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Nacionales - 28-07-2010 / 18:07
LA OPOSICIÓN FELICITA A LA PRESIDENTA PERO... INSISTIRÁ CON EL 82 % MÓVIL PARA LOS JUBILADOS

Cristina anunció el aumento que prevé la ley actual para los jubilados

Cristina anunció el aumento que prevé la ley actual para los jubilados
Cristina Fernández anunció nuevos aumentos para jubilados y pensionados a partir del 1º de septiembre.
Presionada por el avance opositor en el Congreso, la presidenta, Cristina Fernández, anunció hoy un aumento del 16,9 por ciento para los jubilados en medio de una batalla con la oposición, que busca la aprobación parlamentaria de una mejora sustancialmente mayor.
 
También anunció un aumento del 22 por ciento en los subsidios de ayuda a la crianza de los niños, medida que junto con la otra beneficiará a unos diez millones de habitantes.
 
En el Congreso celebraron los anuncios, pero advirtieron que insistirán con los proyectos del 82% móvil que ya están en condiciones de ser tratados en la segunda semana de agosto. "Este aumento debe entenderse como la primera cuota del 82% móvil que aprobaremos en el Congreso en agosto", dijo Elisa Carrió. 

En un ambiente colmado de especulaciones, Cristina Kirchner anunció este mediodía un aumento del 16,9% en todas las jubilaciones, ante la presión opositora para que los haberes mínimos se equiparen con el 82% móvil, que todavía no alcanzan.
 
También se dispuso una suba del 22,22% en las asignaciones familiares, para lo cual también se usarán los fondos previsionales, algo cuestionado por los sectores no oficialistas que pretenden cubrir esos gastos con fondos del Tesoro.
 
Con el aumento, "el haber jubilatorio mínimo pasará de los actuales 895,20 pesos a 1046,50", dijo la Presidenta, y añadió que "si se suma el aporte del PAMI, esa suma termina siendo 1091,50". La suba, del 16,9%, se aplicará desde el 1° de septiembre para todos los haberes, y será la segunda en el año, acorde con la Ley de Movilidad jubilatoria que el Gobierno defiende ante los embates de la oposición.
 
Sumado al 8.21% que se dio en marzo, el incremento para este año será de 26.49%.
 
En un acto en Casa de Gobierno, en el que estuvo presente todo el Gabinete, empresarios, legisladores, sindicalistas e intendentes, y representantes de agrupaciones de derechos humanos, la jefa de Estado precisó que "el impacto anual (de esta medida) es de 14.258 millones de pesos", y subrayó que "no es un gasto sino una inversión social".
 
La mandataria defendió la gestión y la estatización de los fondos previsionales, al precisar que "casi 87 por ciento de las personas en edad de jubilación están dentro del sistema". Además, indicó que las subas a jubilados acumulan 51,65 por ciento desde que rige la Ley de Movilidad de Jubilatoria, en marzo de 2009.
 
También subrayó que "desde 2003, la jubilación mínima mejoró 597,8 por ciento, unas siete veces". "Esto tiene su anclaje en el crecimiento de la economía, si vemos la evolución de este aumento que comenzó a aplicarse desde marzo en dos veces al año", dijo la Presidenta.
 
Los anuncios se efectuaron en medio de una creciente presión opositora en el Congreso para sancionar una ley que establezca que la jubilación mínima debe ser equivalente al 82% del salario mínimo, que hoy es de 1500 pesos.
 
 
Subas en la asignación por hijo
 
Cristina Kirchner también anunció un aumento de 22,22% en las asignaciones familiares, que pasarán de 180 a 220 pesos.
 
"Esto beneficiará a 3.778.822 niños, y alcanzará a las personas con hijos discapacitados cuyo aumento se imcrementará de 720 pesos a 880 pesos que tambien será pagado por Anses", dijo.
 
Cristina subrayó que "la suma de todas estas inversiones de carácter social significan un 11,88% del PBI y un 57% del presupuesto total de gastos que aprobó el Parlamento".
 
Según sostuvo la jefa de Estado, desde 1997 hasta 2003, las asignaciones pasaron por lo que llamó irónicamente "la era de hielo". Desde entonces, hasta 2003 la fecha, defendió, "aumentaron 550 por ciento".
 
El ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó "que es una de las medidas sociales más importantes que se han tomado en materia social porque apuntan a dos sectores: los adultos mayores y los menores de 18 años".
 
De acuerdo con Boudou, ambas medidas implican que más dinero se vuelca al consumo: "El gobierno asegura el ritmo de la actividad económica con el sostenimiento de la demanda agregada". Y agregó, como minutos antes había dicho la Presidenta: "No hay mayor presión impositiva, y vamos a controlar muy de cerca los precios".
 
"Obsceno". Boudou apuntó contra los que impulsan el 82% móvil. "Me parece hasta obsceno que quienes mantuvieron congeladas las jubilaciones propongan esto".
 
Agustín Rossi, legislador del FPV, y Florencio Radazzo, ministro del Interior, también enviaron un mensaje a la oposición.
 
Convocatoria. La Presidenta anunció la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, y reclamó "responsabilidad de todos los actores empresarios, comerciantes y trabajadores para lograr acuerdos".
 
 
"Hipocresía".
 
Silvana Giudici, secretaria legislativa del bloque de la UCR, calificó de "hipocresía" el anuncio. "Hasta ayer Boudou sostenía que el sistema podría entrar en default si se aumentaban las jubilaciones, hoy aumentan un 16%, es decir, la mitad de lo que reclamamos", señaló.
 
Y amplió: "Es evidente que no quieren pagar el costo político de oponerse al aumento que proponemos desde la oposición y anuncian esta medida como un logro oficialista cuando todos sabemos que es simplemente una maniobra para eludir la obligación de pagar el 82%", dijo Giudici. "La plata está, como lo sostuvimos siempre, pero para aumentar a los jubilados y a los niños se utiliza a cuentagotas", concluyó.
 
En tanto, la diputada Elisa Carrió celebró el aumento a los jubilados que la Presidenta, aunque aclaró que es una "injusticia intolerable" que no se implemente el 82% móvil.
 
"Lo importante es que los jubilados estén bien. Por lo menos esto es un paliativo hasta que salga la ley del Congreso", indicó la líder de la Coalición Cívica. Y volvió a cuestionar al oficialismo: "Ayer decía que no había dinero y que se fundía el país, y hoy aumentan", dijo.
 
"Un país que no puede pagar cerca de un salario mínimo a una persona que aportó toda su vida, es de una injusticia social profunda. ¿Cómo van a decir que no hay dinero para los jubilados?", cuestionó. "Dinero hay. El tema es cuál es la prioridad", sentenció la líder opositora y aclaró que las fuerzas no kirchneristas avanzarán con la implementación del 82% móvil en el Congreso más allá del nuevo aumento.
 
 
La oposición insistirá en el Congreso con el 82% móvil.
 
Luego que la presidente Cristina Kirchner anunciara este martes 27/07  un aumento para las jubilaciones de los actuales 895,20 pesos a 1046,50 a partir del 1º septiembre, la oposición insistirá en el Congreso con la ley para que los haberes se equiparen con el 82% móvil.
 
Desde la Coalición diputada Elisa Carrió celebró el aumento a los jubilados que la Presidente, Cristina de Kirchner. "Estoy feliz, la oposición va avanzando con sus dos propuestas centrales, que son el 82% Mobil y la asignación universal, Cristina va cediendo, la gente va mejorando y esto le hace bien al país".
 
"Este aumento debe entenderse como la primera cuota del 82% móvil, que junto con la actualización según el Fallo Badaro aprobaremos en el Congreso en Agosto", dijo Carrió.
 
Para el Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, "El 82% móvil es un proyecto que puede ser sustentable y creo que no es el sentido de la discusión, lo que sí tenemos que encontrar, no sólo el gobierno sino todos los partidos políticos, soluciones de manera estructural al sistema previsional, ver  cómo hacemos para que sea sustentable en el tiempo, cómo hacemos para que vayamos camino a recuperar una jubilación digna acorde a lo que uno trabajó y luego vivir el día de mañana. Entonces no se puede estar molesto si el tema se discute, hay que dar un debate serio y me parece un paso importante el que va a dar el Senado porque apunta a aumentar los mínimos y hoy la jubilación está por debajo de los mil pesos", según el portal NCN.
 
En el Congreso, existen 2 dictámenes sobre el tema. El de la Cámara de Senadores, que sólo contempla llevar la jubilación más baja al 82% del salario mínimo, y el de Diputados, que habla también de una actualización del resto de los haberes según el caso Badaro.
 
El pasado 29/06, la mayoría opositora de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, con el apoyo de la oficialista Adriana Bortolozzi, firmó el un dictamen de mayoría en relación con la iniciativa de ley que fija los haberes provisionales en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
 
Luego el 13/07 mientras el ministro de Economía, Amado Boudou, defendía la posición del Gobierno en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, la oposición obtuvo dictamen con el voto favorable de los radicales Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Laura Montero y Roy Nikisch, los justicialistas disidentes Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y Carlos Verna, y la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estensoro.
 
El senador Rubén Giustiniani -autor de la iniciativa junto a Gerardo Morales- le reclamó al Gobierno "una decisión política para que el dinero del Anses primero sea para los jubilados. Esta no es una cuestión de puja entre oficialismo y oposición, hay que sacar a los jubilados de la pobreza. Los jubilados siguen a la cola de los aumentos de los salarios", afirmó.
 
"Tenemos una Anses rica y jubilados pobres", insistió el senador socialista, quien es autor de dos proyectos: uno que eleva la jubilación mínima al 82 por ciento móvil del salario mínimo, vital y móvil, y otro que recompone la escala salarial.
 
Para el senador santafecino, el costo de la suba al 82% implicaría unos $ 22.406 millones, cifra que pueden ser cubierta por los niveles de superávit de la Anses, que el propio titular del organismo, Diego Bossio estimó en su paso por el Congreso,  en $ 54.000 millones.
 
Desde la UCR, la diputada Silvana Giudici, sostuvo que "la prioridad es el 82% para los jubilados" más allá de los anuncios presidenciales.
 
Giudici presentó en el 2006, en el 2008 y representó este año, bajo expediente 3461-D-10, un proyecto de Ley para elevar el haber jubilatorio al 82% móvil, con una cláusula de movilidad única y trimestral. El proyecto formó parte del dictamen por la recomposición de los haberes jubilatorios que emitió la Comisión de Previsión y Seguridad Social el martes 29 de Junio pasado.
 
"Pretendemos priorizar el 82% para el haber mínimo y a su vez acatar lo que determinó la Corte Suprema en el fallo Badaro, porque eso significa priorizar a los jubilados", dijo.
 
Claudio Lozano, diputado nacional de Proyecto Sur, sostiene que la financiación debe obtenerse, del superávit financiero de la Anses en el presente año, según La Nación.
 
Además, plantea la suba de las contribuciones patronales, de donde se obtendrían $ 17.000 millones, pero  también sugiere, contemplar la suma de recaudación excedente según las previsiones del Presupuesto. Con todo, el 82% móvil y la recomposición serían un hecho.
 
Gerardo Morales (UCR-Jujuy) destacó que "gracias al trabajo insistente de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner se ve obligada a anticipar el aumento previsto por la ley para setiembre, para todos los jubilados".
 
El senador jujeño recordó que el proyecto con dictamen mayoritario de la Cámara Alta para que las jubilaciones mínimas alcancen el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil: "Está claro, el Estado tiene los recursos y el aumento era sustentable", apuntó dando a entender que la oposición insistirá con su plan original.
 
"Ante la negativa de 6 años de los Kirchner, la oposición impulsó la asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria y el aumento a los jubilados, y ahora la Presidenta llora cuando lo nombra al marido para que nos compremos que ellos angelicalmente hicieron todo", comentó el presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, Federico Pinedo.
 
"Lo que me alegra es que hayan parado de degradar la asignación por hijo con la inflación que desataron este año", agregó.
 
"Vamos a seguir trabajando por jubilaciones del 82% del salario mínimo como básico y en esto sí me encantaría que la Presidenta cumpla su palabra de empujar todos para el mismo lado", concluyó Pinedo.
 
"La prioridad son los jubilados, a partir de esa premisa, hay que ajustar el resto", dijo Pinedo quién planteó "disminuir los subsidios a los sectores ricos, especialmente con las tarifas de los servicios públicos", y con "gastos innecesarios y muy cuantiosos, como el déficit de Aerolíneas [unos $ 103,3 millones en el primer trimestre] y los más de $ 800 millones del "Fútbol para Todos".
 
Los proyectos del parlamento plantean reajustar los haberes de acuerdo al caso Badaro por el que la Corte Suprema estableció un incremento del 88,6% entre enero de 2002 y diciembre de 2006, período en el que la ANSeS ajustó las jubilaciones entre el 10 y 22%.
 
Se estima que en igual situación que Badaro habría un poco más de 1 millón de jubilados, de los cuales el grueso inició ya demandas judiciales. Una parte de estos jubilados podrían beneficiarse con la suba del haber mínimo, en cuyo caso cobrarían ese aumento más la diferencia por el ajuste Badaro.
 
El pago de la retroactividad sería considerado más adelante, aunque aquellos jubilados que ya tienen sentencia favorable firme cobrarían la retroactividad de acuerdo a lo dispuesto por los jueces.
 
También se  modifica la actual ley de movilidad que establece el ajuste de los haberes dos veces por año (marzo y septiembre) según una fórmula compleja que combina dos índices, que incluyen la evolución de los salarios, de los impuestos que van a la Seguridad Social, los ingresos totales de la ANSeS y el padrón del sistema.
 
El proyecto plantea que la movilidad se ajuste también 2 veces por año pero tome en cuenta exclusivamente la evolución de los salarios, de acuerdo al índice del INdEC o el RIPTE, de la Secretaria de Seguridad Social, de ambos el que arroje el porcentaje más alto.
 
Los últimos datos de la ANSeS marcan que hay 5.897.000 jubilados y pensionados, de los cuales 4.213.000 cobran el haber mínimo que hoy es de $ 895. Además hay otros 803.000 que cobran menos de $ 1.230. Así, de aumentar la mínima al 82% del sueldo mínimo, un poco más de 5 millones de jubilados y pensionados cobrarían hasta $ 335 por mes de aumento.
 
Luego cada vez que suba el salario mínimo, automáticamente se ajustaría el haber mínimo. También hay casi 900.000 pensiones no contributivas fuera del sistema previsional que abonan al 70% del haber mínimo.
 
Fuentes: La Nación y Urgente 24

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20-04-2018 / 16:04
20-04-2018 / 10:04
20-04-2018 / 09:04
Desde que asumió Mauricio Macri las facturas de electricidad treparon 1600 % para los usuarios, tomando como referencia un consumo residencial promedio. Y la inflación se aceleró deteriorando el poder de compra del salario. El rechazo social a las subas en las facturas energéticas se hizo sentir en las calles. El malestar también tuvo una manifestación en el Congreso en el fallido debate del miércoles.
 
Este jueves, a puertas cerradas, el Presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe del bloque Pro, Nicolás Massot, junto a sus aliados radicales y de la Coalición Cívica, abordaron el tema tarifazos. Pero la conclusión fue lamentable.
 
No hubo debate, sino una puesta en escena para la gilada en la que solo se abordaron las tarifas del gas y se decidió "financiar optativamente" las boletas, para pagar durante el verano los cargos correspondientes a los meses de mayor consumo: mayo-junio y julio-agosto. La "brillante" opción apenas sería sobre un 25% del total de la factura de gas y con un recargo del 20%.
 
El Gobierno aceptó hacer un retoque cosmético en su política de tarifas para demostrar apertura ante sus aliados, radicales y lilitos, e intentar descomprimir el escenario en el que la oposición casi reúne los votos para una sesión especial que podría haber iniciado una modificación del aumento previsto para el gas.
 
Con la idiosincrasia empresarial grabada a fuego, Macri no está dispuesto a perder y, pretende que la modesta concesión de la financiación en cuotas la paguen las provincias. "Que los gobernadores aporten el dinero que supone desdoblar los aumentos". Así se lo hizo saber al gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, autor de la polémica propuesta.
 
Pensando en las ganancias, omitieron tratar las subas en otros servicios básicos como la luz y el agua. Tampoco se contempló la situación de las PyMes, industrias o comercios. La "solución" del tarifazo en cuotas solo alcanza a los usuarios residenciales y deja afuera a un sector cuyo incremento en los costos necesariamente implica un traslado a los precios de venta.
 
El repudio general a las subas exageradas de tarifas golpea sobre la principal política ajustadora que el Gobierno ofrece a los "mercados" a cambio de que le hagan el aguante con la deuda externa: la preocupación se la transmitieron a Nicolás Dujovne y Luis Caputo en la asamblea anual del FMI que tiene lugar por estas horas.
 
En conclusión, una verdadera burla. El tarifazo sigue en pie y las ganancias de los amigos de Macri no se tocan. Y ahora al negocio energético se le suma el financiero. Los tarifazos y la baja de los subsidios son la pieza clave del ajuste macrista.
 
La Opinión Popular

19-04-2018 / 10:04
Meses atrás, el Gobierno de Mauricio Macri anunció con bombos y platillos que había crecido el empleo. Se destacaba, entre esos datos, una importante masa de trabajadores en negro, aunque sin informar la metodología utilizada para la medición de ese empleo no registrado.
 
El tono triunfalista del gobierno podría sugerir a los trabajadores que no hay nada de qué preocuparse: el macrismo habría hecho bien su tarea y el amargo trago de "soportar" durante largos meses los despidos, la abrupta caída del salario real y la mayor precarización laboral, habría valido la pena pues "lo peor ya pasó".
 
Pero, ayer, el INDEC difundió nuevas cifras que desnudan la precariedad que envuelve a ese supuesto crecimiento del trabajo: en el último trimestre de 2017, los empleos no registrados y los cuentapropistas representaron 69 de cada 100 puestos creados en el segundo año del gobierno de los CEOs. 
 
Durante el cuarto trimestre del año pasado se contabilizaron 157 mil posiciones informales más que en el mismo período del año anterior, marcando un alza de 3,3%. En cuanto a los no asalariados, se observó un incremento interanual para el período octubre-diciembre de 222 mil puestos (4,5% más).
 
El informe precisó que durante el cuarto trimestre de 2017 existían 20,8 millones de puestos de trabajo en el país. Sin embargo, ese registro no coincide con la cantidad de personas ocupadas, ya que una persona que se declara como ocupada puede desempeñarse en más de un puesto.
 
Sobre esa cifra, existen 5,2 millones de cuentapropistas, mientras que los no registrados llegan a los 4,9 millones de individuos. Fácilmente se advierte que en lo que va de la gestión Macri la caída del empleo formal se ha remplazado con inserciones laborales inestables, de bajos salarios y tareas precarias. Tal es el caso de los monotributistas, cuentapropistas y changarines.
 
Esto profundiza el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares, preparando el camino para que el gobierno de los ricos pueda imponer las reformas laborales regresivas que exigen los grandes empresarios.
 
La Opinión Popular

19-04-2018 / 09:04
La fantasía macrista de una oposición eternamente enredada en sus divisiones es eso, una fantasía. La confluencia opositora, por ahora, es temática más que electoral, pero alcanzó para abrir una crisis profunda en la alianza Cambiemos, montada sobre una realidad que la Casa Rosada se empeñó en no mirar: El fuerte impacto de los tarifazos en las economías familiares y productivas que ya venían golpeadas por una fuerte inflación que está lejos de ceder.
 
Los sectores populares, los que solo desde el año pasado enfrentan aumentos de más del 500% en los servicios (luz, agua, gas, transporte), en el marco de una inflación generalizada y sin que sus salarios hayan crecido en similar proporción, merecen respeto. También las PyMes, muchas veces obligadas a bajar las persianas por no poder hacer frente a incrementos que superan el 1.000%.
 
El debate que ayer debía darse en el Congreso era por los que todavía no saben de qué se trata todo esto, pero deberán pagar nuevos aumentos en lo que resta del año. Sin embargo, otra vez triunfó el bochorno: en Diputados, Nicolás Massot, cual adolescente rebelde, jugando a las escondidas, sin la preocupación de tener que dejar de comer para pagar la luz o el gas, porque a sus bolsillos todos los meses entra $150.000 (sin contar el dinero que recibe por canjes de pasajes, para pagos de asesores, subsidios o becas).
 
El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, apurando el levantamiento de la sesión para no discutir uno de los problemas centrales de la coyuntura actual. Y el diputado de la campera amarilla, Alfredo Olmedo, poniéndole el punto final a este nuevo capítulo de la decadencia: porque esperaba sentado en su banca, hasta que se le acercó el macrista Javier Pretto y lo levantó. El quórum fracasó y pasó lo que en una cancha de fútbol: insultos, gritos, show.
 
Pero en el Congreso se juega nada menos que el futuro de todos. La crisis energética no se resolvió, las empresas, con menos subsidios pero con el beneficio de los tarifazos, vuelven a ser las grandes ganadoras y los usuarios siguen pagando los costos. Durante 2017, los dueños de Edenor y Edesur, Marcelo Mindlin y Niky Caputo, ganaron más de 9 mil millones de pesos. Uno es el principal amigo de Macri y el otro le compró la empresa constructora.
 
Un eco de ese hartazgo se hizo sentir con el "ruidazo" de bocinas y cacerolas que anoche tuvo lugar en toda la Argentina y que expresó el descontento que recorre el cuerpo de la sociedad y que no hace más que agigantarse al calor de la política neoliberal macrista.
 
En la Casa Rosada se estuvo lejos de la euforia. Cuando todavía no anochecía ya se conocía la convocatoria a una reunión de los referentes parlamentarios del macrismo. ¿La finalidad? Encontrar alguna suerte de maniobra mágica que permita descomprimir el descontento social.
 
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