el Código Procesal Penal
El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) avanza a través del Ministerio de Justicia en su intención de enviar en los próximos días al Congreso el proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal de la Nación (CPPN). Prueba de ello es que la semana pasada le pidió a la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados copias de todos los proyectos existentes allí sobre el asunto. Todavía no está claro cómo será el proyecto final, pero lo cierto es que se trabaja en el asunto, como anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace más de dos semanas, cuando promulgó en un acto público la ley del nuevo Código Civil y Comercial unificado que recién empezará a aplicarse en 2016.
En la comisión de Diputados presidida por la opositora Patricia Bullrich (UNION-PRO) hay casi una decena de proyectos vigentes, uno de su propia autoría. Todos ellos fueron enviados al PEN, según dijeron fuentes parlamentarias. La idea del Ejecutivo era mandar el proyecto la semana pasada, pero no se llegó a tiempo y ahora se especula con remitirlo en los próximos días.
Tal como lo hizo con el Código Civil, el kirchnerismo pretende "modernizar" la legislación en materia penal y si bien no lo hará en el código de fondo, por las críticas que despertó la propuesta (qué es delito y con qué pena se lo castiga), sí lo hará con el de procedimiento, una reforma en la que coincide casi toda la academia.
La duda principal es si el reducido plazo que se les pretende imponer a los fiscales para acusar a un infractor acelerará el sistema de enjuiciamiento, como todos quieren y están de acuerdo, o garantizará la impunidad para los casos de corrupción o "guante blanco", como afirman algunos.
Fuentes judiciales ya habían advertido a Clarín la posibilidad de que varias causas complejas prescriban a causa de la transición entre el sistema actual y el que ahora se propone, del tipo acusatorio, más que nada por el "bache" entre el viejo procedimiento y el nuevo.
"Si la idea es mandarlo (el proyecto), a los 15 días aprobarlo y enseguida aplicarlo, estamos mal", expresó ante este diario un alto ex funcionario del Poder Judicial del actual Gobierno. La misma fuente sugirió la conveniencia de aplicar un sistema gradual en la aplicación de la eventual nueva ley y remitió al ejemplo de lo realizado en Chile, donde el nuevo Código Procesal Penal se aplicó primero en las provincias y luego en la ciudad capital del país, Santiago.
Si bien el proyecto que el Gobierno enviará al Parlamento abreva de varias fuentes, la principal de ellas, según las fuentes consultadas, sería la reforma realizada hace más de 15 años en la provincia de Buenos Aires, donde no funciona muy bien, según todos los consultados. La idea es entregar el poder de la investigación a los fiscales y dejar a los jueces como garantes del debido proceso.
La Comisión de Legislación Penal a cargo de Bullrich había comenzado a trabajar este año en la unificación de varios proyectos para modernizar el Código de Procedimiento en materia penal. En total hay ocho proyectos. El Gobierno puso el ojo en uno viejo del rionegrino Oscar Albrieu, aunque las bases de su iniciativa serían las ideas del ex juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Julio Maier y las del titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Alberto Binder.
El anteproyecto que se presentaría esta semana sólo sería acompañado por la oposición si es que la reforma incluye una modificación para limitar el poder del procurador general de la Nación -hoy Alejandra Gils Carbó- ya que la "verticalidad" del Ministerio Público Fiscal (MPF) le otorgaría a éste una herramienta de alcances incalculables que algunos sospechan pueda generar una carta de impunidad para los actuales funcionarios kirchneristas bajo la lupa judicial.
Por Lucio Fernández Moores
Fuentes: Clarín, Diario Hoy y LOP
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