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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Parece que el Presidente Mauricio Macri y su gobierno de ricos continúa la senda del gobierno anterior en lo que hace a favorecer sus negocios personales y enriquecerse a costa del Estado”. Victoria Donda
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Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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23-03-2017 / 13:03
23-03-2017 / 10:03
La Marcha Federal y el paro docente de 48 horas concluyeron con una multitudinaria manifestación. Cientos de miles de maestros de todos los gremios docentes desbordaron la Plaza de Mayo. Reclamaron la apertura de la paritaria nacional y repudiaron los dichos de Mauricio Macri sobre la educación pública.
 
Convocados por los cinco gremios docentes con representación nacional (Ctera, UDA, AMET, CEA y Sadop) y los gremios universitarios Conadu y Conadu Histórica, los docentes llenaron la Plaza para reclamarle a la administración macrista que convoque a la paritaria federal. Avisaron que mientras eso no suceda, van a continuar el plan de lucha.
 
Buena parte de los discursos estuvieron dirigidos a contestar los argumentos del ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien insiste en que la paritaria nacional no es necesaria, porque la Nación está mandando fondos a las gobernaciones y el piso salarial docente sube de manera automática con cada aumento del salario mínimo, vital y móvil.
 
La jornada evidenció que no resultó la campaña de demonización del Gobierno contra los docentes. El apoyo popular fue masivo. Todo el arco de los dirigentes docentes señaló que, tras el embate contra la paritaria y el recorte de los sueldos docentes, la intención es desresponsabilizar al gobierno de Macri de la educación pública.
 
En la paritaria nacional, que la alianza Cambiemos se niega a convocar, se discutían hasta el año pasado tres temas: un salario inicial para todos los docentes del país (más allá de que luego lo deban pagar las provincias), los fondos nacionales destinados a que los distritos más pobres puedan afrontar ese costo y el monto del Fondo de Incentivo Docente, que también con recursos nacionales aporta una suma fija para mejorar los sueldos.
 
La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, advirtió que si el Gobierno no llama a la paritaria nacional, "el conflicto no se va a solucionar". Aludió así a que las provincias no podrán afrontar solas el tema de los salarios docentes, pero también a que la cuestión es estructural para los gremios.
 
Alesso puso el reclamo en su dimensión histórica. Recordó cómo la Ley de Financiamiento Educativo fue el resultado de años de movilizaciones y lucha de los docentes. Puso en esta línea a la marcha blanca del 88, a la Carpa Blanca y a los muchos conflictos provinciales que se desplegaron hasta la sanción de las leyes de Educación Nacional y de Financiamiento Educativo.
 
Los gremios anunciaron un nuevo paro con movilizaciones en la jornada nacional del próximo jueves (día de la huelga convocada por las dos CTA) y anticiparon que se sumarán también al paro de la CGT del 6 de abril. La lucha continúa...
 
La Opinión Popular

22-03-2017 / 09:03
Ya se quejaron los usuarios, ya se conocieron los reclamos de los comerciantes y ya hubo polémica política. Lo único que faltaba para confirmar que el plan "Precios Transparentes" está lejos de los objetivos buscados por el Gobierno era el dato del impacto sobre los bancos.
 
Por lo pronto, los números muestran una contundente caída en los créditos generados luego del cambio regulatorio impuesto por el BCRA. Según datos del organismo, los montos financiados por las entidades se desplomaron en febrero a niveles similares a los vigentes en igual mes de 2014: apenas alcanzaron los $17.700 millones.
 
Pero claro, en el medio hubo una muy alta inflación, de modo tal que si se consideran los aumentos de precios acumulados en estos dos años, entonces la caída de la financiación -en términos reales- es nada menos que del 60% (tomando como referencia el IPC de la Ciudad de Buenos Aires).
 
Alguien podría argumentar que ese derrape estuvo fuertemente influenciado por la recesión de los últimos doce meses, pero no es tan así. Aun si la comparación se efectúa sólo entre enero y febrero (lapso en el que el único cambio de fondo fue la regulación de las tarjetas) el descenso también ha sido alarmante: superó el 60%.
 
Para los banqueros, la luz de alerta se prende a raíz de la enorme caída en un rubro clave: la generación de intereses. Si se compara cuánto cobraron por el ingreso de fondos del mes anterior ($1.653 millones) frente a los de febrero ($663 millones), la conclusión es elocuente: dejaron de facturar casi $1.000 millones.

22-03-2017 / 09:03
22-03-2017 / 09:03
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