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El clima en Paraná
Un país atravesado sólo por estrategias de poder
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein
Nacionales - 31-07-2011 / 10:07
PESE A LA PROMESA DEL KIRCHNERISMO DE NO CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social

En poco más de un año, 14 muertos por Represión K a la Protesta Social
Los muertos en protestas sociales son, entre otros, Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes murieron en Jujuy. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
La represión en un desalojo de tierras jujeñas de la familia Blaquier, una acción comandada por la policía de la provincia, gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo, suma por ahora cuatro muertos. En ningún otro caso de la era K habían fallecido tantas personas durante una manifestación social. Pero habían muerto otras, sí.
 
A pesar de que el oficialismo asegura que no criminaliza ni judicializa las manifestaciones, la realidad se impone. En los cuatro años de gobierno de Cristina Kirchner murieron doce civiles y dos policías en situaciones de reclamo político. Catorce muertos. La presidenta Cristina Kirchner sólo habló públicamente de uno de ellos: del militante del PO Mariano Ferreyra, asesinado el año pasado por una patota de sindicalistas ferroviarios.
 
La estrategia de no confrontar abiertamente contra las marchas que se realizan en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal, encubre el alto nivel represivo contra las protestas que se realizan en el resto del país.
 
La versión del Gobierno es que no impulsa la criminalización de la protesta, una política que, por supuesto, podría tener fallas y consecuencias. Pero un repaso por los 14 muertos en manifestaciones muestran que el oficialismo reaccionó en forma dispar ante los hechos: no siempre los repudió ni pidió investigaciones judiciales para dilucidar responsabilidades políticas . Los dirigentes sociales opositores, además, aseguran que son denunciados por protestar.
 
Un día después de que se sucedieran las muertes en las tierras de los Blaquier protegidas por la policía, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sacó un comunicado en el que repudió lo ocurrido, pidió que la Justicia investigue, y le reclamó al gobernador Barrionuevo que "separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad". La Presidenta, de viaje, no hizo declaraciones sobre la mayor matanza policial durante una protesta ocurrida en su gestión. Ayer, en cambio, sí usó su Twitter para reproducir los discursos de sus propagandas de campaña.
 
Un ejemplo contrario a la reacción gubernamental por el caso Jujuy, es del asesinato del aborigen QOM Roberto López, muerto por la policía durante un desalojo en Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. La Casa Rosada no impulsó la búsqueda de responsabilidades políticas. Y algo similar ocurre con las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos, fallecidos en un disturbio en José León Suárez reprimido por la policía bonaerense, al mando del gobernador K Daniel Scioli.
 
Según contabilizó Clarín , los muertos civiles en protestas sociales son doce. A los ya mencionados deben sumarse estos nombres: Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron quienes murieron en Jujuy.
 
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fallecieron en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía.
 
Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro murieron durante la toma del Parque Indoamericano.
 
El candidato presidencial del PO, Jorge Altamira, jefe político de Mariano Ferreyra, dice que el Gobierno criminaliza la protesta social aunque diga lo contrario: "Como lo muestra el caso de Jujuy, hay complicidad del Gobierno con el grupo económico que pidió reprimir, el ingenio Ledesma.
 
El gobernador es responsable de lo que pasó y lo protegen ".
 
Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, la fuerza reprimida en Jujuy, dice que " el gobierno tiene doble discurso : mientras se dice nacional y popular, reprime y judicializa las protestas.
 
Se vio en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz".
 
El propio Alderete dice que en sí mismo es un ejemplo que grafica la situación. Durante la era K, asegura, fue denunciado 7 veces por manifestarse: tres causas siguen abiertas. Una es por caminar en contramano por avenida Rivadavia.
 
Fuente: Clarín
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30-10-2014 / 09:10
  Esta madrugada se aprobó, gracias a la mayoría automática K, la Ley de Hidrocarburos, una de las más groseras entregas del patrimonio nacional. Es una iniciativa que consolida y multiplica los negocios del testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, que en Santa Cruz controla una superficie equivalente a dos yacimientos Vaca Muerta.
 
Con la excusa de atraer inversiones en dólares, se le abrió la puerta a una nueva fase en la entrega de los Recursos Naturales, que comenzó con Carlos Menem en los años '90, y que el cristinismo culmina hoy. Las petroleras van a poder acumular áreas, podrán hacer prórrogas sobre prórrogas, se les permite exportar casi libremente a las empresas, pueden girar sin problemas el 20 por ciento de las divisas sin reinvertir en el país, le van a sacar la inspección de sus contabilidades.
 
Es decir, se entrega el petróleo argentino a las multinacionales. Además, la norma permite el fracking en forma indiscriminada, siendo el único país del mundo en hacer esto, ni siquiera los Estados Unidos lo permite de la manera en que se está haciendo en la Argentina. En los países europeos el fracking está prohibido.
 
La oposición aprovechó el debate para dejar en claro su postura contraria a la ley. La más dura fue  Elisa Carrió, quien aseguró que "están los idiotas y están los hijos de su madre, al menos no seamos idiotas. Esto es como Loma de Lata que fue un negocio, pero este es un negocio de la familia Kirchner".
 
Los dichos tienen que ver con que Lázaro Báez, empresario emblema de la corrupción de la "década ganada", podría beneficiarse con zonas petroleras de las que hizo cargo en el 2008 en Santa Cruz y que nunca puso a trabajar en forma productiva. 
 
En 2008, el gobierno provincial adjudicó, entre gallos y medianoche, a Oil S&M, empresa del zar K del juego, Cristóbal López, y a EPSUR SA y MISAHAR SA, de Lázaro Báez, una superficie de más de 80 mil kilómetros cuadrados -un tercio del territorio provincial- para la exploración, explotación y comercialización, del petróleo y el gas existentes.  
 
Con la nueva ley, los yacimientos petroleros que están bajo la órbita de Báez, podrían renovárseles las licencias de forma automática por 35 años, con facultades para ponerlas luego al servicio de empresas extranjeras sin control alguno, logrando con eso ganancias multimillonarias a costa de la soberanía energética del país.
 
¿Cuál será la consecuencia? Los argentinos pagarán cada vez más por el litro de nafta: en lo que va del año aumentó más del 40%, cuando en el resto de los países de la región el precio de los combustibles están estabilizados desde hace años.
 
Lo mismo ocurrirá con el gas, en momentos en que los ciudadanos están padeciendo un anticipo de lo que se vendrá: las tarifas de los últimos meses incluyeron aumentos promedio del 600%. El país de los K, sin soberanía energética, está condenado a la pobreza y al subdesarrollo.
 
La Opinión Popular

29-10-2014 / 19:10
29-10-2014 / 18:10
29-10-2014 / 09:10
  Funcionarios K asistieron ayer al Senado de la Nación  para dar inicio, en el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales, al debate por la reforma al Código Procesal Penal que impulsa el gobierno de CFK, y que nadie sabe quién o quiénes colaboraron con este proyecto de reforma.
 
La iniciativa oficial tiene como eje un par de puntos polémicos, como la expulsión de extranjeros que sean sorprendidos in fraganti en la comisión de delitos, una cortina de humo que se busca generar para intentar tapar otros temas discutibles que tiene el proyecto K. En suma, se estaría generando una enorme discusión pública acerca del impacto de una medida que es menor. Pero el humo vale. En especial, en tiempos de campaña.
 
Un punto conflictivo es la creación de una comisión bicameral que deberá elaborar la ley orgánica que reglamente los nuevos roles de fiscales y jueces, y el poder que se les da a los fiscales, que dependen del Gobierno, para investigar y que los jueces no puedan realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal, sino que deberán limitarse a garantizar el proceso judicial.
 
Esto último abrió el debate en el seno de la oposición, que ve en esto una maniobra del gobierno de CFK para buscar impunidad judicial una vez que esté fuera del poder. De ahí que el cristinismo haya apurado la designación de fiscales que adhieren a su causa política.
 
Las palabras de Sergio Berni, aduciendo que "estamos infectados de delincuentes extranjeros", es una de las maneras con las que se busca evitar una discusión sobre la intención de fondo del gobierno, que es buscar una Justicia adicta que responda a sus intereses políticos.
 
Según fuentes judiciales, esto tiene que ver más que nada con el deseo del oficialismo de no empezar el 2016 con varios de sus funcionarios pisando los Tribunales, tal como sucede ahora con Ricardo Jaime, Amado Boudou o Juan Pablo Schiavi, por citar algunos casos.
 
La labor de Alejandra Gils Carbó está en el centro de la cuestión, más que nada por ser una cumpliente obedecedora de órdenes de Cristina. Además, porque desde Justicia Legítima, agrupación creada para inmiscuirse en Tribunales con fines políticos, y de la cual la Procuradora General es parte, se han puesto nombres claves en el organigrama judicial, con la esperanza de frenar los avances de las causas por corrupción que azotan al cristinismo.
 
Con una Justicia cooptada por La Cámpora o adherentes al proyecto K, la posibilidad de que los hechos de corrupción ocurridos durante la "década ganada" encuentren un correlato en la Justicia, será cada día más difícil, de ahí que el debate sobre la reforma del Código Procesal Penal tenga tanta trascendencia para la sociedad.
 
El viejo proyecto K de colonizar la Justicia no se archivó ni se olvidó. Está en marcha. Una justicia independiente del poder político, que controle y juzgue a los corruptos, sería uno de los primeros pasos que necesita la Argentina para recuperar credibilidad. Si no hay control sobre el Estado y los funcionarios públicos, y la justicia impera por su ausencia, la impunidad gana camino.
 
La Opinión Popular

29-10-2014 / 08:10
  El convulsionado diciembre de 2013 dejó un reflejo condicionado en la clase política, y en particular en los gobernadores provinciales, que han puesto en marcha un plan destinado a prevenir la repetición de protestas violentas.
 
Es por eso que, por estas horas, se negocia en varios puntos del país la posibilidad de un pago de fin de año, bajo la forma de bono o aguinaldo extraordinario, con el cual se espera calmar los ánimos sindicales, ya de por sí caldeados tras un año con una inflación del 40 por ciento.
 
Rápido de reflejos, uno de los primeros en poner las barbas en remojo fue el cordobés José Manuel de la Sota, quien se apuró a firmar un acuerdo con el sindicato de estatales, por el cual se otorgará un pago extraordinario de $1.500 a los empleados provinciales y $750 a los jubilados.
 
No es casual que el gobernador haya puesto el tema salarial al tope de la agenda -aun cuando ello le implicaría un costo extra superior a los $230 millones- dados los antecedentes del año pasado. Córdoba, con su huelga policial, había sido el lugar donde se había encendido la chispa de la protesta que se extendió por todo el país, con el saldo trágico de saqueos, represión y muertes.
 
En la primera camada de provincias "previsoras" se anotaron -además de Córdoba- Santa Fe, San Luis y La Rioja. El gobernador santafecino, Antonio Bonfatti, todavía no confirmó el monto, pero los trascendidos apuntan a un suma similar a la de Córdoba. Ni siquiera quiere esperar hasta fin de año para realizar el pago de este "aguinaldo extra": anunció que se está analizando la forma de incluir la mitad de esa bonificación ya con el sueldo de diciembre.
 
Y la tendencia es que en los próximos días se conozcan nuevos casos. En Salta, el gobierno de Juan Manuel Urtubey está negociando con las diversas agrupaciones gremiales docentes, que aspiran a una mejora salarial de $1.200 que rija hasta la reapertura de las paritarias, en enero.
 
En tanto, también en Tucumán -otro escenario de protestas trágicas en el fin de año pasado- hay reclamos por parte de los estatales, que le piden al gobierno de José Alperovich un bono de $4.000 "para paliar la pérdida de poder adquisitivo".
 
En este caso, no está alejada la posibilidad de un conflicto, dado que el gobierno tucumano había ofrecido un adelanto de un sueldo en diciembre, pero no un plus. Esta alternativa fue rechazada por los sindicatos. "El 80% de los estatales tiene casi todo su sueldo confiscado por los bancos y tarjetas de crédito. Porque tienen que recurrir al financiamiento para poder llegar a fin de mes. La inflación no da tregua", dijo el dirigente sindical Vicente Ruiz en declaraciones a la prensa.
 
Y mientras no se llega a un acuerdo en la provincia de Tucumán, se anunció la adopción de medidas de protesta, como un corte de rutas previsto para hoy. ¿Qué hará Sergio Urribarri en Entre Ríos? 

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