Nacionales - 19-07-2021 / 16:07
"TIENE UNA PENA DE 30 AÑOS DE PRISIÓN"
Macri también habría enviado municiones de EE.UU. a Bolivia
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, advirtió que ese delito está penado con hasta 30 años de prisión. En paralelo, la UIF pidió tener acceso a la causa iniciada en Argentina para evaluar si hubo algún delito por parte de funcionarios de la Aduana.
¿Mauricio Macri trianguló el golpe con Estados Unidos? Se continúa profundizando la denuncia de Bolivia por el envío de material represivo durante el gobierno de Macri para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales y ahora se testifica que también se habrían enviado municiones estadounidenses.
La afirmación fue realizada por el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien este lunes participó de una conferencia junto al ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, donde se exhibió parte del material que mandó Macri para reprimir.
"En el lote donde estaba gran parte del arsenal (enviado desde Argentina) había granadas de gases de Estados Unidos. Lo que no se sabe es si estaban antes o llegaron junto con lo que envió Argentina", señaló Basteiro.
"Es cierto que me sorprendió cuando encontré la nota y confirmamos que Argentina había enviado armamento en medio del golpe de Estado. Pero si hicieron una triangulación con Estados Unidos, me sorprendería más por lo arriesgado e impune que podría ser una acción como esta", afirmó el embajador.
Basteiro recordó que en Estados Unidos "está preso el ministro de Gobierno de (Jeanine) Añez por haber ingresado en una triangulación con Brasil gases lacrimógenos, a través de una compra que era totalmente irregular".
Finalmente, el diplomático llamó a "investigar dos cuestiones": que al momento del golpe "había dos agentes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), uno en Santa Cruz y otro en la Paz", y que "había personal de la CIA que no estaba en el país hace años", y definió esta última circunstancia como "algo extraño".
En tanto, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, hizo una presentación del armamento enviado desde Argentina, una parte de lo cual entró de "manera ilegal, sin registros". "El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión", advirtió.
"En el Hércules C130 argentino venia munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas", afirmó el ministro, que dijo que es probable que hayan mandado más material represivo que aún no fue detectado.
En línea con los dichos de Basteiro, Del Castillo dijo que "existía un plan continental para reprimir al pueblo boliviano" a través del pedido de apoyo de material bélico a Argentina y Ecuador que podía anticiparse desde el 24 de julio del 2019 cuando el Gobierno del ex presidente Donald Trump habló "de un supuesto fraude electoral sin prueba alguna".
La Opinión Popular
CAUSA JUDICIAL
Bolivia confirmó que las armas ingresaron de manera ilegal
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó que en noviembre de 2019 "ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a Bolivia, lo que constituye "tráfico ilícito de municiones" y "está penado con 30 años de prisión".
Del Castillo hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia de prensa en la que se informó que "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia" que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019, durante las últimas semanas del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, con el argumento de defender la embajada argentina en el La Paz.
"El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de la Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando", dijo Del Castillo, quien mostró parte del armamento hallado en bodegas.
Algunas de estas balas estaban escondidas en bolsas rotuladas como "guantes" y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron, precisó Del Castillo.
Aun así, el informe interno que elaboró el Ministerio de Seguridad de Sabina Frederic determinó que en noviembre de 2019, durante las últimas semanas de gestión de su antecesora Patricia Bullrich, fueron enviadas a Bolivia también granadas de gas, escopetas, fusiles y armas automáticas.
La última semana, el ministro de Justicia, Martín Soria, ya advirtió que Macri podría ser extraditado a Bolivia en el marco de la causa en la que ese país investiga el tráfico de armas por parte de Argentina.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este lunes al juez en lo penal económico Javier López Biscayart tener acceso a la causa en la que la justicia argentina investiga el envío del material represivo a Bolivia, para evaluar si pudo haber algún delito por parte de funcionarios de la Aduana.
El organismo solicitó "tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados", informaron fuentes de la UIF.
La semana pasada, el fiscal de la causa, Claudio Navas Rial, imputó a Macri, a Bullrich y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y pidió al juzgado habilitar la feria judicial para avanzar con medidas de prueba.
López Biscayart debe decidir si acepta este pedido y analizar las pruebas que pidió el fiscal.
La UIF, por su parte, presentó un escrito en el que sostuvo que en la maniobra pudo haber "la falta de control por parte de empleados y empleadas de la Aduana con la participación de funcionarios y funcionarias que ostentaban, al momento de los hechos, las máximas responsabilidades institucionales en la Administración de los bienes del Estado".
Esto "daría pie para investigar también la traza del equipamiento, su destino final, y su eventual introducción en el mercado ilegal de armas"
La UIF aludió a los posibles delitos de contrabando agravado de armamento bélico, malversación de caudales públicos y un delito precedente, lavado de activos a través del contrabando.
Fuente: BAE Negocios