La Opinión Popular
                  03:15  |  Lunes 24 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“En política no hay que reír ni llorar, sólo comprender”, Baruch Spinoza. "La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva", José Saramago.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 02-01-2022 / 08:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Alberto Fernández y la obligación de crecer en año par

Alberto Fernández y la obligación de crecer en año par
Para el Frente de Todos, romper con esa maldición de años pares resulta imperativo. El crecimiento económico, que el año pasado estuvo entre los más importantes del planeta, en torno al 10 por ciento, y que permitió recuperar niveles de actividad similares a los de prepandemia, es el argumento principal que exhibe el gobierno de Alberto Fernández frente a críticas internas y externas.
2022, año par. Según el esquema practicado durante los últimos años de gobierno de Cristina Fernández, el momento de hacer las correcciones necesarias para iniciar un nuevo despegue doce meses más tarde, ya cerca de la temporada electoral.
 
La receta la replicó Mauricio Macri en el primer bienio de su mandato. En 2018, la crisis financiera arrastró al país a la recesión. En 2020 la pandemia no dejó nada en pie. Así transcurrió una década desde la última vez que la Argentina tuvo dos años de crecimiento consecutivo, en 2011 y 2012. Demasiado tiempo, bajo cualquier criterio de evaluación.
 
Para el Frente de Todos, romper con esa maldición de años pares resulta imperativo. El crecimiento económico, que el año pasado estuvo entre los más importantes del planeta, en torno al 10 por ciento, y que permitió recuperar niveles de actividad similares a los de prepandemia, es el argumento principal que exhibe el gobierno de Alberto Fernández frente a críticas internas y externas.
 
En estas circunstancias, una interrupción de ese proceso virtuoso puede traer consigo consecuencias políticas severas e impredecibles. En primer lugar: sin 2022 no parece haber un 2023 posible para el peronismo.
 
El crecimiento, sin embargo, no es la única condición para la supervivencia de este proyecto político, al menos bajo esta configuración. Si las elecciones del año pasado dejaron una lección es que la propuesta actual de crecer sin redistribuir tiene patas cortas.
 
Cuando los números cierran con la gente afuera, eso tiene un costo electoral y este gobierno no parece tener herramientas para compensarlo por otro lado. La recuperación del poder adquisitivo todavía es demasiado tímida y existen dudas genuinas sobre cuánto combustible queda el tanque para darle un impulso desde las arcas estatales.
 
El problema más difícil a la hora de ordenar precios y salarios es la inflación, que después de un lustro de devaluaciones súbitas, políticas monetarias erráticas, especulación y poca efectividad estatal para contener el valor de los productos de la canasta básica resulta extremadamente difícil de controlar y parece escapar siempre unos puntos después de cada actualización paritaria.
 
En off the record, en el gobierno ya aceptan que será difícil una baja sostenible de la inflación antes de ordenar otras variables. Deberán encontrar un mecanismo para que los sueldos suban más rápido que los precios, en ese caso.
 

 
Semejante rompecabezas resultaría, por sí solo, complejo de resolver para cualquier gobierno, sin necesidad de agregarle el peso de una deuda tan grande e incobrable que cuesta encontrar antecedentes en la historia moderna de todo el planeta; un Poder Judicial que le declaró la guerra al Ejecutivo, incurriendo en prevaricato de forma reiterada y en múltiples instancias; una oposición con bastante desapego por las normas básicas de la democracia encabezada por un mafioso que condiciona el tablero político utilizando redes de espionaje para comprometer a propios y ajenos. Menudo desafío.
 
En ese contexto, en lo inmediato, el gobierno tiene dos cuestiones que resolver en las primeras semanas del año si quiere romper con la maldición de los pares y llegar en condiciones competitivas a la próxima cita con las urnas. En primer lugar, el congelamiento de precios que concluye el 7 de enero y deberá ser reemplazado por otro mecanismo que regule el acceso masivo a productos de la canasta básica. En segundo lugar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que debe firmarse antes de que culmine la temporada estival para evitar entrar en cesación de pagos.
 
Respecto a los precios, el gobierno viene trabajando desde hace varias semanas en un acuerdo con las principales empresas productoras para acotar los aumentos durante todo el año, trazando por anticipado un sendero de actualizaciones que nunca superen el 2 por ciento mensual. Por ahora sus interlocutores se resisten a aceptar ese esquema, que alcanza a más de 1350 productos de la góndola. En la Casa Rosada esperan que a medida que se acerque el deadline, en una semana, habrá más predisposición de acordar porque no quieren que el programa se prorrogue de forma unilateral tal cual está ahora.
 
El problema es que un acuerdo de esas características está condenado a fracasar si no tiene un fuerte compromiso de todas las partes. De lo contrario, es probable que naufrague en un año en el que deberán actualizarse las demoradas tarifas de energía y combustible, con incidencia en la formación de casi todos los precios, y con un dólar que, en el contexto de un acuerdo con el FMI, ya no podrá servir como ancla para frenar la inercia del resto de la economía. Son fracasos, cuando suceden, que pegan el doble: por la necesidad que no se llega a subsanar y por la expectativa que no se alcanza a cumplir.
 
Washington DC, una ciudad habitada por hombres y mujeres de todas partes de su país y del mundo, queda siempre desierta en la temporada de las fiestas. Recién en unos diez días las oficinas del Fondo retomarán su actividad habitual y el acuerdo con Argentina estará en el tope de las prioridades. Las condiciones formales ya se cumplieron y las charlas entre los equipos técnicos están avanzadas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que para estampar la firma sólo falta "la comprensión de la comunidad internacional sobre el funcionamiento de la economía argentina".
 
Ese mensaje, en una entrevista al diario español El País, tiene dos lecturas posibles y complementarias entre sí. Por un lado, porque la Argentina espera un mayor compromiso de los organismos de crédito multilaterales para financiar el déficit previsto para los primeros años del programa sin necesidad de recurrir a una excesiva emisión monetaria. Por el otro, porque todavía falta convencer a varios de los socios importantes del FMI de la necesidad de seguir un sendero diseñado pret a porter por el equipo de Guzmán en lugar de las recetas ortodoxas que suele aplicar el Fondo.
 
Aunque consiguió el valioso apoyo de Francia, Italia y España, China y Rusia, entre otros, todavía hay varios países que ofrecen resistencia a que se le permita a la Argentina desarrollar un programa de estas características. Entre ellos se menciona a Japón y, en menor medida, a Alemania, pero el voto que resultará definitivo a la hora de la verdad es el de los Estados Unidos, que todavía no le ha hecho al gobierno argentino el guiño que Fernández y Guzmán esperan desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, en enero de 2021. La suerte del acuerdo con el FMI, sorprendentemente, depende de Washington.
 
Descartada la posibilidad de estirar el plazo de repago más allá de los diez años que establece el estatuto (aunque se busca incluir una cláusula de país más favorecido para seguir explorando esa posibilidad en negociaciones posteriores), todavía existe una chance, aunque remota, de que se incluya un recorte de sobretasas equivalente a tres puntos porcentuales de intereses o unos mil millones de dólares al año, casi diez mil millones en total. También se espera que los pagos de capital que hizo el país en los últimos meses, por casi cuatro mil millones de dólares, sean reembolsados.
 
Si finalmente si logra avanzar con un acuerdo, si el gobierno consigue además contener los precios lo suficiente como para que los salarios crezcan con las próximas actualizaciones, si se logran acomodar los números de la macroeconomía mientras se pone en marcha un proceso de inclusión social profundo y permanente, quedarán todavía desafíos formidables para el futuro del país y la democracia, con adversarios que demostraron ser tan poderosos como carentes de límites. Pero sin una economía simultáneamente robusta y para todos no será posible dar ninguna de esas batallas.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape 
 

Agreganos como amigo a Facebook
23-01-2022 / 10:01
Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal.
 
Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla.
 
Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D'Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación.
 
Tal vez el llamado escándalo de la "gestapro" macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a "la institución Corte Suprema": en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros.
 
La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
 
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino.
 
No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso).
 
La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla  en el patético video sean el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
 
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? 
 

23-01-2022 / 10:01
El presidente Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. "Momento bisagra", "relanzamiento" se exigen en su torno.
 
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
 
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
 
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
 
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días... un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Casa Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
 
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles.
 
El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra...
 

22-01-2022 / 09:01
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 08:01
El mismo día que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció un gabinete de centroizquierda con mayoría de mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó públicamente al Fondo Monetario por las exigencias que planteó a la Argentina y se conoció una nueva encuesta en Brasil que da ganador a Lula con mucha diferencia sobre Jair Bolsonaro.
 
La crítica pública de López Obrador al FMI por su actitud cerrada con Argentina es un síntoma muy fuerte de que esta negociación se ubicó en el centro de atención latinoamericano. Los gobiernos de la región visualizan claramente --como lo puntualizó el presidente mexicano-- que el préstamo fue político, para "ayudar al presidente anterior en las elecciones" y que otorgarlo fue una gran equivocación desde el punto de vista técnico. Con ese antecedente, agregó "ahora no pueden plantear exigencias que empobrezcan más a los argentinos".
 
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de este año en Colombia.
 
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
 
El Fondo Monetario maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce -como ya lo hizo-- que el crédito fue un "error" y que "no se tomaron todos los recaudos", tendrían que denunciar ante la justicia al ex presidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por "malversación de fondos públicos".
 
El Fondo tiene que estar atento también al nuevo color político que presenta la región. El préstamo a la Argentina de Macri es un escándalo en las finanzas internacionales. Allí fueron estafados el pueblo argentino y el de los países que conforman el Fondo. No es una negociación más, como las que tiene el Fondo con otros deudores. En este caso, la cifra es escandalosa, el acuerdo de pagos es absurdo y la situación política en la que se otorgó es muy obvia.
 

21-01-2022 / 08:01
Como nunca hasta ahora, en la soledad de su aislamiento preventivo en Olivos, Alberto Fernández coquetea con la alternativa de demorar el pago del próximo vencimiento con el Fondo Monetario para intentar forzar un vuelco en el último tramo de la negociación. Es una cuota de capital que vence el viernes próximo por U$S 725 millones y una de intereses por otros U$S 141 millones que debería cubrirse el martes siguiente, primer día de febrero.
 
La discusión hierve en la mesa chica presidencial y al interior del equipo económico, donde algunos roles cambiaron con el giro del calendario. A 50 días de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central ya no alcanzan, en los tres campamentos del oficialismo coinciden en que las tratativas están empantanadas por el endurecimiento del Fondo.
 
Aunque la situación puede variar en cuestión de horas, las condiciones que exige Washington para refinanciar la brutal deuda que dejó como herencia Mauricio Macri son inaceptables para el Frente de Todos.
 
El sapo más difícil de tragar para el oficialismo no es el sendero de ajuste fiscal que exige el staff del FMI -una reducción del déficit del 1% del PBI anual en vez del 0,7% que propone el Ministerio de Economía- sino el mecanismo de "enforcement" (aplicación) de las condiciones que se vayan a fijar en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años.
 
Lo que funcionarios del Tesoro estadounidense le reconfirmaron a Martín Guzmán en diciembre es que las revisiones trimestrales del eventual acuerdo serían estrictamente técnicas y vinculantes, lo cual implica que cada desembolso para cubrir cada cuota de la deuda que dejó Macri estaría condicionado al cumplimiento de las metas del trimestre anterior. La evaluación de ese cumplimiento, además, estaría 100% en manos del staff, sin salvaguarda política alguna ni intervención formal del Directorio.
 
La pregunta que se hace ahora el establishment es si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensa la cuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI, que -más allá del terrorismo mediático- no están del todo claras.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar