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La apuesta del consenso y la reconstrucción
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“La incidencia del mínimo no imponible sobre el salario de los trabajadores es cada vez mayor, reduciendo el salario real, e incluyendo a mayor cantidad de empleados y autónomos entre los alcanzados por el impuesto". Juan Schiaretti
Nacionales - 24-08-2011 / 09:08
EL GOBIERNO K RECHAZA LAS CRÍTICAS PERO HIZO “DESAPARECER” DE INTERNET LOS TELEGRAMAS

Escándalo de los telegramas: La oposición lleva a la Justicia las irregularidades del escrutinio

Escándalo de los telegramas: La oposición lleva a la Justicia las irregularidades del escrutinio
Pruebas en mano, la oposición denunciará en la Justicia que hubo serias irregularidades en el escrutinio provisional de las elecciones primarias del domingo 14 de agosto.
La oposición denunciará mañana en la Justicia que hubo serias irregularidades en el escrutinio provisional de las elecciones primarias del domingo 14, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Advierte que si no hay correcciones se repetirán los problemas el 23 de octubre.
 
Para Amadeo (Frente Popular) "hubo un operativo sistemático" de manipulación que sintetizó en tres tipos de maniobras. "Están las urnas escandalosas, donde el oficialismo ganó 240 a cero; y los problemas en los telegramas, donde hay enmiendas y tachaduras; y los problemas de consistencia, donde el número de votantes no es igual al número de votos".
 
"Sólo en Esteban Echeverría rescatamos unos mil votos para Alfonsín, y otros 1500 en San Miguel", indicó Miguel Bazze, candidato a diputado de la UCR. Una situación similar detectaron los apoderados del Frente Popular, de Eduardo Duhalde.

 
Pruebas en mano, una delegación de diputados nacionales de la oposición denunciará mañana en la Justicia que hubo serias irregularidades en el escrutinio provisional de las elecciones primarias del domingo 14, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
 
Si bien estas maniobras no alteran la contundente victoria de la presidenta Cristina Kirchner, aclaran los opositores, temen que se repitan en las elecciones generales del 23 de octubre, por lo que reclamarán mayores garantías de control.
 
Urgidos por esta preocupación, los diputados opositores -en su mayoría integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales- se entrevistarán mañana con el juez federal de La Plata Manuel Blanco.
 
Le llevarán copias de las actas de algunas mesas y las contrastarán con los respectivos telegramas que fueron remitidos al Correo Argentino para el escrutinio provisional. Probarán que hubo diferencias sustanciales en las cifras consignadas entre uno y otro documento, con menos votos para la oposición, aunque, aclaran, no pueden cuantificar todavía la magnitud de la diferencia, ya que no finalizó el escrutinio definitivo.
 
El Gobierno negó ayer la existencia de irregularidades en el proceso de recuento de votos y ratificó las cifras oficiales. La oposición mantiene sus dudas y advierte que estudia entablar acciones penales contra los presidentes de mesa que modificaron los datos de las urnas.
 
En su reunión con el juez Blanco, los diputados opositores reclamarán mayores garantías en la selección de las autoridades de mesa que trabajarán en las elecciones presidenciales del 23 de octubre, como también el control de veedores judiciales.
 
La delegación legislativa que irá mañana a La Plata estará integrada por Graciela Camaño (Bloque Peronista), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales; Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de la UCR; Gustavo Ferrari (Peronismo Federal); Patricia Bullrich (Coalición Cívica), y Federico Pinedo, jefe del bloque de Pro.
 
Los cinco legisladores se reunieron ayer por la mañana y, al cruzar los datos, confirmaron que las irregularidades detectadas afectaban a todos los partidos y que en su mayoría surgieron en el principal distrito, Buenos Aires.
 
"Hemos constatado que en miles de telegramas las cifras no se condicen con las actas de las mesas. Creemos que hubo un abuso en el ejercicio de su función por parte de varios presidentes de mesa que no cumplieron con su trabajo de manera transparente. Por eso exigimos una nueva selección de autoridades", enfatizó la diputada Camaño.
 
El diputado Gil Lavedra coincidió y confirmó que se estudian denuncias penales contra los presidentes de mesas en las que se constaten irregularidades.
 
"Nosotros pediremos que en las elecciones del 23 de octubre haya control judicial sobre el escrutinio provisorio. Este proceso está completamente a cargo del Ministerio del Interior, que es juez y parte. Si el Gobierno no tiene nada que esconder y tiene voluntad de garantizar un escrutinio transparente, entonces no debería negarse a la presencia de veedores judiciales", sostuvo, por su lado, el diputado Ferrari.
 
  
Cifras sugestivas
 
¿Cuál sería, a priori, la cifra global de votos supuestamente mal contabilizados? La oposición no se atreve a arriesgar números definitivos por ahora, ya que el escrutinio definitivo no terminó. No obstante, en la UCR estiman unas 3000 actas en todo el país mal confeccionadas en perjuicio de la candidatura de Ricardo Alfonsín, de las cuales unas 1000 corresponderían a Buenos Aires.
 
"Sólo en Esteban Echeverría rescatamos unos mil votos para Alfonsín, y otros 1500 en San Miguel", indicó ayer a LA NACION Miguel Bazze, primer candidato a diputado de la UCR. Una situación similar detectaron los apoderados del Frente Popular, de Eduardo Duhalde.
 
Un dato sugestivo, acotan desde el búnker del candidato a gobernador Francisco de Narváez es que en Buenos Aires se registraron nada menos que 809.000 votos en blanco en la categoría gobernador, ocupando así el tercer lugar detrás del Frente para la Victoria y Udeso.
 
"Es impensable que haya habido tanta movilización de gente para votar finalmente en blanco. Lo que sucedió allí es que algunos pícaros aprovecharon la falta de fiscales opositores para abrir el sobre y tirar las boletas no oficialistas a la basura", acusan en la oposición.
 
"Está claro que Cristina Kirchner ganó, al igual que Daniel Scioli, pero no por los porcentajes que afirma el escrutinio provisorio, sino por menos. Estoy convencido, además, que De Narváez superó los 20 puntos", aseveró el candidato a senador por Buenos Aires José Scioli (Udeso).
 
Por su parte, el diputado y candidato a gobernador Eduardo Amadeo (Frente Popular) insistió en que "hubo un operativo sistemático" de manipulación de los telegramas que sintetizó en tres tipos de maniobras. "Están las urnas escandalosas, donde el oficialismo ganó 240 a cero; y los problemas en los telegramas, donde hay enmiendas y tachaduras; y los problemas de consistencia, donde el número de votantes no es igual al número de votos", precisó Amadeo.
 
Si bien el socialismo no integra la delegación que se entrevistará con el juez Blanco, el candidato presidencial Hermes Binner coincidió en que hubo desprolijidades en el escrutinio.
 
"Creo que nadie pone en duda el triunfo del Gobierno en las elecciones [primarias], pero evidentemente hay una serie de situaciones que habría que evitarlas en el futuro y creo que lo único que lo soluciona es la boleta única", afirmó Binner, quien recordó que en su provincia, Santa Fe, este sistema se instrumentó con éxito.
 
 
LA DENUNCIA
 
"Aquí hubo miles de telegramas que no coinciden con las actas. No descartamos iniciar acciones penales contra los presidentes de mesa"
RICARDO GIL LAVEDRA (UCR)
 
Por Laura Serra 
 
Fuente: LA NACION

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20-04-2014 / 12:04
El Decreto Supremo Nº 1086, promulgado en 1983 durante la dictadura de Augusto Pinochet sentencia: "Artículo 2°.- Para las reuniones en plazas, calles y otros lugares de uso público regirán las siguientes disposiciones:

a) Los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, al Intendente o Gobernador respectivo. Las fuerzas de Orden y Seguridad Pública pueden impedir o disolver cualquier manifestación que no haya sido avisada dentro del plazo fijado y con los requisitos de la letra b.

 
b) El aviso indicado deberá ser por escrito y firmado por los organizadores de la reunión, con indicación de su domicilio, profesión y número de su cédula de identidad. Deberá expresar quiénes organizan dicha reunión, qué objeto tiene, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, dónde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación".


El proyecto presentado por los diputados kirchneristas encabezados por Carlos Kunkel y Diana Conti dice:
Artículo 5.- MANIFESTACIÓN LEGÍTIMA. Se considera que una manifestación pública es legítima cuando reúne los siguientes elementos:
- Después de los incisos a, b, c y d, en el inciso "e" afirma: "Es notificada en los términos de la presente ley".
- Y en su Artículo 7.- SOBRE LA NOTIFICACIÓN. Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial, con una antelación no menor de 48 horas. En esa notificación deberá indicarse:


a) El lugar en que se llevará a cabo
b) El tiempo estimado

c) El objeto de manifestación
d) El manifestante delegado

Si la manifestación no cumple con alguno de los requisitos del Artículo 5, entre ellos la notificación, se infiere lógicamente que es ILEGÍTIMA.

Con respecto a esto dice en su Artículo 10.- MANIFESTACIÓN ILEGÍTIMA. Una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos, pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites previstos en los capítulos I y III de esta ley.


Cualquier similitud ¿es pura casualidad?

20-04-2014 / 11:04
20-04-2014 / 09:04
El despectivo "bolsa de gatos" fue usado siempre por el peronismo para abaratar los intentos de ensamble de sus adversarios, desde la Unión Democrática para acá. En cambio, Juan Perón sorteó desde el verticalismo de su formación militar cualquier crítica de afuera en el mismo sentido y a las diferencias internas las bautizó "movimiento".

Es probable que la estrategia de criticar los matrimonios por conveniencia de los demás y llamar reacomodamientos internos a los líos de la propia estructura haya sido la responsable de dos conceptos que han corrido de boca en boca en la sociedad, los que se repiten como verdades reveladas a la hora de contar la historia y de plantearse el voto: "Los peronistas tienen vocación fanática por el poder" y son los "únicos que aseguran la gobernabilidad", se dice.

La picardía de la dialéctica también ayudó a fortalecer la alucinación colectiva. Aquel "los peronistas, como los gatos, cuando parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo" que popularizó Antonio Cafiero, va en la misma línea de promocionar al peronismo como algo imprescindible, reforzada en lo ideológico por el mismo Perón, a la hora de evaluar cómo perforó a los demás partidos la concepción estado-populista que predomina en la gente desde 1945: "Peronistas somos todos", supo describir el general.

A la larga, pareció tener razón porque todos los tanteos que se generaron en los últimos 70 años para sacar de órbita al peronismo, incluidas las diferentes incursiones del partido militar, fracasaron en toda la línea. El experimento de la Alianza ha sido, hasta ahora, el último escalón de varios hitos de rejuntes que siempre terminaron fortaleciéndolo.

Todas estas alusiones vienen a cuento porque en el remanso que el día a día de la economía le está dando a la política, aderezado desde la óptica del análisis por la entrega de las banderas económicas de la década que hizo el Gobierno para aflojar las turbulencias de principios de año, todas las fuerzas políticas comenzaron a buscar su lugar en el mundo aún antes del Mundial de Brasil, para orejear desde ahora mismo la sucesión de Cristina Fernández.

Ya se han visto en la calle débiles encuestas, nombres que se han echado a rodar para medir fortalezas y galanteos entre algunos de los partidos, aunque de momento todo es tan provisorio que nada debería ser tomado demasiado en cuenta con algún grado de seriedad.

En ese sentido, la corta semana de Pascuas fue prolífica en declaraciones y así Sergio Massa, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Jorge Capitanich, en defensa de La Cámpora, coincidieron en mostrarse como abanderados del tiempo por venir, argumento mucho más difícil de sostener para los hombres del oficialismo
.
Ante los graves y múltiples problemas que padece la sociedad (inflación, empleo, inseguridad, narcotráfico y hasta los piquetes que acaba de descubrir el Gobierno a la hora de propiciar una ley que los regule, aunque deba tragarse los sapos de una década de vigencia) suena hasta de mal gusto tamaño adelanto en meses, pero como es casi unánime la búsqueda de posicionamiento, quizás por eso hasta ahora nadie lo reprocha demasiado.

20-04-2014 / 09:04
El debate sobre la reglamentación de las protestas en la vía pública parece ser otra cuestión que, como tantas, han saltado a la actualidad para convertirse en un circunstancial "comodín" que sirve al Gobierno como estrategia de distracción. Eso no significa que la discusión no sea necesaria ni que se trate de un tema menor para la convivencia democrática, todo lo contrario.

Tan importante es este debate que debió hacerse mucho antes, cuando surgieron las primeras voces de la sociedad reclamando circular libremente por calles y rutas en ejercicio de sus legítimos derechos. Para el kirchnerismo no era entonces necesario porque justamente ese tipo de manifestaciones representaba una herramienta funcional a su acción política.


Como ejemplo basta recordar que hasta el propio ex presidente Néstor Kirchner, desde una demagógica tribuna, alentó a los habitantes de Gualeguaychú a cortar el puente internacional con Uruguay por la instalación de la pastera en Fray Bentos.


Eran tiempos en los que todavía el oficialismo se sentía el dueño de las calles, a las que copaba con manifestantes que no protestaban por nada sino que concurrían para producir hechos políticos y, de paso, devolver los favores de un subsidio o un plan social.


Ya no sucede lo mismo y no es porque se hayan acabado los subsidios ni los planes sociales y mucho menos los sectores necesitados.


Para hacerlo breve: la calle ya no es de los partidarios del oficialismo. El Gobierno, después de casi once años de gestión, tiene serias dificultades para equiparar lo que dice con lo que hace, lo que se traduce a la vez en un creciente descontento hacia el interior de sus filas. El riesgo ahora es que los mismos sectores que salían a apoyar, comiencen a salir para reclamarles a los que eran sus jefes.


El giro que produce ahora la conducción del kirchnerismo, como tantos otros en diferentes terrenos, obedece al instinto de supervivencia política.


El objetivo es llegar sin desbordes graves al final del mandato de Cristina Fernández y ella cree que debe intentar una reconciliación con sectores de clase media, allí donde hay un particular rechazo a los cortes y piquetes. Pero también es una manera de adelantarse a los hechos que pronostican no sólo los informes de Inteligencia que se leen en la Casa Rosada sino también el sentido común. 

20-04-2014 / 08:04
La cadena de la felicidad que hizo ricos a varios funcionarios del Gobierno parece haberse roto para algunos de ellos. Lo que comenzó por Ricardo Jaime y siguió con Amado Boudou llegó ahora a las puertas del despacho del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, circunstancia que complica judicialmente a él y políticamente a su superior, Carlos Zannini, hombre clave dentro del cerrado esquema de poder que armó el kirchnerismo.

Cuando el juez federal Norberto Oyarbide decidió hacer público el episodio de la suspensión del allanamiento en la financiera Propyme como consecuencia de un llamado que recibió de Liuzzi, abrió una caja de Pandora que preocupó a la mismísima Presidenta.


Por eso, ella misma se encargó de dar la orden de proteger al juez, un impresentable al que el juicio político, del que el peronismo lo salvó el 11 de septiembre de 2001, debió haber eyectado de su sillón de los tribunales de Comodoro Py. Cristina Fernández de Kirchner, que le debe al juez el favor del súbito y sospechoso sobreseimiento de su causa por supuesto enriquecimiento ilícito, sabe que si Oyarbide habla, puede haber problemas.


El fiscal federal Carlos Rívolo, que investigó a Jaime, fue muy claro: "No es fácil investigar al poder". No se quedó en esa definición cuasi genérica. Avanzó y se explayó acerca de las presiones recibidas por él y por otros colegas suyos que con valentía luchan por cumplir con su trabajo en forma honesta. Como otro ejemplo ilustrativo de esta circunstancia está el caso del fiscal José María Campagnoli.


Lo que hace más inquietante esta realidad es que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, en vez de defender a aquellos que actúan con independencia, los presiona.


Esto va en línea con la concepción de la organización Justicia Legítima, para la cual la Justicia debería ser un apéndice más del poder político de turno, precepto que, de concretarse, acabaría con la división de poderes que consagra la Constitución Nacional, lo que en los hechos significaría la anulación de cualquier posibilidad cierta de controlar los actos del gobierno -de éste y de cualquiera- y de investigar a los funcionarios corruptos.

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