Entre Ríos
30-11-2025 / 21:11
PANORAMA POLÍTICO ENTRERRIANO
Frigerio y las promesas de un Papá Noel vestido de violeta
Rogelio Frigerio necesita robustecer su imagen porque le esperan dos años duros, más allá de su rol dialoguista con Javier Milei. El gobernador necesita solucionar las deudas internas, esas que mellan su administración de Gobierno y que pueden hipotecarle su futuro político. Diciembre siempre ha sido un mes difícil para la gestión. Alienta el consumo y prepara a los entrerrianos para tomar un respiro en el verano. Los eneros suelen ser traumáticos. Frigerio espera por Papá Noel, vestido de violeta, para que cumpla las promesas financieras. Es que Milei ha prometido toda una serie de compensaciones a las provincias que, hasta hoy, no se ha cumplido.
Realizar obras. Esa es la clásica estrategia para que un gobernante se sostenga en la consideración pública. Pero esas obras no se circunscriben tan solo a mejorar la cara de un municipio, de una provincia y, en definitiva, de una gestión. Se trata de un proceso de construcción política de mediano y de largo plazo porque la pelea por 2027 ya arrancó, en el mismo momento que el 26 de octubre se conocieron los resultados.
Rogelio Frigerio necesita robustecer su imagen porque le esperan dos años duros, más allá de su rol dialoguista con Javier Milei. El gobernador necesita solucionar las deudas internas, esas que mellan su administración de Gobierno y que pueden hipotecarle su futuro político. Diciembre siempre ha sido un mes difícil para la gestión. Alienta el consumo y prepara a los entrerrianos para tomar un respiro en el verano. Los eneros suelen ser traumáticos. Frigerio espera por Papá Noel, vestido de violeta, para que cumpla las promesas financieras. Es que Milei ha prometido toda una serie de compensaciones a las provincias que, hasta hoy, no se ha cumplido.
He aquí donde empiezan las dudas de los gobernadores. Santilli tiene toda la predisposición para acordar con ellos, pero chocan con el frontón que impuso el mismo presidente de la Nación: Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía. Más temprano que tarde, todos aquellos que negocian en la Casa Rosada tendrán que cruzarse al frente, al Palacio de Hacienda para saber si habrá financiación.
Los gobernadores son observados de cerca por los libertarios en la nueva etapa institucional que se abrió tras las elecciones de medio término. Deben unirse en el reclamo a Nación porque el torbellino violeta ha perdido fuerza. De otra manera, no se explica la impronta que Milei le ha dado a Santilli para que visite y verseé a los mandatarios.
Entre Ríos tiene la urgencia de otros distritos, como los patagónicos, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba para salir al mercado voluntario de crédito para endeudarse en dólares aprovechando la baja del Riesgo País. "De ninguna manera nos endeudaremos. Antes hay que reclamar lo que nos corresponde", exclama el PJ entrerriano cuando se le consulta acerca de la posibilidad de que la provincia recurra a empréstitos en el exterior para encarar obras de infraestructura, por ejemplo.
El porteño gobernador prefiere esperar, al igual que su ministro de Economía, que en los días que le quedan a esta semana realizará un peregrinaje por distintos despachos oficiales en Buenos Aires. Los salarios estatales deben estar calzados. Además, se pagará el medio aguinaldo y antes del 6 de enero, Festividades de los Reyes Magos, los salarios de diciembre. La inyección dineraria que el Estado volcará al circuito financiero y comercial rozará los $ 400.000 millones.
En Economía hay inquietud porque la recaudación de impuestos no sigue el mismo ritmo que el incremento salarial, que a su vez está retasado con la inflación. Los colaboradores de Fabián Boleas, ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, estiman una caída real del 9% en los ingresos tributarios. Frente a esa realidad, y con el fin de sostener el equilibrio en las cuentas públicas, la Provincia debería redoblar las gestiones para que el Gobierno nacional cumpla con el pago de las acreencias.
¿Cuánto le debe la Casa Rosada a Entre Ríos? Según los cálculos preliminares, por compensación de deudas, hay un saldo a favor de la provincia que superaría los $ 50.000 millones. En el conjunto de reclamos también se incorporan los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no girados por el gobierno central. En este sentido, en los últimos dos años y medio se ha generado una masa de unos $ 63.000 millones que debieron llegar a Entre Ríos, tomando en cuenta el índice de coparticipación. Y la deuda con la Caja de Jubilaciones.
Rogelio Frigerio necesita robustecer su imagen porque le esperan dos años duros, más allá de su rol dialoguista con Javier Milei. El gobernador necesita solucionar las deudas internas, esas que mellan su administración de Gobierno y que pueden hipotecarle su futuro político. Diciembre siempre ha sido un mes difícil para la gestión. Alienta el consumo y prepara a los entrerrianos para tomar un respiro en el verano. Los eneros suelen ser traumáticos. Frigerio espera por Papá Noel, vestido de violeta, para que cumpla las promesas financieras. Es que Milei ha prometido toda una serie de compensaciones a las provincias que, hasta hoy, no se ha cumplido.
He aquí donde empiezan las dudas de los gobernadores. Santilli tiene toda la predisposición para acordar con ellos, pero chocan con el frontón que impuso el mismo presidente de la Nación: Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía. Más temprano que tarde, todos aquellos que negocian en la Casa Rosada tendrán que cruzarse al frente, al Palacio de Hacienda para saber si habrá financiación.
Los gobernadores son observados de cerca por los libertarios en la nueva etapa institucional que se abrió tras las elecciones de medio término. Deben unirse en el reclamo a Nación porque el torbellino violeta ha perdido fuerza. De otra manera, no se explica la impronta que Milei le ha dado a Santilli para que visite y verseé a los mandatarios.
Entre Ríos tiene la urgencia de otros distritos, como los patagónicos, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba para salir al mercado voluntario de crédito para endeudarse en dólares aprovechando la baja del Riesgo País. "De ninguna manera nos endeudaremos. Antes hay que reclamar lo que nos corresponde", exclama el PJ entrerriano cuando se le consulta acerca de la posibilidad de que la provincia recurra a empréstitos en el exterior para encarar obras de infraestructura, por ejemplo.
El porteño gobernador prefiere esperar, al igual que su ministro de Economía, que en los días que le quedan a esta semana realizará un peregrinaje por distintos despachos oficiales en Buenos Aires. Los salarios estatales deben estar calzados. Además, se pagará el medio aguinaldo y antes del 6 de enero, Festividades de los Reyes Magos, los salarios de diciembre. La inyección dineraria que el Estado volcará al circuito financiero y comercial rozará los $ 400.000 millones.
En Economía hay inquietud porque la recaudación de impuestos no sigue el mismo ritmo que el incremento salarial, que a su vez está retasado con la inflación. Los colaboradores de Fabián Boleas, ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, estiman una caída real del 9% en los ingresos tributarios. Frente a esa realidad, y con el fin de sostener el equilibrio en las cuentas públicas, la Provincia debería redoblar las gestiones para que el Gobierno nacional cumpla con el pago de las acreencias.
¿Cuánto le debe la Casa Rosada a Entre Ríos? Según los cálculos preliminares, por compensación de deudas, hay un saldo a favor de la provincia que superaría los $ 50.000 millones. En el conjunto de reclamos también se incorporan los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no girados por el gobierno central. En este sentido, en los últimos dos años y medio se ha generado una masa de unos $ 63.000 millones que debieron llegar a Entre Ríos, tomando en cuenta el índice de coparticipación. Y la deuda con la Caja de Jubilaciones.
Hay un interbloque de legisladores nacionales del interior. No hay denominación oficial, pero sí una composición primaria. Lo integrarían nueve senadores y, al menos, 17 diputados nacionales. Es una iniciativa que tiende a darles a un puñado de provincias una representatividad particular para no caer en la generalidad de lo que será la bancada de Fuerza Patria, que no ha podido detener la hemorragia peronista en el Congreso. En esa cruzada está el tucumano Osvaldo Jaldo, lo acompañan el misionero Hugo Passalacqua, el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil y el neuquino Rolando Figueroa. La convocatoria sigue abierta, pero esos mandatarios serán los fundacionales. Todos ellos son dialoguistas.
Frigerio no se ha integrado a ese grupo, porque siempre mostró una posición muy afín al Ejecutivo nacional y en contrapartida recibió alguna ayuda económica a través de ATN. Limosnas. En las negociaciones con el Gobierno nacional habrá cuestiones que requerirán la impronta personal de cada gobernador, pero en el conjunto de mandatarios provinciales está la clave para obtener el mayor rédito posible. Un interbloque del peso específico descripto puede significar más que una voz en el Congreso, porque sería un factor de poder en la firma de los dictámenes del Parlamento.
Se estima que puede haber una convocatoria de la Casa Rosada, en un encuentro que sería encabezado por el ministro del Interior, Diego Santilli. El bonaerense está tratando de avanzar en las conversaciones con vistas a varias de las leyes consideradas prioritarias por la administración del presidente Milei. En base a experiencias anteriores, los gobernadores no se conformarían con una promesa o un simple pacto político. Nada es gratis en política.
El Gobierno de Milei encapsula sus iniciativas políticas y mantiene en reserva las reformas laboral e impositiva, lo que limita el debate sobre el Presupuesto Nacional 2026, mientras los gobernadores exigen que los compromisos se documenten formalmente, por escrito. El patrón de reclamos de los mandatarios está centrado en: obra pública y apoyos económicos. La insistencia de los gobernadores en plasmar compromisos en la ley del Presupuesto se fundamenta en incumplimientos pasados. Además, el proyecto de reforma laboral aún carece de un borrador, lo que podría obstaculizar el diálogo. Por esos motivos, la pretensión del gobierno de cerrar acuerdos individuales va encontrando cada vez más obstáculos.
Lo real es que no cambiaron las concepciones políticas de ninguna de las partes: el Interior Federal y el Puerto de Buenos Aires, y siguen pendientes todos los temas que generaron conflictos entre la Provincia y la Nación en los casi dos años que pasaron. Esas discusiones resurgirán en el Congreso durante el debate del presupuesto 2026: el proyecto de Milei no da respuestas a ninguno de los planteos de las provincias.
Ha pasado apenas un mes de los comicios legislativos y la economía real ha vuelto a mostrar con total crudeza un deterioro que no frena. Despidos, cierres de plantas y una caída abrupta de la actividad industrial a lo largo y a lo ancho de todo el país. La tendencia marca una reconversión empresarial. Desde la llegada de Milei cierran 30 empresas por día y se destruyeron 276.000 empleos registrados entre diciembre del año pasado y agosto de este año.
En tanto, en este octubre se declararon 143 procesos preventivos en empresas, lo que representa un crecimiento del 211% respecto a 2023 y el guarismo más alto desde la crisis de 2019, en el final del gobierno de Mauricio Macri. Hay caída de ventas por salarios achatados y jubilaciones estancadas que dan como resultado un consumo deprimido. La consecuencia de la baja en la demanda es la reducción de la producción en las fábricas y eso genera despidos.
Mientras tanto, en octubre el ingreso de mercadería extranjera alcanzó niveles récord. Los registros muestran que más de 4.000 productos entraron al país en un solo mes, con un crecimiento interanual del 237 por ciento, en rubros como alimentos, higiene, indumentaria, electrodomésticos, calzado, bazar e instrumentos musicales.
La contracara es la pérdida de la fuente de ingreso para miles de trabajadores, mientras la industria argentina retrocede a niveles que no se veían desde hace décadas. Antes de las elecciones Milei se cansó de asegurar que "lo peor ya pasó" y que los problemas sobrevendrían si la oposición ganaba las elecciones. Otra vez mintieron. El sector industrial al borde del colapso y miles de trabajadores despedidos desmienten ese pronóstico.
La Opinión Popular
CONTEXTO NACIONAL
La economía real y el rigor de la motosierra
La gestión del gobernador Rogelio Frigerio se desarrolla en el marco nacional del plan de estabilización de Javier Milei y Luis Caputo que sigue estancado en la etapa del sacrificio inicial, todavía sin noticias del crecimiento prometido. El sector financiero saca provecho de la asistencia yanqui y grandes multinacionales se preparan para cobrar los beneficios del RIGI mientras la economía real se desploma.
En menos de dos años cerraron más de 19 mil empresas y se perdieron más de 276 mil puestos de trabajo registrado. El consumo cae en todas las actividades y los niveles de morosidad aumentan. El ministro del Interior, Diego Santilli, trajina reuniones en busca de apoyo para la agenda de reformas que impulsa el Gobierno nacional, fue recibido en las provincias con voluntad de diálogo, pero también con una lista larga de reclamos bien fundamentados.
El opaco salvataje de EE.UU., del que poco se sabe y nada se informa, mantiene a flote al programa de ajuste y estabilización que lleva adelante el Gobierno anarco capitalista mientras la economía real, que es la que marca el rumbo de las empresas, los productores y de la gran mayoría de la gente, sigue estancada en un contexto de extrema austeridad en el que la supervivencia es la máxima aspiración.
En las elecciones del 26 de octubre ganó el chantaje; ganó la extorsión. La presión feroz de Donald Trump, Scott Bessent y EE.UU., ofreciendo la dualidad entre el ajuste mileísta o una eventual catástrofe económica asociada al peronismo. La victoria electoral de La Libertad Avanza no equivalía a un triunfo social, a la legitimación masiva de su programa de ajuste salvaje.
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que los números de la fría estadística oficial reflejados en distintos informes, como el más reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dan cuenta de la magnitud de la crisis. Desde que asumió Milei hasta agosto último, 19.164 empresas cerraron sus puertas y se perdieron 76.292 empleos registrados, la mayoría de ellos en el sector privado.
En las últimas semanas se conocieron algunos casos de alto impacto, especialmente en el rubro electrodomésticos. El miércoles último Whirlpool confirmó el cierre de su planta en Pilar con 220 despidos, que se suman a las 400 suspensiones de trabajadores de la firma Electrolux de Rosario y 150 despidos en la planta de Newsan en Tierra del Fuego.
La seguidilla de malas noticias no discrimina lugar geográfico ni actividad. Solo esta semana Essen informó 35 desvinculaciones en Venado Tuerto, Georgalos anunció la suspensión de 600 trabajadores en Victoria y TN Platex dispuso el cierre de un sector en su establecimiento de Monte Caseros, afectando temporalmente a 20 operarios.
La industria sigue acumulando víctimas del plan de sustitución de producción nacional por importaciones que ejecuta el Gobierno libertario para evitar que la inflación se dispare.
Dana, en San Luis, dispuso el cierre de su planta el 20 de noviembre con 50 despidos, en paralelo al cierre de una sucursal de Frávega en Temperley. En La Rioja, Luxo y Vulcalar confirmaron el cierre de plantas con despidos, y en Bahía Blanca la mayorista Yaguar clausuró una de sus sucursales. Antes, el 13 de noviembre, Textilana había suspendido a 175 trabajadores, mientras que La Suipachense, histórica firma láctea de Suipacha, tuvo su quiebra decretada.
A esto se sumaron cierres de sucursales de Easy en el Conurbano bonaerense y nuevos recortes en el sector tech, que incluyeron despidos en Globant, Salesforce y Tienda Nube. Entre fines de octubre y principios de noviembre, Ualá también formalizó más de 100 desvinculaciones.
La crisis repercute en todo el territorio nacional porque no responde a causas que puedan atribuirse a las administraciones provinciales ni a particularidades de alguna región. La crisis es el resultado lógico y esperable de un programa económico nacional que propone cesar actividad a cambio de evitar una nueva estampida inflacionaria o una corrida cambiaria.
Al ministro de Economía, el trader "Toto" Caputo, ni al presidente Milei les interesa desarrollar políticas para la industria o la producción. Están convencidos de que su trabajo se limita a cerrar prolijamente en Excel del superávit fiscal, aunque ello implique generar incentivos para la destrucción de las empresas y el crecimiento del desempleo.
Frente a esto, el poder de acción que tienen las provincias para morigerar los efectos negativos de las políticas nacionales en sus territorios es muy acotado, por no decir nulo, mientras el programa económico nacional consista en reducir el poder adquisitivo de la gente para evitar que la demanda impulse a la inflación.
Algo parecido puede decirse del sector productivo. Poco o nada podrán hacer las provincias por defender a sus productores mientras el Gobierno nacional siga haciendo lo posible para que los precios de las materias primas sean cada vez más bajos al mismo tiempo que convalidan aumentos constantes en costos relevantes para la producción como los combustibles y la energía.
Los cierres y despidos en empresas que dependen del comercio masivo se explican por el derrumbe de la demanda. La política nacional que consiste en secar la plaza de pesos para reducir la presión sobre el dólar y los demás precios de la economía tiene un correlato directo en el consumo.
Según datos que el INDEC difundió esta semana, las ventas en supermercados de todo el país cayeron en septiembre por sexto mes consecutivo. La política cambiaria que consiste en mantener un dólar artificialmente bajo, sostenido en esta etapa gracias al swap con EE.UU., para anclar a la inflación generó un atraso cambiario que perjudica a los exportadores pero también al comercio interno
En tanto, el ministro de Interior, Diego Santilli, avanza en su cruzada para sumar las adhesiones que necesita el Gobierno nacional para avanzar en el Congreso con la agenda de reformas que se propone y para aprobar el presupuesto.
La Opinión Popular
Frigerio no se ha integrado a ese grupo, porque siempre mostró una posición muy afín al Ejecutivo nacional y en contrapartida recibió alguna ayuda económica a través de ATN. Limosnas. En las negociaciones con el Gobierno nacional habrá cuestiones que requerirán la impronta personal de cada gobernador, pero en el conjunto de mandatarios provinciales está la clave para obtener el mayor rédito posible. Un interbloque del peso específico descripto puede significar más que una voz en el Congreso, porque sería un factor de poder en la firma de los dictámenes del Parlamento.
Se estima que puede haber una convocatoria de la Casa Rosada, en un encuentro que sería encabezado por el ministro del Interior, Diego Santilli. El bonaerense está tratando de avanzar en las conversaciones con vistas a varias de las leyes consideradas prioritarias por la administración del presidente Milei. En base a experiencias anteriores, los gobernadores no se conformarían con una promesa o un simple pacto político. Nada es gratis en política.
El Gobierno de Milei encapsula sus iniciativas políticas y mantiene en reserva las reformas laboral e impositiva, lo que limita el debate sobre el Presupuesto Nacional 2026, mientras los gobernadores exigen que los compromisos se documenten formalmente, por escrito. El patrón de reclamos de los mandatarios está centrado en: obra pública y apoyos económicos. La insistencia de los gobernadores en plasmar compromisos en la ley del Presupuesto se fundamenta en incumplimientos pasados. Además, el proyecto de reforma laboral aún carece de un borrador, lo que podría obstaculizar el diálogo. Por esos motivos, la pretensión del gobierno de cerrar acuerdos individuales va encontrando cada vez más obstáculos.
Lo real es que no cambiaron las concepciones políticas de ninguna de las partes: el Interior Federal y el Puerto de Buenos Aires, y siguen pendientes todos los temas que generaron conflictos entre la Provincia y la Nación en los casi dos años que pasaron. Esas discusiones resurgirán en el Congreso durante el debate del presupuesto 2026: el proyecto de Milei no da respuestas a ninguno de los planteos de las provincias.
Ha pasado apenas un mes de los comicios legislativos y la economía real ha vuelto a mostrar con total crudeza un deterioro que no frena. Despidos, cierres de plantas y una caída abrupta de la actividad industrial a lo largo y a lo ancho de todo el país. La tendencia marca una reconversión empresarial. Desde la llegada de Milei cierran 30 empresas por día y se destruyeron 276.000 empleos registrados entre diciembre del año pasado y agosto de este año.
En tanto, en este octubre se declararon 143 procesos preventivos en empresas, lo que representa un crecimiento del 211% respecto a 2023 y el guarismo más alto desde la crisis de 2019, en el final del gobierno de Mauricio Macri. Hay caída de ventas por salarios achatados y jubilaciones estancadas que dan como resultado un consumo deprimido. La consecuencia de la baja en la demanda es la reducción de la producción en las fábricas y eso genera despidos.
Mientras tanto, en octubre el ingreso de mercadería extranjera alcanzó niveles récord. Los registros muestran que más de 4.000 productos entraron al país en un solo mes, con un crecimiento interanual del 237 por ciento, en rubros como alimentos, higiene, indumentaria, electrodomésticos, calzado, bazar e instrumentos musicales.
La contracara es la pérdida de la fuente de ingreso para miles de trabajadores, mientras la industria argentina retrocede a niveles que no se veían desde hace décadas. Antes de las elecciones Milei se cansó de asegurar que "lo peor ya pasó" y que los problemas sobrevendrían si la oposición ganaba las elecciones. Otra vez mintieron. El sector industrial al borde del colapso y miles de trabajadores despedidos desmienten ese pronóstico.
La Opinión Popular
CONTEXTO NACIONAL
La economía real y el rigor de la motosierra
La gestión del gobernador Rogelio Frigerio se desarrolla en el marco nacional del plan de estabilización de Javier Milei y Luis Caputo que sigue estancado en la etapa del sacrificio inicial, todavía sin noticias del crecimiento prometido. El sector financiero saca provecho de la asistencia yanqui y grandes multinacionales se preparan para cobrar los beneficios del RIGI mientras la economía real se desploma.
En menos de dos años cerraron más de 19 mil empresas y se perdieron más de 276 mil puestos de trabajo registrado. El consumo cae en todas las actividades y los niveles de morosidad aumentan. El ministro del Interior, Diego Santilli, trajina reuniones en busca de apoyo para la agenda de reformas que impulsa el Gobierno nacional, fue recibido en las provincias con voluntad de diálogo, pero también con una lista larga de reclamos bien fundamentados.
El opaco salvataje de EE.UU., del que poco se sabe y nada se informa, mantiene a flote al programa de ajuste y estabilización que lleva adelante el Gobierno anarco capitalista mientras la economía real, que es la que marca el rumbo de las empresas, los productores y de la gran mayoría de la gente, sigue estancada en un contexto de extrema austeridad en el que la supervivencia es la máxima aspiración.
En las elecciones del 26 de octubre ganó el chantaje; ganó la extorsión. La presión feroz de Donald Trump, Scott Bessent y EE.UU., ofreciendo la dualidad entre el ajuste mileísta o una eventual catástrofe económica asociada al peronismo. La victoria electoral de La Libertad Avanza no equivalía a un triunfo social, a la legitimación masiva de su programa de ajuste salvaje.
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que los números de la fría estadística oficial reflejados en distintos informes, como el más reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dan cuenta de la magnitud de la crisis. Desde que asumió Milei hasta agosto último, 19.164 empresas cerraron sus puertas y se perdieron 76.292 empleos registrados, la mayoría de ellos en el sector privado.
En las últimas semanas se conocieron algunos casos de alto impacto, especialmente en el rubro electrodomésticos. El miércoles último Whirlpool confirmó el cierre de su planta en Pilar con 220 despidos, que se suman a las 400 suspensiones de trabajadores de la firma Electrolux de Rosario y 150 despidos en la planta de Newsan en Tierra del Fuego.
La seguidilla de malas noticias no discrimina lugar geográfico ni actividad. Solo esta semana Essen informó 35 desvinculaciones en Venado Tuerto, Georgalos anunció la suspensión de 600 trabajadores en Victoria y TN Platex dispuso el cierre de un sector en su establecimiento de Monte Caseros, afectando temporalmente a 20 operarios.
La industria sigue acumulando víctimas del plan de sustitución de producción nacional por importaciones que ejecuta el Gobierno libertario para evitar que la inflación se dispare.
Dana, en San Luis, dispuso el cierre de su planta el 20 de noviembre con 50 despidos, en paralelo al cierre de una sucursal de Frávega en Temperley. En La Rioja, Luxo y Vulcalar confirmaron el cierre de plantas con despidos, y en Bahía Blanca la mayorista Yaguar clausuró una de sus sucursales. Antes, el 13 de noviembre, Textilana había suspendido a 175 trabajadores, mientras que La Suipachense, histórica firma láctea de Suipacha, tuvo su quiebra decretada.
A esto se sumaron cierres de sucursales de Easy en el Conurbano bonaerense y nuevos recortes en el sector tech, que incluyeron despidos en Globant, Salesforce y Tienda Nube. Entre fines de octubre y principios de noviembre, Ualá también formalizó más de 100 desvinculaciones.
La crisis repercute en todo el territorio nacional porque no responde a causas que puedan atribuirse a las administraciones provinciales ni a particularidades de alguna región. La crisis es el resultado lógico y esperable de un programa económico nacional que propone cesar actividad a cambio de evitar una nueva estampida inflacionaria o una corrida cambiaria.
Al ministro de Economía, el trader "Toto" Caputo, ni al presidente Milei les interesa desarrollar políticas para la industria o la producción. Están convencidos de que su trabajo se limita a cerrar prolijamente en Excel del superávit fiscal, aunque ello implique generar incentivos para la destrucción de las empresas y el crecimiento del desempleo.
Frente a esto, el poder de acción que tienen las provincias para morigerar los efectos negativos de las políticas nacionales en sus territorios es muy acotado, por no decir nulo, mientras el programa económico nacional consista en reducir el poder adquisitivo de la gente para evitar que la demanda impulse a la inflación.
Algo parecido puede decirse del sector productivo. Poco o nada podrán hacer las provincias por defender a sus productores mientras el Gobierno nacional siga haciendo lo posible para que los precios de las materias primas sean cada vez más bajos al mismo tiempo que convalidan aumentos constantes en costos relevantes para la producción como los combustibles y la energía.
Los cierres y despidos en empresas que dependen del comercio masivo se explican por el derrumbe de la demanda. La política nacional que consiste en secar la plaza de pesos para reducir la presión sobre el dólar y los demás precios de la economía tiene un correlato directo en el consumo.
Según datos que el INDEC difundió esta semana, las ventas en supermercados de todo el país cayeron en septiembre por sexto mes consecutivo. La política cambiaria que consiste en mantener un dólar artificialmente bajo, sostenido en esta etapa gracias al swap con EE.UU., para anclar a la inflación generó un atraso cambiario que perjudica a los exportadores pero también al comercio interno
En tanto, el ministro de Interior, Diego Santilli, avanza en su cruzada para sumar las adhesiones que necesita el Gobierno nacional para avanzar en el Congreso con la agenda de reformas que se propone y para aprobar el presupuesto.
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