12:14 | Sabado 20 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Internacionales - 09-05-2021 / 21:05
Victoria de Nicaragua sobre EE.UU. en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya
Tanques de combustible destruidos con explosivos puesto por los EE.UU. en Nicaragua.
El 10 de mayo de 1984, el Tribunal Internacional de La Haya sentencia que Estados Unidos suspenda el bloqueo de los puertos de Nicaragua y retire las minas. Fue una gran batalla que libró Nicaragua en la CIJ, y que la ganó el pueblo nicaragüense. El Tribunal dijo que Estados Unidos tiene que suspender la guerra, el minado, las agresiones contra Nicaragua e indemnizarla por un monto de 17 mil millones de dólares.
"Los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la contra o de otra manera alentar, apoyar y ayudar en la ejecución de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, ha actuado, contra la República de Nicaragua, en violación de su obligación según el derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado", dijo la sentencia.
La Opinión Popular
El 9 de abril de 1984, el gobierno de Nicaragua solicitó abrir proceso judicial contra Estados Unidos por actividades violatorias del derecho internacional en su contra. La solicitud además pide a la Corte dictar medidas provisionales de protección, específicamente, que la Corte ordene el cese inmediato de todo apoyo de Estados Unidos a la contra.
La petición fundamental de Nicaragua es que la Corte declare ilegales todas las actividades encubiertas patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno nicaragüense.
Destacan el ataque perpetrado por unos 6.000 "contras" en territorio nicaragüense en marzo de 1984, el minado de los principales puertos de Nicaragua con el objetivo de aislar económicamente al país y donde resultaron dañados buques de propiedad holandesa, panameña, soviética, japonesa y británica. Esto además del abierto esfuerzo de la administración Reagan para obtener 21 millones de dólares para apoyar las actividades de los contras.
Las alegaciones de los sandinistas son que todas estas actividades violan el derecho internacional y las cartas de la ONU y la OEA, en particular los principios de: I) no recurrir a la fuerza o a la amenaza de la fuerza en las relaciones con otros Estados, II) no violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado y III) no violar la libertad de los mares o impedir el comercio marítimo pacífico.
Los Estados Unidos rehusaron participar en la fase de evaluación de los méritos del caso, sin embargo la Corte decidió que la negativa de los Estados Unidos no le impedía tomar una decisión. La Corte también rechazó la defensa de los Estados Unidos argumentando que sus acciones constituían defensa propia colectiva.
Los Estados Unidos arguyeron que la Corte no tenía jurisdicción. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, desdeñó a la Corte como un «cuerpo medio legal, medio jurídico (y) medio político que las naciones a veces aceptan y a veces no y mencionó que la Liga Premier era mejor». La Corte cuestionó tales alegaciones, aunque entre los jueces mismos una parte significativa del debate se centró en la jurisdicción y los poderes de la Corte.
El 3 de noviembre de 1986 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para presionar a los Estados Unidos a pagar la multa. Únicamente El Salvador e Israel, cuyos gobiernos son fuertes aliados de los Estados Unidos, votaron a favor de dicho país.
Fuente: tercerainformacion.es
La Opinión Popular
El 9 de abril de 1984, el gobierno de Nicaragua solicitó abrir proceso judicial contra Estados Unidos por actividades violatorias del derecho internacional en su contra. La solicitud además pide a la Corte dictar medidas provisionales de protección, específicamente, que la Corte ordene el cese inmediato de todo apoyo de Estados Unidos a la contra.
La petición fundamental de Nicaragua es que la Corte declare ilegales todas las actividades encubiertas patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno nicaragüense.
Destacan el ataque perpetrado por unos 6.000 "contras" en territorio nicaragüense en marzo de 1984, el minado de los principales puertos de Nicaragua con el objetivo de aislar económicamente al país y donde resultaron dañados buques de propiedad holandesa, panameña, soviética, japonesa y británica. Esto además del abierto esfuerzo de la administración Reagan para obtener 21 millones de dólares para apoyar las actividades de los contras.
Las alegaciones de los sandinistas son que todas estas actividades violan el derecho internacional y las cartas de la ONU y la OEA, en particular los principios de: I) no recurrir a la fuerza o a la amenaza de la fuerza en las relaciones con otros Estados, II) no violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado y III) no violar la libertad de los mares o impedir el comercio marítimo pacífico.
Los Estados Unidos rehusaron participar en la fase de evaluación de los méritos del caso, sin embargo la Corte decidió que la negativa de los Estados Unidos no le impedía tomar una decisión. La Corte también rechazó la defensa de los Estados Unidos argumentando que sus acciones constituían defensa propia colectiva.
Los Estados Unidos arguyeron que la Corte no tenía jurisdicción. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, desdeñó a la Corte como un «cuerpo medio legal, medio jurídico (y) medio político que las naciones a veces aceptan y a veces no y mencionó que la Liga Premier era mejor». La Corte cuestionó tales alegaciones, aunque entre los jueces mismos una parte significativa del debate se centró en la jurisdicción y los poderes de la Corte.
El 3 de noviembre de 1986 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para presionar a los Estados Unidos a pagar la multa. Únicamente El Salvador e Israel, cuyos gobiernos son fuertes aliados de los Estados Unidos, votaron a favor de dicho país.
Fuente: tercerainformacion.es
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