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La apuesta del consenso y la reconstrucción
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“La incidencia del mínimo no imponible sobre el salario de los trabajadores es cada vez mayor, reduciendo el salario real, e incluyendo a mayor cantidad de empleados y autónomos entre los alcanzados por el impuesto". Juan Schiaretti
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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17-04-2014 / 18:04
Pasó el "maldito verano", con su saga de inflación, devaluación, apagones, saqueos y malhumor social. Y como si estuviera despertando de un mal sueño para encontrarse, aliviado, con una realidad tranquilizadora, el Gobierno de CFK se aferra a las buenas noticias de este otoño benevolente.

Con un tipo de cambio estabilizado, reservas del Banco Central en alza, un dólar blue que cae incluso por debajo del "dólar tarjeta" y con buena parte de las paritarias ya cerradas, en línea con la aspiración oficial -menos del 30% anual-, sólo faltaba la confirmación del dato fundamental: la inflación está en baja.

Es cierto que el 2,6% anunciado ayer no es para celebrar si se lo compara en términos internacionales. Pero ciertamente es para mirar con alivio si se tiene en cuenta que hace apenas dos meses el nuevo índice del INDEC reconocía un preocupante 3,7% de alza de precios.

El anuncio hecho por un relajado Axel Kicillof deja entrever algunas primeras conclusiones entrelíneas:

1. Se confirma que hay un patrón de "descuento" entre la nueva inflación oficial y la que mide el promedio de las consultoras privadas. El llamado "índice del Congreso" dio 3,3%, con lo cual se repite la relación de que la medición gubernamental se ubica un 20% por debajo de la de los economistas privados.

2. Parece claro que se disipó el arrastre inflacionario causado por la devaluación de enero. Es algo que hasta el propio ministro reconoció, aunque claro, siempre remarcando que la mayor parte de las subas posteriores al "movimiento cambiario" no estaban justificadas sino que obedecieron a movimientos especulativos.

3. Empiezan a notarse con fuerza los efectos de la política contractiva que lleva adelante Juan Carlos Fábrega en el Banco Central, con su alza en las tasas de interés y su masivo retiro de pesos del mercado.
 
4. En marzo, cuando todavía la mayor parte de los asalariados no habían obtenido un ajuste nominal en sus ingresos, fue cuando se dio con más fuerza la combinación de "sueldos viejos con precios nuevos", que enfrió notablemente la demanda y, por consiguiente, ayudó a que la inflación levantara el pie del acelerador.

Lo cierto es que, en abierta contradicción con la visión de Kicillof, los analistas creen que sí hay un enfriamiento en el consumo y que este fenómeno ha tenido una incidencia directa sobre la desaceleración inflacionaria. Se han reducido los aumentos, y el motivo es que evidentemente cayó el nivel de actividad económica. La gente no compra en los niveles en que lo hacía anteriormente.

17-04-2014 / 18:04
La estanflación, estancamiento de la economía con fuerte inflación, que produjo el gobierno de Cristina Fernández, no cede. La principal fabricante de coches del país planea una fuerte reducción de personal, que involucraría al 15% de los operarios de su planta de General Pacheco, donde se producen los modelos Suran y Amarok.

"A Volkswagen le están sobrando 700 trabajadores", reconocieron desde el sindicato. "Si no acordamos, vamos a tener problemas, esa es la pura verdad", advirtió el secretario general, Ricardo Pignanelli. Desde la compañía dijeron que están discutiendo con SMATA "la mejor manera de seguir juntos adelante ante esta baja en el volumen de producción".

En estos días el presidente de Volkswagen Argentina, Josef Fidelis Senn, se encuentra en Alemania. Viajó, según dijeron, para discutir esta situación con las autoridades de la firma. El ejecutivo regresará el próximo martes y se espera que al día siguiente se conozca la decisión de la empresa.

No obstante, ya se puso en marcha un plan de jubilaciones anticipadas para los empleados que tienen más de 62 años. Se trata de unos 340 trabajadores. Para los restantes 360, el sindicato propone que se implemente un plan de licencias rotativas que evite despidos.

La industria automotriz argentina produjo el año pasado 950.000 vehículos. "Les fue muy bien a las empresas. La verdad es que podrían esperar un poco, hasta agosto o setiembre, para ver si el mercado mejora antes de tomar una decisión", agregó Pignanelli, y sentenció: "No se justifica que con la primera tormenta se la agarren con la gente".

De acuerdo con las fuentes consultadas, hasta ahora el Gobierno de CFK no habría tomado intervención en esta reducción de personal que se propone llevar adelante Volkswagen.

La Opinión Popular

17-04-2014 / 18:04
El secretario general del Partido Obrero (PO), Jorge Altamira, rechazó el proyecto oficialista para regular las manifestaciones públicas, al considerar que es un "atropello" por parte de un gobierno que "aplica un ajuste y quiere prohibir la lucha contra el ajuste".

Además, el dirigente señaló que la iniciativa presentada por diputados kirchneristas "incursiona fuertemente en la caducidad o anulación del derecho de huelga". "Es un contrasentido. Un desatino, está alentando la agudización del conflicto", apuntó.

Al insistir con que el proyecto, que obligará a notificar con 48 horas de antelación las manifestaciones ante la policía, pretende "restringir el derecho de luchar contra ese ajuste", el dirigente del PO advirtió que "jubilados con 2770 pesos, trabajadores en negro que ganan un promedio de 3 mil o 4 mil pesos y una inflación prevista del año del 40 por ciento van a llevar a luchas y manifestaciones".

Además, sostuvo que la iniciativa busca "prácticamente prohibir" las protestas y argumentó que en "el artículo 5" del texto "no queda espacio para manifestaciones". Por último, preguntó: "¿Le parece que gente que sufrió cortes de luz este verano va a pedir un permiso 48 horas antes para salir a la calle y luego negociar con un mediador mientras se le pudre la comida en la heladera?"

"Es un atropello. Que arreglen el problema de la luz, del déficit energético, que se preocupen más en la fuga de capitales y no pagar sumas tan extraordinarias como la indemnización de Repsol que causan un daño grande al país, perjudicando a los trabajadores que naturalmente van a reaccionar con medidas de lucha", concluyó.
 
La Opinión Popular

17-04-2014 / 11:04
17-04-2014 / 10:04
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