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Hay que recuperar el progresismo
Por Luis Alberto Romero - Historiador.
“El presidente proviene del sector empresario y debería saber que el trabajo tiene tutela y el Estado debe tener presencia. El concepto de libertad no está reñido con un Estado presente”. Graciela Camaño
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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30-05-2016 / 12:05
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Después de 286 femicidios registrados en 2015 y 66 en lo que va de 2016, el próximo viernes 3 de junio, justo un año después de la histórica convocatoria de Ni Una Menos, volverá a la Plaza del Congreso en la CABA el reclamo por el fin de la violencia contra las mujeres.
 
Las concentraciones, que suman la consigna Vivas nos Queremos, se multiplicarán en las principales ciudades de todo el país, visibilizando diferentes tipos de violencia contra la mujer, el reclamo por la legalización del aborto y una fuerte denuncia contra el ajuste.
 
Los 286 femicidios en 2015 y 66 más en este año, son producto del machismo, las discriminaciones de género y las desigualdades que persisten con insistencia. Son casos que se multiplican en los que la Justicia no da respuestas oportunas ante las denuncias y las denunciantes viven aterradas por las amenazas de sus ex parejas y en la desesperación recurren para pedir ayuda en redes sociales y medios de comunicación.
 
Y otros casos en los que las medidas de protección dictadas no alcanzan para frenar a los femicidas, que parecen cada vez más cebados, y con víctimas cada vez más jóvenes. Como Micaela Ortega, de apenas 12 años, desaparecida en Bahía Blanca desde el 23 de abril, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la medianoche del sábado y por cuyo crimen fue detenido un hombre, de 26 años.
 
Este año se suma una consigna que apuesta a la vida y se resume en la frase #Vivasnosqueremos, se agrega el reclamo por la legalización del aborto, contra las violencias hacia las disidencias sexuales, y la denuncia del impacto del ajuste, especialmente sobre las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y expuestas a la violencia machista.
 
Se trata de una convocatoria plural, en la que se unieron agrupaciones de un amplio arco político -con excepción del macrismo-, y organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres, y de periodistas, que acordaron concentrarse frente al Congreso a partir de las 17 y marchar hacia la Plaza de Mayo.
 
"Venimos a decir que con ajuste no hay Ni una menos y que la pobreza es violencia. Venimos a gritar Ni una menos por femicidio, por trata, por aborto, por persecución judicial, por despido, por homo, lesbo y trans odio", dice el documento que se elaboró desde el colectivo #Niunamenos, integrado por periodistas, escritoras y comunicadoras, para marchar el próximo viernes.
 
El abanico de personas y organizaciones convocadas este año se amplió considerablemente, incluyendo a organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales; varones y mujeres y una gran mayoría de jóvenes que se amalgaman en marchas multitudinarias. Ya no son grupos reducidos de mujeres, en su mayoría feministas, los que reclaman el cese de la violencia de género.
 
Este año el Ni una menos incorporará también otras preocupaciones, relacionadas con el acceso de las mujeres a los derechos económicos. Es muy difícil escapar de una relación violenta cuando no se cuenta con autonomía económica. Las políticas económicas de los últimos meses han disminuido el poder adquisitivo de los salarios y han aumentado el costo de servicios y bienes de consumo básicos y es de prever que los reclamos por estos derechos aparezcan entre las demandas al Estado.

29-05-2016 / 21:05
 
La Justicia federal y un sector del Gobierno apuran el cerco sobre Cristina Fernández. Los tribunales federales serán el escenario del intento de derrotar judicialmente al kirchnerismo y empujar a las denuncias para que alcancen a la ex presidenta.
 
Tras el fracaso en la misión de convencer a Lázaro Báez para que declare como imputado arrepentido y apunte a los "verdaderos dueños del dinero" que le endilgan haber fugado al exterior y blanqueado para justificar su origen, su hijo Leandro Báez llegó para dar vuelta el caso y poner a Cristina en el centro de la escena. Para alcanzar a la ex presidenta en la causa Báez esos sectores creen que deben ir primero por el juez federal Sebastián Casanello.
 
El camarista Eduardo Freiler, miembro de la Sala I de la Cámara Federal, es otro target clave, especialmente para el Gobierno de Mauricio Macri. Su rol es central para que esas decisiones judiciales en casos clave como Hotesur avancen o caigan.
 
El juez de la causa Báez recibió llamados y visitas de jueces, colegas y superiores, para discutir sobre la conveniencia de detener a Lázaro en abril. Pero no fue suficiente. La detención del empresario era un paso intermedio. Leandro Báez acusó a Casanello de haber acordado el destino de la causa con la ex presidenta y su padre. El viernes, además, lo denunciaron por un supuesto cohecho y una legisladora porteña pidió que lo investigue el Consejo de la Magistratura.
 
En las últimas semanas, la ex presidenta sufrió varios traspiés en los tribunales. Fue procesada por primera vez en la causa de venta de dólar futuro; será investigada por alquilar propiedades de su firma Los Sauces SA a Cristóbal López y Lázaro Báez; y lo más temido: el juez federal Claudio Bonadio pidió sacar del archivo la causa originada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el supuesto pacto de la ex mandataria con Irán.

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