10:21 | Martes 07 de Septiembre de 2010 | Entre Ríos
Entre Ríos - 26-07-2010 / 08:07
EL GOBIERNO INTENTÓ FRENAR LA MEDIDA RECURRIENDO A LA JUSTICIA
Los maestros van al paro
Agmer había anunciado que no acataría la conciliación. Foto LOP.
A primera hora del domingo el presidente del Consejo del Niño, el Adolescente y la Familia, Raúl Solanas, pidió a la Justicia que obligue a los gremios a acatar la conciliación obligatoria y a dictar clases. Cerca de la medianoche el juez Civil y Comercial, Juan Carlos Coglione, no había adoptado ninguna medida, con lo cual la medida de fuerza se cumplirá sin trabas; a mediodía habrá una movilización provincial.
Los maestros inician hoy un paro de 48 horas en la provincia que incluirá, a mediodía, una movilización a Casa de Gobierno, con lo cual la vuelta a clases luego del receso invernal de dos semanas, que concluyó el viernes, se verá seriamente resentida.
La protesta se cumplirá a pesar de los esfuerzos hecho por el Gobierno, que durante el fin de semana procuró conseguir en la Justicia una resolución que frenase la huelga, y luego de la intervención de la Dirección Provincial de Trabajo, que el viernes decretó la conciliación obligatoria, medida que desoyeron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), los dos gremios que convocaron a la huelga de hoy y mañana.
A las 22 de anoche, cuando esta edición cerró, no había surgido ninguna decisión desde la Justicia que pusiera alguna traba a la medida de fuerza. De igual modo, Agmer ya tiene el antecedente de haber desoído, en 2008, una orden judicial de suspender una huelga y volver al trabajo. Hasta última hora, la conducción provincial de Agmer estuvo reunida para organizar los detalles de la movilización que habrá hoy hasta el Centro Cívico.
El reclamo de los maestros surgió tras la fracasada presión por conseguir del Poder Ejecutivo una propuesta de aumento salarial para el segundo semestre del año. El Gobierno se mantuvo en la posición de defender la suba ya otorgada a principios de año, del 23,48 % en dos etapas, y en la posibilidad de un nuevo incremento, antes de fin de año. Aunque para eso pidió un tiempo de entre 30 y 35 días.
En ese contexto, los maestros resolvieron llevar adelante el paro de dos días, la primera medida de ese tenor que se concreta en lo que va del ciclo lectivo 2010. A modo de argumento, dice que el salario ha soportado una pérdida del poder adquisitivo en torno al 50%:
Recurso tardío
Aunque de modo tardío, el Gobierno procuró evitar el paro. El sábado presentó un escrito al defensor de Menores en turno con la esperanza de que la Justicia actuara de oficio, y ayer acudió con una presentación más formal.
A primera hora del domingo, el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Raúl Patricio Solanas, presentó "una medida autosatisfactiva", una figura judicial novedosa que, entre otros beneficios no requiere la notificación a la otra parte, en este caso los sindicatos docentes, lo que agiliza los tiempos. A través de ese escrito, pretendió que "se intime a la Asociación Gremial del Magisterio y a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica a acatar conciliación obligatoria y suspender medida de fuerza".
El recurso judicial cayó en manos del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, Juan Carlos Coglionese, quien hasta anoche, al cierre de esta edición, no había adoptado ninguna medida por lo cual se había frustrado la pretensión oficial de conseguir neutralizar el paro de los maestros. En su presentación, Solanas reclamó que se obligue a los gremios a acatar la conciliación obligatoria, a suspender el paro, y a "dar clases normalmente", "atendiendo fundamentalmente al interés superior de los niños, niñas y adolescentes que se encuentra en juego".
El planteo judicial del Gobierno se apoya en tres argumentos: el central, el no acatamiento de los gremios a la conciliación que dictó la Dirección de Trabajo; también, apeló a la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que estaría por encima del derecho de huelga; y el último, el acuerdo paritario firmado en febrero último ante el Ministerio de Trabajo de la Nación por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), de la cual Agmer es parte. Allí, los sindicatos acordaron garantizar un ciclo "de al menos 180 días de clase", lo cual supone la inexistencia de paros en medio, según el razonamiento oficial expresado en el recurso judicial.
Claro que los tiempos jugaron en contra de la estrategia del Gobierno: sin espacio para un recurso de amparo, que hubiera estirado una definición entre dos y siete días, se apeló a una figura judicial "moderna", y, en teoría, expeditiva, una "medida autosatisfactiva", cuya definición, sin embargo, no llegó en los tiempos previstos.. Anoche, en el Gobierno especulaban que el juez Coglionese podría expedirse hoy, y de ese modo los maestros quedaron en libertad de acción para concretar el paro de dos días.
"Inconstitucional"
En realidad, Agmer, el principal actor en la pulseada, le había dado tiempo de sobra al Gobierno: a principios de mes, en Villaguay, un congreso provincial del sindicato planteó la discusión de modo público: si antes del 20 no había una oferta salarial, cumplirían un paro de dos días al reinicio de las clases luego del receso de julio.
El Ejecutivo recién los citó a una reunión para el jueves 22, aunque para decirles que en un mes haría una oferta, de la que no dio detalles. Y como los docentes salieron del encuentro con la certeza de que el paro ser haría de modo ineludible, al día siguiente la Dirección de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Aunque la resolución que firmó el titular de Trabajo, Oscar Balla, contuvo una frase que tensó los ánimos sindicales: conminó a los gremios a abstenerse de adoptar medidas de fuerza "que perturben la paz social".
Agmer no sólo anunció que no acataría la conciliación sino que a la vez atacó la falta de constitucionalidad de la medida. El sábado, durante el plenario de secretarios generales del gremio, el abogado Héctor Fischbach planteó que la disposición de Trabajo "está violando la normativa vigente en la Provincia de Entre Ríos por contar ésta con una regulación legal específica que ha puesto en la vía judicial, en forma excluyente, estas atribuciones de disponer la conciliación obligatoria de trabajadores docentes". Y añadió que "no podemos dejar de referir que, además de resultar ilegal la disposición antes referida, la misma contiene consideraciones que asumen carácter de agravios directos a los trabajadores docentes y, particularmente a sus representantes gremiales".
Pero además Fischbach concluyó que la disposición de Balla resulta un "acto jurídico absolutamente ilegal e inconstitucional por violar normativa vigente en la Nación y en la Provincia al vulnerar las garantías consagradas por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales".
El dato
$ 1.840 es el monto mínimo de BOLSILLO que percibe en Entre Ríos un maestro de grado. Al inicio del año, esa cifra estaba en $1.490, pero en marzo pasó a $1.740. Ahora, en julio, a $1.840. El costo de la canasta básica, según la última medición que dio a conocer la Dirección de Estadística y Censos de la provincia, está hoy en $ 1.819,35.
Fuente: El Diario.
La protesta se cumplirá a pesar de los esfuerzos hecho por el Gobierno, que durante el fin de semana procuró conseguir en la Justicia una resolución que frenase la huelga, y luego de la intervención de la Dirección Provincial de Trabajo, que el viernes decretó la conciliación obligatoria, medida que desoyeron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), los dos gremios que convocaron a la huelga de hoy y mañana.
A las 22 de anoche, cuando esta edición cerró, no había surgido ninguna decisión desde la Justicia que pusiera alguna traba a la medida de fuerza. De igual modo, Agmer ya tiene el antecedente de haber desoído, en 2008, una orden judicial de suspender una huelga y volver al trabajo. Hasta última hora, la conducción provincial de Agmer estuvo reunida para organizar los detalles de la movilización que habrá hoy hasta el Centro Cívico.
El reclamo de los maestros surgió tras la fracasada presión por conseguir del Poder Ejecutivo una propuesta de aumento salarial para el segundo semestre del año. El Gobierno se mantuvo en la posición de defender la suba ya otorgada a principios de año, del 23,48 % en dos etapas, y en la posibilidad de un nuevo incremento, antes de fin de año. Aunque para eso pidió un tiempo de entre 30 y 35 días.
En ese contexto, los maestros resolvieron llevar adelante el paro de dos días, la primera medida de ese tenor que se concreta en lo que va del ciclo lectivo 2010. A modo de argumento, dice que el salario ha soportado una pérdida del poder adquisitivo en torno al 50%:
Recurso tardío
Aunque de modo tardío, el Gobierno procuró evitar el paro. El sábado presentó un escrito al defensor de Menores en turno con la esperanza de que la Justicia actuara de oficio, y ayer acudió con una presentación más formal.
A primera hora del domingo, el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Raúl Patricio Solanas, presentó "una medida autosatisfactiva", una figura judicial novedosa que, entre otros beneficios no requiere la notificación a la otra parte, en este caso los sindicatos docentes, lo que agiliza los tiempos. A través de ese escrito, pretendió que "se intime a la Asociación Gremial del Magisterio y a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica a acatar conciliación obligatoria y suspender medida de fuerza".
El recurso judicial cayó en manos del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, Juan Carlos Coglionese, quien hasta anoche, al cierre de esta edición, no había adoptado ninguna medida por lo cual se había frustrado la pretensión oficial de conseguir neutralizar el paro de los maestros. En su presentación, Solanas reclamó que se obligue a los gremios a acatar la conciliación obligatoria, a suspender el paro, y a "dar clases normalmente", "atendiendo fundamentalmente al interés superior de los niños, niñas y adolescentes que se encuentra en juego".
El planteo judicial del Gobierno se apoya en tres argumentos: el central, el no acatamiento de los gremios a la conciliación que dictó la Dirección de Trabajo; también, apeló a la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que estaría por encima del derecho de huelga; y el último, el acuerdo paritario firmado en febrero último ante el Ministerio de Trabajo de la Nación por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), de la cual Agmer es parte. Allí, los sindicatos acordaron garantizar un ciclo "de al menos 180 días de clase", lo cual supone la inexistencia de paros en medio, según el razonamiento oficial expresado en el recurso judicial.
Claro que los tiempos jugaron en contra de la estrategia del Gobierno: sin espacio para un recurso de amparo, que hubiera estirado una definición entre dos y siete días, se apeló a una figura judicial "moderna", y, en teoría, expeditiva, una "medida autosatisfactiva", cuya definición, sin embargo, no llegó en los tiempos previstos.. Anoche, en el Gobierno especulaban que el juez Coglionese podría expedirse hoy, y de ese modo los maestros quedaron en libertad de acción para concretar el paro de dos días.
"Inconstitucional"
En realidad, Agmer, el principal actor en la pulseada, le había dado tiempo de sobra al Gobierno: a principios de mes, en Villaguay, un congreso provincial del sindicato planteó la discusión de modo público: si antes del 20 no había una oferta salarial, cumplirían un paro de dos días al reinicio de las clases luego del receso de julio.
El Ejecutivo recién los citó a una reunión para el jueves 22, aunque para decirles que en un mes haría una oferta, de la que no dio detalles. Y como los docentes salieron del encuentro con la certeza de que el paro ser haría de modo ineludible, al día siguiente la Dirección de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Aunque la resolución que firmó el titular de Trabajo, Oscar Balla, contuvo una frase que tensó los ánimos sindicales: conminó a los gremios a abstenerse de adoptar medidas de fuerza "que perturben la paz social".
Agmer no sólo anunció que no acataría la conciliación sino que a la vez atacó la falta de constitucionalidad de la medida. El sábado, durante el plenario de secretarios generales del gremio, el abogado Héctor Fischbach planteó que la disposición de Trabajo "está violando la normativa vigente en la Provincia de Entre Ríos por contar ésta con una regulación legal específica que ha puesto en la vía judicial, en forma excluyente, estas atribuciones de disponer la conciliación obligatoria de trabajadores docentes". Y añadió que "no podemos dejar de referir que, además de resultar ilegal la disposición antes referida, la misma contiene consideraciones que asumen carácter de agravios directos a los trabajadores docentes y, particularmente a sus representantes gremiales".
Pero además Fischbach concluyó que la disposición de Balla resulta un "acto jurídico absolutamente ilegal e inconstitucional por violar normativa vigente en la Nación y en la Provincia al vulnerar las garantías consagradas por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales".
El dato
$ 1.840 es el monto mínimo de BOLSILLO que percibe en Entre Ríos un maestro de grado. Al inicio del año, esa cifra estaba en $1.490, pero en marzo pasó a $1.740. Ahora, en julio, a $1.840. El costo de la canasta básica, según la última medición que dio a conocer la Dirección de Estadística y Censos de la provincia, está hoy en $ 1.819,35.
Fuente: El Diario.
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