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La apuesta del consenso y la reconstrucción
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
Porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás, a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras donde naides creiba que hubiera gusanos. El orejano
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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02-09-2014 / 17:09
 
La sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal declaró la nulidad de una resolución en la que el juez federal Norberto Oyarbide había sobreseído a los recaudadores de la campaña presidencial del oficialismo en 2007, lo apartó de lo que resta investigar del caso de la mafia de los medicamentos, y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura.
 
La decisión declaró la nulidad de una resolución en la que el juez había sobreseído a Héctor Cappacioli y a Sebastián Gramajo, entre otros, por el delito de "lavado de activos de origen delictivo" vinculados a la campaña electoral del Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales del 2007.
 
Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun sostuvieron que Oyarbide incumplió dos fallos de Cámara en los que le ordenó que la investigación por lavado de activos debía enviársela a su par Ariel Lijo, quien investigaba hechos similares.
 
"No habrán de presumirse aquí las razones que pudieron llevar a repetir esa irregularidad. Pero sí habrá de observarse que, cualquiera sean esos motivos, un fallo dictado en semejantes condiciones torna aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para supuestos asimilables, según la cual la omisión de las formalidades sustanciales del fallo determinan su inexistencia", sostuvieron los camaristas.
 
Oyarbide ya acumula en el Consejo de la Magistratura 17 denuncias por presunto mal desempeño.
 
La Opinión Popular

02-09-2014 / 17:09
02-09-2014 / 09:09
 
Este lunes la oficina Anticorrupción dio a conocer la declaración jurada de Cristina Fernández, según la cual se desprende que a fines de 2013 el patrimonio -declarado- de la "exitosa abogada" creció 15%.
 
Cuando fue consultada por el origen de su fortuna la Presidenta contestó que se debe a que ha sido "una exitosa abogada", pero es público que desde hace más de dos décadas que se desempeña en la función pública y no ejerce la profesión (nunca se matriculó) y que el mayor crecimiento de su fortuna coincide con la llegada de los Kirchner al gobierno nacional.
 
En 2012, Cristina mandó un proyecto de ley al Congreso que hizo cambiar el método para confeccionar las declaraciones juradas, lo que hizo perder muchos datos y genera confusión sobre el valor de su fortuna.
 
Cristina está en la mira porque incrementó su patrimonio en un 15% mientras que su cuñada, Alicia Kirchner, es una de las que encabeza el ranking de los empleados del Gobierno que más ganaron en un año con un +154%. Sin embargo, la número uno es la ministra María Cecilia Rodríguez (+225%) la que mayores ganancias tuvo este año.
 
En el rubro ingresos por trabajo, alquileres y otras rentas, Cristina dijo haber tenido una ganancia de 4.759.140 pesos y en ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias, otra suma por 3.424.153 pesos.
 
Si se descuentan las deudas con las que inició y concluyó ese período, el incremento patrimonial es de 16% y el salto interanual es de 6.857.306 pesos. En el rubro 'gastos personales', la Presidenta declaró 964.882 pesos, lo que dividido en 365 días da unos 2643 pesos diarios.
 
¡La pucha que así vale la pena "militar" con los K!
 
La Opinión Popular
02-09-2014 / 08:09
  Como si fuese un gran logro, Cristina Fernández, junto a funcionarios nacionales y provinciales -y algunos dirigentes sindicales colaboracionistas- que trabajan de aplaudidores, anoche anunció que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) pasará a ser de $4400 pesos a partir de este mes y de $4716 desde el 1° de enero.
 
El beneficio alcanzará a unas 113 mil personas y el aumento ronda el 31%, en dos cuotas, cuando la inflación real se ubica en torno al 40%. El aumento supera el promedio de 29,7% acordados en paritarias, pero es inferior a la mejora de 40% en la Asignación Universal por Hijo. En el encuentro también se decidió la creación de un Observatorio del Empleo.
 
El sindicalismo opositor al Gobierno a través de Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli, cuestionó la exclusión de sus sectores en la reunión del Consejo del Salario y pidieron un haber mínimo mucho más alto que el acordado: la suba debía ser del 70 u 80% (Moyano) o debe rondar entre los $ 6.000 (Barrionuevo) o los $ 10.900 (Micheli).
 
En ese escenario, en lugar de reconocer la gravedad de la crisis, Cristina sostuvo que "tenemos problemas en algunos sectores de la actividad industrial, pero no en toda". La Presidenta también acusó al sector automotriz de "encanutar" los autos, aseguró que la rentabilidad de los empresarios es "importante" y defendió la polémica ley de Abastecimiento que impulsa en el Congreso.
 
Habría que preguntarle a Cristina cuál es la industria que aún no bajó las persianas y logra mantenerse en pie, que no está atravesando penurias por la recesión. Salvo el negocio de las tragamonedas y de los bancos, que llenan sus arcas por los favores del poder político, no se conoce ningún otro sector que no esté afectado por la recesión.
 
Quizás, al hablar sobre la situación del país, Cristina parte de su situación personal: su última declaración jurada muestra un patrimonio de $55.304.793 y un crecimiento de $7.000.000 en 2013 por las ganancias que le dejaron los alquileres de sus propiedades y sus plazos fijos. Ella y sus funcionarios aumentaron sus patrimonios, pese a la crisis económica que sufre el país.
 
Si no fuera una tragedia, ya que estamos hablando del futuro de las empresas nacionales y de millones de trabajadores que padecen las penurias de la inflación, lo que se anunció ayer sería un chiste muy mal gusto. Este no es el ingreso mínimo indispensable que una familia debe tener para no ser pobre.
 
Ocurre que los $4400 de salario mínimo es irrisorio, al punto que un trabajador estatal en una provincia, que recién ingresa a la administración pública en la categoría más baja del escalafón, está cobrando entre 4800 y 4900 pesos. Es decir, existe un desfasaje importante entre lo que anunció el gobierno de CFK y la realidad concreta.
 
Algo similar ocurre con el trabajo en negro, del que tanto se llenan la boca los funcionarios K. La realidad es que en el propio Ministerio de Trabajo de la Nación, cuyo titular, Carlos Tomada, ayer estuvo junto a Cristina, se incumplen las leyes laborales. Más del 65% del personal de ese Ministerio de Trabajo no forma parte de la planta permanente. Son empleados "transitorios y estacionales", cobrando contratos basura.
 
La Opinión Popular

01-09-2014 / 16:09
 
Desde septiembre los precios de las naftas y el gasoil sufrirán un nuevo ajuste. Será de aproximadamente un 4 por ciento. Esta vez los menos afectados serán los clientes de combustibles premium. En lo que va del 2014, las naftas acumulan un salto de 34% y casi de 60% en seis meses.
 
Durante esta semana, los precios de las naftas y el gasoil registrarán el sexto aumento en lo que va del año. En la Capital Federal la súper pasaría a costar $11,90 el litro mientras que la nafta premium subiría a casi 13,50 pesos. En el interior del país, el combustible de mayor octanaje podría alcanzar los 16 pesos en las marcas más caras.
 
Según dijo el presidente de la Unión de Expendedores de Naftas y Afines bonaerense, Luis Malchiodi, el ajuste estaba previsto. "En agosto no hubo subas porque la economía estaba complicada y hubiera sido un nuevo agravio al consumidor", argumentó.
 
"La inflación no cesa, al contrario, para nosotros se está incrementando y esto trae la necesidad de hacer ajuste en los combustibles líquidos. Los ajustes van a ser pequeños de aquí a fin de año, pero serán actualizados a medida que los precios tengan que ser cambiados", dijo en declaraciones a radio La Red.
 
Para los estacioneros, decidir estas subas es complicado ya que si bien acomodan las finanzas, también disminuyen las ventas y provocan la retracción del mercado. "La venta de gasoil bajó porque la actividad económica es menor, y en la nafta también cayó; los aumentos que han asustado a los consumidores. Los salarios no han tenido el mismo camino que la inflación y hay una lógica disminución del poder adquisitivo", graficó el especialista.
 
De acuerdo a datos oficiales, el despacho de combustibles líquidos al público retrocedió en julio 6,5% respecto al mismo mes del año anterior. La premium y el gasoil tradicional fueron los productos más afectados aunque también se contrajo la demanda de la nafta súper.

 
Así, los K le echan nafta al fuego de la inflación. 

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