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Nacionales - 12-01-2022 / 11:01
ESTÁ AL HORNO POR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA MESA JUDICIAL BONAERENSE Y LA "GESTAPO" MACRISTA

María Eugenia Vidal fue imputada en la Justicia por la persecución a sindicalistas

María Eugenia Vidal fue imputada en la Justicia por la persecución a sindicalistas
Pobre Mariu, está al horno la angelita del Señor... la van a juzgar y ella no sabía nada de ese tipo de reuniones..... Va a tener que hablar con Julio Conte Grand, el procurador macrista, para que le solucione este problemita... porque es una “mosquita muerta”, más bien una “víctima”, de expresión ingenua e inofensiva. Pero, el saber popular señala que "esas son las peores".
La causa sobre la "Gestapo" antisindical y la mesa judicial bonaerense avanza sobre el papel de la ex goberandora María Eugenia "Mosquita Muerta" Vidal. La fiscal Ana Russo pidió hacer un entrecruzamiento de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de la actual diputada de Juntos por el Cambio y los de todos los exfuncionarios presentes en la reunión en el Banco Provincia del 15 de junio de 2017 donde su exministro de trabajo, Marcelo Villegas, y otros hombres del gabinete provincial, planificaban el armado de causas contra dirigentes sindicales y daban instrucciones a empresarios.
 
En el dictamen presentado ante el juez Ernesto Kreplak, junto con el pedido de análisis de comunicaciones la fiscalía aclara que "la acción penal" no sólo se dirige a quienes estaban en el encuentro en cuestión, sino contra "toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos...". Como es evidente, esto habla de Vidal y de otros nombres que puedan surgir de la investigación.
 
La semana pasada, en su demorada aparición pública tras la difusión del video que dio origen al expediente, Vidal intentó darle una pátina de legalidad al encuentro en el Bapro, con el argumento de que se trató de una simple y habitual "una reunión de trabajo". Un elemento central que pone en duda de plano ese concepto es que ninguno de los asistentes registró su entrada al edificio del Banco Provincia, como es habitual. Un ángulo adicional y no menor de la afirmación de la exgobernadora es que reconoce la reunión.
 
Pero lo que no puede explicar es la presencia de tres altos directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dos de los cuales --Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos, y Darío Biorci, exjefe de gabinete del organismo-- tuvieron un papel central en la conversación, que incluyó instrucciones para que los empresarios presentes dieran el puntapié para denuncias penales truchas contra sindicalistas, entre quienes mencionan en particular al dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina.
 
En la peculiar teoría de Vidal, son los espías quienes deben explicar qué hacían ahí ya que el resto no sabía quiénes eran, pese a que interactuaban con total naturalidad y se repartían el speech.
 
Pobre Mariu, está al horno la angelita del Señor... la van a juzgar y ella no sabía nada de ese tipo de reuniones..... Va a tener que hablar con Julio Conte Grand, el procurador macrista, para que le solucione este problemita... porque es una "mosquita muerta", más bien una "víctima", de expresión ingenua e inofensiva. Pero, el saber popular señala que "esas son las peores".
 
La Opinión Popular
 

 
Ausencias bajo sospecha
  
Según la fiscala Russo puede ser tan importante lo que se ve en la filmación del encuentro que entregó la AFI y dio origen a la causa como el papel de otras personas que no estaban presentes. De ahí que hiciera lugar al pedido de entrecruzamiento de llamadas que había hecho la querella de Medina, que incluye a Vidal. El dictamen pide que el análisis abarque las comunicaciones dentro del período entre el 1 de mayo de 2017 y diciembre del mismo año.
 
Vidal era, cuanto menos, la máxima autoridad política por sobre Villegas y los otros miembros de su gabinete presentes, que eran Roberto Gigante, exministro de Infraestructura, y el exsubsecretario de Justicia y antes fiscal Adrián Grassi, hoy mano derecha de Carolina Stanley en el Ministerio Público tutelar porteño. En la mesa también, como es conocido, también estaban el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan.
 
Las reiteradas acusaciones de la exgobernadora sobre Medina de la misma época fueron públicas y conocidas. Otro dato que seguramente cobrará relevancia es que la sede del Bapro escenario del cónclave en cuestión, también solía ser el lugar utilizado por Vidal cuando no iba a La Plata.
 
En el mismo escrito Russo extendió la imputación a todas las personas que estaban presentes en la mesa, lo que incluye a los empresarios, como informó Página/12, y especificó la hipótesis investigada: "la supuesta organización de una estrategia elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata". También precisa posibles delitos: asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y violación a la Ley de Inteligencia.
 
 
Teléfonos encriptados
  
Otra de las nuevas medidas que impulsó la fiscalía apunta a saber quiénes de las personas investigadas utilizaban teléfonos encriptados de la AFI. Como reveló este diario en 2020, Vidal era una de las destinatarias de esos aparatos que compró el organismo de inteligencia y cuyas facturas pagaba también, y que tienen la característica de que sus comunicaciones no se pueden interceptar ni rastrear.
 
No fue la única que los recibió por fuera del Poder Ejecutivo Nacional. También se le otorgó uno a su exjefe de gabinete, Federico Salvai, al exministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo y al procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand.
 
Son nombres significativos en esta trama, que aparecen de manera explícita en otra denuncia presentada ante Kreplak por Alberto Pérez, el exjefe de gabinete de Daniel Scioli, quien entregó dos grabaciones atribuidas al subcomisario Hernán Casassa donde describe el funcionamiento de la mesa judicial y la relaciona con el área de Asuntos Internos de la policía bonaerense. Según el criterio de la fiscalía, en algún momento y si hay pruebas, todo podría integrar una misma hipótesis.
 
Russo también pidió a los jueces de Comodoro Py que tramitan causa por espionaje y también al juzgado federal de Dolores acceso a los análisis que se hayan hecho de las comunicaciones de los tres espías presentes en la reunión de la "Gestapo".
 
 
Las cámaras
  
Como informó este diario, las imágenes de las cámaras que estaban en el salón del séptimo piso del BaPro y que registraron la reunión de la mesa judicial bonaerense tenían un sello de agua de una empresa norteamericana llamada Axis. Ante una solicitud de la Comisión de Bicameral de Inteligencia, la firma informó que no es ella la que provee el servicio en Argentina donde, en cambio, tiene dos distribuidoras, Anixter Argentina S.A. y Distecna S.A., a las que ahora se les requirió información para establecer quién compró o alquiló los aparatos.
 
La principal hipótesis señala a la AFI, que conducían el amigo de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y Silvia Majdalani, y que como quedó claro en una de las causas de espionaje hacía inteligencia sobre el propio macrismo (aunque para la Cámara Federal se trató de unos agentes cuentapropistas).
 
Tampoco se descarta que haya intervenido alguna empresa que prestara servicios simultáneamente al banco y al organismo, pero está por verse. Las cámaras tenían memoria propia, ni siquiera necesitaban cables. El juez Kreplak también rastrea en la causa judicial la contratación de las cámaras.
 
Esta semana será clave la actividad de la Bicameral donde, la subcomisión destinada a investigar este tema, convocó a los empresarios que se reunieron con Villegas, los agentes de la AFI y compañía. También está citado el jueves el subcomisario Casassa y están convocados agentes que trabajaban en el área técnica del organismo de inteligencia que podrían tener relación con la instalación de las cámaras.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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23-01-2022 / 10:01
Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal.
 
Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla.
 
Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D'Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación.
 
Tal vez el llamado escándalo de la "gestapro" macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a "la institución Corte Suprema": en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros.
 
La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
 
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino.
 
No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso).
 
La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla  en el patético video sean el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
 
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? 
 

23-01-2022 / 10:01
El presidente Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. "Momento bisagra", "relanzamiento" se exigen en su torno.
 
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
 
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
 
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
 
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días... un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Casa Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
 
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles.
 
El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra...
 

22-01-2022 / 09:01
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 08:01
El mismo día que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció un gabinete de centroizquierda con mayoría de mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó públicamente al Fondo Monetario por las exigencias que planteó a la Argentina y se conoció una nueva encuesta en Brasil que da ganador a Lula con mucha diferencia sobre Jair Bolsonaro.
 
La crítica pública de López Obrador al FMI por su actitud cerrada con Argentina es un síntoma muy fuerte de que esta negociación se ubicó en el centro de atención latinoamericano. Los gobiernos de la región visualizan claramente --como lo puntualizó el presidente mexicano-- que el préstamo fue político, para "ayudar al presidente anterior en las elecciones" y que otorgarlo fue una gran equivocación desde el punto de vista técnico. Con ese antecedente, agregó "ahora no pueden plantear exigencias que empobrezcan más a los argentinos".
 
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de este año en Colombia.
 
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
 
El Fondo Monetario maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce -como ya lo hizo-- que el crédito fue un "error" y que "no se tomaron todos los recaudos", tendrían que denunciar ante la justicia al ex presidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por "malversación de fondos públicos".
 
El Fondo tiene que estar atento también al nuevo color político que presenta la región. El préstamo a la Argentina de Macri es un escándalo en las finanzas internacionales. Allí fueron estafados el pueblo argentino y el de los países que conforman el Fondo. No es una negociación más, como las que tiene el Fondo con otros deudores. En este caso, la cifra es escandalosa, el acuerdo de pagos es absurdo y la situación política en la que se otorgó es muy obvia.
 

21-01-2022 / 08:01
Como nunca hasta ahora, en la soledad de su aislamiento preventivo en Olivos, Alberto Fernández coquetea con la alternativa de demorar el pago del próximo vencimiento con el Fondo Monetario para intentar forzar un vuelco en el último tramo de la negociación. Es una cuota de capital que vence el viernes próximo por U$S 725 millones y una de intereses por otros U$S 141 millones que debería cubrirse el martes siguiente, primer día de febrero.
 
La discusión hierve en la mesa chica presidencial y al interior del equipo económico, donde algunos roles cambiaron con el giro del calendario. A 50 días de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central ya no alcanzan, en los tres campamentos del oficialismo coinciden en que las tratativas están empantanadas por el endurecimiento del Fondo.
 
Aunque la situación puede variar en cuestión de horas, las condiciones que exige Washington para refinanciar la brutal deuda que dejó como herencia Mauricio Macri son inaceptables para el Frente de Todos.
 
El sapo más difícil de tragar para el oficialismo no es el sendero de ajuste fiscal que exige el staff del FMI -una reducción del déficit del 1% del PBI anual en vez del 0,7% que propone el Ministerio de Economía- sino el mecanismo de "enforcement" (aplicación) de las condiciones que se vayan a fijar en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años.
 
Lo que funcionarios del Tesoro estadounidense le reconfirmaron a Martín Guzmán en diciembre es que las revisiones trimestrales del eventual acuerdo serían estrictamente técnicas y vinculantes, lo cual implica que cada desembolso para cubrir cada cuota de la deuda que dejó Macri estaría condicionado al cumplimiento de las metas del trimestre anterior. La evaluación de ese cumplimiento, además, estaría 100% en manos del staff, sin salvaguarda política alguna ni intervención formal del Directorio.
 
La pregunta que se hace ahora el establishment es si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensa la cuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI, que -más allá del terrorismo mediático- no están del todo claras.
 

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