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Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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05-03-2015 / 09:03
05-03-2015 / 08:03
  La fuerte presión que Cristina Fernández está ejerciendo sobre la Justicia para no despedirse del poder como imputada de encubrir un crimen de lesa humanidad, como el atentado contra la AMIA que le costó la vida a 85 argentinos, registró ayer un nuevo fracaso.  
 
El fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo por el cual el juez Daniel Rafecas resolvió no investigar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina, el canciller Timerman, el camporista "Cuervo" Larroque, el ex piquetero D'Elía, al lobbista proiraní "Yussef" Khalil, el supuesto espía Allan Bogado, el ex juez Héctor Yrimia y el "comandante" de Quebracho, Fernando Esteche.
 
La tesis de Pollicita es sencilla: el rechazo del juez Rafecas es "prematuro" y "precipitado". ¿Cómo logró Rafecas saber que la denuncia de Nisman carecía de pruebas sin realizar las diligencias que se le habían propuesto? El escrito que Pollicita había presentado no pretendía que se condene a los imputados. Apenas reclamaba que se los investigue. De lo contrario, nunca se sabrá si las acusaciones de Nisman eran verdaderas o falsas.  
 
Para Cristina, la apelación de Pollicita fue una frustración. Ella había confiado en las gestiones que Julio De Vido y Eduardo "Wado" de Pedro realizaron en la Justicia para que el proceso iniciado por Nisman terminara desestimado por Rafecas. Es decir, para que Pollicita no apelara.
 
El "arreglo" prometido por De Vido y De Pedro está cada vez más lejos tras el despiadado tratamiento que la Presidenta dedicó a Ricardo Lorenzetti, quien fue escrachado ante la asamblea legislativa. Lorenzetti no podía defenderse. Nada nuevo. Cristina publica solicitadas contra Nisman, a quien acusa de intentar desestabilizar, que tampoco puede contestar.
 
La medida es una muy mala noticia para CFK. Ahora la Cámara Federal deberá revisar la decisión tomada el jueves pasado por el juez Rafecas para rechazar, de plano, la posibilidad de abrir una investigación que permitiera esclarecer la acusación que hizo el fiscal Nisman, cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su casa, con un tiro en la cabeza.
 
Pollicita  advirtió que "en beneficio" de los denunciados, entre ellos Cristina y Timerman, "corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes", e incluso llamar a declarar como testigo al ex secretario general de Interpol Ronald Noble y "al consejero jurídico de Interpol". 
 
Pollicita no podía hacer otra cosa más que apelar, sobre todo después de los duros términos que usó Rafecas para desestimar su denuncia. Ahora, Rafecas decidió aceptar la apelación de Pollicita, sin fundamentar su resolución. Hoy, la Cámara Federal hará el sorteo para definir qué sala dirimirá la cuestión.
 
Cristina Fernández está encerrada en este laberinto judicial porque no ha podido dar una explicación convincente a una decisión catastrófica de política exterior: el acuerdo con Irán sobre la AMIA, a contramano de la Constitución Nacional.
 
La Opinión Popular

04-03-2015 / 18:03
04-03-2015 / 10:03
04-03-2015 / 10:03
 
El gobierno de CFK difundió una polémica solicitada publicada en algunos diarios en la que acusa al fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, de haber buscado un supuesto "efecto político desestabilizador" con la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado terrorista en la mutual judía.
 
El gobierno de CFK profundiza sus intentos de limpiar la imagen de Cristina y los funcionarios K salpicados por la contundente denuncia que Nisman hizo antes de morir en forma dudosa. Este miércoles, un par de diarios de circulación nacional traen en su interior una solicitada a página entera con una férrea defensa de sus políticas y dirigentes.
 
Bajo el título "Compromiso, Verdad y Justicia", el Poder Ejecutivo publicó fragmentos del fallo del juez Daniel Rafecas, quien la semana pasada decidió desestimar las acusaciones que el fiscal Gerardo Pollicita había realizado a partir de la presentación de Nisman antes de morir. Además, defendió una vez más la firma del memorándum con Irán para investigar el atentado a la AMIA y acusó al difunto fiscal de operar contra el Gobierno.
 
"Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político desestabilizador?", se pregunta el texto.
 
En el texto hay además críticas hacia el Poder Judicial con el mismo tono que hiciera la primera mandataria ante la Asamblea Legislativa.
 
Así, atacan a un muerto que no puede ejercer el derecho a la defensa. Ya lo asesinaron, ¿no es suficiente?
 
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