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Entre Ríos - 30-11-2022 / 12:11
CAUSA POR PRESUNTA RETENCIÓN DE PARTES DE LOS SALARIOS DE EMPLEADOS DE LA LEGISLATURA

La Cámara de Casación confirmó el rechazo al sobreseimiento del radical Ricardo Troncoso

La Cámara de Casación confirmó el rechazo al sobreseimiento del radical Ricardo Troncoso
La Cámara de Casación confirmó la resolución que revocó el sobreseimiento del exdiputado provincial del radicalismo Ricardo Troncoso, en una causa en la que fue imputado por presunta retención de partes de los salarios de empleados de la Legislatura.
La Cámara de Casación confirmó la resolución que revocó el sobreseimiento del exdiputado provincial del radicalismo Ricardo Troncoso, en una causa en la que fue imputado por presunta retención de partes de los salarios de empleados de la Legislatura.
 
En una resolución fechada el 26 de octubre, la Cámara de Casación Penal de Paraná -integrada por los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Darío Perroud- declaró inadmisible el recurso de Casación interpuesto por los abogados defensores contra la resolución del 14 de junio de este año en la que el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Gustavo Pimentel, revocó el sobreseimiento.
 
En tanto, el 28 de noviembre el mismo Tribunal revisor rechazó un recurso de la defensa para llevar el caso ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ahora, los defensores pueden apelar ante el máximo tribunal provincial mediante un recurso de queja.
 
Troncoso había sido sobreseído el 20 de mayo de este año por la jueza de Garantías Paola Firpo, quien se basó en el fallo "Cozzi", del 6 de diciembre de 2021, dictado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.
 
En dicho pronunciamiento, el STJ benefició con el sobreseimiento al excolaborador de Troncoso, Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, al entender que la Fiscalía no pidió prórroga en la investigación, tal como lo establece el artículo 223 del Código Procesal Penal, y que por ello deviene en la insubsistencia de la potestad para continuar con la investigación.
 
Firpo extendió ese fallo del máximo tribunal a Troncoso, pero luego el juez Pimentel revocó la decisión. Señaló entonces que "hubo un consentimiento de la defensa de la actividad investigativa", ya que durante el desarrollo de la investigación no planteó el incumplimiento del artículo 223 del Código Procesal Penal, como sí lo hizo la defensa de Blasón Lorenzatto.
 
Los defensores del exlegislador apelaron ante la Cámara de Casación Penal que rechazó el planteo en octubre. Finalmente, se conoció que el 28 de noviembre el Tribunal revisor emitió una nueva resolución en la que rechazó otro recurso de los defensores con el cual pretendían llevar el caso ante la Sala Penal del STJ.
 
De acuerdo al fallo al que accedió Entre Ríos Ahora, recientemente Casación Penal desestimó el recurso de impugnación extraordinaria interpuesta por los abogados defensores, Hugo Gemelli y Miguel Angel Cullen, quienes atacaron sentencia que el mismo tribunal emitió el 26 de octubre.
 
"En relación a la supuesta arbitrariedad de lo resuelto, tanto por el Juez de apelación, como por esta Cámara, no emergen de los agravios formulados por los recurrentes -ahora, bajo la forma de motivos de impugnación extraordinaria-, cuestionamientos críticos suficientes, dirigidos contra la motivación expresada en las piezas de mención", señala el fallo.
 
Y agregan: "Por el contrario, habida cuenta de la ya mencionada reiteración de agravios, no queda más que entender a los mismos como una disconformidad de los recurrentes con lo resuelto, lo que no amerita la habilitación de la instancia casatoria pretendida -y, por lógica consecuencia, mucho menos la aún más restringida vía de la impugnación extraordinaria provincial-".
 
"A modo meramente ilustrativo, no puede perderse de vista que aún en el precedente cuya aplicación (en solitario) reclaman los impugnantes («Cozzi», sent. del 06/12/21), ya se hacía expresa referencia a lo que luego se desarrolló en los precedentes citados por el juez de apelación, esto es, al sostenimiento de la investigación en el tiempo 'sólo por la mera voluntad infundada del Ministerio Público Fiscal, no consentida por la contraparte', lo que da cuenta de la injerencia asignada a la actuación de las partes, incompatible con la inteligencia propuesta por los aquí recurrentes", destacan.
 
"Descartado que nos encontremos ante una resolución nula por" falta de fundamentación, ni afectación tal que permita excepcionar las reglas generales, no solo por no haberse demostrado afectación a derechos fundamentales, sino porque estamos ante una decisión que no adolece de los vicios invocados (arbitrariedad, falta de tratamiento, etc.), ni pone término al proceso, corresponde denegar el recurso interpuesto", finaliza la sentencia.
 
 
La causa
 
El principal acusado del expediente es el radical que entre 2015 y 2019 conformó un bloque unipersonal llamado Recuperación Radical. El expediente se abrió en septiembre de 2018 cuando Carlos Cozzi, exempleado del diputado, denunció que el legislador se quedaba con el 70% de su salario. El caso fue contado en el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
 
En tanto, Blasón Lorenzatto fue contratado del exdiputado radical Fuad Sosa y colaboró por pedido de éste con el legislador y exintendente de Maciá. Actualmente, se desempeña como escribiente provisorio en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Nogoyá.
 
En el expediente, la fiscal Farinó acusa a Troncoso y Blasón Lorenzzatto de haber sustraído fondos públicos "mediante la suscripción de contratos de obra con el mero objeto de retener para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los mismos en concepto de honorarios o bien, para que las personas contratadas prestaran un servicio personal para Troncoso".
 
El 6 de diciembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dictó el sobreseimiento de Blasón Lorenzzatto por entender que la Fiscalía no respetó los plazos procesales para investigar. La resolución fue apelada por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no emitió fallo al respecto.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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La paralización del Congreso Nacional por iniciativa de la alianza anti peronista Juntos por el Cambio tendrá consecuencias directas para los entrerrianos, y no positivas precisamente. Más de 17.000 comprovincianos sufrirán por culpa de los diputados nacionales macristas por Entre Ríos: Rogelio Frigerio, Marcela Ántola, Pedro Galimberti, Gabriela Lena y Gustavo Hein. Estos legisladores se sumaron al bloqueo del Congreso y paralizaron la moratoria previsional, priorizando su campaña electoral por sobre las auténticas necesidades de la gente.
 
Uno de los proyectos de ley, que fue presentado por el gobierno de Alberto Fernández  en sesiones extraordinarias, es el denominado Programa de Pago de Deuda Previsional, para garantizar la continuidad de los derechos que ya tenían, y que es ansiosamente esperado por quienes están en edad de jubilarse y no pueden hacerlo porque adeudan aportes. Este año entran en esa situación 800 mil personas de todo el país, y entre ellos hay 17 mil entrerrianos y entrerrianas, mayoritariamente mujeres, según datos de Anses.
 
Juntos por el Cambio no está de acuerdo con la moratoria, aunque tiene posiciones disímiles. El PRO intenta reemplazarla por la pensión universal, la PUAN, con un haber más bajo que consiste en una mensualidad del 80% de la jubilación mínima a los mayores de 65 años sin ingresos. A esa edad se jubilan los hombres, pero las mujeres pueden retirarse a los 60 y deberían trabajar 5 años más si no completaron sus aportes, que según datos de Anses pasa en el 90% de los casos. Los radicales acompañaron la moratoria en su implementación hace 18 años, pero ahora quieren revisarla.
 
En diciembre del 2022 estaba prevista una sesión para tratar este proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado pero los diputados de la oposición, entre ellos: Frigerio, Ántola, Galimberti, Lena y Hein, varios de ellos de vacaciones, no fueron a trabajar y no hicieron lo que corresponde que haga un legislador que es presentarse a debatir las leyes, porque para eso le pagan y porque hay muchos argentinos que necesitan de esta legislación. La actitud de la oposición es antidemocrática, bloquear el Congreso es lo contrario a las practicas republicanas que pregonan, peor aun cuando niegan o impiden el ejercicio de derechos sociales de muchas entrerrianas y entrerrianos que anhelan acceder a una jubilación.
 
La decisión irresponsable de la derecha de boicotear la labor del Parlamento, usando como excusa el juicio político iniciado contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, paraliza la actividad legislativa. Como en la Cámara de Diputados el bloque del Frente de Todos y sus aliados no reúnen el número suficientes para el quórum, el cuerpo no puede sesionar. Y además de la moratoria previsional no se puede tratar el proyecto de ley agroindustrial, acordado con 60 entidades del sector para fomentar las exportaciones del campo, ni la creación de nuevas universidades, una de ellas en Entre Ríos.

04-02-2023 / 11:02
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