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“Ni Daniel Scioli, ni Mauricio Macri, pueden decir cuáles son sus propuestas de gobierno porque pierden votos o porque no los dejan". José Manuel de la Sota
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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31-07-2015 / 15:07
31-07-2015 / 09:07
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 La Cámara Nacional Electoral (CNE) reclamó a las empresas encuestadoras a que presenten la información detallada de los trabajos realizados, las fichas técnicas de las mediciones, revelando el nombre de quien ordenó y pagó el relevamiento, tal como lo ordena la Ley de Financiamiento de los partidos políticos, para verificar que son encuestas y no simples dibujos.
 
Además, la Cámara le reclamó al Congreso de la Nación que actualice la normativa vigente sobre la cuestión. Al respecto, los jueces plantearon que la carencia de datos que los lleva a emitir el pronunciamiento es tal que de 35 encuestadoras registradas, sólo 8 presentaron el correspondiente detalle sobre la forma y la modalidad de las encuestas para las próximas elecciones.
 
"No escapa al conocimiento del Tribunal la insuficiente regulación sobre las mediciones político-electorales puestas a disposición de la opinión pública durante el desarrollo de los procesos electorales. Por ello -y tal como se hizo con motivo de la publicidad oficial y la limitación temporal de las campañas electorales, corresponde dirigirse al Congreso de la Nación a los fines de que se evalúe la posibilidad de revisión del régimen vigente", añadieron en la acordada.
 
Cuando el Indec, organismo oficial de estadísticas, ha perdido toda credibilidad al ser rehén de un gobierno que busca disimular la inflación y la pobreza, a nadie sorprende que las empresas que realizan sondeos electorales también estén sospechadas de parcialidad y de ejercer toda clase de operaciones para favorecer a sus clientes políticos de turno.
 
Hay motivos concretos para desconfiar de ellas. Si se toman ocho distintas encuestas de intención de voto efectuadas durante julio se advertirá que Daniel Scioli exhibe un apoyo que va del 29,6% al 41,4%, según el sondeo que se tome; el aval a Mauricio Macri ronda entre el 22,2% y el 31,4%, en tanto que los votos para Sergio Massa van del 8,4% al 18,5%.
 
En las últimas elecciones, los sondeos fueron los grandes perdedores. Ni en Buenos Aires, ni Santa Fe, ni Chaco, ni Río Negro... los hizo "quedar bien". ¿Qué ocurre? ¿Por qué fallan las mediciones? Las diferencias son exorbitantes y podrían ser atribuidas tanto a groseros errores metodológicos como a que algunos encuestadores son meros manipuladores a sueldo de candidatos o gobiernos.
 
De esta manera influyen en la actitud del votante, ayudando a posicionar a un candidato o instalando una polarización trucha. Una encuesta favorable puede ayudarlos a la hora de una negociación interna para dirimir lugares en una lista. Además, las encuestas han adquirido un poder inaudito que marcan los ritmos de las campañas electorales, diciéndoles muchas veces a los propios candidatos políticos qué es lo que deben decir o hacer de cara a la sociedad.
 
Ahora, a nueve días de las elecciones PASO, la CNE pone el acento en un tema irritante que ha quedado al descubierto tras los últimos papelones de las encuestadoras, que privilegiaron quedar bien con su cliente dando a conocer números inexistentes, antes que mostrar la realidad del pensamiento y la opinión social.
 
La Opinión Popular

30-07-2015 / 16:07
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