La Opinión Popular
                  23:49  |  Lunes 24 de Abril de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
¿Hacia dónde vamos?
Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“El modelo económico que aplica el Gobierno atrasa 40 años y hay que cambiarlo porque estamos en estanflación, se triplicó la deuda y tenemos un problema de fuga de capitales”. Aldo Pignanelli
Recomendar Imprimir
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
Agreganos como amigo a Facebook
24-04-2017 / 09:04
24-04-2017 / 08:04
24-04-2017 / 07:04
Por los graves incidentes del fin de semana en Santa Cruz, tanto el kirchnerismo como el gobierno de Mauricio Macri se mostraron alarmados por la escalada de violencia que llegó a poner en riesgo la integridad de Cristina Fernández, la gobernadora Alicia Kirchner, tres empleadas de la gobernación y Helena, la pequeña nieta de CFK.
 
También hay cierto consenso respecto de cómo se llegó a esta situación: el colapso financiero provocado por la superpoblada plantilla de trabajadores estatales, que llega a niveles récord. Casi 90.000 empleados en una provincia que apenas supera los 300.000 habitantes. Para colmo, Santa Cruz tiene una dependencia excesiva de la industria petrolera, ahora en declive por la caída de los precios internacionales.
 
Santa Cruz es una jurisdicción donde los empleados y jubilados cobran mal y tarde, la propuesta a los docentes es un ajuste salarial de 3% y el fantasma del estallido violento está a la vuelta de la esquina. Hay consenso respecto de que el Gobierno nacional debe asistir financieramente a la provincia en su emergencia, según las declaraciones del ministro del interior, Rogelio Frigerio. Pero ahí terminan los consensos y empieza el verdadero nudo del problema: quién debe pagar el costo político de la crisis.
 
Porque Cristina y Alicia sostienen que el empleo público es un espacio de contención social y de refugio en una provincia donde si se echa a un estatal se lo condena a la miseria; en un escenario recesivo como es claramente el caso de Santa Cruz, con su muy poca diversificada economía. En consecuencia, la visión K es que la dotación de empleados debe ser mantenida con la asistencia financiera de Macri.
 
En la vereda de enfrente, Frigerio dio a entender con bastante claridad lo que se espera de la gobernadora Alicia Kirchner: que asuma el costo político de echar gente. Que la provincia le garantice que se está haciendo algo concreto para recortar el gasto fiscal.
 
Resulta claro que el Gobierno de Macri no gana mucho si deja que se tense la situación, porque la gravedad es tal que no se puede descartar un final trágico si se repiten los enfrentamientos callejeros. Pero, además, al macrismo no le sirve la salida de Alicia Kirchner de su cargo. Lo que ocurriría después de una intervención federal de la provincia, es que pondría al macrismo en el antipático rol de tener que realizar el ajuste que no hizo el kirchnerismo. Y es lo que quiere evitar.
 
En consecuencia, se buscará un acuerdo que implique la ayuda financiera para la provincia pero que el Gobierno nacional no dará "gratis", en términos políticos. Buscará por todos los medios mostrar las consecuencias que trae un desgobierno K en esa provincia. Hoy, Santa Cruz es la capital nacional de la "grieta", un verdadero peligro que se corporiza en empleados que no cobran sus salarios o en una pedrada contra la casa donde hay una bebé de 18 meses.
 
La Opinión Popular

23-04-2017 / 20:04
23-04-2017 / 18:04
NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar