La Opinión Popular
                  14:38  |  Viernes 25 de Julio de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
La apuesta del consenso y la reconstrucción
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
Porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás, a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras donde naides creiba que hubiera gusanos. El orejano
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
Agreganos como amigo a Facebook
25-07-2014 / 09:07
  "El Gobierno tendría que llamar a un pacto social. Si no toda la responsabilidad va a caer en un jovencito o en una señora. Se equivocan al no abrir el juego. No hay un plan para reactivar. Tenemos un ministro que dice que es lo mismo un default o no".
 
"La economía está mal y por eso todos los sectores industriales tienen caídas importantes, en un promedio del 25 por ciento. Es grave porque no se ve cómo se va a resolver hacia adelante. Quizás sea esta la mayor incertidumbre de los empresarios, porque uno no sabe cómo hacer para vender".
 
El diagnóstico, que incluyó durísimas críticas a la presidenta Cristina Fernández y al ministro Axel Kicillof, fue realizado ayer por el titular de la Unión Industrial Argentina, el empresario Héctor Méndez. Y puso de manifiesto así el quiebre que existe entre la UIA y el gobierno de CFK, en momentos en que la recesión y la inflación no dan tregua, panorama que podría oscurecerse aún más si efectivamente nuestro país entra en default.
 
Lo que dijo Méndez, a grandes rasgos, es que el cúmulo de medidas desacertadas que el cristinismo iba tomando en materia económica llevarían a esta situación.
 
Concretamente, no haber modificado la estructura económica de un país que tiene un sistema productivo reducido a su mínima expresión, donde el valor agregado prácticamente brilla por su ausencia y el único generador de empleo es el Estado en sus diferentes niveles, que a su vez se sostiene con impuestos regresivos que recaen principalmente sobre las pequeñas y medianas empresas, indefectiblemente iba a terminar en un ajuste como el que estamos padeciendo.
 
Desesperado por la falta de dólares para pagar los vencimientos de deuda externa, el gobierno de CFK decidió sacrificar la actividad económica. Impulsó un control de cambios mediante un cepo cambiario, que se combinó con un drástico cierre de las importaciones.
 
Y como eso no resultó suficiente, luego aplicó una fuerte devaluación a principios de año, echando nafta al fuego inflacionario y no mejorando en nada las condiciones de competitividad de los sectores productivos de nuestro país.
 
En ese contexto, hubiese resultado oportuno que la dirigencia de la Unión Industrial pusiera el grito en el cielo mucho antes, ya que se podrían haber realizado acciones correctivas que habrían evitado la crisis que estamos padeciendo.
 
Durante la mal llamada "década ganada", varios dirigentes de entidades empresarias optaron, lamentablemente, por privilegiar sus propios negocios con el Estado, a partir de las licitaciones digitadas a dedo por el gobierno de CFK, en lugar de pensar en los intereses nacionales. 
 
Durante más de 10 años aceptaron, mansamente, que se montara una gigantesca estructura de "capitalismo de amigos" de la que mordieron sólo unos pocos, los amigos del poder, mientras el país se hundía en el subdesarrollo.
 
La Opinión Popular

24-07-2014 / 08:07
24-07-2014 / 07:07
 El vicepresidente Amado Boudou, visitante frecuente de Tribunales, sigue extremando sus esfuerzos para intentar tapar en la justicia las evidencias que lo implican en media docena de causas que la prensa destituyente se empeña en investigar y difundir. Ayer buscó victimizarse en la causa por falsificación de los documentos de un auto suyo.
 
Además de estar procesado por coimas y negociaciones incompatibles con su función en el caso Ciccone y afrontar una causa por enriquecimiento ilícito, el rockstar del cristinismo ayer tuvo que declarar en otra causa por un auto "flojo de papeles".
 
En 1993 compró una cupé Honda Del Sol, descapotable y fachera pero cómoda sólo para dos. El problema es que la registró recién diez años después. Sí, diez años. Se tomó su tiempo.
 
Los papeles del auto son una calamidad: dicen que Boudou lo compró no cuando él dice que lo compró sino un año antes, cuando esa cupé ni siquiera había llegado al país. ¿Por qué adelantó la fecha? Porque en el 93 estaba casado y el auto era, por lo tanto, un bien ganancial. Boudou, que estaba casado, en los papeles se declaró soltero.
 
Otra: inscribió una dirección falsa. ¿Por qué? Sólo él lo sabe. Y su firma no es su firma: alguien la puso por él. ¿Y qué se le ocurrió decir a Boudou, delante del juez?: todo fue culpa de los gestores.
 
Ahora Boudou se proclamó "víctima" de lo que denominó "una verdadera red de gestores falsificadores" y los culpó de haber adulterado su firma y su DNI en el trámite de transferencia del auto Honda que adquirió en 1993.
 
Sin embargo, toda la documentación es aportada por el titular y también es certificada por un escribano público o por el encargado del Registro en el que se realiza la inscripción.
 
En el caso de la firma, son dos los modos de "estampar" una firma en un documento. Una, que el mismo titular se acerque al Registro de Propiedad del Automotor y firme de puño y letra ante el Encargado del Registro; la otra, es que vaya a una escribanía, firme el formulario en cuestión ante escribano público (en este caso, también se debe rubricar en un libro de registro de firmas).
 
En todos los casos, quien firma siempre es el titular, y los procedimientos tienen un riguroso control.
 
Pero, Boudou es así y no hay vuelta que darle.
 
La Opinión Popular

24-07-2014 / 07:07
 
Mientras crece la disputa verbal entre el Gobierno de CFK y los sindicatos por el peso del Impuesto a las Ganancias, florecen por lo bajo las negociaciones por los fondos de las obras sociales.
 
Ayer el Ejecutivo convalidó un alivio financiero de más de 1.000 millones de pesos para las organizaciones de salud de los gremios. Lo hizo mediante un aumento de hasta un 60% en los aportes de los monotributistas que están afiliados a esas entidades prestadoras de salud.
 
El ajuste fue producto de una gestión de la CGT de Antonio Caló con el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y apunta a equiparar los pagos que realizan cada mes los afiliados de los gremios con los monotributistas.
 
En la actualidad hay 1,1 millón de contribuyentes de ese régimen que eligieron atenderse en las obras sociales, y según los sindicalistas pagaban hasta ahora mucho menos que sus afiliados de origen.
 
El mes pasado el Ejecutivo había habilitado otros 2.000 millones de pesos en reembolsos por tratamientos médicos costosos. Las mejoras serán para gremios de todo el espectro político y apuntarán a reducir la tensión por la posible falta de actualización este año de Ganancias.
 
Ayer la CTA de Yasky se llevó de una reunión con Capitanich la misma respuesta que la CGT de Caló: el tema será analizado.
 
Si en algo es equitativo el cristinismo es en el ajuste. Tras el tarifazo en las prestaciones energéticas y el transporte urbano entre otros, el gobierno de CFK, al incrementar los valores del monotributo, devaluará el poder adquisitivo de más de dos millones de contribuyentes, principalmente profesionales y pequeños comerciantes.
 
Un nuevo golpe al bolsillo del pueblo.
 
La Opinión Popular

24-07-2014 / 06:07
Cristina Fernández sugirió que tiene decidido mandar el país al default. Durante un acto en General Rodríguez en donde inauguró una nueva planta de Yamaha, la Presidenta aseguró que "van a tener que inventar una nueva palabra porque Argentina no va a caer en default, porque Argentina ya pagó".
 
"Van a tener que inventar un nombre nuevo, no sé cuál será. Las calificadoras, los bancos de inversión, siempre encuentran algún término con el cual disfrazar lo que realmente pasa: que un deudor pagó y alguien bloqueó y no deja llegar el dinero a terceros", desafió. Si no lo llamamos 'default' ¿lo llamamos 'paga Dios'?.
 
En referencia al pago de U$S 539 millones que se le hizo a los tenedores del bono Discount, que el juez Thomas Griesa frenó, "La Argentina no va a entrar en default, por una razón muy sencilla, esencial, elemental, tan obvia que no tendría que decirla, porque en default entran los que no pagan y Argentina pagó", insistió, con un argumento endeble.
 
En ese sentido, Cristina bravuconeó en que "no me van a hacer firmar cualquier cosa, amenazándome con que el mundo se viene abajo". "Esta Presidenta no va a firmar nada que comprometa el futuro de los argentinos como hicieron otros que firmaron cualquier cosa", reforzó.
 
No obstante, adelantó que "vamos a seguir hablando" con los holdouts y a "ir cuantas veces sea necesario, pero con nuestras razones", al tiempo que desafió que le den "un seguro contra la cláusula RUFO" para avanzar en la solución, tal como le pidieron ayer los abogados de la Argentina a los representantes de los buitres.
 
La cláusula RUFO es una condición que establecieron los Kirchner para conseguir más adherentes al canje del año 2005. Entre violar la RUFO y no cumplir con los vencimientos del pasado 30 de junio, CFK elegiría esta última opción. En ese marco, Cristina desafió a los bonistas que "si no aplica (la cláusula RUFO) que nos den un seguro, que hagan un seguro contra la cláusula RUFO y nosotros quedamos cubiertos", aunque señaló que no obtuvo "ni una sola respuesta".
 
"Si uno viola esa cláusula, se caen las quitas que Néstor (Kirchner) logró, se caen todos los plazos y te exigen todo junto: los punitorios, las quitas y los plazos, que recién vencen en 2033, para que los pagues todo junto", advirtió, algo confundida, ya que en realidad eso es lo que sucede cuando se entra en default, no cuando se viola la RUFO.  
 
"Estaríamos tirando abajo lo que tan trabajosamente les costó a los argentinos, estaríamos tirando abajo los 190 mil millones que ya llevamos pagados", agregó. Y concluyó: "Estamos dispuestos a honrar las deudas con el 100% de los acreedores en forma equitativa, justa, legal y sustentable".
 
El 100% de los acreedores ¿incluye o no a los buitres que ganaron el juicio al Estado argentino? Si quiere pagar al 100% de sus acreedores, ¿por qué no ha presentado una propuesta en los 23 días que han corrido? ¿No estará Cristina montando un show, para luego victimizarse ante el incumplimiento?
 
La firmeza de CFK tal vez genere capital político, pero difícilmente salga ilesa a un default que caería sobre una economía en recesión, con inflación del 40% anual y severos desequilibrios fiscales y externos. Al default, el nombre se le puede cambiar, pero las consecuencias no.
 
La Opinión Popular

NicoSal Web Design

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar