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Un país atravesado sólo por estrategias de poder
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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22-10-2014 / 16:10
22-10-2014 / 11:10
 
La Justicia declaró hoy la quiebra de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y los familiares de las 51 víctimas de la tragedia de Once temen que la firma de los hermanos Cirigliano no afronte los reclamos indemnizatorios millonarios y esa responsabilidad sea transferida al Estado.
 
Desde las querellas de las víctimas, sostuvieron que es sospechoso que la quiebra se haya declarado en este momento, en medio del juicio oral para esclarecer la responsabilidad de lo ocurrido, con funcionarios, empresarios y el motorman Marcos Córdoba sentados en el banquillo.
 
La jueza Paula María Hualde decidió hoy dictar la quiebra de TBA, que estaba en convocatoria de acreedores desde 2005. Se especula con que ahora solo el Estado podría terminar haciéndose responsable de las indemnizaciones de los afectados.
 
En febrero de 2012 el Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido dispuso la intervención administrativa, técnica-operativa de la firma que presidía Claudio Cirigliano, quien fue autorizado en mayo de 2005 por el Tribunal Oral Federal 2 a no concurrir a las audiencias de testigos del juicio por la tragedia.
 
La quiebra ya había sido declarada en dos oportunidades -pese a que después la empresa fue salvada-.
 
En julio de 2012 el abogado Gregorio Dalbón, representante de gran parte de los damnificados, estimaba una demanda de unos $1300 millones contra TBA y el Estado nacional.
 
Atento a los montos, y sin subsidios ni concesión, TBA no iba a poder hacer frente a los pagos ya que sus aseguradoras tenían topes máximos que no alcanzan para cubrir una tragedia de la magnitud de lo ocurrido en Once, donde murieron 51 personas y hubo 700 heridos.
 
La Opinión Popular

22-10-2014 / 08:10
  Anoche, durante 25 minutos, tuvimos que escuchar a la presidenta Cristina Fernández hablar del proyecto de reforma del Código Procesal Penal que incluye, entre otras iniciativas, el aumento del poder discrecional de los fiscales K que están alineados con Alejandra Gils Carbó y la expulsión de extranjeros que sean sorprendidos in fraganti en un delito.
 
"Proponemos un sistema acusatorio. Este mecanismo delega en el fiscal toda la investigación", sintetizó CFK al explicar el proyecto. Lo que no dice es que muchos de los fiscales federales fueron nombrados por la administración K de forma absolutamente irregular y responden a la Procuración General de la Nación a cargo de la ultrakirchnerista Gils Carbó.
 
Y como si hubiese asumido hace dos días, Cristina hizo de relatora de la realidad. Habló de "puertas giratorias", haciendo alusión a los delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra; de la lentitud de la Justicia, y de las facilidades que tienen los delincuentes para cometer sus fechorías. "La sociedad se siente desprotegida", añadió sin sonrojarse.
 
Como siempre, en el discurso de Cristina estuvo ausente la autocrítica: la inseguridad es producto de una situación social y económica generada por las políticas del gobierno K. Uno de cada tres compatriotas vive en la pobreza o en la indigencia, en un contexto de marcado crecimiento del narcotráfico y de las adicciones. La marginalidad, en definitiva, es la principal fábrica de delincuentes.
 
¿Qué ha llevado a CFK a hablar de inseguridad, cuando es una problemática que ha estado ausente en sus discursos desde que es presidenta, al extremo que sus laderos la definieron como "una mera sensación inventadas por los medios"?
 
Evidentemente, Cristina quiere cambiar la agenda de temas de la opinión pública, que la tiene a Ella en un primer plano a partir de sus estrechos vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez, cada vez más comprometido por el escándalo de la ruta del dinero K y las denuncias del lavado de dinero.
 
En definitiva, intentar hacer creer que -luego de 11 años en el poder- el Gobierno está preocupado porque haya Justicia, en un país donde reina la impunidad del poder político. También busca, desesperadamente, desviar la atención pública ante la grave situación económica, con una inflación del 40% anual que ha devorado el poder adquisitivo de los salarios. A su vez, el nivel de reservas del Banco Central no para de caer, y vuelve a la Argentina cada vez más vulnerable.
 
Mientras se extingue su mandato, el gobierno de CFK sólo intenta aplicar parches que de poco y nada sirven. Si estas iniciativas hubiesen sido instrumentadas hace cinco años, quizás habría encontrado algunas soluciones. El tiempo de Cristina, para aplicar este tipo de reformas, ya se agotó. Y no cuenta con la mínima idoneidad moral necesaria, para reformar el Código, un gobierno que protege y encubre a Boudou.
 
La Opinión Popular

21-10-2014 / 17:10
21-10-2014 / 11:10
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