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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Parece que el Presidente Mauricio Macri y su gobierno de ricos continúa la senda del gobierno anterior en lo que hace a favorecer sus negocios personales y enriquecerse a costa del Estado”. Victoria Donda
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Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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21-02-2017 / 09:02
El Partido Justicialista nacional dio su apoyo "orgánico e institucional" a la marcha obrera del 7 de marzo. Tras reunirse con los dirigentes de la CGT, la conducción del peronismo respaldó la jornada que, convocada con la consigna "en defensa de la industria nacional y el empleo", será la primera protesta de la central obrera luego del fracasado "Compromiso para frenar los despidos" firmado con los principales grupos empresarios y el gobierno de Mauricio Macri.
 
La marcha contra el gobierno de Macri ya tiene la adhesión de las CTA, los gremios del transporte, los movimientos sociales, las organizaciones que nuclean a las PYMEs y las cámaras del sector industrial de la Confederación General Empresaria (Cgera), y ahora va en busca de sumar a las fuerzas políticas. 
 
El encuentro se realizó en la sede histórica del PJ. Estuvieron el titular del partido, José Luis Gioja, el ex candidato Daniel Scioli, el senador Miguel Ángel Pichetto -jefe de bloque del FpV-, el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y el del PJ Capital, Víctor Santa María, entre otras figuras de la mesa de conducción del peronismo. Desde el sector del kirchnerismo duro no hubo nadie presente. El  triunvirato que conduce la CGT -Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid- llegó acompañado por otros secretarios generales, como Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Romero (de los docentes de UDA) y Rodolfo Daer (Alimentación).
 
Se habló de los despidos ("seis mil en enero, sólo en los sectores industriales", dijo Héctor Daer), las suspensiones y la intención del equipo económico de ponerle un techo del 20% a las negociaciones paritarias. Sobre la pérdida de fuentes de trabajo, los dirigentes sindicales criticaron la apertura indiscriminada de las importaciones, la suba de las tarifas y la caída del consumo como un combo imposible de soportar para las empresas del sector manufacturero y las Pymes.
 
Espinoza describió un panorama sombrío de lo que se vive en La Matanza por la destrucción del empleo formal y sus efectos en la caída de la economía informal. "El peronismo decidió acompañar la marcha de la CGT para reclamar al presidente Macri que cambie este rumbo que sólo beneficia a los más ricos", declaró más tarde el jefe comunal, anticipando que hay una decisión del PJ bonaerense de sumarse activamente a la movida.
 
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, sumó al panorama el conflicto docente y se quejó de la difícil situación en que quedaron los gobernadores luego de que el macrismo suspendió la paritaria nacional y dejó solas a las provincias en las negociaciones salariales. La mandataria apuntó a la contradicción de apoyar la lucha de los trabajadores para que no haya despidos ni techo en las paritarias, y tener que decirle a los docentes en la paritaria provincial que no van a aumentarles el sueldo.
 
Para después de la marcha, la CGT anunció un paro general -el primero de la organización contra el gobierno de Macri-, que todavía no tiene fecha, aunque sus voceros lo ubican en la segunda quincena marzo.
 
La Opinión Popular
20-02-2017 / 12:02
20-02-2017 / 10:02
20-02-2017 / 10:02
20-02-2017 / 08:02
"Si se meten con Gustavo (Arribas) se meten conmigo", dicen que en un momento dijo Mauricio Macri, cuando estalló que el jefe de los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) recibió casi 600 mil dólares en una operación ilegal. Ahora confirmaron que Arribas recibió 5 transferencias de Odebrecht, y no una como él declaró.
 
Así lo afirmó el fiscal federal Federico Delgado, quien aseguró que vio los documentos que acreditan las cinco transferencias sospechosas de dinero a Gustavo Arribas. Los pagos los habría realizado un cambista brasileño "arrepentido" en el caso de corrupción denominado Lava Jato.
 
Federico Delgado, representante del Ministerio Público Fiscal, expresó que pudo constatar la existencia de cinco transferencias millonarias dirigidas a Gustavo Arribas en la documentación que le presentó el periodista que reveló el escándalo el 11 de enero pasado, en la causa donde se investiga si el titular de la AFI recibió presuntas coimas de parte de la empresa constructora de Brasil, Odebrecht.
 
En este sentido, Delgado aseguró que existen "contradicciones manifiestas" del jefe de los espías, quien es investigado por presuntos sobornos recibidos (pagados por la firma brasilera Odebrecht) cuando se negociaba el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en el año 2013. "No sé si mintió, pero hay contradicciones que en este momento se están chequeando", afirmó el fiscal.
 
"Las cinco transferencias que publica el periodista son las que se hicieron. Él nos aportó la documentación que avala eso y ahora estamos cotejando las planillas que pasó cuando declaró", manifestó Delgado. Y agregó: "Ahora es el trabajo de la Justicia determinar cuál es la realidad, pero evidentemente hay contradicciones".
 
De esta manera, la situación judicial de Arribas, en la causa que lo investiga por presuntas coimas cuando se negociaba la obra del soterramiento del tren Sarmiento en el 2013, se complica, ya que habría recibido 5 transferencias y no una como él afirmó, del operador preso por pagar sobornos, Leonardo Merielles, por un monto cercano a los 600 mil dólares, pagado en septiembre de 2013.
 
Y todos los caminos apuntan a su amigo, socio y defensor: Mauricio Macri.
 
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