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Hay que recuperar el progresismo
Por Luis Alberto Romero - Historiador.
“El kirchnerismo no tiene futuro. Lo único que comparto es que yo no tengo nada que ver con ellos y ellos, nada que ver conmigo”. Juan Manuel Urtubey
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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03-05-2016 / 08:05
Cuando faltan menos de dos meses para la última mitad del año, el camino de desaceleración de los precios, prometido por Mauricio Macri, parece muy lejano. Máxime tras el incremento del 10% en los combustibles, llevando hasta los $17,85 el litro de nafta repercutirá en los precios de la canasta básica, con un alza inflacionaria que entre abril y mayo podría llegar a picos de "entre el 6% y el 8%"; y, anualizada, por encima del 40%.
 
Peor aún, ayer, el ministro de Energía, el impolítico Juan José Aranguren, no descartó nuevas subas para este año: "El precio de los combustibles depende mucho del precio del crudo. [...] No puedo pronosticar qué es lo que va a ocurrir con algo que tiene variaciones de precios más allá de lo que ocurre en Argentina", justificó, y defendió como "gradual" este aumento -el cuarto del año- que, desde enero, acumuló un 31%.
 
El propio Aranguren reconoció que el precio de la nafta en el país está "entre los más altos del mundo", en plena crisis mundial del petróleo, cuando el barril ronda los US$ 40, mientras en la Argentina, el Estado lo subsidia alrededor de los US$70.
 
En otros países del mundo, la nafta está asociada a la evolución del precio del petróleo y en general baja. Aquí no pasa eso, porque el petróleo es subsidiado por el Estado a un precio altísimo. Mientras el gobierno quitó subsidios a la gente en la electricidad, el gas o el transporte, los mantuvo a las grandes petroleras.
 
Por esto, y pese al discurso oficial, el incremento resulta injustificado. Son privilegios a las petroleras, a costa del poder adquisitivo de la población. Al mismo tiempo, acelera la espiral inflacionaria, por el impacto que el incremento del combustible tiene en el costo del flete, transporte de pasajeros y producción en general, trasladándose inevitablemente a las góndolas.
 
En este esquema de alta inflación, con un abril para el olvido, meterle un 10% al combustible, un 20% a las prepagas, 40% a los cigarrillos es echarle más nafta al fuego y así, el panorama para mayo no es muy prometedor. De este modo, el gobierno aumenta la burbuja inflacionaria, cada vez más lejos de desinflarse y sin un plan económico integral a la vista.
 
"Bajar la inflación". Esa fue, quizá, la promesa de campaña insignia de Macri y su equipo económico, que aún desea y promete comenzar a reducirla en el segundo semestre de este año. ¿Cómo?: a costa de una mayor recesión, profundizando el enfriamiento de la economía.
 
La tendencia es preocupante: tenemos una proyección anual de entre el 35% y 40% de inflación. Y, como están dadas las cosas, la desaceleración prometida por Macri hoy parece una ocurrencia lejana. En definitiva, uno advierte que está todo atado con alambres, que no hay un esquema económico integral y que el gobierno está perdiendo la pelea contra la inflación.
 
La Opinión Popular

02-05-2016 / 11:05
02-05-2016 / 08:05
02-05-2016 / 07:05
La avanzada gremial en contra del Gobierno de Mauricio Macri, por su abierta oposición al proyecto de ley que propone un "cepo" a los despidos, alcanzó su punto más álgido el viernes pasado, cuando las centrales sindicales se unieron en un acto masivo.
 
El pedido unánime de los referentes se vinculó con la necesidad de declarar la "emergencia ocupacional". Y si bien la inflación fue uno de los ejes de los reclamos, otro factor se acaba de colar en la agenda gremial: el crecimiento de las importaciones y el impacto en la industria nacional. 
 
La queja de las entidades sindicales es que, en un contexto de fuerte caída de la demanda de bienes de consumo masivo -con tasas negativas de entre el 10% y el 25% para el primer trimestre- la competencia del exterior está profundizando aun más la destrucción de puestos de trabajo.
 
Las estadísticas marcan que ya se perdieron casi 60.000 puestos en el sector privado, mientras que la UIA advierte que hay otros 200.000 en riesgo si el Gobierno no toma medidas urgentes.
 
Es en este contexto en el que los sindicatos y diversas cámaras industriales están volviendo a levantar una bandera "anti importación", algo que no sucedía desde  la crisis de 2008, cuando súbitamente surgió la amenaza de una avalancha de productos asiáticos a precios de saldo.
 
Luego, la escasez de dólares y la irrupción del cepo obligaron a la administración de Cristina Kirchner a cerrar el "grifo". Así, con una competencia del exterior casi anulada, los sectores sensibles pudieron "surfear" sin mayores dificultades los problemas de competitividad por el atraso cambiario.
 
Ahora, las entidades gremiales están adoptando una postura mucho más dura y combativa contra lo que algunos señalan como un potencial regreso a las políticas liberales de los años´90.
 
Primero, generó expectativa el desarme del entramado de restricciones a las importaciones con el fin de las DJAI y la eliminación de la "cuotificación" en la entrega de dólares por parte del BCRA.
 
Luego, la amenaza para las centrales obreras quedó plasmada en la fuerte avanzada del macrismo en pos de normalizar las relaciones de la Argentina con el mundo, tanto desde el punto de vista comercial como financiero.
 
La insistencia oficial por la firma de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, que es presentada por el macrismo como una oportunidad para expandir las exportaciones de agroalimentos, es vista por los gremios como una futura sangría de puestos de trabajo. 

01-05-2016 / 10:05
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