Nacionales
17-02-2026 / 10:02
EN TANTO, LA CGT RESOLVIÓ REALIZAR UN PARO NACIONAL PARA ESTE JUEVES O EL DÍA EN QUE SE TRATE EL PROYECTO OFICIAL QUE DESTRUYE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES
Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
La Opinión Popular
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
La Opinión Popular
SERÁ SIN MOVILIZACIÓN
La CGT convocó a un paro nacional contra la destrucción de los derechos de los trabajadores
El consejo directivo se reunió y definió que la huelga, la cuarta de la era Milei, se realizará el día que se debata el proyecto en Diputados. El oficialismo pretende que se sancione este jueves. Organizaciones sociales, sindicales y políticas marcharán igual al Congreso.
Por Felipe Yapur
Javier Milei quiere la sanción de la reforma laboral en su escritorio lo antes posible. A su entender, es un triunfo que quiere exponer en el discurso de apertura de sesiones del Congreso de marzo próximo. Por lo tanto, la pretensión del oficialismo es aprobar el proyecto esta misma semana. La fecha probable es el jueves 19. En ese contexto, la CGT y tras una reunión de su consejo directivo por Zoom, anunció la realización de un paro nacional de 24 horas para esa jornada o cuando se concrete la sesión. Es el cuarto paro que la central obrera realiza desde que los libertarios gobiernan la Argentina.
Se prevé una medida de fuerza con potencia, sobre todo porque los gremios del transporte adhieren, lo que garantiza un parate importante en todo el país. Eso no quita que frente al Congreso haya movilizaciones de gremios, organizaciones sociales y políticas contra este dañino proyecto. La duda que persiste, al menos en lo legislativo, es si habrá o no modificaciones al texto aprobado en el Senado que reclaman incluso desde algunos sectores aliados al gobierno en el Congreso.
El paro siempre estuvo en los discursos de los triunviros de la CGT. Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello lo dijeron en el acto que hicieron el pasado 18 de diciembre en Plaza de Mayo, pero -vale aclararlo- no encabezaba la nómina de acciones prevista en el plan de lucha que enarbolaban.
Ahora esta medida de acción directa, la más importante de todas y prevista incluso en la Constitución Nacional, comenzó a organizarse. Durante el encuentro virtual que mantuvo el consejo directivo de la CGT se impuso sin problemas el paro nacional. Eso sí, antes se rechazaron propuestas que incluían una movilización. Los integrantes del secretariado nacional, con apoyo de los sectores conocidos como Gordos e Independientes, desactivaron la vuelta a la calle.
El miércoles a las 11 en la sede de la CGT, el triunvirato informará oficialmente la realización de la huelga nacional. Se espera que esté confirmada la sesión para el día siguiente.
La opción por el paro tiene al menos dos motivos. Uno de ellos es que la conducción sabe que no pueden postergar más esta medida, mucho menos después de la media sanción en el Senado. El otro motivo es que lograron que se sumaran los gremios más importantes a la hora de parar el país: los maquinistas de La Fraternidad de Omar Maturano y la escurridiza Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Los trenes son los que transportan buena parte de los trabajadores que llegan a la Ciudad de Buenos Aires desde el conurbano. Los colectivos se hacen cargo del resto. Ahora, si ambos no funcionan la postal de un país detenido por un paro nacional de trabajadores se vuelve imponente.
La participación de La Fraternidad y la UTA no es un dato menor. Ambos gremios mantienen discrepancias con la conducción de la CGT que ahora las dejaron de lado. Igual Maturano no oculta sus críticas y señala el exceso de dialoguismo en la conducción cegetista y la demora en llamar a una huelga nacional. Incluso considera que debería ser más extensa y se inclina por unas 48 horas de paro.
Dentro de este panorama hay una duda que persiste y es que los colectiveros que responden a Roberto Fernández cumplan con el compromiso asumido de no hacer circular las unidades. La duda no es gratuita, hay antecedentes. Tal vez por eso es que, medio en serio medio en broma, en la reunión de CGT se pidió que Fernández esté presente en la conferencia de prensa de este miércoles.
El consejo directivo
El encuentro, virtual por el feriado de carnaval, se había vuelto imprescindible una vez que la Rosada hizo trascender que esta semana buscará sancionar el proyecto. Durante la reunión, el triunviro y dirigente camionero, Octavio Argüello, se mostró proclive a sumar una movilización. El secretario gremial de la CGT, el metalúrgico Osvaldo Lobato, hizo la misma propuesta. La UOM, impulsora de un perfil más combativo de la central obrera y promotora del FreSU (Frente Sindical Unido), detalló la necesidad de estar frente al Congreso. El impacto negativo que tiene este proyecto, pero sobre todo el modelo económico, en los gremios de la industria es más que preocupante.
La propuesta no encontró eco, pero por ahora el FreSU mantiene su convocatoria a movilizar el jueves. Los partidos de izquierda y organizaciones sociales ya adelantaron que más allá del paro de la CGT, se movilizarán al Congreso.
La otra duda que circuló entre lo participantes es si el paro general podría impedir que la sesión se realice con normalidad. Es poco probable que eso ocurra. Si bien los trabajadores legislativos van a adherir a la medida de fuerza, su tarea será reemplazada por personal jerárquico. A los sumo, como confió un conocedor de esa tarea sindical, ese día los diputados no tendrán café en sus bancas o la comida del almuerzo o cena. En tanto, los taquígrafos trabajarán porque no son parte del gremio legislativo que dirige Norberto Di Próspero.
En tanto, la conducción cegetista dejó entrever que todavía espera poder influir en algunos diputados. De hecho van a participar de la reunión de comisión que debe emitir dictamen este miércoles para que al día siguiente pueda ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados.
La apuesta de la conducción de la central obrera es que se logren introducir modificaciones en el texto aprobado por la Cámara alta. Sobre todo al artículo 44 que impone la reducción salarial por enfermedades que no estén relacionadas con la tarea que cumpla el trabajador.
La posible modificación, que no debilita el daño que tiene toda la iniciativa, si provocaría un malestar en el gobierno al demorar la sanción porque cualquier cambio obliga a que el proyecto retorne al Senado, la Cámara de origen.
Ahora bien, cualquier dilación podría perjudicar el uso político publicitario que Milei pretende darle a la reforma laboral. Y es que el Presidente quiere citar la ley sancionada como uno de sus principales éxitos de gestión durante el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo.
Consciente de ese peligro, la senadora Patricia Bullrich está prometiendo desde modificaciones al artículo 44 en el decreto reglamentario, pasando por un DNU y hasta una ley complementaria para que se vote tal como está el texto normativo. Para que le crean antes deberían haber existido gestos que garanticen la confianza que requiere aceptar este cheque en blanco que impulsa la belicosa senadora.
El tema de las licencias médicas genera rechazos, incluso en bloques como el PRO. Allí reside la esperanza de la conducción cegetista para lograr incluso alguna otra modificación que mengüe el daño. El tema es la cantidad de votos que se cosechen a la hora de aprobar esas correcciones. Cuanto más respaldo tenga le resultará más difícil al oficialismo rechazarlas en el Senado. Lo ideal sería que se aprueben con los dos tercios de diputados. Eso obligará a los libertarios a buscar los seis votos que le faltarían ya que la media sanción se logró con 42 votos. Y esas voluntades las tendrían que obtener en el bloque Justicialista, una tarea un tanto imposible.
Lo cierto es que más allá de las modificaciones que puedan hacerse o no al proyecto de reforma laboral, como reconoció un dirigente del consejo directivo a este diario, el impacto negativo que tendrá en los trabajadores todavía no se puede mensurar. Pero además advirtió que también impactará en la CGT. "Habrá que esperar otro gobierno peronista para que se restituyan todos los derechos que se están conculcando y es poco probable que para ese entonces haya una sola CGT", presagió.
Fuente: Página 12
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