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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“En cada barrio se repiten las preocupaciones que relatan los vecinos en relación con el empleo. O falta trabajo, o es precario, o tienen temor a perderlo. En todos los casos, la plata no alcanza”. Margarita Stolbizer
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Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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16-10-2017 / 11:10
16-10-2017 / 10:10
16-10-2017 / 09:10
Miles de mujeres se reunieron en la provincia de El Chaco para celebrar la trigésimo segunda edición del Encuentro Nacional de Mujeres. El reclamo por el aborto seguro, legal y gratuito se hizo escuchar fuerte. La organización calificó hoy de "muy exitosa" la realización de los más de 70 talleres que formaron parte de la agenda de trabajo.
 
Algunos talleres debieron subdividirse ante la masiva concurrencia; el de Abuso Sexual en doce, el de derecho al aborto y educación sexual integral en once, el de Mujeres y Maternidad en diez, el de Feminismo en cinco, el de Violencia Obstétrica en cuatro y el de Mujeres y Poder Judicial en dos.
 
Si bien las conclusiones de los talleres se plasmarán en un documento que se dará a conocer en los próximos días, las organizadoras adelantaron que en el acto de cierre se leerán los puntos más sobresalientes de todos los talleres.
 
La jornada incluyó un "tetazo" frente a la Catedral en la que mujeres del Movimiento Socialista de Trabajadores reclamaron la legalización del aborto y eliminación de subsidios a la Iglesia. Si bien en las ediciones anteriores la marcha marcaba el fin del Encuentro, este año la comisión organizadora decidió realizar el cierre a fin de que todas las participantes puedan ser parte del acto.
 
La docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) María Alicia Gutiérrez afirmó que "la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito es una demanda de la ampliación de la democracia". Remarcó que el objetivo de la despenalización y legalización del aborto "continúa, como todos los años, aunque con distintas actividades de difusión".
 
"La no legalización y la no despenalización del aborto es una deuda de la democracia muy importante, porque si es algo que afecta una gran cantidad de habitantes es también un proceso de desciudadanización", opinó. Gutiérrez recordó que la actividad surgió en 2005 con el objetivo de "lograr una ley de legalización y despenalización por la problemática de mortalidad materna, donde el aborto ocupa un lugar importante".
 
"Se estima que son 500.000 las mujeres que abortan por año en el país y evidentemente la punitividad no es muy efectiva", afirmó. Y completó: "Eso implica que las personas que tienen recursos económicos o simbólicos pueden recurrir a un aborto seguro, mientras que las mujeres más vulnerables son las que corren el verdadero riesgo".
 
Finalmente, alrededor de 70 mil militantes participaron en la esperada marcha de cierre del 32º Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, Chaco. La marcha fue organizada y no hubo represión. Solo un pequeño grupo intentó provocar, para lograr así la atención de las cámaras de TV de canales porteños -que no cubrieron ningún otro tramo del 32 ENM-, y las esperaban como buitres hambrientos.
 
La Opinión Popular

15-10-2017 / 15:10
A una semana de las elecciones parlamentarias, que dibujarán un nuevo mapa de la relación de fuerzas entre Gobierno y oposición, la campaña política que las precede ha hecho méritos suficientes para convertirse en una de las menos interesantes y más aburridas en varios años de democracia.
 
Juegan para esto muchos factores, entre los que no están ausentes las expectativas previas y el desahogo posterior a la clasificación de Argentina al Mundial de Fútbol; los discursos repetitivos y cansadores de los candidatos; el poco tiempo transcurrido desde las primarias y hasta lo previsible que se anticipan los resultados.
 
Las encuestas de la última semana no han variado y tanto en la Casa Rosada como en la mayoría de los reductos opositores las preocupaciones pasan por cómo seguirá la historia los próximos dos años.
 
En el peronismo se esperan con resignación los resultados para saber con cuántos porotos cuenta cada uno y cómo se posiciona cada sector interno frente al gran debate ya abierto sobre las características y los nombres que deberá tener el proceso de unificación partidaria.
 
El eje de esa discusión, que promete ser apasionante para sus protagonistas, es si Cristina será o no incluida a la hora de programar el futuro de la fuerza.
 
Hasta ahora, y a pesar de los cambios formales de imagen que ha hecho para esta campaña, ella divide aguas, provoca desencuentros y revive en muchos de sus ex compañeros rencores acumulados. Pero la historia del peronismo -y no solo del peronismo- está llena de idas y vueltas, de muertes y resurrecciones políticas.
 
Los votos que obtenga Cristina el domingo, aunque sea derrotada en la provincia de Buenos Aires, serán un activo determinante para su estrategia en relación al PJ. Pero las posibilidades de integrarse a la unidad partidaria aparecen hoy muy lejanas. 
15-10-2017 / 11:10
Un grupo especial de tareas de la policía de Jujuy, con pasamontañas y autos sin patente, arrancó ayer de la casa donde cumplía arresto domiciliario a la dirigente social Milagro Sala para trasladarla al penal de Alto Comedero.
 
El operativo incluyó golpes contra la líder de la Túpac Amaru y su esposo Raúl Noro, quien denunció que la llevaron esposada, descalza y en piyama. El juez Pullen Llermanos utilizó un supuesto incumplimiento de los controles de salud de la dirigente para revocar su prisión domiciliaria, ratificando que la Justicia provincial es solo un apéndice del gobierno de Cambiemos.
 
La decisión del gobierno autoritario del radical Gerardo Morales contraría la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó la liberación o el arresto domiciliario y advirtió que en la cárcel jujeña corre peligro su vida.
 
"Una vez más atropellaron mi dignidad y violaron mis derechos", lamentó Sala en una carta pública difundida tras su traslado. "Este traslado intempestivo no notificado es muy grave. La CIDH fue clara al dictar la medida cautelar. Es un retroceso", advirtió Francisco Eguiguren, titular de la CIDH, que en dos semanas podría plantear las violaciones a los derechos humanos del Estado ante la Corte Interamericana.
 
"No solo la quieren acallar, poner de rodillas y silenciarla sino también la quieren muerta", afirmó la abogada de la dirigente, Elizabeth Gómez Alcorta, que responsabilizó por la suerte de Sala "en primer lugar a Mauricio Macri y luego al gobernador Morales".
 
La sucesión de atropellos del gobierno jujeño tiene como telón de fondo el silencio de la Corte Suprema de Justicia, que demora desde hace seis meses un pronunciamiento sobre la prisión preventiva de Sala.
 
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