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El clima en Paraná
La apuesta del consenso y la reconstrucción
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“La incidencia del mínimo no imponible sobre el salario de los trabajadores es cada vez mayor, reduciendo el salario real, e incluyendo a mayor cantidad de empleados y autónomos entre los alcanzados por el impuesto". Juan Schiaretti
Nacionales - 01-03-2011 / 10:03
EFEMÉRIDES POPULARES: EL 1° DE MARZO DE 1948 EL ESTADO NACIONAL TOMA POSESIÓN DE LOS FF.CC. NACIONALIZADOS POR PERÓN

Juan Perón nacionaliza los ferrocarriles británicos y franceses

Juan Perón nacionaliza los ferrocarriles británicos y franceses
Afiche de la época.
En un día como hoy, pero de 1948, bajo la dirección  del General Perón, el gobierno rompe uno a uno los eslabones que sometían nuestra economía al  Imperio Británico: se nacionaliza los ferrocarriles, lo que significó una etapa fundamental en la obra de recuperación nacional de los servicios públicos para el pueblo argentino.
 
El Gobierno procedió a la estatización de la red ferroviaria que se cerraba en abanico hacia Buenos Aires, propiedad del capital británico, como así también de la red ferroviaria de la zona cerealera, con vértice en Rosario, perteneciente a empresas francesas. Scalabrini Ortiz sintetiza el meollo de la cuestión en esta frase contundente: "Adquirir los ferrocarriles equivale a adquirir soberanía".
 
De la redacción de La Opinión Popular
En 1947 Perón nacionaliza los ferrocarriles que era una de las reivindicaciones nacionalistas más importantes del peronismo,y el gobierno toma a su cargo una ancha franja de la economía argentina que comprende desde los servicios públicos hasta empresas productivas.
 
 
Los Ferrocarriles argentinos
 
Sostiene el ensayista e historiador Norberto Galasso, en su monumental obra de dos volúmenes "Perón", que después de difíciles tratativas, el Gobierno procedió a la estatización de la red ferroviaria que se cerraba en abanico hacia Buenos Aires, propiedad del capital británico, como así también de la red ferroviaria de la zona cerealera, con vértice en Rosario, perteneciente a empresas francesas.
 
Estas medidas resultan insoslayables para un proyecto de crecimiento económico y planificación nacional, por lo cual deben aquilatarse desde esa perspectiva y no meramente desde los pormenores de la negociación, ya sea montos, plazos de pago, etc.
 
Los opositores al peronismo, desde el conservadorismo hasta la izquierda tradicional, enfocan la crítica haciendo eje en el monto abonado por la nacionalización, el mayor o menor deterioro del material rodante o la supuesta debilidad negociadora de los representantes argentinos, a tal punto que algunos pretenden mostrarla como impuesta por el capital extranjero.
 
Como se comprende, analizar una cuestión macroeconómica con el criterio de tenedor de libros de un quiosco de cigarrillos no puede llevar a ninguna conclusión correcta.
 
Raúl Scalabrini Ortiz sintetiza el meollo de la cuestión en esta frase contunden­te: "Adquirir los ferrocarriles equivale a adquirir soberanía".
 
 
Empresas británicas
 
A través de libros, artículos y conferencias, Scalabrini demostró que el negocio ferroviario los ingleses en la Argentina fue un gran despojo por muchas razones, entre otras, la cesión a las empresas de amplias fajas de terreno al costado de las vías, la rentabilidad garantizada del
7% sobre capitales que eran abultados en los balances y otras ventajas de tipo impositivo o financiero que derivaban de las concesiones.
 
Scalabrini enseña que la red ferroviaria británica, trazada en abanico hacia el puerto de Buenos Aires, fue "la tela de araña metálica que atrapó a la mosca de la República" y la condenó "al primitivismo agrario", es decir, a la condición semicolonial con respecto al imperialismo británico, según la teoría colonialista de la división internacional del trabajo.
 
Esa red fue el sistema neurálgico que sustentó una economía de exportación de carnes y cereales baratos, e importación de artículos manufacturados extranjeros caros, en gran medida ingleses. No solo por su trazado -típicamente colonial- sino también porque la tarifa parabólica aplicada a los fletes impidió sistemáticamente que en el interior argentino se desarrollasen industrias competidoras del producto importado.
 
En razón de ese rol colonialista, no existe posibilidad de planificar ningún desarrollo manteniendo el transporte ferroviario en manos extranjeras.
 
Por este motivo, así como el Gobierno entendió que la nacionalización de los ferrocarriles constituía un hito ineludible en un proceso de liberación nacional, así también los intelectuales y dirigentes políticos de los partidos tradicionales que -consciente o inconsciente bregaban a favor del viejo país agroexportador- se obsesionaron atacando esta medida.
 
Para ello, divulgaron, en primer término, una fábula que aun opera sobre algunos sectores medios: la compra fue un disparate porque estaba por vencer la ley Mitre, cual caducaban las concesiones ferroviarias y las empresas pasaban gratuitamente al Estado argentino.
 
Basta leer los contratos para advertir la inconsistencia del planteo: las concesiones -aunque sorprenda a muchos- eran "a perpetuidad", por lo cual Scalabrini ironizaba que el sol dejaría de calentar pero que todavía habría un inglés en la Argentina, titular de estas concesiones. Lo que caducaba, al vencer la ley Mitre, era la exención impositiva para importar todo tipo de repuestos ferroviarios.
 
 
Con respecto a otras empresas que quedaron en manos del Estado argentino con la nacionalización de los ferrocarriles Rodolfo Puiggrós revela su importancia.
 
Identifica a Expreso Villalonga, Expreso Furlong, Empresa de Transportes S.A., Compañía de Transportes Cordilleranos, Compañía Internacional de Transportes Automóviles, Compañía El Cóndor, Compañía El Valle; Puertos: Dock Sur en el Puerto de Buenos Compañía de Muelles y Depósitos del Puerto de La Plata, Puerto Ing. White, Puerto Grande, Puerto Galván, Puerto Ibicuy, Puerto Villa Constitución.
 
Además, a Empresa Eléctrica de Bahía Blanca, Depósitos Frigoríficos de San Juan, Compañías de Tierras y Hoteles de Alta Gracia, Frigorífico de Productores de Uva, Fomento del Norte Argentino, Argentina Agrícola, Ganadera e Inmobiliaria, Sociedad de Aguas Corrientes de Bahía Blanca, Sociedad de Consumo Ramos Generales, Ferrocarrilera de Petróleo, Distribuidora Nacional de Frutas, Frigorífico Mercado del Once, Hoteles Sudamericanos, Líneas Económicas ­Decauville.
 
Entran también en la operación: edificios y terrenos en todo el país (en Capital y Gran Buenos Aires solamente 3 millones de metros cuadrados, valuados en 900 millones de pesos), así como acciones de grandes tiendas, diarios (Editorial Haynes, dueña del diario El Mundo y revistas afines, Mundo agrario, etc., así como la revista El Hogar).
 
 
Se adquirió soberanía
 
Analizar la cuestión desde el costo de la compra o los resultados de los balances significa omitir la gran cuestión: la necesidad de que esa red que atraviesa el cuerpo del país sirva, a través de sus recorridos y sus tarifas, al crecimiento económico, el desarrollo de las economías regionales, etc., del mismo modo como la abaratamiento del boleto subsidia a los trabajadores en relación con el boleto del ómnibus, aspecto que descuidan los que viajan solamente en automóvil.
 
 
Empresas francesas
 
al hacer referencia a la "Argentina, granero del mundo", se omite la importancia que tuvieron tres empresas ferroviarias de capitales franceses, con centro en el puerto de Rosario: el Ferrocarril Francés de la Provincia de Santa Fe, una red que conecta el interior de la provincia con el puerto y por donde, en su inicio, se exportaba lana, y luego, especialmente cereales; la Compañía general de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires, cuyo trazado cubre el norte de la provincia de Buenos Aires y Sur de Santa conectando Rosario-La Plata; y el Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, que comete la audacia de cruzar el abanico tendido por las empresas británicos en la provincia de Buenos Aires.
 
Importantes bancos franceses participaron en estas empresas y grupos dedicados a la exportación, como Dreyfus y Bemberg, este último ligado a la concesión del Puerto de Rosario. Esta red resulta un calco, en pequeño, del ferrocarril inglés, en tanto su trazado es también típicamente colonial, orientado en este caso al Puerto de Rosario. El control de la economía de la llamada "pampa gringa", por parte del gobierno nacional, exigió la recuperación de estas líneas de transporte.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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20-04-2014 / 12:04
El Decreto Supremo Nº 1086, promulgado en 1983 durante la dictadura de Augusto Pinochet sentencia: "Artículo 2°.- Para las reuniones en plazas, calles y otros lugares de uso público regirán las siguientes disposiciones:

a) Los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, al Intendente o Gobernador respectivo. Las fuerzas de Orden y Seguridad Pública pueden impedir o disolver cualquier manifestación que no haya sido avisada dentro del plazo fijado y con los requisitos de la letra b.

 
b) El aviso indicado deberá ser por escrito y firmado por los organizadores de la reunión, con indicación de su domicilio, profesión y número de su cédula de identidad. Deberá expresar quiénes organizan dicha reunión, qué objeto tiene, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, dónde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación".


El proyecto presentado por los diputados kirchneristas encabezados por Carlos Kunkel y Diana Conti dice:
Artículo 5.- MANIFESTACIÓN LEGÍTIMA. Se considera que una manifestación pública es legítima cuando reúne los siguientes elementos:
- Después de los incisos a, b, c y d, en el inciso "e" afirma: "Es notificada en los términos de la presente ley".
- Y en su Artículo 7.- SOBRE LA NOTIFICACIÓN. Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial, con una antelación no menor de 48 horas. En esa notificación deberá indicarse:


a) El lugar en que se llevará a cabo
b) El tiempo estimado

c) El objeto de manifestación
d) El manifestante delegado

Si la manifestación no cumple con alguno de los requisitos del Artículo 5, entre ellos la notificación, se infiere lógicamente que es ILEGÍTIMA.

Con respecto a esto dice en su Artículo 10.- MANIFESTACIÓN ILEGÍTIMA. Una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos, pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites previstos en los capítulos I y III de esta ley.


Cualquier similitud ¿es pura casualidad?

20-04-2014 / 11:04
20-04-2014 / 09:04
El despectivo "bolsa de gatos" fue usado siempre por el peronismo para abaratar los intentos de ensamble de sus adversarios, desde la Unión Democrática para acá. En cambio, Juan Perón sorteó desde el verticalismo de su formación militar cualquier crítica de afuera en el mismo sentido y a las diferencias internas las bautizó "movimiento".

Es probable que la estrategia de criticar los matrimonios por conveniencia de los demás y llamar reacomodamientos internos a los líos de la propia estructura haya sido la responsable de dos conceptos que han corrido de boca en boca en la sociedad, los que se repiten como verdades reveladas a la hora de contar la historia y de plantearse el voto: "Los peronistas tienen vocación fanática por el poder" y son los "únicos que aseguran la gobernabilidad", se dice.

La picardía de la dialéctica también ayudó a fortalecer la alucinación colectiva. Aquel "los peronistas, como los gatos, cuando parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo" que popularizó Antonio Cafiero, va en la misma línea de promocionar al peronismo como algo imprescindible, reforzada en lo ideológico por el mismo Perón, a la hora de evaluar cómo perforó a los demás partidos la concepción estado-populista que predomina en la gente desde 1945: "Peronistas somos todos", supo describir el general.

A la larga, pareció tener razón porque todos los tanteos que se generaron en los últimos 70 años para sacar de órbita al peronismo, incluidas las diferentes incursiones del partido militar, fracasaron en toda la línea. El experimento de la Alianza ha sido, hasta ahora, el último escalón de varios hitos de rejuntes que siempre terminaron fortaleciéndolo.

Todas estas alusiones vienen a cuento porque en el remanso que el día a día de la economía le está dando a la política, aderezado desde la óptica del análisis por la entrega de las banderas económicas de la década que hizo el Gobierno para aflojar las turbulencias de principios de año, todas las fuerzas políticas comenzaron a buscar su lugar en el mundo aún antes del Mundial de Brasil, para orejear desde ahora mismo la sucesión de Cristina Fernández.

Ya se han visto en la calle débiles encuestas, nombres que se han echado a rodar para medir fortalezas y galanteos entre algunos de los partidos, aunque de momento todo es tan provisorio que nada debería ser tomado demasiado en cuenta con algún grado de seriedad.

En ese sentido, la corta semana de Pascuas fue prolífica en declaraciones y así Sergio Massa, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Jorge Capitanich, en defensa de La Cámpora, coincidieron en mostrarse como abanderados del tiempo por venir, argumento mucho más difícil de sostener para los hombres del oficialismo
.
Ante los graves y múltiples problemas que padece la sociedad (inflación, empleo, inseguridad, narcotráfico y hasta los piquetes que acaba de descubrir el Gobierno a la hora de propiciar una ley que los regule, aunque deba tragarse los sapos de una década de vigencia) suena hasta de mal gusto tamaño adelanto en meses, pero como es casi unánime la búsqueda de posicionamiento, quizás por eso hasta ahora nadie lo reprocha demasiado.

20-04-2014 / 09:04
El debate sobre la reglamentación de las protestas en la vía pública parece ser otra cuestión que, como tantas, han saltado a la actualidad para convertirse en un circunstancial "comodín" que sirve al Gobierno como estrategia de distracción. Eso no significa que la discusión no sea necesaria ni que se trate de un tema menor para la convivencia democrática, todo lo contrario.

Tan importante es este debate que debió hacerse mucho antes, cuando surgieron las primeras voces de la sociedad reclamando circular libremente por calles y rutas en ejercicio de sus legítimos derechos. Para el kirchnerismo no era entonces necesario porque justamente ese tipo de manifestaciones representaba una herramienta funcional a su acción política.


Como ejemplo basta recordar que hasta el propio ex presidente Néstor Kirchner, desde una demagógica tribuna, alentó a los habitantes de Gualeguaychú a cortar el puente internacional con Uruguay por la instalación de la pastera en Fray Bentos.


Eran tiempos en los que todavía el oficialismo se sentía el dueño de las calles, a las que copaba con manifestantes que no protestaban por nada sino que concurrían para producir hechos políticos y, de paso, devolver los favores de un subsidio o un plan social.


Ya no sucede lo mismo y no es porque se hayan acabado los subsidios ni los planes sociales y mucho menos los sectores necesitados.


Para hacerlo breve: la calle ya no es de los partidarios del oficialismo. El Gobierno, después de casi once años de gestión, tiene serias dificultades para equiparar lo que dice con lo que hace, lo que se traduce a la vez en un creciente descontento hacia el interior de sus filas. El riesgo ahora es que los mismos sectores que salían a apoyar, comiencen a salir para reclamarles a los que eran sus jefes.


El giro que produce ahora la conducción del kirchnerismo, como tantos otros en diferentes terrenos, obedece al instinto de supervivencia política.


El objetivo es llegar sin desbordes graves al final del mandato de Cristina Fernández y ella cree que debe intentar una reconciliación con sectores de clase media, allí donde hay un particular rechazo a los cortes y piquetes. Pero también es una manera de adelantarse a los hechos que pronostican no sólo los informes de Inteligencia que se leen en la Casa Rosada sino también el sentido común. 

20-04-2014 / 08:04
La cadena de la felicidad que hizo ricos a varios funcionarios del Gobierno parece haberse roto para algunos de ellos. Lo que comenzó por Ricardo Jaime y siguió con Amado Boudou llegó ahora a las puertas del despacho del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, circunstancia que complica judicialmente a él y políticamente a su superior, Carlos Zannini, hombre clave dentro del cerrado esquema de poder que armó el kirchnerismo.

Cuando el juez federal Norberto Oyarbide decidió hacer público el episodio de la suspensión del allanamiento en la financiera Propyme como consecuencia de un llamado que recibió de Liuzzi, abrió una caja de Pandora que preocupó a la mismísima Presidenta.


Por eso, ella misma se encargó de dar la orden de proteger al juez, un impresentable al que el juicio político, del que el peronismo lo salvó el 11 de septiembre de 2001, debió haber eyectado de su sillón de los tribunales de Comodoro Py. Cristina Fernández de Kirchner, que le debe al juez el favor del súbito y sospechoso sobreseimiento de su causa por supuesto enriquecimiento ilícito, sabe que si Oyarbide habla, puede haber problemas.


El fiscal federal Carlos Rívolo, que investigó a Jaime, fue muy claro: "No es fácil investigar al poder". No se quedó en esa definición cuasi genérica. Avanzó y se explayó acerca de las presiones recibidas por él y por otros colegas suyos que con valentía luchan por cumplir con su trabajo en forma honesta. Como otro ejemplo ilustrativo de esta circunstancia está el caso del fiscal José María Campagnoli.


Lo que hace más inquietante esta realidad es que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, en vez de defender a aquellos que actúan con independencia, los presiona.


Esto va en línea con la concepción de la organización Justicia Legítima, para la cual la Justicia debería ser un apéndice más del poder político de turno, precepto que, de concretarse, acabaría con la división de poderes que consagra la Constitución Nacional, lo que en los hechos significaría la anulación de cualquier posibilidad cierta de controlar los actos del gobierno -de éste y de cualquiera- y de investigar a los funcionarios corruptos.

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