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“Como en la peor época del gobierno militar una manifestación pacífica de la ciudadanía reclamando sufragios limpios, son reprimidos con violencia policial y oficial”. Gerónimo “Momo” Venegas
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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05-09-2015 / 11:09
 
Una denuncia penal que el lunes a primera hora llegará a los tribunales federales asegura que la encargada de las escuchas judiciales, Cristina Caamaño, habría ordenado seguir, pinchar llamadas e intervenir mensajes de varios dirigentes de la organización antimafia La Alameda.
 
"La información recibida hace ya unos días y debidamente analizada y validada, indica que el mentado organismo conducido por la Dra. Cristina Caamaño País, no solo dirige las escuchas legales judiciales, sino que también conduce la totalidad o buena parte de las escuchas ilegales realizada por el Gobierno Nacional", dice en la denuncia el titular de La Alameda, el diputado porteño Gustavo Vera.
 
"Poseo información, que aportará el testigo, referente a que existiría un memo interno sin firma pero con membrete oficial de la Procuraduría, donde hacía especial hincapié en el espionaje de los celulares, mail, mensajes y whatsapp de "los alamedenses" (sic según mi fuente). Es más, pude confirmar que se vertían los nombres y apellidos de mi persona, los dos letrados de la Fundación Alameda, Mario Fernando Ganora y Carlos Beizhun, y otros miembros de la Fundación, y mis asesores en la Legislatura porteña, Lucas Enrique Schaerer y Facundo Carlos Antonio Lugo", detalla el legislador.
 
"El memo del espionaje circuló el día 12 de agosto del corriente año, el mismo día que regresaba de una estadía en el Vaticano". Vera afirma que en la sede de la Procuraduría, en Avenida de Mayo 760, habría "varias oficinas, aparentemente ubicadas en los pisos primero y segundo", que funcionarían como "áreas absolutamente restringidas" desde las cuales se trabajaría en el espionaje ilegal.
 
Ese inmueble sería una "cueva" desde donde se concretaría "toda la operatoria ilegal con las consabidas escuchas y espionajes, y habría allí buena parte del hardware millonario".
 
"La fuerza de tareas de Caamaño, de reciente formación, está integrada por empleados y funcionarios K de la Procuración, y fue 'fortificada' con militantes de la agrupación La Campora. Asimismo el espionaje político ilegal cuenta con un célula de cinco hackers y un grupo operativo de rompe puertas, que se dedican al seguimiento de los miembros de la Alameda", asegura la denuncia.
 
La Opinión Popular

05-09-2015 / 10:09
05-09-2015 / 10:09
 Una vez más los argentinos asistimos a una puesta en escena de la presidenta Cristina Fernández que fue transmitida por cadena nacional, la nº 35. El motivo fue hacer una serie de anuncios que bordearon el ridículo. Por ejemplo, presentó con bombos y platillos una nueva línea de producción de una marca de chicles en Avellaneda.
 
Lo que no dijo es que el impacto de ese anuncio equivale al de una gota en un océano: la Argentina está en recesión desde hace dos años y la actividad industrial se ha desplomado. El nivel de producción fabril está un 4,5% por debajo de 2011. "Ahora vamos a masticar producto nacional gracias a la política de sustitución de importaciones",  afirmó la Presidenta sin ruborizarse.
 
Ahora bien, si hacer una cadena nacional por la fabricación de unos cuantos chicles resulta algo ridículo, aún más lamentable resulta la actitud del intendente de Avellaneda, Jorge Ferrarse, que anunció en videoconferencia que un edificio público de su municipio será bautizado "Cristina Fernández de Kirchner". Al escuchar la propuesta de Ferraresi, la Presidenta sonrió y se mostró agradecida por la iniciativa.
 
Posteriormente, la primera mandataria inauguró la usina termoeléctrica que producirá energía con el carbón de la mina de Río Turbio, en Santa Cruz. "Hay 375 años de carbón bajo la tierra y lo estamos sacando hecho energía", destacó Cristina durante la cadena nacional, y aseguró que en su gestión "por primera vez lo transforma en energía eléctrica".
 
En realidad, los especialistas aseguran que la energía a carbón se encuentra absolutamente superada en el mundo. Y advierten que la producción de Río Turbio es absolutamente insuficiente para alimentar la usina. Es decir, la obra en cuestión está motivada en una cuestión absolutamente política: intentar contener la situación social en esa localidad santacruceña, que vive de la actividad minera.
 
En ese sentido, los Kirchner tienen una enorme mancha: Sergio Taselli, quien fuera unos de los empresarios preferidos de los K, estaba a cargo de la concesión de la mina cuando se produjo el accidente que dejó como resultado la muerte de 14 mineros en el año 2004.
 
Entre 1994 y 2002 el Estado nacional le dio, al concesionario Taselli, 165 millones de dólares para mantener un yacimiento deficitario que el propio Menem quiso cerrar. Duhalde, como presidente, ordenó "mantener el personal" y ya desplazado Taselli, el entonces Interventor Eduardo Arnold mandó a hacer una auditoría que demostró el vaciamiento de la empresa. Aún así la hicieron producir.
 
A poco de asumir Néstor Kirchner la presidencia, organizó un acto en la cuenca carbonífera donde anunció la inyección de 320 millones de pesos para reequipar el yacimiento. Diez días después se produjo la tragedia y Néstor viajó a Río Turbio para intentar lavar culpas.
 
No era para menos, él, como gobernador, tuvo en sus manos la obligación de controlar la seguridad de la mina, con el poder de policía laboral, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad de Santa Cruz. Nunca lo hizo. Peor aún: durante varios años, mantuvo una estrecha relación con Taselli.
 
La Opinión Popular

04-09-2015 / 15:09
04-09-2015 / 15:09
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