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"El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por inteligentes y trabajadores que sean. Y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por idiotas y haraganes que sean". Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía
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Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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21-02-2018 / 11:02
21-02-2018 / 11:02
 
En medio de la segunda jornada del paro de 48 horas en la actividad y previo a la movilización del sindicalismo opositor que compartirá con Hugo Moyano, el gremio bancario celebró un fallo judicial que dispuso restituir a entidad sindical la potestad de recaudar el denominado aporte solidario a los trabajadores no afiliados y a la par ordenó a las entidades financieras continuar pagando a su personal los ajustes por inflación determinados en la cláusula gatillo del acuerdo paritario 2017 hasta la firma de un nuevo convenio.
 
La medida cautelar en favor de la Asociación Bancaria (AB), dispuesta por el juez Julián Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de Resistencia, Chaco, será apelada en las próximas horas por el Ministerio de Trabajo, que en enero último había resuelto la nulidad de la cuota solidaria del 1% del salario que el gremio cobrara a unos 45.000 trabajadores no afiliados. En tanto, desde las cámaras empresarias que agrupan a los bancos evitaron ayer anticipar una posición y solo señalaron que evaluarán con sus respectivos asesores letrados el camino a seguir frente la medida judicial.
 
El fallo tuvo lugar en momentos en que la negociación paritaria sectorial está estancada (los bancos ofrecieron una suba salarial de 9% con cláusula gatillo, que fue rechazada por el gremio, que insistió con un reclamo de aumento de 20%) y se profundiza el escenario de conflicto con la amenaza de nuevos paros tras la huelga de 48 horas que culminó ayer. 
21-02-2018 / 11:02
La marcha contra las políticas de ajuste neoliberal del gobierno de Mauricio Macri promete ser multitudinaria. El sector combativo de la CGT y las dos CTA son los convocantes. No será la primera movilización contra la alianza Cambiemos pero abre una nueva etapa político sindical de mayor confrontación contra la política económica que ahoga a trabajadores con la inflación, precariza e incrementa el desempleo.
 
El gobierno de Macri ha intentado por todos los medios desmerecer las razones de la convocatoria como una forma de reducir el caudal de participación popular. El número de gremios que decidieron no participar de la movilización fue difundido por los grandes medios ultra macristas como Clarín, La Nación e Infobae, a modo de presagio negativo de la magnitud de la marcha.
 
Sin embargo, la estrategia macrista sucia anti-Moyano comienza a generar ruido en todo el sindicalismo. En su afán por aislar al líder camionero, el macrismo incurrió en prácticas que el resto de la CGT teme se puedan trasladar al resto de las organizaciones, incluidas las "Macri friendly". El temor compartido por los "gordos", los grandes gremios de servicios e "independientes", colaboracionistas con todos los gobiernos, es que las presiones oficiales sobre el camionero se vuelvan un boomerang contra el resto del sindicalismo.
 
De todos modos y más allá de esta situación gremial, lo real es que el grado de desmoronamiento de la economía llevará no solo a partidos de la oposición, organizaciones de Derechos Humanos sino también a gente sin una afiliación definida a participar de esta concentración.
 
La marcha cuenta con el aval del Consejo Directivo de una CGT en crisis, acordada con las dos CTAs, siendo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) uno de los principales sindicatos de esas centrales. Además participará la Corriente Federal de Trabajadores, que tiene en Sergio Palazzo de Bancarios uno de sus principales referentes.
 
La Ctera, el gremio mayoritario en docentes a nivel nacional, que en la provincia de Buenos Aires a través de Suteba está iniciando la pelea salarial contra el techo del 15% que propone María Eugenia Vidal en las paritarias, también será de la partida.
 
Los movimientos sociales ligados a la conducción espiritual del Papa Francisco también saldrán a protestar: se trata de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.
 
El peronismo, que intenta superar su crisis con iniciativas de reunificación, sumará columnas desde el conurbano bonaerense: Gustavo Menéndez, que está al frente del PJ en la Provincia de Buenos Aires, convocó a participar. Un sector del PJ apuesta a que una movilización masiva contribuya a consolidar una oposición al Gobierno de Macri para el 2019. La intranquilidad del macrismo, los grandes medios oficialistas y el establishment económico es manifiesta.
 
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20-02-2018 / 18:02
20-02-2018 / 13:02
El "pañuelazo" convocado por la Campaña por el Derecho al Aborto reunió a miles de mujeres y centenares de hombres de distintas generaciones. En redes, #AbortoLegalYa fue tendencia mundial. Protestaron frente al Congreso para exigir la legalización del aborto, por todas las que mueren cada año en procedimientos clandestinos.
 
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una jornada de reclamos en favor a la interrupción del embarazo que incluye un "pañuelazo" frente al Congreso. "Ni muertas ni presas por aborto clandestino. Aborto Legal, una deuda de la democracia", es la consigna bajo la cual la ONG trabaja desde hace 13 años por los derechos de las mujeres.
 
La exigencia es de "aborto legal ya" a los diputados y senadores, que no aprobaron una ley que mejore la situación de las cientos de mujeres que deben someterse a procedimientos clandestinos cada año. Según Amnistía Internacional, en la Argentina se realizan casi medio millón de abortos por año.
 
La socióloga y Directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire, afirmó: "Las mujeres y las identidades disidentes hemos avanzado mucho en visibilidad en el último tiempo y eso es fruto de la enorme lucha que venimos llevando hace décadas. Sin embargo, todavía falta que ese avance en la agenda mediática se materialice en derechos concretos y la responsabilidad de ello lo tienen quienes están sentados en los recintos del Congreso y en la Casa Rosada".
 
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