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El clima en Paraná
Un país atravesado sólo por estrategias de poder
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“Si llego a la Casa Rosada irá preso cualquier persona que comete un delito sin importar si es extranjero, argentino o vicepresidente de la Nación”. Julio Cobos
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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23-11-2014 / 17:11
23-11-2014 / 11:11
 
Sergio Massa se reunió con el senador radical Luis Naidenoff para firmar un compromiso de trabajo conjunto, con puntos como el rechazo a reelecciones indefinidas en el feudo K.
 
"Cómo le podemos hablar de futuro a nuestros hijos si desde que nacieron hasta el día de hoy, sólo vieron a un mismo gobernante. Cómo les podemos hablar de democracia a nuestros hijos si no hay recambio. Vivimos en un país con 30 años de democracia, y sin embargo se creen los patrones de una estancia, cuando en realidad lo que tenemos que construir es la posibilidad de que la gente nos pueda escuchar a todos, y a partir de ahí, elegir", planteó Massa.
 
El acto debió hacerse en la calle porque el gobernador Gildo Insfrán, un verdadero patrón de estancia, impidió que se alquilaran hoteles de la capital formoseña. "Le agradezco a Luis el coraje, la firmeza, la no especulación para jugarse por su provincia porque los formoseños tienen un sueño: dejar de mirar el pasado y trabajar para construir una mejor Argentina del futuro", afirmó Massa.
 
Naidenoff habló "en nombre de la Unión Cívica Radical", para "agradecerle a Sergio Massa, quien expresa una marcada intención de cambio, su compromiso de jugársela, su presencia en Formosa es un compromiso muy potente".
 
"La extorsión y el apriete son el denominador común en nuestra provincia ya que hay comunidades en el interior que por no acompañar a los caciques que digita el gobierno, se les castiga y no se les entrega agua potable. Las libertades acá están restringidas, hay una fachada democrática porque conciben a la democracia como un simple acto electoral", destacó.
 
La Opinión Popular

23-11-2014 / 10:11
23-11-2014 / 10:11
 
En la reunión celebrada el lunes en San Fernando, los radicales resolvieron lo que le corresponde hacer a un partido democrático ubicado en el campo opositor.  Una de las decisiones que más molestó a los críticos fue la de respaldar una fórmula presidencial encabezada por la UCR.
 
¿Qué esperaban? ¿Tan alienados estamos en materia republicana que nos parece mal que un partido se reúna para proponer sus propios candidatos? ¿Lo correcto hubiera sido proponer un candidato de otro partido?
 
Si la pretensión no fuera patética, resultaría graciosa. ¿Un partido se moviliza, moviliza a sus dirigentes y a sus militantes para después resolver que van a apoyar a un candidato de otro partido? Los propios radicales admiten que a la vuelta del camino puede ser probable que apoyen a otros candidatos. Esto ocurrirá si pierden las Paso, por ejemplo. O si a las Paso se suma Macri.
 
Pero lo que no se le puede negar a un partido es el derecho básico de proponer sus propios candidatos. Es lo que hizo la UCR. Lo decidido no niega hacia el futuro acuerdos, entendimientos o la presencia de otros candidatos en las Paso. Pero un principio básico para toda institución política que merezca ese nombre, es defender propuestas y candidatos propios.
 
En política sólo una cosa es más grave que el sectarismo: la estupidez. Y estúpidos habrían sido los radicales si en la reunión hubieran decidido lo que pretendía Elisa Carrió, es decir, apoyar a Macri. Eso y declarar la inutilidad del partido es más o menos lo mismo.
 
Como reza un refranero popular: "Un partido no tiene derecho a regalarse". Y lo que los radicales hicieron fue protegerse de esa perniciosa tentación que incluye admitir por anticipado la inutilidad de los partidos políticos y, en este caso, del radicalismo.
 
Puede que Elisa Carrió tenga razón y la oposición deba unirse para impedir que se consagre el continuismo. Puede que el candidato con capacidades reales de ganarle al peronismo sea Macri. Todo esto y mucho más puede ser posible. Pero de allí no se infiere que la UCR decida un año antes poner toda su estructura al servicio de una candidatura externa.
 
Un partido puede admitir coaliciones y alianzas, pero no puede negarse, si efectivamente es un partido, a defender su identidad y sus propios candidatos. La declaración de la UCR no cierra puertas ni ventanas hacia el futuro. Pero no las abre más allá de lo que aconseja la prudencia. En primer lugar, ratifica la constitución de Unen; luego propone candidatos propios. ¿Qué otro aporte a la democracia se le puede exigir a un partido político?
 
Carrió está en su derecho de creer que el acuerdo con Macri debe hacerse ya. Pues bien, que lo haga. Lo que no puede pretender es que los otros partidos de Unen salgan corriendo detrás de su flamante propuesta. Y mucho menos proceder a acusar de las peores cosas a quienes no deciden someterse a su voluntad.
 
Lo que Carrió debería aprender es que la condición republicana exige tolerancia, respeto por el adversario, prudencia en el empleo de las palabras. Para intolerante, arbitraria y caprichosa ya está Cristina.

23-11-2014 / 09:11
 
Nunca en democracia una estrategia de penetración política en el Poder Judicial ha sido tan descarada como ahora. Ni siquiera con Menem, cuando funcionaba la "mayoría automática" de la Corte Suprema y actuaban los jueces amigos cuyos nombres integraban la famosa servilleta del ex ministro Corach.
 
El oficialismo contraataca diciendo que tampoco es común el avance de tantas causas contra funcionarios del Gobierno. Tienen razón, pero esas causas se alimentan no sólo de testimonios, sino también de documentación contundente sobre irregularidades cometidas al calor de la impunidad. Y la Justicia está para eso.
 
El allanamiento dispuesto por el juez Bonadío a la empresa Hotesur, de la cual Cristina Fernández es como dueña del Hotel Alto Calafate, reactivó de modo espectacular la guerra entre Gobierno y Justicia. La Presidenta volvió a protagonizar escenas de furia en Olivos, que la sacaron de la calma aconsejada por sus médicos.
 
El foco central del enojo eran las novedades que surgen en las investigaciones sobre Lázaro Báez, que la vinculan a ella y a su hijo Máximo con negocios muy sospechados. La orden terminante fue acelerar la escalada K en Tribunales.   
 
Gabriela Vázquez, de fuertes lazos con los K, fue elegida presidenta del Consejo de la Magistratura -para lograrlo se votó a sí misma- y la operación oficialista no terminaría allí. El Administrador General del Poder Judicial, o sea, el hombre que maneja los dineros que hacen funcionar a toda la estructura, fue remplazado por Claudio Cholakian, directivo de la agrupación Justicia Legítima.
 
En la Casa Rosada están convencidos de que las malas noticias que llegan a la Presidenta desde Tribunales, son operaciones de la oposición política, en connivencia con jueces y fiscales que se toman revancha por la decisión de Cristina de "democratizar" la Justicia.
 
En cambio, no le asignan importancia a los agravios y acusaciones con los que el kirchnerismo viene bombardeando a la familia judicial, desconociendo que eso y el final de ciclo, envalentona a los magistrados.
 
La guerra está en pleno desarrollo, como lo están las investigaciones que cada día estrechan más el círculo sobre la Presidenta y su familia. Los vínculos con Lázaro Báez generan un nerviosismo inédito en la cúpula del poder y apuntan a un final desconocido. 

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