La Opinión Popular
                  19:21  |  Martes 23 de Mayo de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
¿Hacia dónde vamos?
Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“La idea de Macri de unir a los argentinos es un eslogan, porque la estrategia del Gobierno desde el 1º de marzo en su discurso de campaña fue dividir, ya que le resulta funcional a su proyecto político”. Matías Tombolini
Recomendar Imprimir
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
Agreganos como amigo a Facebook
23-05-2017 / 18:05
23-05-2017 / 18:05
23-05-2017 / 18:05
En la justicia federal creen improbable que el Gobierno de Mauricio Macri logré resultados positivos en su intento de lograr que Odebrecht le entregue la información sobre las coimas que pagó en Argentina, porque la constructora exige a cambio inmunidad para los implicados y garantía de continuidad de sus negocios en el país, y cualquier promesa o atisbo de negociación por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo garantizando esos términos sería ilegal.
 
Es que la posibilidad de un acuerdo del Gobierno con Odebrecht al estilo de los que firmó en Brasil o Estados Unidos no existe. "Lo del gobierno es una fantochada, un acuerdo con el Poder Ejecutivo es ilegal", resumió una fuente de la justicia federal. Pero, en el Gobierno está hartos que los fiscales, a los que vinculan con Gils Carbó, direccionen el caso Odebrecht hacia el macrista Arribas y nunca avancen sobre los ex funcionarios K, por eso mandaron a Laura Alonso a presionarlos citando por su cuenta e los empresarios.
 
El ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció el lunes que "ante la falta de avances del Ministerio Público Fiscal se convocó a Odebrecht a dar información a la Oficina Anticorrupción sobre los delitos cometidos en el país". Además, se adelantó que el miércoles habrá una reunión de Laura Alonso con directivos de la empresa, a quienes exigirá que entreguen la documentación y los nombres de los implicados.
 
La jugada además de tratar de ofrecer una respuesta política a las denuncias de Lilita Carrió sobre una protección del Gobierno y la Justicia sobre el ex ministro Julio de Vido, busca marcarle la cancha a los fiscales que siguen el caso y que para la Casa Rosada son muy cercanos a la procuradora Alejandra Gils Carbó.
22-05-2017 / 09:05
22-05-2017 / 09:05
NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar