17:52 | Lunes 21 de Mayo de 2010 | Entre Ríos

La juventud sin trabajo ni estudios, un gran dilema social
Por Daniel Muchnik

Me duele tanto el silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado el que quiera ser feliz... Atahualpa Yupanqui

Por Dra. Rosario Romero - 20-01-2012 / 14:01

No hay trabajadores de primera y de segunda: Las cesantías injustificadas son siempre arbitrarias e inconstitucionales

Diputada provincial Rosario Romero. Foto Blas García

Con real pena, descubrí que algunos han intentado defender las cesantías municipales paranaenses, diciendo que esta situación es "distinta" a la que se dio con aquellas fatídicas leyes 8706 y 9235.

Tengo en mi mochila profesional, la experiencia de haber trabajado en la defensa de los derechos de los afectados, en ambas oportunidades.

Hoy estamos ante un caso idéntico: discriminación por razones politicas o gremiales o ambas a la vez; acusación infundada de que la gente expulsada no trabajaba; muchas mentiras sobre los números y situación de los contratos (hay algunos que tienen 7 u 8 años); manipulación de la información, pretendiendo hacerle creer a la población que se trata de contratos injustos.

Solo quiero dar algunos ejemplos: unos noventa contratados cesanteados pertenecen a las Unidades Municipales y prestaban regularmente su función; un importante grupo pertenece a los Jardines Maternales Municipales y prontamente, si no son reincorporados, deberán ser suplidos por otros porque son imprescindibles para atender las salitas; se cesanteo, por ejemplo, a una artista plástica que tenia contrato de obra desde hace 7 años y fue pasada a contrato de servicio en el año 2011; se cesanteo a una persona que atendía a los profesionales en Gestoría Urbana y era calificada por su superior con 9 y 10 a fines del año pasado; se cesanteo a personas enfermas en uso de licencia.

Todas estas historias, no son papeles: tienen familias atrás, tienen corazón, tienen necesidades.

Bueno fuera que cada nueva administración no haga estas cosas porque tiene otras herramientas constitucionales y legales para atender como se debe los casos en que se incumple la prestación laboral. Nadie le negaría nunca a la Intendenta la facultad de rescindir un contrato que no se cumple.

Pero la persecución por sí misma y por las razones mezquinas del posicionamiento político, le hace daño a la Democracia, a los ciudadanos y a la misma política.

Rosario Romero
DIPUTADA PROVINCIAL