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Nacionales - 06-01-2023 / 09:01
PIDEN INVESTIGAR A GRÁVIDA, LA ONG QUE OBSTACULIZA EL DERECHO AL ABORTO

Una ONG católica retuvo a una niña de 12 años violada por su padre para impedir que aborte

Una ONG católica retuvo a una niña de 12 años violada por su padre para impedir que aborte
La Campaña por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, regional Santa Fe, pidió que se investigue a la ONG Grávida por haber obstaculizado el derecho a interrumpir el embarazo de una niña de 12 años, violada por su padre, quien fue detenido. El gobierno provincial dijo que la criatura está a resguardo y que la organización ligada a la Iglesia Católica se interpuso sin aval del Estado
Lo que pasó en Santa Fe con la nena de 12 años, que pidió abortar el embrión que gesta por los abusos de su padre pero nunca llegó al hospital Iturraspe para acceder a la ILE, no es extraño. Gravida, la organización vinculada a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que entre el viernes y el lunes la "invitó" a una misa y luego la "alojó" en uno de sus espacios asociados de la provincia de Santa Fe hasta que el Estado reconoció públicamente lo sucedido y -se supone- comenzó a actuar para proteger derechos ya vulnerados, se dedica precisamente a eso.
 
Sus referentes -laicas voluntariosas, religiosos, personal de salud- la definen como "un servicio". Fue fundada en 1989 por el entonces Director del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la diócesis de San Isidro, Juan Martín Reddel. De todos modos, reconoce la conducción de dos líderes: un sacerdote, Bernardo Ruiz Moreno, que en su LinkedIn se presenta como "asesor nacional" de la entidad y en la web de Gravida es mentado como "Asesor Espiritual Fundacional", y una laica, Diana Florez del Castillo, que funge de "Directora Fundacional".
 
En 2018, ante el plenario de comisiones de Diputados que llevó adelante las audiencias por la ley de IVE, Florez del Castillo explicó que Gravida existía desde hacía "30 años". "Estamos en 20 provincias, en 57 localidades", agregó, y poco después detalló cómo ella misma había logrado que una chica de 12 años que quería abortar desistiera. Esa nena siguió adelante con la gestación que, sin duda, sólo podía ser producto de un abuso, como en el caso de Santa Fe que está todavía hoy, ahora, transcurriendo y marcando para siempre la vida de una chiquita convertida en botín.
 
Esa nena, dijo Florez del Castillo ante diputadas y diputados, al embrión "lo dejó nacer, le puso nombre, dejó que una familia lo amara y protegiera. Y hoy empezó a planificar su fiesta de 15". En esa misma audiencia pública, un médico de la ONG, Mariano Ghilardi, buscó provocar con un video de un presunto "aborto quirúrgico"; y una voluntaria de Gravida, Lorena Bauza, aseguró que había sido "una persona en riesgo de no nacer".
 
Por entonces, Gravida y sus referentes recurrían de manera frecuente a la expresión "embarazos inesperados" y aseguraban que los asistían, que eran un "centro de asistencia a la vida naciente", o a las "embarazadas en dificultad y a la vida por nacer". Ahora, con la ley 27.610 sancionada y vigente, se redefinieron como "un servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable". Su propia web explica que, como parte de la misión de "orientación, contención, promoción y acompañamiento de la mujer embarazada y de la mamá con su hijo recién nacido", brindan "visitas domiciliarias".
 
Otro de sus caballitos de batalla es la "capacitación especializada", en la que participan curas y profesionales de la salud, a  voluntarios deseosos de ser "Consejeros del Programa de Sanación Raquel", una práctica basada en la idea de que es preciso atender y "sanar las heridas del aborto". Para eso, organizan retiros espirituales.
 
Participó, claro, del intento de hacer que el Estado nacional financiara una "Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable", una iniciativa que había sido presentada en sociedad con un gran acto en el Congreso, en 2019, y que buscaba hacer en gran escala lo que estamos viendo hoy con la niña de Santa Fe. Esa vez, el proyecto terminó frustrándose luego de que este diario diera cuenta del convenio que las entidades habían llevado adelante, violando normativas nacionales, con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a cargo entonces de Carolina Stanley.
 
Por Soledad Vallejos
 

 
EL FOCO SOBRE LAS ENTIDADES INTEGRISTAS
 
La Campaña pidió investigar a Grávida, la ong que obstaculiza el derecho al aborto
 
Además, cien organizaciones feministas y de DD.HH. pidieron explicaciones al gobierno de Santa Fe sobre este caso. Desde la provincia aclaran que no tienen vínculos con la entidad.
 
La Campaña por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito regional Santa Fe pidió que se investigue el accionar de la ong Grávida, que obstaculizó el derecho a abortar a una niña de 12 años abusada por su padre. Además, un centenar de organizaciones feministas y de derechos humanos, sindicatos y referentes políticas pidieron explicaciones al gobierno de Santa Fe acerca de su actuación en relación al caso que se conoció estos días. Desde el gobierno de la provincia informaron que no tienen convenio con la organización y que pondrán a disposición de la justicia la información que tienen en relación al accionar de la ong en este caso. Además dijeron que se cumplieron con los plazos de atención establecidos por la ley hasta que Grávida se interpuso.
 
Por ese motivo interpusieron una medida excepcional para resguardar los derechos de la niña. Tanto la madre como la niña están actualmente en buen estado y a resguardo del Estado. El padre fue detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal y este viernes se pedirá la prisión preventiva.
 
El caso se dio a conocer el lunes pasado. El 19 de diciembre, una niña de doce años fue a un centro de salud en el pueblo donde vive, Garibaldi, y allí se descubrió su embarazo. La niña dijo que fue abusada por el padre en reiteradas oportunidades y pidió, junto a su madre, la realización de un aborto. Desde el centro de salud gestionaron el turno para la interrupción legal del embarazo en el Hospital Iturraspe, ubicado en la capital de la provincia, para el 2 de enero. Turno al que no se presentaron.
 
A raíz del caso, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra Grávida, a la que tildó de "organización fundamentalista" y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que "quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo".
 
Grávida es una asociación civil católica llamada "pro vida" cuya misión principal es evitar que las mujeres y niñas accedan al derecho de interrumpir el embarazo aun en los casos garantizados por la ley desde 1921, como lo es el de la niña santafesina de 12 años abusada por su padre, que luego de consentir la práctica no concurrió a la cita y fue hallada, tras la intervención estatal y judicial, en uno de los centros que responden a Grávida en la provincia. La organización fundada en 1989 tiene sedes en todo el país.
 
"Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10" (que refiere a no limitar derechos de los niños) y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento", indicó la Campaña en un comunicado.
 
El texto expuso el pedido de que "se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes".
 
Mariángeles Guerrero, referente de la Campaña en Santa Fe, contó a este diario que aparentemente una amiga de la madre de la niña contó la situación al cura de la Iglesia de Garibaldi. "Las invitan a una misa, el párroco la nombra y la expone en la comunidad y empieza este contacto con Grávida, una organización que no es de Santa Fe. La sede central está en San Pedro, Buenos Aires, y tiene sede en 69 lugares del país. Existen desde 1989 y están ligados a la Conferencia Episcopal Argentina", dijo.
 
Recordó que en 2016 hubo un caso muy similar en que una psicóloga integrante de Grávida se infiltró en un hospital público haciéndose pasar con una trabajadora de Niñez, generó vínculo con una niña abusada con capacidad mental de 11 años y esa niña fue llevada por la organización y finalmente continuó con el embarazo. Esa psicóloga fue denunciada por el Colegio profesional de Psicólogos y la justicia determinó que le quitaran la matrícula.
 
"Exigimos que se investigue lo que pasó. Se hizo un allanamiento en la Casa Hermana de Betania, que es de Grávida. La ong ofreció una interconsulta con personal especializado en este lugar. Esa es su versión. Nosotras queremos que la justicia investigue porque podría tratarse de un secuestro", dijo Guerrero. De hecho, se conoció, a raíz de una entrevista en LT10, que el ginecólogo Raúl J. Dalla Fontana, que colabora con Grávida, mantuvo una consulta virtual con la niña y le dijo que no tenía riesgo de vida llevar adelante el embarazo: "Es un embarazo que solo por la edad se cataloga de alto riesgo. Pero no justifica de ninguna manera por ser alto riesgo ofrecer como alternativa al aborto. Hoy con la tecnología que hay en todos los hospitales se salvan el 99 por ciento". El médico dijo que le preocupaba que le mintieran a la "pacientita", como llamó a la niña abusada.
 
Esta situación es el emergente de una cruzada antiderechos que no es nueva. Grávida existe desde 1989. "Hay en todo el mundo organizaciones de derecha, conservadoras cuyo único objetivo es disfrazándose de buenas intenciones forzar a las mujeres y a las niñas a parir, lo cual constituye tortura", apuntó Guerrero.
 
 
El pedido al gobierno de Santa Fe
  
Por su parte, mediante una nota enviada al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, organizaciones feministas y de DD.HH. solicitaron informes respecto a las acciones previas y posteriores vinculadas a la situación donde la ONG Grávida obstaculizó el derecho a abortar a la niña de 12 años.
 
Las organizaciones buscan saber cuáles fueron las medidas solicitadas por el Ejecutivo provincial al Poder Judicial respecto al accionar de Grávida, cuáles fueron las medidas solicitadas a la Inspección General de Personas Jurídicas y si existen aportes económicos estatales a la ONG Grávida. También si existen contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a esa ong.
 
Además, reclaman conocer las intervenciones en el caso de las distintas áreas de gobierno vinculadas al tema.
 
Según explicó Gabriela Sosa, directora ejecutiva Mesa Federal MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) y exsecretaria de Políticas de Género de la provincia, que encabeza la firma del pedido de informes, "la nota fue motivada porque el primer comunicado oficial del Estado, de la Secretaría de Niñez; nos preocupó mucho porque hablaba de ong objetora de conciencia, que es una categoría que no corresponde. Luego salieron explicaciones fundamentalmente del Ministerio de Igualdad pero no obstante eso queremos saber si van a hacer denuncia contra Grávida. Y preguntamos en relación a la personería jurídica de la ong, teniendo en cuenta que las organizaciones sin fines de lucro tienen que tener como base el bien común, cosa que no han cumplido".
 
Por otro lado, Sosa se pregunta por qué desde el Estado no se les ofreció alojamiento a la madre y a la niña teniendo en cuenta que son de Garibaldi, un pueblito a 122 km de la capital y que se trata de una familia en condiciones de vulnerabilidad.
 
Desde Mumala, dijo, tienen una visión crítica respecto a la secretaria de Niñez. "(Patricia) Chialvo es una funcionaria con fuertes vínculos con la Iglesia católica. Ha intentado diseñar política pública junto a la Iglesia. Tuvo algunas reuniones con el Arzobispado de la provincia donde se ofrecía como institución receptora de denuncias de acoso sexual que sucedieran en su institución. No lograron avanzar por el activismo muy fuerte en la provincia. Por otro lado, en la implementación del Programa de los Mil días, la primera institución que se convenia es una fundación vinculada a la Iglesia católica", apuntó.
 
Fue Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, quien respondió los requerimientos de la prensa desde el gobierno. Consultada en relación al pedido de informes, dijo a Página/12 que no hay ningún convenio del estado provincial con Grávida. "La vinculación que hacen es sin fundamentos y de tipo partidario político. Las organizaciones que lo hacen fueron funcionarias del gobierno anterior", respondió.
 
En relación a las actuaciones del Estado en el caso, Marinaro explicó a este diario que "venía trabajando en una situación de vulnerabilidad por abuso intrafamiliar. Tanto Niñez como Salud venían trabajando en la escucha, el acompañamiento y todo eso fue interrumpido por la intervención de Grávida, que las saca de Garibaldi y las instala en Santa Fe. Cuando perdemos contacto con la mamá y la organización empieza a hablar por la mamá, cuando vemos que la mujer estaba siendo manipulada por esta organización, se toma una medida excepcional para sacarle el cuidado parental transitoriamente a la madre y garantizar el derecho a la niña", explicó Marinaro.
 
La ministra explicó que la mujer era víctima de violencia de género por parte del progenitor y abusador de la niña, G. M. A, con quien tiene otros hijos en común. Hoy ya está restituido el cuidado parental a la madre y están ambas bajo la órbita del Estado, que las está acompañando en todo el proceso.
 
En cuanto a la organización Grávida, la ministra dijo que "el estado va a poner a disposición de la justicia el proceder de esta organización que truncó la intervención del Estado, y toda la información que tenemos".
 
"En la provincia hay decisión política y obligación legal de implementar el derecho a la interrupción del embarazo que para casos como este es ley desde 1921. La provincia produce misoprostol en el laboratorio público y distribuye en toda la provincia. Estamos cumpliendo con la ley e implementando. Puede suceder que haya profesionales que obstaculizan pero la decisión del Estado es que se garantice el derecho si así lo solicitan las personas porque estamos obligados a hacerlo", agregó.
 
 
Hospital con nuevo paradigma
  
El Hospital Iturraspe es el mismo en el que murió Ana María Acevedo. Su caso se volvió emblemático porque un grupo de médicos priorizó sus creencias religiosas por sobre la vida de la joven santafesina: ella estaba embarazada y le negaron el aborto legal que había solicitado para poder recibir la medicación que necesitaba. La obligaron a continuar con su embarazo hasta el 26 de abril de 2007, cuando le hicieron una cesárea. El feto no sobrevivió. Ella murió el 17 de mayo de 2006. Tenía veinte años. En 2015 el gobierno provincial tuvo que pedir disculpas públicas y hacer un compromiso de no repetición.
 
Guerrero rescata que "el equipo del Hospital Iturraspe en el último tiempo viene trabajando muy bien, con perspectiva de género y mucha sensibilidad y esa es una conquista del movimiento feminista y de la Campaña". Son matices. "Lo importante es que hay una ley que supimos conquistar y estamos defendiendo; y pedimos al Estado que accione contra estas organizaciones que quieren interceptar el ejercicio de nuestros derechos", finalizó.
 
 
Qué dice Grávida
  
La organización Grávida emitió un comunicado en el que explica que hace más de 30 años que ayuda a "embarazadas transitando cualquier tipo de dificultad y a mamás con sus bebés recién nacidos" y cuestionó el accionar de los medios en relación a lo que dijeron de la organización.
 
"Nos vemos en la necesidad de aclarar que el modo de acompañar ha ido por un carril completamente diferente al que algunos medios de comunicación informaron. Nuestra intervención respondió ante una situación muy concreta. La madre de una menor, una niña embarazada, una gestación de 24 semanas y una patología clínica de relevancia. ¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida? Desde el primer encuentro, se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando", dice el comunicado firmado por el Equipo de Coordinación.
 
"Ante una patología clínica compleja, ¿la interconsulta especializada no es un derecho de las personas? Eso fue lo que se propició. Como a tantas familias de nuestro país que viven lejos de zonas urbanas donde se encuentran los centros de mejor atención, la familia recibió un alojamiento y un lugar donde poder estar cómodos, en un momento de decisiones tan difíciles. Y dijeron sentirse muy a gusto allí. (Ese lugar, ofrecido para ayudar, fue allanado)", agrega.
 
Por otro lado, plantea que la misma Ley contempla el consentimiento informado: "Las personas pueden no aceptar la práctica ILE, aunque le hayan ofrecido su acceso en el marco de la Ley. Incluso puede pasar que, aun firmado el consentimiento, la persona libremente cambie su decisión (posibilidad que aparece reconocida en el mismo)".
 
Esta supuesta libertad y transparencia no es tal. La mentira una de las estrategias de Grávida para evitar que las mujeres y niñas que cursan embarazos no deseados no aborten. "Más allá del caso puntual queremos que se investigue a Grávida como organización, quiénes la financian. Se presentan en páginas oficiales con estrategias de salir al encuentro de las embarazadas. Se acercan, les ofrecen apoyo económico, les dicen mentiras, que se van a desangrar, o se van a morir si abortan --algo que no es así--, con el objetivo de que prosigan la gestación y violando la autonomía en relación al ejercicio de derechos sexuales", dijo Mariángeles Guerrero, referente de la Campaña en Santa Fe.
 
Apenas entrar a la página web de la organización se puede ver su estrategia para llegar a mujeres y niñas embarazadas: "¿Conocés a una embarazada que necesita ayuda? Enviá tus datos y nos contactaremos a la brevedad para brindar nuestra ayuda (La información suministrada es confidencial)".
 
Luego un video presenta la propuesta. Dice que los embarazos no siempre llegan en el mejor momento y con música incidental dramática va pasando imágenes de mujeres y chicas preocupadas, aturdidas, desesperadas hasta que dan con Grávida y todo se resuelve. Una mujer les toma la mano, reciben una caja con productos para el bebé y todos los problemas parecen esfumarse. "Estamos con vos" cierra el video, mientras se oye el llano de un bebe recién nacido.
 
Su visión es "alentar, desde el servicio, un proceso de valorización y cuidado de la vida humana desde el primer instante de su existencia" explica la organización. El paradigma de "protegemos las dos vidas" que los pañuelos celestes levantaron durante toda la gesta de la ley de interrupción voluntaria del embarazo --y desde mucho antes--, en su máxima expresión.
 
Por Sonia Santoro
 
Fuente: Página 12
 

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08-02-2023 / 10:02
El Gobierno vs. el discurso económico de Juntos; ya se mueven y contrastan datos con la gestión del macrismo. Los laderos del ministro de Economía, Sergio Massa, vieron el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio avisando que, de ganar, tendrán una herencia económica "bomba" y varios se sorprendieron.
 
Comentaron que "ellos hipotecaron el país con una deuda escandalosa, que hablen de herencia es cínico". Según se reconstruyó, fue ése el primer capítulo de algo que se volverá un método y que también tiene bajada de línea a la tropa desde Presidencia.
 
El Gobierno, desde diferentes sectores del Frente de Todos, saldrá a dar la pelea discursiva, en el marco de la campaña, sobre los resultados económicos de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
 
Aún en un escenario inflacionario preocupante, hay consenso para contrastar variables con la gestión de Macri, a la que identifican como plena de cifras negativas en un escenario sin guerra, pandemia ni sequía. Y la generadora, al fin y al cabo, del mayor problema de la macroeconomía: los 45 mil millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario para no terminar de manera anticipada el Gobierno y ser competitivos en las elecciones del año 2019.
 
"Lo mejor que nos puede pasar es que hagan comunicados instalando el debate sobre las variables económicas", contó un ministro de alto rango que prepara números y estrategia para la contienda. El mismo dirigente asegura que "nosotros no escondemos los problemas que tenemos, pero ellos son incapaces, en el mano a mano, de reconocer los datos que muestran que vamos por el buen camino".
 
Si bien Massa sabe que está al borde de incumplir con su promesa de llegar a abril con una inflación con el 3 adelante, la concordia política sobre el rumbo y la estabilidad post salida de Martín Guzmán reformularon el escenario y hoy, por necesidad, el centro parece estar en aflojar la metralla interna hacia los temas económicos.
 
"Las diferencias se resuelven, hoy, puertas adentro, todos coincidimos en que el salario tiene que ganar más terreno, y es la premisa número uno del año", se sinceró un dirigente albertista.
 
Así las cosas, más allá de las tensiones aún reinantes y la posibilidad de que se institucionalice el Frente en la mesa política que ya convocó el Presidente, el Gobierno llegó a un punto de acuerdo en la identificación del enemigo político en los próximos comicios.
 
Será un debate directo sobre la herencia del macrismo en todos los frentes, incluido el de la inflación, que según aseguran se duplicó en relación a la que dejó Cristina Fernández en 2015. 
 

08-02-2023 / 09:02
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
 
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
 
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
 
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
 
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
 
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
 
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
 
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
 
La Opinión Popular

07-02-2023 / 09:02
Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia espesa, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas. La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes.  Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión.
 
Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que "hacen" opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, "influyente", calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas.
 
No ocurrió ante este homicidio... consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La identificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana.
 
El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable.
 
La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese "algo" aconteciera.
 
"Yo era como vos", le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. "Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian". "Yo no quiero venganza, quiero justicia". Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que "esto no se repita".
 
Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un Estado imparcial... la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.
 
Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada "justicia por mano propia". O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.
 

06-02-2023 / 12:02
Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.
 
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
 
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
 
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
 
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
 
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
 
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
 
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
 
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde. 
 

06-02-2023 / 11:02
El presidente Alberto Fernández se ha declarado dispuesto a armar la "mesa electoral", una denominación que no dice gran cosa con relación a las tareas y el poder de decisión que el organismo asumiría.
 
La cuestión se desplaza -con algo de ingenuidad- a la creación de algo así como un foro de discusión pública en el que cada representante haría público su punto de vista sobre la "política electoral"; la indefinición es muy evidente y nada casual: se procura evitar la puesta en escena de distintos tipos y formas de cuestionamiento a la actual política gubernamental bajo la forma de "propuestas electorales".
 
Esto es lógico y muy criterioso: si la "mesa" se convierte en un coro de voces críticas desde distintas lógicas y perspectivas políticas poco podría acumular a favor de un impulso de unidad de acción a la que se supone una exigencia mínima de cualquier pretensión de triunfo electoral.
 
Además, para la elección presidencial faltan varios meses todavía. Pero es muy importante que los organizadores sean conscientes de que tarde o temprano el balance del gobierno de estos cuatro años de gobierno deberá hacerse. Y no solamente eso, sino que ese balance deberá ser estructurado en una clave política que permita que todas las voces -o la mayoría, las más influyentes, las más representativas- se expresen públicamente.
 
Es impensable que una "mesa" jerarquice los puntos de vista de unos sobre los de otros: lo mejor sería dejar todas las interpretaciones abiertas. Porque el momento decisivo de un eventual renacimiento del frente debería ser el de las primarias abiertas. Allí será donde se organicen los acuerdos y las diferencias, el balance y la proyección futura de la coalición.
 
Una mirada "ideal" aconseja ese orden: primero el balance que cada sector hace de la marcha de la experiencia de gobierno, una evaluación pública, plenamente abierta a la discusión de todo aquel que quiera sumar su punto de vista. No habría posiciones "buenas o malas", la etapa establecería los contornos de la discusión, los acuerdos y los desacuerdos.
 
Ahora bien, la "mesa" debería abstenerse de establecer jerarquías entre los puntos de vista. Este circuito tiene una enorme ventaja respecto de lo que fue práctica del FdT desde su fundación: el cierre de las primarias a un puñado de actores. Todos tendrían derecho a defender su punto de vista desde la plataforma que existe y tiene fuerza legal precisamente por esa virtud: la de someterse a la prueba de la voluntad del electorado. 
 

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