La Opinión Popular
                  11:49  |  Lunes 27 de Junio de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
Hay que recuperar el progresismo
Por Luis Alberto Romero - Historiador.
“La detención de José López, resulta un bochorno y una obscenidad para la clase dirigente. Después de esto, creo que no le quedan dudas a nadie de que el kirchnerismo está herido de muerte”. Juan Schiaretti
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
Agreganos como amigo a Facebook
27-06-2016 / 10:06
27-06-2016 / 09:06
Una juntada de 72 horas en Formosa, una celebración amable del poscristinismo, auspiciada por Gildo Insfrán, presidente del Congreso del PJ, amontonó dirigentes, historiadores y economistas para un ejercicio pretencioso: tirar líneas para la actualización doctrinaria de un partido que viene de perder la presidencial, resignar el 60% del poder territorial que controlaba y se retuerce, a diario, con escándalos judiciales como el de José López.
  
En ese esquema, late la exclusión explícita de Cristina Fernández. Flota una interpretación optimista del escándalo López que consiste en sostener que ese episodio opera como tiro final sobre el cristinismo que era el elemento tóxico a la hora de ordenar al panperonismo. Es decir: el affaire López fusila al espacio K y decreta lo que el PJ no pudo ejecutar, el fin del cristinismo.
 
Pero, la cumbre de Formosa, lejos de encontrar unidad tras el traumático caso López, levantó resquemores sobre todo con la vieja guardia del PJ que encabezan Insfrán y José Luis Gioja. Llamó la atención la presencia de ultra K en franca retirada y el gesto de acercamiento de Insfrán con este sector opera en tándem con la reciente posición de Gioja de defender a Julio de Vido en la Cámara baja, que fracasó en toda la línea.
 
El encuentro concluyó con un extenso documento que levanta todas las banderas K. Reivindica por ejemplo "las valiosas conquistas, aún incompletas, obtenidas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que son patrimonio del pueblo argentino". Esto dificulta la posibilidad de un acuerdo con los peronistas que conducen Sergio Massa y Juan Manuel de la Sota que no quieren saber nada con compartir un espacio con camporistas y Daniel Scioli.
 
Cuando el PJ está viendo cómo se reconstruye tras la derrota electoral y busca la unidad para volver a ser poder en 2019, la vieja guardia del PJ no quiere entregarse y juega al medio camino, en un revival sciolista, pensando en ofrecerse como opción superadora, dándole refugio a La Cámpora y defendiendo al ex ministro de Planificación.
 
Los peronistas, en pleno proceso de renovación, redescubrimiento de justicialistas honestos y de unirse -después de que López firmara la defunción del cristinismo arrojando bolsos con dólares en un convento-, ahora son más peligrosos en términos políticos para el gobierno de Mauricio Macri. Es que Macri ya no tiene enfrente al cristinismo duro, como el enemigo ideal para diferenciarse en virtudes y en pecados frente a la sociedad. El panorama se modifica en medio de un proceso económico crítico, con una inflación anual superior al 40%.
 
El adversario K se desdibuja a pasos agigantados y los peronistas, como antes en las mismas circunstancias, se rearman velozmente en la vereda de enfrente tratando de desprenderse de los corruptos que se enriquecieron a su sombra ideológica. Los peronistas se encaminarán hacia la organicidad y terminarán de confluir en una expresión opositora cuando descubran un líder al que vislumbren como presidenciable -no conciben un jefe del Movimiento que no pueda ser Presidente de la Nación-, lo que convierte determinantes a los comicios de 2017 en función de definir a los competidores finales de 2019.
 
La Opinión Popular

26-06-2016 / 09:06
Cristina se convirtió en la jefa de la conspiración. La última carta que publicó confirma todas las sospechas. Con información confusa y cargada de supuestos y miradas ridículamente detectivescas, la ex presidenta de la Nación intenta colocarse en víctima de una persecución por parte del actual gobierno al que asocia a una dictadura porque dice que la democracia de hoy es "de nula intensidad". Inquietante y peligroso.
 
Ella, que fue la jefa del gobierno que más persiguió y atacó a quienes pensaban distinto, ahora que perdió las elecciones en las urnas quiere instalar la idea contraria. Pretende aparecer como perseguida cuando comandó muchos años de persecución. Cristina no es víctima de ningún ataque desde el Estado. En todo caso fue la victimaria de opositores o periodistas independientes mientras tuvo casi la suma del poder público.
 
¿Hay acaso jueces adictos a Macri que tengan puesta la camiseta amarilla como muchos antes se pusieron la camiseta de Justicia Legítima? ¿Es el Congreso una escribanía reducida a la servidumbre sometida a la mayoría del Frente para la Victoria como ocurrió durante gran parte del kirchnerato? ¿Hay un amigopolio de medios de comunicación sostenido con la pauta oficial para hostigar y agredir a todos y todas? ¿Funcionan la AFIP y los servicios de inteligencia como instrumentos de castigo y extorsión hacia argentinos que no comulguen con el actual oficialismo?
 
Todo esto pasó durante el gobierno de Cristina. Nada de esto pasa ahora. Por ahora. Y si llegara a pasar, lo vamos a denunciar como corresponde.
 
Cristina tiene miedo de ir presa. Por eso no le queda otra que fomentar el caos y las protestas salvajes. No puede defenderse en los tribunales y cree que su única salvación es el fracaso de este gobierno.
 
Sueñan con ver a Macri en un helicóptero y repetir la imagen de Fernando de la Rúa. El humor de Rolo Villar otra vez fue la mejor editorial: "Cristina el año pasado no quiso entregar la banda y ahora la banda la va a entregar a ella".

26-06-2016 / 09:06
Como la avalancha de acciones judiciales contra ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas toma cada día más volumen y más velocidad, tres influyentes personajes de ese sector político han puesto en marcha lo que parece una complicada estrategia de salvataje.
 
Integran esa "fuerza de tareas" el ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni y el periodista y operador político Horacio Verbitsky. Tienen como único objetivo evitar que la ex presidenta Cristina Fernández, vaya presa.
 
En distintos estamentos de la Justicia se asegura que el trío acciona todos los mecanismos que todavía conservan para rodear de impunidad a la ex mandataria, prescindiendo de la suerte de los otros caídos en desgracia. En términos simples, "que los demás se las arreglen como puedan, pero a Cristina hay que salvarla".
 
Para eso, cuentan con el compromiso de un conjunto de secretarios, jueces, fiscales, camaristas y, por cierto, con el aporte ahora más disimulado pero efectivo de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
 
Esa maraña de investigaciones, imputaciones, procesamientos, detenciones y hasta extradiciones pendientes, aceleradas por jueces que parecen haber despertado de una larga siesta, está teniendo a la vez efectos políticos devastadores: desde la indignada contemplación que hace de los acontecimientos la opinión pública, hasta la sangría que se está produciendo en las organizaciones que hace poco tiempo eran disciplinadas y obedientes en el cumplimiento de las órdenes de la jefa.
 
Debería considerarse, éste, un escenario político ideal para el gobierno de Mauricio Macri porque le permite avanzar sobre un kirchnerismo golpeado en el Congreso y también ganar tiempo con el espectáculo de la corrupción en los medios, hasta conseguir que se produzcan mejoras en la situación económica.
 
Pero tiene como riesgo que se genere una sobrecarga de expectativas en la sociedad para ver en la cárcel a la totalidad de los corruptos, cuando nadie puede asegurar que eso vaya a ocurrir. 

26-06-2016 / 09:06
El gobierno de Mauricio Macri parece un cómodo espectador de una pelea entre sus enemigos comunes y de la que, sin siquiera calzarse un guante, podría resultar beneficiado. Es un cómodo espectador que asiste entre azorado y esperanzado al festival de kirchneristas desfilando por los juzgados ante los ahora veloces magistrados de Comodoro Py.
 
Los funcionarios de Macri muestran las tapas de los diarios y se entusiasman con lo obvio: hace dos semanas que no hay titulares que destaquen los problemas de la inflación, el ajuste de las tarifas, los Panamá Papers, las inconsistencias en algunas declaraciones juradas del gabinete, y los otros temas que sirvieron de argumento para los enemigos que insistían en colgarle a Macri el sayo de que gobierna para los ricos.
 
Hay otra línea, que encarnaría centralmente el ministro de Justicia, Germán Garavano, que sostiene que, si bien los jueces deben investigar, elevar las causas a juicio oral y dictar sentencia, al mismo tiempo expresan una mirada dura sobre esos mismos magistrados que ahora se atropellan por los pasillos de tribunales para ver quien investiga más rápido, mientras durante ocho años estuvieron entregados a una larga siesta. Sostienen que, si tuviesen un poco de dignidad, la mayoría de esos jueces federales deberían presentar sus renuncias.
 
En ese punto, hay un toque de atención, para algunos una verdadera piedra en el zapato, que es Elisa Carrió. La diputada de la Coalición Cívica y auto titulada "garante moral" de Cambiemos le reclama a Macri que el gobierno no baje los brazos y no permita que la ola de investigaciones se caiga, aunque al mismo tiempo habla pestes de todos los jueces por igual.
 
Una tercera mirada que convive con esos dos modos de analizar la realidad judicial del país y el derrumbe sin remedio del kirchnerismo tiene que ver con cuánto le conviene políticamente al Presidente que ese terremoto seguido de un tsunami que se abatió sobre los principales actores del gobierno anterior se precipite tan de golpe.
 
Macri expresaba su gusto particular por un escenario nítido y extendido: tenerla a Cristina Fernández como principal contendiente, con la intención de que esas dos fuerzas fuesen las que se vieran las caras en las legislativas de 2017, cuando un triunfo o una derrota del oficialismo podría marcar el futuro mismo de la coalición. Era una buena forma de asestarle el golpe final en las urnas, y no en los tribunales, a su rival.
 
Un solo dato de la realidad exime de cualquier otro comentario. A seis meses del cambio de mando, no hay casi un juez federal o del fuero penal o económico que no tenga un procesado o un imputado del kirchnerismo. Ahora mismo hay más de 30 ex funcionarios o empresarios amigos del poder que caducó el 10 de diciembre que están llamados a rendir cuentas ante la Justicia.
 
Lo más impactante es que 16 de esos imputados o procesados integraron la primera línea de la administración de los Kirchner en los últimos años. El juez Claudio Bonadío podría agregarle más temprano que tarde a esa encumbrada lista el nombre de Cristina Fernández.

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar