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Nacionales - 04-01-2023 / 10:01
REUNIÓN EN CASA ROSADA

Gobernadores respaldan el pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsará Alberto

Gobernadores respaldan el pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsará Alberto
El presidente Alberto Fernández convocó a un grupo de mandatarios provinciales para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra el máximo tribunal. "Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial", dijo antes del encuentro Jorge Capitanich, gobernador del Chaco. Este miércoles se elevará el pedido a la Cámara de Diputados.
El presidente Alberto Fernández se reunió este martes en Casa Rosada con un grupo de gobernadores para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. "Merecemos un servicio de Justicia digno", afirmó el presidente.

El encuentro, que comenzó al mediodía, contó con la participación de los mandatarios provinciales Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja). También con la participación de los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Los gobernadores de esas provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, se conectaron por videoconferencia. 
Los mandatarios que apoyan el juicio a la Corte defienden a sus provincias.


Al finalizar el encuentro, los gobernadores ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los resultados de la reunión. "Junto a gobernadores, vicegobernadores, vicegobernadoras y gobernadoras hemos tenido una reunión con el Presidente de la República con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", dijo Capitanich, el primero en hablar.

"El Presidente, con la mayoría de gobernadores y gobernadoras, hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos que pueden sintetizarse en la violación de la Ley de Ética Pública y el mal desempeño a partir de decisiones que tienen que ver con oportunamente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26080 después de más de 16 años de vigencia y la restitución de la Ley 24.937".
 
"En ese contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a CABA, nosotros observamos efectivamente en esta Corte Suprema, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, una manifiesta parcialidad", añadió Capitanich.
 
Esta manifiesta parcialidad, aseguró, "significa que los fallos que hemos observado favorecen a una parcialidad política y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales: deben ser custodios y guardianes de la Constitución pero lo que observamos es que los argentinos y argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, patrimonio, honor y libertad con miembros de la Corte que violan clara y contundentemente la Constitución y sobre todo los principios republicanos y federales de gobierno".
 
"Acá el problema central es político, Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial para perseguir opositores, para defenestrar el sistema republicano de Gobierno y para destruir el federalismo en Argentina. Esta apropiación de la justicia constituye un hecho de gravedad institucional", observó Capitanich.
 
En ese marco, Capitanich reconoció que las provincias argentinas se sienten "damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento alguno". En consecuencia, "consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias y del federalismo es una bandera absolutamente irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad", concluyó.
 
La Opinión Popular



 
JUICIO A LA CORTE
 
Con el aval de gobernadores, la denuncia a la Corte se presenta en el Congreso
 
El Gobierno la incluirá en la convocatoria a extraordinarias para que comience a tratarse en la comisión de Juicio Político, donde el oficialismo tiene mayoría. La expectativa, en la etapa probatoria.
 
Por Fernando Cibeira
 
El Gobierno presentará este miércoles en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que obtuvo el apoyo de -por el momento- 11 gobernadores. El trámite se iniciará en sesiones extraordinarias en la comisión de Juicio Político, donde el Frente de Todos tiene mayoría propia. En la Casa Rosada estaban conformes con el nivel de respaldo más allá de, como se esperaba, fueron menos de aquellos 14 mandatarios que días atrás suscribieron el comunicado contra el fallo de la Corte que favoreció a la CABA en el reparto de fondos coparticipables. "Se trata de algo que no tiene antecedentes en la historia, la decisión de un Presidente y de provincias acompañando", graficó el gobernador bonaerense Axel Kicillof la importancia de la medida.
 
El Ejecutivo ya adelantó que será incluido en la convocatoria a extraordinarias, por lo que entonces podrá reunirse la comisión de Juicio Político y aprobar la verosimilitud de la acusación. Allí se abrirá la etapa probatoria -incluye la recopilación de pruebas documentales, testimoniales y medidas como inspección ocular, en caso de ser necesario- y el derecho a defensa que le corresponde a los cuatro jueces acusados. Una vez concluido el trámite -que demandará 60 días-, se emite un dictamen que se aprueba por mayoría simple y se envía al recinto para su aprobación. Ya en esa instancia, serán necesarios los dos tercios para que se apruebe y se inicie el juicio político propiamente dicho en la Cámara de Senadores.
 
En el Frente de Todos esperaban que el avance de la investigación, cuando las revelaciones de los hechos salgan a la luz y lleguen a la opinión pública, servirá para convencer a los oficialistas aún remisos, a los independientes de los partidos provinciales e incluso a algunos opositores, en especial los radicales. Destacaban la declaración del ex senador radical Mario Cimadevilla expresada en una carta al gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales. "No podemos mirar a un lado o hacernos los distraídos", escribió.
 
 
Una segunda reunión en la Rosada y una denuncia
  
Del encuentro del martes, el Presidente y los gobernadores salieron con un comunicado y un escrito de 35 páginas con la acusación contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, "por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones" y también a los demás integrantes del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por hechos en los que incurren en distinto grado de responsabilidades. "En tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes", sostiene el pedido de apertura de juicio girado a la presidenta de la comisión, la diputada entrerriana Carolina Gaillard. El escrito incluyó los presuntos chats que describió como testimonio de "los métodos mafiosos" con los que opera el tribunal.
 
La reunión arrancó pasadas las 11 y se extendió por más de dos horas. Junto a Alberto estuvieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz Gabriela Cerruti. Alrededor de la mesa en el salón Eva Perón se sentaron ocho gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y dos vices: Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Con todo, los gobernadores de estas dos provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, participaron vía zoom. Además de estas diez provincias, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, había anticipado que no podría asistir pero adhería y se suponía lo mismo respecto al entrerriano Gustavo Bordet, quien antes había hablado con Alberto y que luego también se conectó en el zoom, aunque sin hablar.
 
Por eso, el comunicado y el escrito se distribuyeron con doce firmas, pero luego desde la oficina de Bordet informaron que él no acompañaba el proyecto, algo que desconcertó al Ejecutivo y a sus colegas. En la previa se rumoreaba que en esta ocasión sería más difícil conseguir adhesiones porque hay provincias con causas sensibles que tramitan en la Corte Suprema y tendrían reparos en sumarse a la ofensiva contra el tribunal. En el caso de Bordet, una de las causas que están a la firma de los cuatro jueces es el pedido de per saltum presentado por la ex fiscal anticorrupción provincial Cecilia Goyeneche, que reclama que se revea su destitución.
 
Otro que esta vez no acompañó fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien días atrás había estado entre los más enojados por el fallo a favor de la CABA. En este caso, ya había anticipado que no firmaría el pedido de juicio político. En eso, se rumorea, había influido su decisión de presentarse para un tercer mandato en una interpretación de la letra de la Constitución provincial que le permitiría una primera elección y luego dos reelecciones, algo que cuestiona la oposición. Seguramente, el tema escalará pronto hasta la Corte -las elecciones fueron convocadas para mayo-, que será quien tendrá la última palabra. Respecto a los 14 que firmaron el comunicado de días atrás, el otro ausente fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que no informó las razones. En Gobierno esperaban sumarlo más adelante.
 
Respecto a los cuatro gobernadores de partidos provinciales, que días atrás hicieron un documento aparte con sus propias críticas al fallo de la Corte Suprema, también se esperaba que por ahora esquivaran una definición. Ni el neuquino Omar Gutiérrez, ni la rionegrina Arabela Carreras, ni el salteño Gustavo Sáenz, ni el misionero Oscar Herrera Ahuad -quien este miércoles recibirá al Presidente- se mostraron por ahora dispuestos a dar el paso. Menos aún el santafesino Omar Perotti y el cordobés Juan Schiaretti, quienes ni siquiera expresaron opinión respecto a la decisión favorable a la Capital Federal.
 
En la conferencia de prensa posterior quedó claro que Capitanich, Kicillof y Zamora -tres gobernadores cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner- fueron los más enfáticos a la hora de apoyar la decisión del Presidente de ir contra la Corte, una medida que se le reclamaba. El chaqueño detalló que las imputaciones a los jueces giran en torno al fallo que declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura y puso en vigencia una ley derogada luego de 16 años y la sentencia que favoreció al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. "Manifiesta parcialidad", definió Capitanich.
 
Zamora subrayó que "la situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats" y que "no se puede dejar pasar esto". El gobernador santiagueño tomó un rol protagónico en torno a esta cuestión y algunos lo ven lanzado a una candidatura nacional. Presentó una denuncia contra Silvio Robles, vocero y operador de Rosatti, quien no quiso entregar sus teléfonos a un requerimiento del juez federal de Santiago del Estero. "Doctor Rosatti, ¿qué hará usted ahora? La Patria no se merece esto", tuiteó.
 
Fuente: El Destape
 

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08-02-2023 / 10:02
El Gobierno vs. el discurso económico de Juntos; ya se mueven y contrastan datos con la gestión del macrismo. Los laderos del ministro de Economía, Sergio Massa, vieron el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio avisando que, de ganar, tendrán una herencia económica "bomba" y varios se sorprendieron.
 
Comentaron que "ellos hipotecaron el país con una deuda escandalosa, que hablen de herencia es cínico". Según se reconstruyó, fue ése el primer capítulo de algo que se volverá un método y que también tiene bajada de línea a la tropa desde Presidencia.
 
El Gobierno, desde diferentes sectores del Frente de Todos, saldrá a dar la pelea discursiva, en el marco de la campaña, sobre los resultados económicos de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
 
Aún en un escenario inflacionario preocupante, hay consenso para contrastar variables con la gestión de Macri, a la que identifican como plena de cifras negativas en un escenario sin guerra, pandemia ni sequía. Y la generadora, al fin y al cabo, del mayor problema de la macroeconomía: los 45 mil millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario para no terminar de manera anticipada el Gobierno y ser competitivos en las elecciones del año 2019.
 
"Lo mejor que nos puede pasar es que hagan comunicados instalando el debate sobre las variables económicas", contó un ministro de alto rango que prepara números y estrategia para la contienda. El mismo dirigente asegura que "nosotros no escondemos los problemas que tenemos, pero ellos son incapaces, en el mano a mano, de reconocer los datos que muestran que vamos por el buen camino".
 
Si bien Massa sabe que está al borde de incumplir con su promesa de llegar a abril con una inflación con el 3 adelante, la concordia política sobre el rumbo y la estabilidad post salida de Martín Guzmán reformularon el escenario y hoy, por necesidad, el centro parece estar en aflojar la metralla interna hacia los temas económicos.
 
"Las diferencias se resuelven, hoy, puertas adentro, todos coincidimos en que el salario tiene que ganar más terreno, y es la premisa número uno del año", se sinceró un dirigente albertista.
 
Así las cosas, más allá de las tensiones aún reinantes y la posibilidad de que se institucionalice el Frente en la mesa política que ya convocó el Presidente, el Gobierno llegó a un punto de acuerdo en la identificación del enemigo político en los próximos comicios.
 
Será un debate directo sobre la herencia del macrismo en todos los frentes, incluido el de la inflación, que según aseguran se duplicó en relación a la que dejó Cristina Fernández en 2015. 
 

08-02-2023 / 09:02
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
 
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
 
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
 
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
 
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
 
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
 
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
 
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
 
La Opinión Popular

07-02-2023 / 09:02
Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia espesa, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas. La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes.  Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión.
 
Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que "hacen" opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, "influyente", calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas.
 
No ocurrió ante este homicidio... consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La identificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana.
 
El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable.
 
La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese "algo" aconteciera.
 
"Yo era como vos", le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. "Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian". "Yo no quiero venganza, quiero justicia". Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que "esto no se repita".
 
Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un Estado imparcial... la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.
 
Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada "justicia por mano propia". O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.
 

06-02-2023 / 12:02
Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.
 
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
 
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
 
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
 
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
 
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
 
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
 
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
 
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde. 
 

06-02-2023 / 11:02
El presidente Alberto Fernández se ha declarado dispuesto a armar la "mesa electoral", una denominación que no dice gran cosa con relación a las tareas y el poder de decisión que el organismo asumiría.
 
La cuestión se desplaza -con algo de ingenuidad- a la creación de algo así como un foro de discusión pública en el que cada representante haría público su punto de vista sobre la "política electoral"; la indefinición es muy evidente y nada casual: se procura evitar la puesta en escena de distintos tipos y formas de cuestionamiento a la actual política gubernamental bajo la forma de "propuestas electorales".
 
Esto es lógico y muy criterioso: si la "mesa" se convierte en un coro de voces críticas desde distintas lógicas y perspectivas políticas poco podría acumular a favor de un impulso de unidad de acción a la que se supone una exigencia mínima de cualquier pretensión de triunfo electoral.
 
Además, para la elección presidencial faltan varios meses todavía. Pero es muy importante que los organizadores sean conscientes de que tarde o temprano el balance del gobierno de estos cuatro años de gobierno deberá hacerse. Y no solamente eso, sino que ese balance deberá ser estructurado en una clave política que permita que todas las voces -o la mayoría, las más influyentes, las más representativas- se expresen públicamente.
 
Es impensable que una "mesa" jerarquice los puntos de vista de unos sobre los de otros: lo mejor sería dejar todas las interpretaciones abiertas. Porque el momento decisivo de un eventual renacimiento del frente debería ser el de las primarias abiertas. Allí será donde se organicen los acuerdos y las diferencias, el balance y la proyección futura de la coalición.
 
Una mirada "ideal" aconseja ese orden: primero el balance que cada sector hace de la marcha de la experiencia de gobierno, una evaluación pública, plenamente abierta a la discusión de todo aquel que quiera sumar su punto de vista. No habría posiciones "buenas o malas", la etapa establecería los contornos de la discusión, los acuerdos y los desacuerdos.
 
Ahora bien, la "mesa" debería abstenerse de establecer jerarquías entre los puntos de vista. Este circuito tiene una enorme ventaja respecto de lo que fue práctica del FdT desde su fundación: el cierre de las primarias a un puñado de actores. Todos tendrían derecho a defender su punto de vista desde la plataforma que existe y tiene fuerza legal precisamente por esa virtud: la de someterse a la prueba de la voluntad del electorado. 
 

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