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Nacionales - 14-01-2021 / 10:01
PERITAN SU EVOLUCIÓN PATRIMONIAL POR LAVADO DE DINERO

Investigan el dinero oculto de Alberto Nisman y embargaron los bienes de su familia

Investigan el dinero oculto de Alberto Nisman y embargaron los bienes de su familia
La muerte de Alberto Nisman fue y es usada hasta el cansancio para la batalla política contra el ex gobierno de Cristina Fernández, aunque la aparición de tantos elementos que exhiben la doble vida del fiscal, en lo económico, lo personal, lo político y lo judicial, golpearon duramente en la campaña que se intentó instalar. Por eso, habrá que ver si la Corte interviene en un expediente tan caliente. El dinero oculto de Nisman fue una causa-tabú y ahora, de a poco, tal vez vaya saliendo de las sombras.
En los seis años transcurridos desde la muerte de Alberto Nisman -el aniversario se cumple el lunes próximo-, las pruebas indicarían que el fiscal se suicidó en el baño de su departamento, en el edificio Le Parc. Por el contrario, en estos seis años no fue posible esclarecer el origen de la fortuna oculta que tenía Nisman, empezando por más de 600 mil dólares descubiertos en una cuenta en Nueva York.
 
Para tapar las cosas, la coalición judicial-política-mediática con sede en Comodoro Py puso a cargo de la causa a su stopper tradicional: el fallecido juez Claudio Bonadio. Pero tras la muerte del magistrado, el nuevo juez, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó medidas impactantes: por de pronto dispuso que un cuerpo de peritos especializado en corrupción analice la evolución patrimonial de Nisman y de su familia, incluyendo específicamente la cuenta del Merrill Lynch de Nueva York.
 
Pero, además, Martínez de Giorgi ordenó el embargo de todos los bienes que fueron de Nisman, de su madre y de su hermana, e incluso dispuso la intervención de dos empresas que prestaron la lujosa camioneta Audi que usaba el fiscal. Para redondear, el magistrado pidió copias de la causa por la desaparición de un financista, Damián Stefanini, del que no se sabe nada desde 2014, y que figura habiéndole depositado 150 mil dólares a Nisman en la cuenta neoyorquina.
 
El delito que se investiga es el de lavado de dinero, ya que consistió en el ocultamiento y disimulo de dinero proveniente de un delito. La cifra total que Nisman tenía oculta no pudo ser determinada hasta ahora. En principio está la cuenta de Nueva York que, según parece, tenía un saldo de 660 mil dólares. 
 

 
Pero, además, aparecieron dos departamentos en la calle Dorrego, en pleno Palermo Hollywood, y tres terrenos en el complejo Pueblomio de Punta del Este. Hay una porción de la fortuna que está en el misterio total y que es el contenido de las cuatro cajas de seguridad en bancos y en una empresa privada de caudales que la madre de Nisman, Sara Garfunkel, vació después de la muerte del fiscal.
 
Existe un dato al que tampoco se pudo acceder nunca: una cuenta de Nisman, supuestamente en Colonia, Uruguay. La información que se publicó en su momento daba cuenta de transferencias que sumaban unos 280 mil dólares provenientes de Israel. Quien habría mandado ese dinero, en forma clandestina, era el megamillonario Sheldon Adelson, el Rey de Las Vegas, dueño de algunos de los casinos de mayor envergadura, fallecido este lunes a los 87 años.
 
Adelson fue uno de los mayores financistas de las campañas de Donald Trump y respaldó con fondos a una gran cantidad de fundaciones de derecha, entre ellas la Fundación para la Defensa de la Democracia (FDD según las siglas en inglés). La sospecha es que el dinero venía, justamente, de esas organizaciones que, en el terreno geopolítico, favorecieron el bombardeo de Irán. El Banco Central de Uruguay nunca acreditó la existencia de la cuenta en Colonia pero se sospecha que eran fondos off-shore que se manejaban desde allí, dinero que fugaban y escondían ciudadanos argentinos.
 
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Comenzaron a investigar el patrimonio de Alberto Nisman y embargaron los bienes de su familia
 
La medida se tomó en el marco de una causa por lavado de dinero que se inició tras la muerte del fiscal, de la que el lunes se cumplen seis años, a raíz de una cuenta bancaria en Estados Unidos, que nunca fue declarada y que tenía 600 mil dólares. Se hará un peritaje. Las medidas alcanzan a Diego Lagomarisno y a un empresario
 
Por Patricia Blanco y Martín Angulo
 
Un mes después de que el fiscal Alberto Nisman fuera encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015 -el lunes se cumplirán seis años-, se conoció que tenía una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos, con 600 mil dólares. Su ex pareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, llevó la información a la justicia y se inició una causa por lavado de dinero. En ese expediente, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó a fines de noviembre una serie de medidas que hasta ahora no se conocían.
 
El magistrado dispuso investigar y peritar el patrimonio de Nisman, de su madre Sara Garfunkel, de su hermana Sandra Nisman y del perito Diego Lagomarsino, que está procesado como partícipe de un homicidio en la causa de la muerte del fiscal. Los cuatro tenían una cuenta en el Merrill Lynch Bank of America Corporation, con sede en Nueva York. Además, el juez dispuso "el embargo preventivo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles" de Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarisno y pidió analizar la causa por la sucesión de los bienes de Nisman, quien estaba a cargo de la Unidad Fiscal que investigaba el atentado a la AMIA. La misma medida alcanza al Claudio Picón.
 
De Giorgi explicó en su resolución, a la que accedió Infobae, que tomaba las medidas "ante la existencia de confusión económica y entrecruzamiento entre los imputados".
 
A principios de marzo de 2015, Arroyo Salgado se presentó ante la fiscal Viviana Fein -la primera que tuvo la causa por la muerte- y reveló que Sandra Nisman la había llamando de urgencia para contarle sobre una cuenta que tenía con su hermano y su madre en un banco en Estados Unidos. Según Arroyo Salgado, Sandra le dijo que Nisman afirmaba que era una cuenta con plata para sus dos hijas y que para operarla necesitaba una clave que no tenía. Y Arroyo dijo que nunca supo de la existencia de esa cuenta.
 
La primera pregunta fue si, ante la revelación de esa cuenta, podía surgir una hipótesis económica sobre la muerte del fiscal. Pero solo quedó en hipótesis. Lo que sí surgió fue una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se investigue un posible lavado de dinero por parte de Nisman, usando de pantalla a su familia y a Lagomarsino.
 
El caso quedó a cargo del entonces juez Rodolfo Canicoba Corral (hoy jubilado) y del fiscal Juan Pedro Zoni. Allí se supo que se trataba de la cuenta número 5v3-50653 del banco Merrill Lynch y que fue abierta el 7 de marzo de 2002 por Sara Garfunkel y Sandra Nisman como titulares. El 16 de junio de 2014 se sumó Lagomarsino como titular y Nisman siempre figuró como apoderado.
 
La cuenta tenía movimientos por 666.690 dólares entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014. La dirección asociada a la cuenta es un departamento de la calle Franklin Roosevelt al 2700, que es donde vive Sara Garfunkel. Ninguno de ellos la consignó en sus declaraciones juradas.
 
Lagomarisno declaró que Nisman le había pedido que fuera titular de la cuenta porque él como fiscal era una Persona Políticamente Expuesta y que así podía evitar pagar más impuestos. A su vez, el perito informático que trabajaba para Nisman contó que solo hizo una transferencia bancaria a Uruguay por 2.500 dólares. Lagomarsino fue quien le llevó al departamento de Puerto Madero el arma de la que salió el disparo que terminó con su vida. Está procesado como partícipe de un homicidio y sostiene que llevó el arma a pedido de Nisman y que no formó parte de ningún plan para matarlo.
 
En agosto de 2015, el juez Canicoba Corral citó a Lagomarsino, a Garfunkel, a Sandra Nisman y a Picón a declaración indagatoria por presunto lavado de dinero. Pero no se concretó. El magistrado fue apartado de la causa por la Cámara Federal a pedido de Pablo Lanusse, abogado de Garfunkel y Nisman, por temor de parcialidad en base a declaraciones públicas que había hecho sobre la causa.
 
Picón es un empresario vinculado a Nisman y a sus movimientos de dinero. Su nombre apareció cuando se comenzó a investigar el lavado. Es el dueño de "Palermopack SA", empresa propietaria de un auto Audi que manejaba Nisman. También está vinculado a la participación de Sara Garfunkel en el "Fideicomiso Dorrego 1771", donde es propietaria de dos unidades y dos cocheras. Además, Picón hizo depósitos en la cuenta de Estados Unidos y en el departamento de Nisman se encontró un cheque suyo por 200 mil dólares.
 
En ese departamento de Puerto Madero el fiscal fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza. Según la causa judicial, se trató de un homicidio vinculado a una denuncia que había presentado cuatro días antes contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento de los acusados del atentado a la AMIA con la firma del memorándum de entendimiento con Irán.
 
Tras la salida de Canicoba Corral, la causa pasó al juez Claudio Bonadio. Las indagatorias no se concretaron y el expediente quedó en stand by por una serie de planteos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En febrero del año pasado, tras la muerte de Bonadio, quien tomó el expediente fue Martínez De Giorgi.
 
Y en noviembre tuvo una reactivación. Picón se presentó en la causa para pedir que se le permita disponer de una serie de vehículos sobre los que pesaban impedimentos. La Cámara Federal aceptó su planteo y le pidió al juez Martínez De Giorgi que "se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita".
 
En consecuencia, el magistrado tomó una serie de medidas. "Dichas medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito", explicó.
 
Una de esas medidas es la realización de un informe sobre la "evolución económica histórica de los ingresos y egresos de los encausados, Sras. Sara Garfunkel y Sandra Ruth Nisman, Sres. Diego Ángel Lagomarsino y Claudio Picón, como también el Sr. Alberto Natalio Nisman". Se lo pidió al "Cuerpo de Peritos del Poder Judicial especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración Pública" y le envió toda la documentación de la causa. Asimismo, solicitó que se analice información de las bases de ANSES, AFIP, BCRA, NOSIS, FIDELITAS, VERAZ y cualquier otra que pueda aportar datos.
 
"Por otra parte, deberá tenerse como parámetro directriz sus vínculos parentales, conyugales y societarios, herencias recibidas, lugares de trabajo, etc", sostuvo el juez. La defensa de Lagomarsino pidió que esa medida alcance a Arroyo Salgado. Fuentes judiciales dijeron a Infobae que por el momento Martínez De Giorgi no tomó esa decisión.
 
El juez también le pidió a la Procuración General de la Nación el legajo laboral de Nisman para que los peritos tengan constancias de sus ingresos como fiscal. Sobre Alberto Nisman, el magistrado quiere conocer sus bienes. Por eso le solicitó al juzgado civil 99, donde se tramita la sucesión del fiscal, que le remita "el listado del acervo hereditario".
 
Otra decisión del juez fue embargar las cuentas bancarias de Garfunkel, Sandra Nisman, Lagomarsino y Picón. Y lo mismo con sus bienes. "Por ello, y ante la existencia de confusión económica y entrecruzamiento entre los imputados y las sociedades mencionadas en autos, a fin de cumplir con los objetivos y fines señalados (cfr. art. 193 del CPPN) habrá de procederse de conformidad con lo previsto por los arts. 23 y 305 del Código Penal de la Nación, a ordenar el embargo preventivo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de las Sras. Sara Garfunkel, Sandra Ruth Nisman, Diego Angel Lagomarsino y Claudio Picón, todos en el porcentaje de su titularidad y a exclusiva disposición de este Tribunal", dispuso. Explicó que el objetivo de todas las causas por lavado de dinero es recuperar el dinero del delito y que una manera de asegurarlo es embargando bienes que luego se puedan rematar o que queden para el Estado.
 
El juez también busca conocer la relación entre los acusados de la causa. Para eso dispuso un entrecruzamiento de llamados de los teléfonos para saber si estuvieron comunicados. Puntualmente sobre Picón, el juez además ordenó el embargo preventivo de seis vehículos, la intervención de sus empresas "Palermopack S.A." Starpack S.A." y "Easy Pack" por 12 meses.
 
Por último, Martínez De Giorgi pidió información sobre Damián Stefanini. Se trata del empresario que desapareció en octubre de 2014 y registraba depósitos en la cuenta de Nisman en Estados Unidos. El juez requirió al Registro Nacional de Reincidencia si Stefanini tiene antecedentes y a la justicia federal de San Martín y de San Isidro, si existen causas en las que estuvo imputado.
 
La resolución del juez ya fue objetada. La defensa de la madre y la hermana de fiscal apelaron la decisión. El abogado Lanusse sostuvo que las mujeres ya tuvieron sus bienes embargados, que esa decisión está apelada en la Corte y que los plazos que fija la ley para inmovilizar bienes están vencidos. "Las Sras. Sara Garfunkel y Sandra Nisman, pese a haber caducado las medidas cautelares dispuestas, no alteraron su patrimonio", sostuvo la defensa.
 
Fuente: Infobae
 

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26-02-2021 / 10:02
El Laboratorio Richmond de la Argentina informó hoy que, en Moscú, se suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (DRIF) para que se fabrique en la Argentina la vacuna Sputnik V. La producción la hará el Laboratorio Richmond en asociación con Hetero Labs Limited de India.
 
El desarrollo debería garantizar, a mediano plazo, una provisión fluida de la vacuna creada por el Instituto Gamaleya. En el corto plazo, el Gobierno está esperando la señal de largada para la llegada al país de un enorme cargamento de Sputnik V. Se mencionan más de 1.500.000 dosis. La expectativa es que las vacunas arriben al país a principios de la próxima semana.
 
El anuncio hecho por el Laboratorio Richmond redondea las negociaciones que se vienen llevando adelante en Moscú desde hace meses. Nadie sabe todavía si la vacuna contra la covid-19 deberá repetirse cada año porque todavía no está claro cuándo dejan de ser efectivos los anticuerpos creados por las dosis.
 
Sucede que el virus es muy nuevo y, obviamente, nadie pudo nunca experimentar si los anticuerpos siguen siendo efectivos un año o dos después de aplicadas las dosis. De manera que la provisión de vacunas sigue siendo un desafío.
 
La Argentina ya recibió 2.704.000 dosis de tres vacunas, Sputnik V, Oxford/AstraZéneca y Sinopharm. Pero las necesidades son mucho mayores y por eso hay expectativa con la llegada de una nueva partida, de gran envergadura, desde Rusia o India. Los últimos detalles los está cerrando la asesora presidencial Cecilia Nicolini en Moscú, pero se espera el anuncio para hoy mismo. Si la cantidad que viene es la que se señala -más de 1.500.000 dosis- podría empezarse con la vacunación de mayores de 70 en muchísimos otros distritos, y habrá vacunas suficientes para que se avance con los mayores de 60.
 
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26-02-2021 / 10:02
El fiscal ultra macrista Carlos Stornelli tuvo su "renunciamiento histórico" o su día de acting. Se presentó para decir que ya no quiere ser el fiscal de (parte de) la megacausa de espionaje que tramita en Lomas de Zamora y que aún está por verse si no se muda a los tribunales de Comodoro Py. El planteo de Stornelli tiene ribetes absurdos porque la causa en la que se excusa ni siquiera está en Comodoro Py.
 
Stornelli dijo que no puede actuar por razones de "decoro" en el legajo vinculado al espionaje penitenciario porque él es querellante en la causa conocida como "Operativo Puf", que es básicamente un armado trucho en base a las escuchas ilegales a los presos K para torpedear desde los inicios la investigación del espionaje macrista en el juzgado federal de Dolores.
 
El polémico fiscal se presentó sin que nadie se lo pidiera para decir que no va a poder intervenir en el legajo 9 de la causa de Lomas, que involucra el espionaje penitenciario. Lo hizo ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que, a priori, debería tramitar la causa si pasara a Comodoro Py.
 
La jueza le mandó el planteo de Stornelli al presidente de la Sala IV de la Casación Federal, Mariano Borinsky, que le contestó que lo tramitara en el juzgado. Todo era desconcierto en Comodoro Py frente al escrito de cuatro páginas del fiscal.  El argumento es que él es querellante en la causa del "Operativo Puf", pero no dice nada de su calidad de procesado en Dolores y de que todo el año pasado pujó por traer la causa de Lomas a Comodoro Py.
 
El cuestionado Stornelli se ataja con este planteo a lo que era una recusación segura --y en su propio bastión de Comodoro Py-- por múltiples actores. A su situación endeble, se le suma también que uno de sus hijos trabajó en la AFI en 2016. 
 

25-02-2021 / 10:02
25-02-2021 / 09:02
El empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por el delito de lavado de dinero. La condena no solo lo alcanzó a él sino a sus hijos y a otros implicados. El fallo -dictado de manera dividida por el Tribunal Oral Federal N° 4- halló culpable al empresario de Santa Cruz de lavar millones de dólares provenientes de la comisión de delitos. Se trata, según la sentencia, de USD 55 millones que circularon por diversos paraísos fiscales.
 
Báez, cercano desde siempre a Néstor Kirchner, en algunos años se convirtió en un importante empresario de la construcción que terminó ligado a múltiples acuerdos por la obra pública con el Estado nacional y el Gobierno provincial de Santa Cruz. Los negociados con la obra pública son una constante en la política nacional desde hace décadas. La llamada "patria contratista" existió bajo todos los Gobiernos, más allá del signo político. En el listado de apellidos se pueden marcar algunos como Macri, Calcaterra, Bulgheroni y hasta Rocca, entre otros.
 
La derecha macrista aprovecha el tema de la corrupción para construir su agenda política. Mientras critica los supuestos negociados ocurridos en los años K, guarda un potente silencio sobre las causas de corrupción que alcanzan al macrismo y a quienes fueron parte de la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019. Y apenas conocida la sentencia, la derecha macrista, mediática y política, se lanzó a un furioso festejo y a una -aún más furiosa- campaña por ligar esta condena a Cristina, cuando ella ni siquiera figuró en el juicio.
 

24-02-2021 / 10:02
Un informe de The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) expuso las fuertes exigencias que el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer les impuso a países de América Latina. Según se desprende de la investigación, la empresa les ha pedido a algunos países que pongan sus activos soberanos, como edificios de embajadas, bases militares y reservas del Banco Central, como garantía contra el costo de futuros casos legales.
 
El trabajo da cuenta de un retraso de tres meses en el acuerdo de la compra de esta vacuna en algunos países de la región, mientras que en el caso de Argentina y Brasil no se llegó a ningún acuerdo. En el caso de Perú, Pfizer solicitó incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos durante el proceso de negociación.
 
El ahora ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ya había advertido esta situación en reiteradas oportunidades. A fines de diciembre llegó a declarar: "No entendemos por qué Pfizer tiene tantas exigencias de inmunidad y prevención, es como si no le tuvieran fe a la vacuna". A pesar de los constantes intentos del gobierno de Alberto Fernández, la empresa no quiso aceptar los planteos de la administración argentina y no se logró llegar a un acuerdo.
 
"Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos este seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal", confesó un funcionario argentino a The Bureau.
 
El informe publicado revela que funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano, detallaron que los representantes de la empresa exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de ser vacunados. En el caso de Argentina y Brasil, se pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.
 
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