18:32 | Martes 18 de Junio de 2013 | Entre Ríos

Cristina: la primera línea de combate es a la vez la última
Por Luis Alberto Romero

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía.” Simón Bolívar

Nacionales - 31-07-2011 / 10:07

PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.

La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.

A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.

La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.

La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.

Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.

Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.

Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.

Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.

Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.

El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.

El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".

Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.

Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".

El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.

Fuente: Clarín

18-06-2013 / 10:06

Cristina moviliza intenso raid electoral por provincias

Cristina de Kirchner programó un intenso raid por provincias de fuerte tono electoral, en medio de la definición de las candidaturas para las elecciones legislativas de este año. Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos son los escenarios elegidos para plantar la bandera del oficialismo nacional, con aniversarios y actos que oportunamente coinciden con la fase más caliente de la agenda de definiciones, de cara a las primarias de agosto y los comicios generales de octubre.

18-06-2013 / 10:06

Paritarias: pasarán a pagar Impuesto a las Ganancias 350.000 personas

Cuando muchos de los trabajadores contenidos en convenios colectivos de trabajo comiencen a cobrar sus aumentos de paritarias, tendrán una desagradable sorpresa. Sucede que el incremento salarial promedio del 24% puede verse afectado seriamente por la aplicación del Impuesto a las Ganancias.

El Gobierno de CFK mejoró en un 20% en abril el mínimo no imponible, con lo que los incrementos del 24%, en gran parte, se reducirán porque muchos trabajadores volverán a sufrir el impuesto o comenzarán a pagarlo. El Gobierno de CFK, insasiable, volverá a recaudar.

18-06-2013 / 09:06

Ni privado ni estatal: el modelo ferroviario K combina lo peor de los dos mundos

¿Cuál es el sentido de sostener una administración privada de un tren que funciona cada vez peor, donde cada vez menos gente paga el pasaje y lo único que parece garantizado es el negocio de unos pocos? El accidente de Castelar deja al descubierto una gestión privada con cero riesgo empresarial, dado que el 75% del dinero recibido por concepto de subsidios se utiliza para pagar gastos de operación, especialmente sueldos.

Las críticas que llovieron sobre el Gobierno luego del accidente ferroviario no obedecen tanto al volumen de los subsidios, sino al uso que se hace de ellos. Se trata de un esquema millonario, criticado no sólo por su ineficiencia, su costo fiscal y por ser crónicamente sospechado de corrupción, sino que además se pone en duda el hecho de que ayude a cumplir el declarado propósito de beneficiar a los sectores de menores recursos favoreciendo la "inclusión social".

Se puede afirmar que la gran mayoría de los subsidios no cumplió su cometido. Y, lejos de mejorar la situación de los pobres, terminan beneficiando a ciertos grupos de interés ligados al poder político de turno y a quienes mayores ingresos tienen.

Por esa vía se llegó a combinar lo peor del capitalismo privado con lo peor del estatismo y sin las virtudes de ninguno, de modo que el Estado paga las cuentas y carga con las responsabilidades, aunque sean los socios privados los que se alzan con los beneficios y carecen de estímulos para invertir.

Pero, ni la enumeración de obras previstas para el ferrocarril -en la cuales se prevé invertir unos $800 millones- ni la eventual confirmación de un error humano como causante de la tragedia, podrá evitar que el gobierno de Cristina Kirchner pague un alto costo: ya se instaló en la sociedad la idea de que el culpable en última instancia es el Estado.

18-06-2013 / 09:06

Investigan a Antonio Caló, el amigo de CFK, por fraude millonario en el gremio metalúrgico

Antonio Caló, el líder de la CGT oficialista está acusado de desviar 900 millones de pesos de afiliados a favor suyo y de la cúpula. La Justicia investiga un caso de lavado de dinero, pagos irregulares, evasión tributaria y administración fraudulenta que involucra al jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló.

En la trama se confunden un bolso con 800.000 dólares, los repartos en negro de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a su conducción y el nombre de Julio Vicente Raele, que fue el hombre de mayor confianza de Lorenzo Miguel y que todavía hoy es un vértice del poder económico de los metalúrgicos.

Caló, que asumió la jefatura del sindicato después de la muerte de Miguel, en 2002, está acusado por el desvío de fondos de los afiliados a favor suyo y del resto de los integrantes del secretariado. Hasta el momento, los repetidos intentos que hizo por cerrar la causa han resultado infructuosos.

18-06-2013 / 08:06

¿Un fraude electoral está a la vuelta de la esquina?

En momentos en que se está definiendo cómo será el operativo electoral donde el Gobierno de CFK, desesperado por hacer cualquier cosa para que Cristina siga en el poder luego de 2015, crece los temores que estarían planeando algún tipo de trampa. Así, vienen introduciendo una serie de reformas, como son los nuevos DNI, que despiertan muchas sospechas.

Al ser el documento una tarjeta magnética, y no existir todavía el sistema del voto electrónico como el que funciona en Brasil (y en otros países), la constancia del voto ya no será el sello en las últimas paginas del DNI, sino que se emitirá un troquel. Ello tornaría mucho más vulnerable al sistema.

Eso no es todo. Para el procesamiento de los padrones, el gobierno nacional habría contrato a la polémica empresa española Indra, una controvertida empresa multinacional, dedicada a la consultoría y tecnologías de la información, que arrastra pesadas acusaciones en distintos países del mundo. Todas tienen un denominador común: lazos con mandatarios autoritarios que quieren perpetuarse en el poder.

¿Quién contrató a Indra? Entre otros: Muammar Kaddafi en Libia y sacaba casi 70% en todas las elecciones; José Eduardo dos Santos, en Angola, donde fue acusada de fraude por la comisión nacional electoral; Nicaragua con protestas y 4 muertos, donde Daniel Ortega se alzó con el 60%; Ecuador donde Rafael Correa se consagró en dos elecciones (56,65% y 51,99%); Bolivia a Evo Morales se le atribuyo el 64,22% de los votos.

Indra se encargaría del procesamiento de los padrones y de los datos del escrutinio. Ante esta situación, es indispensable preparar fiscales informáticos para controlar el escrutinio provisorio y definitivo. Si que hay que corroborar los votos en el recuento, la mejor garantía es no dejar al zorro con las gallinas. Es indispensable tener al menos un fiscal en cada una de las mesas, además de varios fiscales generales, por lo que cada partido necesitan miles personas para fiscalizar la elección.

Las sospechas de que el Gobierno K podría hacer trampa llevaron a que distintas ONG realizarán una convocatoria -a través de las redes sociales- para pedirle a la gente que se anote como fiscal en las próximas elecciones. Tuvieron una respuesta impensada: más de 31 mil personas expresaron que quieren ser controladores de mesa tanto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán en agosto, como en las generales de octubre.

Igualmente, por más trampa que quiera hacer desde el Gobierno, hay una realidad incontrastable, hace tiempo que la sociedad le dio la espalda al cristikirchnerismo y la propia Constitución le pone fecha de vencimiento: el 10 de diciembre de 2015.