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Hay que recuperar el progresismo
Por Luis Alberto Romero - Historiador.
“El presidente proviene del sector empresario y debería saber que el trabajo tiene tutela y el Estado debe tener presencia. El concepto de libertad no está reñido con un Estado presente”. Graciela Camaño
Nacionales - 28-07-2010 / 18:07
LA OPOSICIÓN FELICITA A LA PRESIDENTA PERO... INSISTIRÁ CON EL 82 % MÓVIL PARA LOS JUBILADOS

Cristina anunció el aumento que prevé la ley actual para los jubilados

Cristina anunció el aumento que prevé la ley actual para los jubilados
Cristina Fernández anunció nuevos aumentos para jubilados y pensionados a partir del 1º de septiembre.
Presionada por el avance opositor en el Congreso, la presidenta, Cristina Fernández, anunció hoy un aumento del 16,9 por ciento para los jubilados en medio de una batalla con la oposición, que busca la aprobación parlamentaria de una mejora sustancialmente mayor.
 
También anunció un aumento del 22 por ciento en los subsidios de ayuda a la crianza de los niños, medida que junto con la otra beneficiará a unos diez millones de habitantes.
 
En el Congreso celebraron los anuncios, pero advirtieron que insistirán con los proyectos del 82% móvil que ya están en condiciones de ser tratados en la segunda semana de agosto. "Este aumento debe entenderse como la primera cuota del 82% móvil que aprobaremos en el Congreso en agosto", dijo Elisa Carrió. 

En un ambiente colmado de especulaciones, Cristina Kirchner anunció este mediodía un aumento del 16,9% en todas las jubilaciones, ante la presión opositora para que los haberes mínimos se equiparen con el 82% móvil, que todavía no alcanzan.
 
También se dispuso una suba del 22,22% en las asignaciones familiares, para lo cual también se usarán los fondos previsionales, algo cuestionado por los sectores no oficialistas que pretenden cubrir esos gastos con fondos del Tesoro.
 
Con el aumento, "el haber jubilatorio mínimo pasará de los actuales 895,20 pesos a 1046,50", dijo la Presidenta, y añadió que "si se suma el aporte del PAMI, esa suma termina siendo 1091,50". La suba, del 16,9%, se aplicará desde el 1° de septiembre para todos los haberes, y será la segunda en el año, acorde con la Ley de Movilidad jubilatoria que el Gobierno defiende ante los embates de la oposición.
 
Sumado al 8.21% que se dio en marzo, el incremento para este año será de 26.49%.
 
En un acto en Casa de Gobierno, en el que estuvo presente todo el Gabinete, empresarios, legisladores, sindicalistas e intendentes, y representantes de agrupaciones de derechos humanos, la jefa de Estado precisó que "el impacto anual (de esta medida) es de 14.258 millones de pesos", y subrayó que "no es un gasto sino una inversión social".
 
La mandataria defendió la gestión y la estatización de los fondos previsionales, al precisar que "casi 87 por ciento de las personas en edad de jubilación están dentro del sistema". Además, indicó que las subas a jubilados acumulan 51,65 por ciento desde que rige la Ley de Movilidad de Jubilatoria, en marzo de 2009.
 
También subrayó que "desde 2003, la jubilación mínima mejoró 597,8 por ciento, unas siete veces". "Esto tiene su anclaje en el crecimiento de la economía, si vemos la evolución de este aumento que comenzó a aplicarse desde marzo en dos veces al año", dijo la Presidenta.
 
Los anuncios se efectuaron en medio de una creciente presión opositora en el Congreso para sancionar una ley que establezca que la jubilación mínima debe ser equivalente al 82% del salario mínimo, que hoy es de 1500 pesos.
 
 
Subas en la asignación por hijo
 
Cristina Kirchner también anunció un aumento de 22,22% en las asignaciones familiares, que pasarán de 180 a 220 pesos.
 
"Esto beneficiará a 3.778.822 niños, y alcanzará a las personas con hijos discapacitados cuyo aumento se imcrementará de 720 pesos a 880 pesos que tambien será pagado por Anses", dijo.
 
Cristina subrayó que "la suma de todas estas inversiones de carácter social significan un 11,88% del PBI y un 57% del presupuesto total de gastos que aprobó el Parlamento".
 
Según sostuvo la jefa de Estado, desde 1997 hasta 2003, las asignaciones pasaron por lo que llamó irónicamente "la era de hielo". Desde entonces, hasta 2003 la fecha, defendió, "aumentaron 550 por ciento".
 
El ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó "que es una de las medidas sociales más importantes que se han tomado en materia social porque apuntan a dos sectores: los adultos mayores y los menores de 18 años".
 
De acuerdo con Boudou, ambas medidas implican que más dinero se vuelca al consumo: "El gobierno asegura el ritmo de la actividad económica con el sostenimiento de la demanda agregada". Y agregó, como minutos antes había dicho la Presidenta: "No hay mayor presión impositiva, y vamos a controlar muy de cerca los precios".
 
"Obsceno". Boudou apuntó contra los que impulsan el 82% móvil. "Me parece hasta obsceno que quienes mantuvieron congeladas las jubilaciones propongan esto".
 
Agustín Rossi, legislador del FPV, y Florencio Radazzo, ministro del Interior, también enviaron un mensaje a la oposición.
 
Convocatoria. La Presidenta anunció la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, y reclamó "responsabilidad de todos los actores empresarios, comerciantes y trabajadores para lograr acuerdos".
 
 
"Hipocresía".
 
Silvana Giudici, secretaria legislativa del bloque de la UCR, calificó de "hipocresía" el anuncio. "Hasta ayer Boudou sostenía que el sistema podría entrar en default si se aumentaban las jubilaciones, hoy aumentan un 16%, es decir, la mitad de lo que reclamamos", señaló.
 
Y amplió: "Es evidente que no quieren pagar el costo político de oponerse al aumento que proponemos desde la oposición y anuncian esta medida como un logro oficialista cuando todos sabemos que es simplemente una maniobra para eludir la obligación de pagar el 82%", dijo Giudici. "La plata está, como lo sostuvimos siempre, pero para aumentar a los jubilados y a los niños se utiliza a cuentagotas", concluyó.
 
En tanto, la diputada Elisa Carrió celebró el aumento a los jubilados que la Presidenta, aunque aclaró que es una "injusticia intolerable" que no se implemente el 82% móvil.
 
"Lo importante es que los jubilados estén bien. Por lo menos esto es un paliativo hasta que salga la ley del Congreso", indicó la líder de la Coalición Cívica. Y volvió a cuestionar al oficialismo: "Ayer decía que no había dinero y que se fundía el país, y hoy aumentan", dijo.
 
"Un país que no puede pagar cerca de un salario mínimo a una persona que aportó toda su vida, es de una injusticia social profunda. ¿Cómo van a decir que no hay dinero para los jubilados?", cuestionó. "Dinero hay. El tema es cuál es la prioridad", sentenció la líder opositora y aclaró que las fuerzas no kirchneristas avanzarán con la implementación del 82% móvil en el Congreso más allá del nuevo aumento.
 
 
La oposición insistirá en el Congreso con el 82% móvil.
 
Luego que la presidente Cristina Kirchner anunciara este martes 27/07  un aumento para las jubilaciones de los actuales 895,20 pesos a 1046,50 a partir del 1º septiembre, la oposición insistirá en el Congreso con la ley para que los haberes se equiparen con el 82% móvil.
 
Desde la Coalición diputada Elisa Carrió celebró el aumento a los jubilados que la Presidente, Cristina de Kirchner. "Estoy feliz, la oposición va avanzando con sus dos propuestas centrales, que son el 82% Mobil y la asignación universal, Cristina va cediendo, la gente va mejorando y esto le hace bien al país".
 
"Este aumento debe entenderse como la primera cuota del 82% móvil, que junto con la actualización según el Fallo Badaro aprobaremos en el Congreso en Agosto", dijo Carrió.
 
Para el Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, "El 82% móvil es un proyecto que puede ser sustentable y creo que no es el sentido de la discusión, lo que sí tenemos que encontrar, no sólo el gobierno sino todos los partidos políticos, soluciones de manera estructural al sistema previsional, ver  cómo hacemos para que sea sustentable en el tiempo, cómo hacemos para que vayamos camino a recuperar una jubilación digna acorde a lo que uno trabajó y luego vivir el día de mañana. Entonces no se puede estar molesto si el tema se discute, hay que dar un debate serio y me parece un paso importante el que va a dar el Senado porque apunta a aumentar los mínimos y hoy la jubilación está por debajo de los mil pesos", según el portal NCN.
 
En el Congreso, existen 2 dictámenes sobre el tema. El de la Cámara de Senadores, que sólo contempla llevar la jubilación más baja al 82% del salario mínimo, y el de Diputados, que habla también de una actualización del resto de los haberes según el caso Badaro.
 
El pasado 29/06, la mayoría opositora de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, con el apoyo de la oficialista Adriana Bortolozzi, firmó el un dictamen de mayoría en relación con la iniciativa de ley que fija los haberes provisionales en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
 
Luego el 13/07 mientras el ministro de Economía, Amado Boudou, defendía la posición del Gobierno en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, la oposición obtuvo dictamen con el voto favorable de los radicales Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Laura Montero y Roy Nikisch, los justicialistas disidentes Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y Carlos Verna, y la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estensoro.
 
El senador Rubén Giustiniani -autor de la iniciativa junto a Gerardo Morales- le reclamó al Gobierno "una decisión política para que el dinero del Anses primero sea para los jubilados. Esta no es una cuestión de puja entre oficialismo y oposición, hay que sacar a los jubilados de la pobreza. Los jubilados siguen a la cola de los aumentos de los salarios", afirmó.
 
"Tenemos una Anses rica y jubilados pobres", insistió el senador socialista, quien es autor de dos proyectos: uno que eleva la jubilación mínima al 82 por ciento móvil del salario mínimo, vital y móvil, y otro que recompone la escala salarial.
 
Para el senador santafecino, el costo de la suba al 82% implicaría unos $ 22.406 millones, cifra que pueden ser cubierta por los niveles de superávit de la Anses, que el propio titular del organismo, Diego Bossio estimó en su paso por el Congreso,  en $ 54.000 millones.
 
Desde la UCR, la diputada Silvana Giudici, sostuvo que "la prioridad es el 82% para los jubilados" más allá de los anuncios presidenciales.
 
Giudici presentó en el 2006, en el 2008 y representó este año, bajo expediente 3461-D-10, un proyecto de Ley para elevar el haber jubilatorio al 82% móvil, con una cláusula de movilidad única y trimestral. El proyecto formó parte del dictamen por la recomposición de los haberes jubilatorios que emitió la Comisión de Previsión y Seguridad Social el martes 29 de Junio pasado.
 
"Pretendemos priorizar el 82% para el haber mínimo y a su vez acatar lo que determinó la Corte Suprema en el fallo Badaro, porque eso significa priorizar a los jubilados", dijo.
 
Claudio Lozano, diputado nacional de Proyecto Sur, sostiene que la financiación debe obtenerse, del superávit financiero de la Anses en el presente año, según La Nación.
 
Además, plantea la suba de las contribuciones patronales, de donde se obtendrían $ 17.000 millones, pero  también sugiere, contemplar la suma de recaudación excedente según las previsiones del Presupuesto. Con todo, el 82% móvil y la recomposición serían un hecho.
 
Gerardo Morales (UCR-Jujuy) destacó que "gracias al trabajo insistente de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner se ve obligada a anticipar el aumento previsto por la ley para setiembre, para todos los jubilados".
 
El senador jujeño recordó que el proyecto con dictamen mayoritario de la Cámara Alta para que las jubilaciones mínimas alcancen el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil: "Está claro, el Estado tiene los recursos y el aumento era sustentable", apuntó dando a entender que la oposición insistirá con su plan original.
 
"Ante la negativa de 6 años de los Kirchner, la oposición impulsó la asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria y el aumento a los jubilados, y ahora la Presidenta llora cuando lo nombra al marido para que nos compremos que ellos angelicalmente hicieron todo", comentó el presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, Federico Pinedo.
 
"Lo que me alegra es que hayan parado de degradar la asignación por hijo con la inflación que desataron este año", agregó.
 
"Vamos a seguir trabajando por jubilaciones del 82% del salario mínimo como básico y en esto sí me encantaría que la Presidenta cumpla su palabra de empujar todos para el mismo lado", concluyó Pinedo.
 
"La prioridad son los jubilados, a partir de esa premisa, hay que ajustar el resto", dijo Pinedo quién planteó "disminuir los subsidios a los sectores ricos, especialmente con las tarifas de los servicios públicos", y con "gastos innecesarios y muy cuantiosos, como el déficit de Aerolíneas [unos $ 103,3 millones en el primer trimestre] y los más de $ 800 millones del "Fútbol para Todos".
 
Los proyectos del parlamento plantean reajustar los haberes de acuerdo al caso Badaro por el que la Corte Suprema estableció un incremento del 88,6% entre enero de 2002 y diciembre de 2006, período en el que la ANSeS ajustó las jubilaciones entre el 10 y 22%.
 
Se estima que en igual situación que Badaro habría un poco más de 1 millón de jubilados, de los cuales el grueso inició ya demandas judiciales. Una parte de estos jubilados podrían beneficiarse con la suba del haber mínimo, en cuyo caso cobrarían ese aumento más la diferencia por el ajuste Badaro.
 
El pago de la retroactividad sería considerado más adelante, aunque aquellos jubilados que ya tienen sentencia favorable firme cobrarían la retroactividad de acuerdo a lo dispuesto por los jueces.
 
También se  modifica la actual ley de movilidad que establece el ajuste de los haberes dos veces por año (marzo y septiembre) según una fórmula compleja que combina dos índices, que incluyen la evolución de los salarios, de los impuestos que van a la Seguridad Social, los ingresos totales de la ANSeS y el padrón del sistema.
 
El proyecto plantea que la movilidad se ajuste también 2 veces por año pero tome en cuenta exclusivamente la evolución de los salarios, de acuerdo al índice del INdEC o el RIPTE, de la Secretaria de Seguridad Social, de ambos el que arroje el porcentaje más alto.
 
Los últimos datos de la ANSeS marcan que hay 5.897.000 jubilados y pensionados, de los cuales 4.213.000 cobran el haber mínimo que hoy es de $ 895. Además hay otros 803.000 que cobran menos de $ 1.230. Así, de aumentar la mínima al 82% del sueldo mínimo, un poco más de 5 millones de jubilados y pensionados cobrarían hasta $ 335 por mes de aumento.
 
Luego cada vez que suba el salario mínimo, automáticamente se ajustaría el haber mínimo. También hay casi 900.000 pensiones no contributivas fuera del sistema previsional que abonan al 70% del haber mínimo.
 
Fuentes: La Nación y Urgente 24

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27-05-2016 / 11:05
27-05-2016 / 09:05
Los festejos por el 25 de Mayo evidenciaron el pánico del Gobierno nacional a exponer a Mauricio Macri a cualquier contacto con la gente, a quien otra vez se lo vio aislado en una Plaza de Mayo militarizada, como antes había ocurrido el 24 de marzo en el Parque de la Memoria y el 2 de abril en la Plaza San Martín.
 
La imagen que dejó la Plaza de Mayo fue contundente. Apenas un pequeño grupo de allegados y funcionarios pudo acercarse a un corralito ubicado frente a la Catedral, mientras cientos de efectivos de las fuerzas federales cerraban todo el cerco de la plaza.
 
La excusa, un acampe de cooperativistas que dependen del Gobierno porteño y reclaman un aumento. La misma que se usó para suspender el locro en la Casa Rosada y mudarlo en la Quinta de Olivos, también cerrada para invitados VIP.
 
LPO había revelado el mes pasado la decisión del equipo más cercano a Macri de evitar el contacto directo con la gente en actos públicos. Es preferible mostrar al Presidente en soledad que arriesgarse a sufrir en directo una protesta o un escrache, razonaban sus colaboradores. Ayer, la rigurosidad fue similar a la hípercustodiada visita de Barack Obama.
 
El celo del Gobierno es tal que llevó a Patricia Bullrich a cometer un nuevo papelón. A primera hora del día, la ministra de Seguridad informó que habían detenido seis personas con bombas molotov y conjeturó que "iban a la Plaza de Mayo". "Sabemos que estamos en un momento en el que todos los días hay una provocación", se indignó, y agregó que "se quiere generar una situación de descontrol en la calle".
 
Pero horas después la terminaron desmintiendo la propia Policía Federal -que capturó a los supuestos provocadores- y el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Esa cartera informó que los sospechosos fueron detenidos cuando "intentaban incendiar" un auto, por lo que se presume que se trata de un grupo de "quemacoches" o personas ligadas a taxistas que rechazan la aplicación Uber, ya que tenían un mensaje intimidatorio que podría vincularse a esa disputa.
 
La preocupación del Gobierno argentino por las protestas llamó la atención de los medios extranjeros, que se hicieron eco de la triste imagen de la Plaza de Mayo vacía. Incluso, el diario El País de España destacó en la portada de su edición latinoamericana que la plaza "amaneció totalmente vallada y bajo un importante despliegue militar". "Estas imágenes de tensión y descontento contrastan con la visión que el Ejecutivo quiere trasladar de cara al exterior", agrega.

27-05-2016 / 08:05
Ayer, la Oficina Anticorrupción difundió la primera declaración jurada de Mauricio Macri como presidente y se hicieron evidentes una serie de inconsistencias: primero, Macri declaró tener un patrimonio de $110.278.620, el doble de los $52.962.332 que aseguró tener el año pasado; es decir, ascendió un 108% en un año debido a -según justificó- ganancias vinculadas a las acciones que posee en distintas sociedades anónimas, a las que les había puesto el "valor simbólico" de un centavo. Sin embargo, la suma del valor de aquellas acciones totaliza $ 27.626.686, la mitad de su incremento patrimonial.
 
El otro dato poco claro y cubierto de un manto de sospechas es que, entre esa fortuna, reconoció tener $18.719.094 en las Islas Bahamas, la guarida fiscal donde estuvo radicada hasta 2009 Fleg Trading, la firma de la que fue director y que se conoció tras el poco aclarado escándalo de los Panamá Papers por el que la Justicia investiga a Macri.
 
El tipo de cambio con el que se calcularon sus fondos en las Bahamas es de $12,94 por dólar, por lo que aquel monto representa activos por U$S1.446.607. Inexplicablemente, la cifra es menor a la que declaró hace un año en el exterior, cuando justificó cuentas en Suiza y Estados Unidos por $18 millones a un cambio de $8,45 por dólar, lo que representó U$S2.131.048.
 
Nuevamente, mientras se pone el ojo sólo en la ruta del dinero K, las cuentas en la ruta del dinero M genera suspicacias. Primero fue con las sociedades offshore en el mismo paraíso fiscal que ahora retorna a la palestra, en una acción que, según advierten economistas y tributaristas, puede configurar un delito si se utiliza para blanquear activos o evadir impuestos. Cuestión ésta que nunca fue del todo dilucidada. La secretaria de Lucha contra la Corrupción Ajena, la ultra macrista Laura Alonso, deberá analizar todos los elementos.
 
¿Por qué alguien decide llevar su dinero a un paraíso fiscal? Porque, como en las Bahamas, se trata de un lugar que carece del estándar internacional de los países principales, "goza" de una mayor liberalidad impositiva, con menos gravámenes. Es decir, el dinero colocado en esos países tributa menos impuestos o casi nada.
 
Ahora bien, esto no es un delito siempre y cuando esos fondos ($18.719.094 en el caso de Macri) hayan sido declarados antes en la AFIP. Pero, como sucede con casi todo cuando de funcionarios se trata,  esto no está del todo claro, así que el Presidente deberá dar fe que no evadió impuestos y que no cometió ninguna falta.
 
Ahora, ¿por qué no tiene el dinero en Argentina? Macri podría responder que este no es un país seguro jurídicamente, que le teme a la devaluación o a un eventual corralito como el que ya tuvimos. Pero, la decisión de Macri es, al menos, poco ética, porque es nuestro Presidente y lo lógico sería que tuviera aquí esos fondos. Máxime cuando el gobierno impulsa el blanqueo de capitales; hay que ser honesto con el ejemplo y no dejar la presunción de que hay algo raro.
 
El presidente Macri tiene hoy una de los mayores desafíos de su gobierno ceocrático: demostrar que los discursos de transparencia y lucha contra la corrupción no fueron meros artilugios de campaña para perpetuar en el poder los vicios de la era K.
 
La Opinión Popular

26-05-2016 / 20:05
"La corrupción -aunque se crea lo contrario- democratiza de forma espeluznante a la política", aseguró el periodista K, Hernán Brienza, en el diario Tiempo Argentino. En una nota de opinión publicada en el matutino autogestionado, el politólogo explicó que "la corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política".
 
"Quién no tiene recursos, no puede hacer política; ni acá ni en Estados Unidos", detalló en el polémico artículo al que definió como "políticamente incorrecto" aunque "brutalmente honesto".
 
"Una campaña presidencial cuesta decenas de millones de dólares, los afiches, los spots televisivos, las entrevistas pagas, los actos, las movilizaciones, todo eso cuesta un dineral. Ir a un programa de gran audiencia para que un periodista haga preguntas condescendientes cuesta entre 150.000 y 250.000 pesos. ¿Quién dispone de ese dineral para ser entrevistado?"
 
"Y lo peor es que esa operatoria está legitimada por el televidente. Si un ciudadano no ve en la televisión a su candidato, no lo conoce, no lo seduce, por lo tanto no lo vota. Para existir en política es necesario estar en los medios. La televisión lo sabe, por eso cobra derecho por silla calentada por el culo de un político", argumentó el periodista.
 
Y continuó: "La corrupción -aunque se crea lo contrario- democratiza de forma espeluznante a la política. Sin la corrupción pueden llegar a las funciones públicas aquellos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas. No hay que ser ingenuos. Sólo son decentes los que pueden 'darse el lujo' de ser decentes".
 
"Sin el financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios, los que cuentan con recursos o donaciones de empresas privadas u ONG de Estados Unidos", apuntó y cuestionó: "¿Ustedes se imaginan a Techint pagando la campaña de Héctor Recalde, legendario abogado laboral ligado a la CGT? Imposible ¿No? ¿Ustedes se imaginan a las fundaciones de la CIA 'bancando' las campañas políticos que defiendan los intereses nacionales? ¿O creen que sólo financiarán a Laura Alonso, Elisa Carrió o la campaña del PRO?".

26-05-2016 / 16:05
Lázaro Báez está preso en la cárcel federal de Ezeiza y teme por la situación judicial de su hijo Martín. Los otros hijos ya decidieron avanzar contra el juez Casanello, en contra de la opinión más cautelosa del dueño de Austral Construcciones.
 
Leandro y Luciana Báez, los hijos de Lázaro, están convencidos de que su padre fue entregado para salvar a los Kirchner. Por ello presentaron un escrito para interponer la recusación del juez Sebastián "Tortuga" Casanello.
 
Según trascendió, en el escrito se señala que desde el inicio de la causa, en el año 2013, han existido un claro direccionamiento del proceso por parte de Casanello, quien estuvo a cargo de la investigación desde el inicio.
 
Dice Leandro Báez en el escrito que durante el período 2013-2015 no se realizaron las medidas necesarias que podrían haber resguardado gran cantidad de pruebas para el esclarecimiento de los hechos investigados.
 
Tampoco existió ninguna citación, más allá de que el juez contaba casi con las mismas pruebas -salvo el video en el que se los ve contando plata- que luego dieron lugar a las distintas citaciones y al procesamiento de Báez.
 
Al respecto -manifiesta Leandro Báez- "no debe perderse de vista que incluso con anterioridad al video que, según el juez, habría dado pie a una serie de citaciones y procesamientos, existió otro video periodístico en el cual se observa a distintas personas retirando cajas con documentación pero, en ese momento, el Sr. Juez nada hizo al respecto". Hay que recordar que esto fue antes de las elecciones presidenciales del año pasado.
 
Luego de ese período -según la presentación hecha esta mañana- existe un claro redireccionamiento del proceso hacia la familia Báez y una clara intención de desligar a quienes eran funcionarios del gobierno de Cristina Elisabet Fernández.
 
Leandro Báez acusa a Casanello de utilizar para el procesamiento de su padre y su hermano fragmentos de la declaración de Leonardo Fariña pero no tiene en cuenta otros que apuntarían a quien estaba ejerciendo el Poder Ejecutivo de la Nación en ese momento, es decir, Cristina.
 
Destaca además, que a lo largo de la investigación se ha hablado incontables veces de "sobreprecios de obra pública" y de "adelantos financieros" y sin embargo los funcionarios que los aprobaban y que hacían los pagos no fueron citados y ni siquiera investigados por Casanello. Asimismo afirma que existe una gran cantidad de pruebas en la causa por un supuesto delito que sería de imposible cumplimiento sin la participación de una gran cantidad de entes estatales que hasta ahora el juez no ha investigado.
 
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