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Nacionales - 13-06-2010 / 08:06
SIN SOLUCIÓN A LA VISTA

Los asambleístas de Gualeguaychú amenazan con resistir

Los asambleístas de Gualeguaychú amenazan con resistir
Corte de la ruta 136 en Gualeguaychú, paso obligado a Fray Bentos, donde funciona la emblemática pastera UPM, ex Botnia.
Renovaron su promesa de que mantendrán el corte a pesar del pedido del Gobierno a la Justicia para despejar el puente Gualeguaychú-Fray Bentos.

"No se ha notificado todavía a ninguno de nosotros por la demanda del Gobierno. Pero le digo que tampoco han notificado a los directivos de Botnia para que vengan a declarar por varias denuncias que tienen en su contra", apuntó Fritzler.

Le cabe algo de razón: el primero que denunció a la pastera fue el ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti. Nunca, ningún directivo de la empresa fue citado a testimoniar por la contaminación de las aguas.

Parece extraño llegar al corte de la ruta 136 en Gualeguaychú, paso obligado a Fray Bentos, donde funciona la emblemática pastera UPM, ex Botnia, y constatar que un campamento de pertrechos domésticos, donde un puñado de hombres y mujeres toma mate y come guiso de campo, sea el motivo crucial del dolor de cabeza más grande que aqueja al Gobierno de Cristina Fernández.
 
Ayer en ese lugar, ubicado a 28 kilómetros de Gualeguaychú y a 22 del puente internacional General San Martín, transcurrió otra jornada sin que se produjera la noticia esperada desde hace días: el desalojo del piquete por parte de Gendarmería.
 
Allí siguen, sacudidos por la decisión de la Casa Rosada de denunciarlos penal y civilmente, pero envalentonados por el apoyo que dicen tener de la comunidad.
 
"Los gendarmes que están acá son del Escuadrón de Gualeguaychú. Ellos no van a venir a reprimirnos porque viven en esta ciudad y los conocemos", se confía Sara Muñoz, una de las espadas permanentes del corte.
 
Lo que Sara no sabe es que no está previsto que envíen para el desalojo a efectivos de la propia ciudad, sino de otros destacamentos de la fuerza del interior del país, entre ellos el que tiene asiento en Jesús María.
 
Afectados por la embestida judicial, pero todavía esperanzados por la solidaridad vecinal -aunque ya hay dos grupos de vecinos anti corte- dirigentes históricos como Jorge Fritzler y Juan Ferrari aseguran que "resistirán pacíficamente" cualquier incursión de los gendarmes.
 
Y le tiran palos al Gobierno: "No somos prófugos de la Justicia. Yo me presentaré si me citan. Pero esta es una causa justa y la acusación del Gobierno es infundada", afirmó Fritzler, en diálogo con este cronista.
 
"Tenemos que seguir aplicando la tolerancia que no aplica el Gobierno. Llegado el momento vamos a resistir pacíficamente (el desalojo) pero no se imaginan el escándalo del día después si nos vienen a sacar por la fuerza", advirtió el dirigente, incluido en una nómina de querellados por el Gobierno nacional.
 
En esa lista, difundida en base a datos extraoficiales, figuran, además de Fritzler y Ferrari, José Pouler, Martín Alazard, Víctor Rebosio, Juan Veronesi, Ivana Vilchez, Paola Robles, y Luis Molionuevo, entre otros. Una fuente judicial dio cuenta de que en la grilla de querellados estaría también Alfredo De Ángelis, un fogonero de la lucha anti Botnia que luego cobró mayor notoriedad por el conflicto del campo con el poder K. "A De Ángelis le van a facturar su alineamiento con el campo", comentó otro de los dirigentes "bajo sospecha".
 
Temores a dos puntas.
  
"El Gobierno está desconcertado y temeroso. Desconcertado porque no sabe cómo resolver este problema ante el reclamo de Uruguay y temeroso de lo que vaya a pasar el día después del desalojo. Porque acá va a haber resistencia. Al Gobierno no le conviene para su imagen que haya represión, pero lo hacemos responsable de lo pueda suceder acá", agregó, enfático, Ferrari.
 
En una mañana fría y de lluvia intermitente, unos 30 dirigentes y vecinos de base se apiñaron ayer en el campamento con la excusa de ver, en pantalla gigante, el partido Argentina-Nigeria. En realidad, la presencia de gente en el lugar obedeció más a los rumores de que la Justicia aprovecharía la jarana mundialista para acometer con el desalojo de la ruta cortada desde hace más de tres años.
 
"No se ha notificado todavía a ninguno de nosotros por la demanda del Gobierno. Pero le digo que tampoco han notificado a los directivos de Botnia para que vengan a declarar por varias denuncias que tienen en su contra", apuntó Fritzler.
 
Le cabe algo de razón: el primero que denunció a la pastera fue el ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti, patrocinado por el diputado por Córdoba Juan Carlos Vega. Nunca, ningún directivo de la empresa fue citado a testimoniar por la contaminación de las aguas.
 
Fuente: La Voz del Interior

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