Entre Ríos
03-01-2026 / 18:01
EL INTENDENTE DE CONCORDIA DEMUESTRA ASÍ SU TOTAL ALINEAMIENTO CON LA BRUTAL POLÍTICA DE AJUSTE DE MILEI Y FRIGERIO
María de los Ángeles Petit: los contratos municipales caídos son una mentira política y administrativa de Azcué
María de los Ángeles Petit, abogada y dirigente peronista, dio su visión acerca de la "no renovación" de contratos de locación de obras por parte del intendente Francisco Azcué. Bajo el título "Despidos: una mentira política y administrativa", quien fuera coordinadora de Gabinete de la Municipalidad de Concordia durante la gestión de Enrique Cresto analiza y cuestiona el discurso oficial en torno a los contratos caídos en la ciudad.
María de los Ángeles Petit, abogada y dirigente peronista, dio su visión acerca de la "no renovación" de contratos de locación de obras por parte del intendente Francisco Azcué. Bajo el título "Despidos: una mentira política y administrativa", quien fuera coordinadora de Gabinete de la Municipalidad de Concordia durante la gestión de Enrique Cresto analiza y cuestiona el discurso oficial en torno a los contratos caídos en la ciudad.
A continuación, se reproduce textualmente el artículo de opinión, firmado por la también exdiputada provincial.
Despidos: una mentira política y administrativa
La no renovación de los contratos de locación de obras por parte de la gestión de Francisco Azcué se ha convertido en normalidad, ya que cada 6 meses desde diciembre de 2023, el Intendente de Concordia pretende demostrar el ajuste, la baja del gasto público y su alineamiento con la política nacional y provincial, a través de la no renovación de contratos, que en su mayoría se convierten en despidos indirectos con la consecuente responsabilidad de indemnización.
Desde antes de su asunción, Azcué contó con los números muy claros en cuanto a la planta de personal municipal que nunca superó los 2000 agentes, número coherente y coincidente con estudios municipales especializados, para una ciudad que supera los 200.000 habitantes.
Desde el 2015 al 2023, la planta se mantuvo en ese promedio, con distintas modalidades de contratación, las que fueron mutando de acuerdo a la antigüedad de cada agente, dentro de la administración pública, ya sea como contratado de locación de servicios y servicios continuados a través de programas de empleo propio o bien ingresados por concurso público , realizándose en tiempo y forma la re categorización del personal de planta, lo que en esta gestión todavía no se ha realizado y lleva , mínimo, un trabajo previo de 6 a 8 meses.
La regularización del personal en los años 2022 y 2023 con pase a contratado con aportes, fue un trabajo realizado coordinadamente entre las diferentes áreas municipales, entre ellas la de Recursos Humanos, con información de la antigüedad de cada agente y Liquidaciones, para constatar la continuidad del pago, fundamental para la determinación de la relación laboral.
Cada agente que hoy se despide, tiene su historia laboral con el municipio, algunos poseen años de contratación o liquidación de servicios, que hoy, simplemente con pedir un resumen histórico de su cuenta bancaria, se demuestra.
Estas embestidas del Intendente, que se ejecutan cada 6 meses, no analizan ni consideran las consecuencias de sus decisiones, no solo a nivel social- económico y lo que esto causa a la ya inexistente existencia de empleos en la ciudad, sino aquellas que recaerán sobre el municipio, que se producirán, y que deberán ser afrontadas dentro de un promedio de 2 años, duración mínima de un proceso contencioso administrativo contra el Estado.
Pero más allá del análisis jurídico, el despido de trabajadores del estado, no es por lograr eficiencia, eficacia, transparencia y baja del gasto público, como se pregona, sino que tiene un objetivo más terrenal, que es el ingreso a mansalva de monotributistas en todas las áreas municipales, por personal ideológicamente afín con la gestión. El Intendente comienza a blindar su frente interno, preparando su campaña del 2027 por la reelección y lo hace a través de la distribución de ingresos a través de los recursos públicos.
La determinación del número exacto de monotributistas ingresados desde el 10/12/2023 es difícil de establecer por la modalidad de pago a través de expedientes y el sistema de liquidación de pagos , imposible de rastrear sin una orden judicial que permita reunir toda la información, adecuadamente diseminada, sin ningún control interno ni externo.
Esta metodología de baja del gasto público es la más fácil administrativamente. Tomar el listado de liquidaciones, mirar quienes pasaron a contratación por aportes y marcar una línea desde el primer pago y dar la orden y comunicar, a través de formas totalmente irregulares.
Lo inexplicable es que presupuestariamente, el gran costo social que trae consigo dejar a cientos de familias sin ingresos, no se refleja. Los números se mantienen en igual forma, distribuidos y perdidos en las diferentes secretarias o áreas como servicios a terceros, o enmascarados a través de la contratación de ONGs alguna de ella presididas por familiares directos de funcionarios municipales o Universidades que asesoran desde sus cómodos claustros sin conocer aquello cuyo destino están marcando. Típico, por otro lado, de políticas liberales de extrema derecha.
Como se ve, todas las explicaciones son quizás, para los que no conocen la administración pública o quieren todavía creer que esa gestión significa un cambio de paradigma para la ciudad. Una ciudad sucia, rota, con un nivel de falta de gestión alarmante y un alineamiento político que se trata de emular, pero que no se consigue en ningún momento.
Lo cierto, lo real es que, desde diciembre de 2023, más de 300 familias de Concordia han quedado sin trabajo, y para la política municipal, son solo números.
Fuente: El Entre Ríos
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