14:29 | Martes 07 de Febrero de 2010 | Entre Ríos
La juventud sin trabajo ni estudios, un gran dilema social
Por Daniel Muchnik
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“En los momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”. Albert Einstein
Nacionales - 01-09-2010 / 09:09
PARA ACCEDER A DESENDEUDAMIENTO Y LOS ATN, EL KIRCHNERISMO PIDE QUE DESISTAN DE DEMANDAS FEDERALES
Presionadas y renunciando a los reclamos federales, firmaron las provincias de Corrientes y Catamarca
Renunciando a los reclamos federales, Ricardo Colombi y Eduardo Brizuela del Moral sellaron ayer con la presidente Cristina de Kirchner su adhesión al Plan de Desendeudamiento.
Cristina de Kirchner y los gobernadores radicales de Corrientes, Ricardo Colombi, y de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, firmaron ayer su adhesión al Programa Federal de Desendeudamiento.
En tanto, Jorge Sapag, gobernador de Neuquén, insistió ayer en reclamarle a Nación la firma del acuerdo sin tener que renunciar a los juicios que esa provincia mantiene con el Estado nacional, tal como lo habilitó la Legislatura el lunes último.
El caso catamarqueño, sin embargo, depende de lo que la Legislatura local decida con respecto a los juicios por fondos que la provincia mantiene contra la Casa Rosada y esa definición podría demorar todavía 90 días más.
En tanto, Jorge Sapag, gobernador de Neuquén, insistió ayer en reclamarle a Nación la firma del acuerdo sin tener que renunciar a los juicios que esa provincia mantiene con el Estado nacional, tal como lo habilitó la Legislatura el lunes último.
El caso catamarqueño, sin embargo, depende de lo que la Legislatura local decida con respecto a los juicios por fondos que la provincia mantiene contra la Casa Rosada y esa definición podría demorar todavía 90 días más.
La dilación de la Nación en sumar a Corrientes a este beneficio motivó que se elevaran las críticas de Colombi a las autoridades nacionales en las últimas semanas. Sin embargo, el mandatario siempre buscó mantener una «relación cordial» con el kirchnerismo a fin de lograr la adhesión, que le permitirá acceder a la refinanciación del 73,60 por ciento de su stock de deuda consolidada, lo que implica unos 1.827 millones de pesos. Al mismo tiempo, los vencimientos previstos para 2017 serán estirados hasta 2030.
Para la firma de este acuerdo fue clave que Corrientes renunciara a los cinco juicios que había iniciado contra la Nación, entre ellos una causa por la coparticipación del impuesto al cheque por más de 500 millones de pesos.
También, Colombi se comprometió a abandonar otro proceso por la inconstitucionalidad del decreto 1.399/2001 sobre fondos de coparticipación destinados a la AFIP, estimados en 280 millones, y un juicio a la cobertura de déficit del sistema provisional por unos 90 millones de pesos.
Del mismo modo, el catamarqueño Brizuela del Moral se había mostrado molesto por la demora en acceder al plan por no haber desistido de acciones judiciales promovidas contra la Nación. «No pueden extorsionarnos. Por un lado, nos renegocian la deuda; y por el otro, actúan como si se tratara del sector privado, como un banco», se quejó la semana pasada y consideró que se trataría de un «posible acto de discriminación» a la provincia.
No obstante, el mandatario decidió ayer poner a consideración de la Legislatura local la posible resignación de los planteos judiciales contra el Ejecutivo nacional a cambio de entrar al desendeudamiento. La deuda que podría refinanciar Catamarca con la adhesión al plan asciende a $ 1.237 millones.
«El gobernador firmó con la Presidente, pero tenemos que esperar, para que el programa entre en vigencia, que la Legislatura provincial decida si desiste de los juicios contra la Nación y cuenta con 90 días hábiles de plazo», señaló a Ámbito Nacional el ministro de Hacienda catamarqueño, Mamerto Acuña. «De eso depende, pero de todos modos es un gran avance haber podido consolidar el acuerdo».
El Gobierno nacional extendió el miércoles pasado hasta el último día de agosto el plazo para acceder al Programa, tal como se afirmó en el Boletín Oficial oportunamente, «considerando la complejidad de las operaciones que involucra» el decreto presidencial 660.
Entre el quinteto que había quedado relegado por mantener reclamos judiciales por fondos con la Nación, Mendoza fue la primera que destrabó las negociaciones el viernes pasado. El lote de los distritos que intentaron hasta última hora acceder al plan nacional, que refinancia deudas por $ 65.500 millones y que contempla una reprogramación a 20 años, con un período de gracia de un año y medio que expira en diciembre del electoral 2011, lo completan Formosa y Neuquén (ver recuadro).
"Renunciar a juicios no es una solución"
Jorge Sapag
Jorge Sapag insistió ayer en reclamarle a Nación la firma del acuerdo del Programa de Desendeudamiento sin tener que renunciar a los juicios que esa provincia mantiene con el Estado nacional, tal como lo habilitó la Legislatura el lunes último.
El gobernador neuquino se esperanzó en que una reunión con Cristina de Kirchner podría destrabar la situación porque de los cinco pleitos, tres pueden ser desistidos. Sin embargo, existe uno por varios miles de millones de pesos que no será negociado salvo que pueda llegarse a una solución alternativa como puede ser un arbitraje de la Corte. Sapag consideró que las cláusulas del anexo planteado por el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, con el aval de la Jefatura de Gabinete, es una imposición y no una solución. Así se lo hizo saber a los ministros Amado Boudou y Aníbal Fernández a la espera de la reunión con la Presidente.
Periodista: ¿Qué tipo de apoyo fue a buscar a la Legislatura?
Jorge Sapag: Un debate tan importante creo que se merece su tratamiento legislativo pese a las facultades que tengo para resolver este tema, como lo tuve para las concesiones hidrocaburíferas.
P.: Se dijo que usted renunciaba a los juicios para posibilitar la firma del programa con Nación.
J.S.: Es una mala interpretación. Ocurre que hay dos acuerdos a firmar: uno principal que establece el convenio de refinanciación porque establece facilidades de pago por parte de la Nación a la provincia a 20 años a partir de fines de 2011 a una tasa del 6% anual y la eliminación del CER que significa otro 8% por año. En una deuda que quedará consolidada en los 1.610 millones de pesos y en ese plazo, con la inflación, es una licuación importante. Con este convenio estoy de acuerdo.
P.: Entonces, ¿qué fue lo que frenó su disposición a firmar?
J.S.: Cuando fui a firmar junto con el resto de las provincias, me dijeron que había un anexo donde constaban cinco 5 juicios que tenían que ser renunciados por la provincia. Lo analizamos con la Fiscalía de Estado con quien se concluyó que 3 de esos 5 juicios son renunciables, pero hay dos para los que preferimos el debate legislativo. De estos dos últimos, uno se puede discutir porque es un reclamo del gobernador anterior donde se plantea la inconstitucionalidad de las retenciones, pero hay otro que viene de antes, creo que del Gobierno de Felipe Sapag. Es un reclamo por regalías mal liquidadas.
P.: ¿Cuál es su propuesta?
J.S.: Primero hay que decir que no hay motivo para renunciar a todos los juicios. A algunos, sí, como uno de regalías hidroeléctricas mal liquidadas. En ese caso, podemos dimitir contra Nación, pero vamos contra las empresas; el otro se refiere a descuentos de coparticipación. Provincia reclama 130 millones y hay un aporte de Nación de 280 millones. Ahí se puede compensar. Pero sobre este otro juicio, que es de miles de millones de pesos, yo propuse una espera.
Renunciar a los juicios no tiene nada que ver con la refinanciación. En todo caso, nos sentamos y hacemos una transacción. El Decreto 660 que manda la refinanciación dice las provincias deberán encontrar con Nación una solución a sus diferendos judiciales. ¿Cuál es la solución?, ¿renunciar? Eso no es una solución, eso es una imposición. Me parece que ahí nos vamos a estar equivocando.
Fuente: Ámbito Financiero
Para la firma de este acuerdo fue clave que Corrientes renunciara a los cinco juicios que había iniciado contra la Nación, entre ellos una causa por la coparticipación del impuesto al cheque por más de 500 millones de pesos.
También, Colombi se comprometió a abandonar otro proceso por la inconstitucionalidad del decreto 1.399/2001 sobre fondos de coparticipación destinados a la AFIP, estimados en 280 millones, y un juicio a la cobertura de déficit del sistema provisional por unos 90 millones de pesos.
Del mismo modo, el catamarqueño Brizuela del Moral se había mostrado molesto por la demora en acceder al plan por no haber desistido de acciones judiciales promovidas contra la Nación. «No pueden extorsionarnos. Por un lado, nos renegocian la deuda; y por el otro, actúan como si se tratara del sector privado, como un banco», se quejó la semana pasada y consideró que se trataría de un «posible acto de discriminación» a la provincia.
No obstante, el mandatario decidió ayer poner a consideración de la Legislatura local la posible resignación de los planteos judiciales contra el Ejecutivo nacional a cambio de entrar al desendeudamiento. La deuda que podría refinanciar Catamarca con la adhesión al plan asciende a $ 1.237 millones.
«El gobernador firmó con la Presidente, pero tenemos que esperar, para que el programa entre en vigencia, que la Legislatura provincial decida si desiste de los juicios contra la Nación y cuenta con 90 días hábiles de plazo», señaló a Ámbito Nacional el ministro de Hacienda catamarqueño, Mamerto Acuña. «De eso depende, pero de todos modos es un gran avance haber podido consolidar el acuerdo».
El Gobierno nacional extendió el miércoles pasado hasta el último día de agosto el plazo para acceder al Programa, tal como se afirmó en el Boletín Oficial oportunamente, «considerando la complejidad de las operaciones que involucra» el decreto presidencial 660.
Entre el quinteto que había quedado relegado por mantener reclamos judiciales por fondos con la Nación, Mendoza fue la primera que destrabó las negociaciones el viernes pasado. El lote de los distritos que intentaron hasta última hora acceder al plan nacional, que refinancia deudas por $ 65.500 millones y que contempla una reprogramación a 20 años, con un período de gracia de un año y medio que expira en diciembre del electoral 2011, lo completan Formosa y Neuquén (ver recuadro).
"Renunciar a juicios no es una solución"
Jorge Sapag
Jorge Sapag insistió ayer en reclamarle a Nación la firma del acuerdo del Programa de Desendeudamiento sin tener que renunciar a los juicios que esa provincia mantiene con el Estado nacional, tal como lo habilitó la Legislatura el lunes último.
El gobernador neuquino se esperanzó en que una reunión con Cristina de Kirchner podría destrabar la situación porque de los cinco pleitos, tres pueden ser desistidos. Sin embargo, existe uno por varios miles de millones de pesos que no será negociado salvo que pueda llegarse a una solución alternativa como puede ser un arbitraje de la Corte. Sapag consideró que las cláusulas del anexo planteado por el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, con el aval de la Jefatura de Gabinete, es una imposición y no una solución. Así se lo hizo saber a los ministros Amado Boudou y Aníbal Fernández a la espera de la reunión con la Presidente.
Periodista: ¿Qué tipo de apoyo fue a buscar a la Legislatura?
Jorge Sapag: Un debate tan importante creo que se merece su tratamiento legislativo pese a las facultades que tengo para resolver este tema, como lo tuve para las concesiones hidrocaburíferas.
P.: Se dijo que usted renunciaba a los juicios para posibilitar la firma del programa con Nación.
J.S.: Es una mala interpretación. Ocurre que hay dos acuerdos a firmar: uno principal que establece el convenio de refinanciación porque establece facilidades de pago por parte de la Nación a la provincia a 20 años a partir de fines de 2011 a una tasa del 6% anual y la eliminación del CER que significa otro 8% por año. En una deuda que quedará consolidada en los 1.610 millones de pesos y en ese plazo, con la inflación, es una licuación importante. Con este convenio estoy de acuerdo.
P.: Entonces, ¿qué fue lo que frenó su disposición a firmar?
J.S.: Cuando fui a firmar junto con el resto de las provincias, me dijeron que había un anexo donde constaban cinco 5 juicios que tenían que ser renunciados por la provincia. Lo analizamos con la Fiscalía de Estado con quien se concluyó que 3 de esos 5 juicios son renunciables, pero hay dos para los que preferimos el debate legislativo. De estos dos últimos, uno se puede discutir porque es un reclamo del gobernador anterior donde se plantea la inconstitucionalidad de las retenciones, pero hay otro que viene de antes, creo que del Gobierno de Felipe Sapag. Es un reclamo por regalías mal liquidadas.
P.: ¿Cuál es su propuesta?
J.S.: Primero hay que decir que no hay motivo para renunciar a todos los juicios. A algunos, sí, como uno de regalías hidroeléctricas mal liquidadas. En ese caso, podemos dimitir contra Nación, pero vamos contra las empresas; el otro se refiere a descuentos de coparticipación. Provincia reclama 130 millones y hay un aporte de Nación de 280 millones. Ahí se puede compensar. Pero sobre este otro juicio, que es de miles de millones de pesos, yo propuse una espera.
Renunciar a los juicios no tiene nada que ver con la refinanciación. En todo caso, nos sentamos y hacemos una transacción. El Decreto 660 que manda la refinanciación dice las provincias deberán encontrar con Nación una solución a sus diferendos judiciales. ¿Cuál es la solución?, ¿renunciar? Eso no es una solución, eso es una imposición. Me parece que ahí nos vamos a estar equivocando.
Fuente: Ámbito Financiero
07-02-2012 / 12:02
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