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La apuesta del consenso y la reconstrucción
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
Porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás, a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras donde naides creiba que hubiera gusanos. El orejano
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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19-08-2014 / 11:08
 
La Cumbre del G6 buscará ejercer presión contra ley de Abastecimiento a través de un documento. Antes de que el Senado inicie esta tarde el debate en comisión, anticipan que emitirá un documento contra la reforma, que apunta al control de precios. Fijan que la oposición también la rechaza.
 
Los empresarios de todos los sectores agrupados en el Grupo de los 6 (G6) se reunirán en la sede de la UIA, de lo que se espera una reacción conjunta contra la iniciativa a través de un comunicado.
 
Varias de las entidades expresaron la semana pasada su absoluto repudio al proyecto por considerar que es inconstitucional y que implica una "estatización del mercado", según planteó la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en la carta que les envió a los legisladores.
 
La potestad de imponer precios máximos, márgenes de utilidad y la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional fue ampliamente rechazado por el establishment y consideran que repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo.
 
El proyecto establece que la Secretaría de Comercio puede intervenir "en cualquier etapa del proceso económico", por lo que se prevé, a partir de esto, fuertes multas por incumplimiento. Además, habilita a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a fijar precios máximos en sus distritos.
 
En los 11 años de kirchnerismo, la pulseada entre los K y los empresarios ha sido favorable al Gobierno. Básicamente porque los Kirchner (tanto Néstor como Cristina) han llevado sus iniciativas con más determinación y el empresariado siempre terminó retrocediendo. Por estrategia, por temor o porque terminó abrazándose a alguna dádiva que fue más determinante que sus convicciones.
 
En este final de ciclo, la batalla vuelve a repetirse con los K blandiendo la Ley de Abastecimiento para influir en las decisiones empresarias como nunca lo había hecho antes. Y agregando a ese avance la amenaza de la aplicación de la Ley Antiterrorista, instrumento creado para otros fines pero que se ha usado solo contra la prensa y ahora se agita contra una imprenta de origen yanqui que cerró sus puertas.
 
La novedad es que los empresarios argentinos han emitido documentos contra la Ley de Abastecimiento, pero esta vez sin deserciones. La Unión Industrial, AEA, los banqueros de Adeba y de ABA, y los mercantiles de CAME.
 
Habrá que ver si, con el correr de los días, insisten con la unidad de criterios o terminan dividiéndose para que los K vuelvan a imponer su voluntad en este tiempo de inflación, déficit y freno productivo.
 
La Opinión Popular

19-08-2014 / 10:08
19-08-2014 / 10:08
19-08-2014 / 10:08
 
La práctica no es nueva, pero el kirchnerismo ha hecho de ella una máxima que es necesario cumplir a rajatabla. Se trata de apoderarse de los bienes públicos y hacer un uso discrecional de ellos, casi como si se tuviese un derecho innato para hacerlo.
 
El Estado, entonces, se diluye y el Gobierno a cargo de su temporaria gestión se transforma ya no en un administrador, sino en su dueño. Los peligros detrás de estos mecanismos son inconmensurables: corrupción, ineficiencia, familias enteras enquistadas en el poder, mandatos que se suceden de unos amigos a otros como si se tratara de la realeza; en cualquier caso, la lista es larga.
 
El último domingo, una más de las tantas falacias del relato K quedó expuesta a la luz pública: según se informó, la gobernadora K de Catamarca, Lucía Corpacci, se adueñó de la provincia a tal punto que en sus pocos años en el poder nombró a 106 familiares y amigos, más o menos directos, en diferentes cargos públicos.
 
La lista es larga e incluye tres hermanos, dos cuñadas, 27 sobrinos, 19 primos y 15 familiares políticos, entre otros miembros de la familia y amigos. En todos ellos, el Estado provincial gasta más de un millón de pesos mensuales en concepto de salarios: 1.256.932 pesos, para ser exactos.
 
La suma es desorbitante y lo es mucho más aún si se tiene en cuenta que un salario promedio en la empobrecida Catamarca ronda en los 5 mil pesos por mes, mucho más abajo de los casi 12 mil que, en promedio, reciben los "trabajadores" de la beneficiada familia de la Gobernadora.
 
La provincia posee uno de los índices de pobreza más altos del país y la capital provincial ostenta uno de los más tristes récords: de acuerdo a los últimos resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), es la localidad con el mayor índice de desempleo del país.

19-08-2014 / 09:08
  Si hay alguien que pone en duda la máxima de Albert Einstein sobre que "el tiempo es relativo", es porque no vive ni hace negocios en la Argentina. Los cinco meses que restan para 2015, un lapso que en cualquier país es considerado como de cortísimo plazo, son vistos aquí como un período demasiado largo como para hacer cualquier plan.
 
Enero es la meta que se ha fijado para la economía, dado que recién allí vencerá la temida cláusula RUFO que hoy día impide al Gobierno negociar con los "fondos buitre". Y, supuestamente, es el ansiado momento a partir del cual el país podrá volver a solicitar crédito externo que lo ayude a oxigenar sus exhaustas cuentas.
 
Pero el camino a recorrer desde aquí hasta enero aparece tan plagado de riesgos y amenazas, tanto en el plano financiero como en el político, que muchos se preguntan si es realmente posible llegar hasta esa fecha sin que la situación económica del país se sumerja en una severa crisis.
 
Por lo pronto, una encuesta realizada a los principales empresarios reveló una profundización del pesimismo, que se refleja en una baja en la disposición a invertir y en una posible agudización del desempleo.
 
A la hora de identificar los principales obstáculos para sus negocios, los ejecutivos se quejan de la incertidumbre política y, sobre todo, del nerviosismo que genera el problema irresuelto de la deuda soberana. "En estos meses por delante vamos a vivir en una volatilidad enorme, con un tobogán de dichos y contradichos que a la economía real le hace horrible", sostiene el economista Tomás Bulat.
 
Y plantea que su temor es que, ante las señales recesivas, la única respuesta del Ejecutivo sea al aumento del gasto público, lo cual podría llevar a una crisis inflacionaria. "El Gobierno siempre tiende a hacer lo mismo. Volcar más plata a la calle, emitir más dinero para forzar la economía, controles de precios, intervención en las tasas de interés... y los resultados serán obviamente los mismos", asegura.
 
De momento, los hechos parecen darle la razón, ya que la batería de medidas anunciadas días atrás por Cristina Kirchner admiten que vendrá una gran expansión del gasto público, para compensar el hecho de que -tal como asegurara la mandataria- si "el sector privado no la pone, entonces la tiene que poner el Estado".
 
En este contexto, el factor que analistas identifican como determinante para la economía es la manera en que se lleve adelante el conflicto con los "buitres". "Que enero quede muy cerca o muy lejos es algo que dependerá de la actitud del Gobierno", apunta Javier González Fraga, ex titular del Banco Central.
 
"Si sigue su discurso actual de 'malvinización' de la negociación de la deuda, si apuesta al gasto público para frenar la recesión, entonces lo que va a venir es mayor presión cambiaria, puede haber un salto fuerte en los precios y este período se va a hacer muy, muy largo", agrega.
 
Su recomendación es que los funcionarios cambien de actitud, de manera de persuadir sobre su deseo de normalizar su relación con los mercados de capitales para así poder tomar crédito externo.

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