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Un país atravesado sólo por estrategias de poder
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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23-10-2014 / 10:10
 
En su último año de gestión, el gobierno de Cristina Fernández tiene planeado gastar, al menos, $3.600 millones en publicidad y mecanismos promotores de la política K. Dentro de ese paquete, el Gobierno distribuirá más dinero a la transmisión de la Primera A y a la organización de eventos con sello kirchnerista.
 
Aunque la Presidenta no puede renovar, el presupuesto orientado a reivindicar la gestión kirchnerista seguirá intacto y podría crecer con el avance del año electoral.
 
Según el Presupuesto 2015 publicado por el Ministerio de Economía - que aguarda su aprobación en el Senado a fin de mes- el Gobierno destinará $1.203 millones en concepto de "prensa y difusión de los actos del Gobierno", una partida que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La Anses, uno de los organismos descentralizados que más spots difunde, tiene previstos fondos por 521 millones por ese concepto.
 
El programa Fútbol Para Todos, habitual altavoz de las supuestas bondades de la gestión K durante el prime time de los torneos, cuenta con un presupuesto de $1634 millones. La "Conmemoración del Bicentenario", en tanto, contará con fondos por 315 millones de pesos. Los cuatro ítems suman un presupuesto de $3678 millones.
 
La cifra de 2015, no obstante, puede crecer si se tiene en cuenta el historial que tuvieron los fondos vinculados a la publicidad estatal, que en años anteriores se engrosaron gracias a los superpoderes del jefe de gabinete. Sin ir más lejos, este año Jorge Capitanich aumentó 32% los fondos para la prensa del Gobierno respecto al presupuesto aprobado por el Congreso para 2014.
 
¡Cuánto dinero despilfarrado, por Dios!
 
La Opinión Popular

23-10-2014 / 09:10

Desde su asunción en mayo del 2003, el kirchnerismo ha utilizado como pantalla la supuesta defensa de los derechos humanos para hacer oscuros negocios. Y su principal instrumento fue la Fundación Madres de Plaza de Mayo que conduce la inefable Hebe de Bonafini, quien desde un principio se alió sin miramientos al oficialismo.
 
Ayer, se sumó un nuevo capítulo al escándalo: con la mayoría automática K, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, haciendo oídos sordos a los pedidos de la oposición de postergar el debate. 
 
Lo más grave es que, con esta medida, será el Estado, es decir el conjunto de los ciudadanos que pagamos impuestos, el que termine haciéndose cargo de un rojo que rondaría los $230 millones, producto de distintos desmanejos y actos de corrupción ocurridos dentro de la entidad.
 
Con esta acción se nota claramente la doble moral y el doble discurso de los K aplicado a las Madres y Hebe de Bonafini. Una de las características que ha regido a la Universidad de las Madres de plaza de Mayo ha sido la imposibilidad de poder disentir con la histórica jefa de la asociación o con sus ideas.
 
Trabajadores perseguidos por pensar distinto, un centro de estudiantes que no puede existir, un espíritu crítico que no existe, trabajadores que no se les realiza aportes previsionales, una universidad que no le paga a Edesur y que se cuelga de los cables desde hace 9 años.
 
Para muchos sectores de la oposición, la estatización es la excusa ideal para el salvataje de una universidad que ya no podía seguir funcionando por el desfinancimiento y los manejos turbios.
 
Todo comenzó a destaparse luego del escándalo del Plan Sueños Compartidos que manejaba el parricida Sergio Schoklender, el hijo putativo que durante años tuvo Bonafini. A partir de este programa, por distintos actos de corrupción, se despilfarraron $1200 millones que salieron de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
 
Estos millones deberían haber servido para construir viviendas sociales, pero se habrían usado para engrosar el patrimonio de los hermanos Schoklender, de la hija de Bonafini y de otros personajes nefastos.
 
Mientras reina la impunidad, para colmo de males, ahora los ciudadanos vamos a estar sosteniendo con nuestros impuestos carreras de formación militante para estudiantes ultra K. Seguimos manteniendo vagos...
 
La Opinión Popular

23-10-2014 / 08:10
23-10-2014 / 08:10
  Según el relevamiento mensual de la Canasta de Consumos de la Ciudad de Buenos Aires, que realiza el instituto porteño de estadísticas, una familia tipo necesita un 40% más que hace un año para enfrentar sus compromisos. Este incremento es una buena aproximación a la inflación real, esa que el INDEC kirchnerista manipula, aún luego de la elaboración del IPCnu.
 
La canasta alimentaria alcanzó un valor de $4.202 (35% más que un año atrás). La que contempla los gastos de vivienda (alquiler, expensas, servicios públicos, comunicaciones y transporte), alcanzó los 3.774 pesos. Luego se suman los gastos en educación, artículos de limpieza, esparcimiento y bienes y servicios de cuidado personal, que suman otros $2.017 y finalmente se contemplan los gastos en indumentaria, salud, equipamiento de vivienda, que llegan a los 1.681 pesos. La suma de esas canastas da un valor total de $11.674.
 
A su vez, los consumidores se dividen en tres partes, en primer lugar a aquéllos asalariados que perciben sueldos de hasta $8.500, que constituyen el 62 % de la población; en segundo término a quienes ganan entre $8.500 y $15.000, que conforman el 26 % de la sociedad y, finalmente, a los que tienen ingresos superiores a los $15.000 mensuales, que forman parte del 12 % restante.
 
Los aumentos de salarios se diluyen con la inflación, que le pega a todos los sectores sociales. Los de bajos ingresos tienen que enfrentar un aumento significativo de los alimentos. Los sectores asalariados de mayores ingresos, los que más se quejan del proceso inflacionario que atraviesa la Argentina, sufren el impacto del impuesto a las ganancias y la quita de subsidios a algunos servicios.
 
El problema es: ¿Por qué los precios suben pese a que se vende menos? Cuando la economía se enfría, el "consuelo" es una moderación del impulso inflacionario. ¿Cómo se explica, entonces, que pese a esta contracción los precios suban? Esto es una clara señal de que se está dando una caída en la "demanda de dinero".
 
La gente pierde la confianza en la moneda local y entonces trata de sacársela de encima lo antes posible, ante el temor de una rápida pérdida de poder adquisitivo. Esta tendencia a "huir del peso" es lo que explica el porqué los precios continúan hacia arriba -y a velocidades crecientes- pese a que los comercios vendan menos y a que haya caído el nivel de compras.
 
Un factor clave para la inflación es la actitud que tome el gobierno de CFK respecto al dólar. Apenas Alejandro Vanoli asumió en el Banco Central, prometió que el dólar se iba a quedar quieto. Pero lo cierto es nadie cree que pueda mantener por mucho tiempo al dólar en la cotización actual mientras que el resto de los precios suben al 40% anual.
 
Años atrás el Gobierno se jactaba de inyectar pesos a la economía cuando las cosas pintaban mal y con esto lograba una reactivación. Pero lo cierto es que ahora esto ya no resulta. ¿Por qué? Porque no hay forma de incrementar el gasto sin recurrir a la "maquinita" de emitir. Pero el remedio K de inyectar más pesos, ahora, no hace más que empeorar la enfermedad de la inflación.
 
La Opinión Popular

22-10-2014 / 16:10
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