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Sociedad e Interés General - 28-12-2020 / 09:12
28 DE DICIEMBRE DE 1983

El Gobierno Democrático de Alfonsín deroga la Ley de Autoamnistía dictada por la Dictadura Militar

El Gobierno Democrático de Alfonsín deroga la Ley de Autoamnistía dictada por la Dictadura Militar
Raúl Alfonsín.
 
La Ley 22.924, Ley de Pacificación Nacional promulgada el 22 de septiembre de 1983 se hizo conocida como Ley de auto amnistía porque por medio de la misma, los dirigentes de la siniestra dictadura militar, ante la posibilidad de ser enjuiciados por el gobierno que resultara de llamar a elecciones, procuraron dictar una amnistía sobre sí mismos.
 
El candidato presidencial del PJ, Ítalo Argentino Lúder, se pronunció por la validez de la ley en tanto el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín denunció durante su campaña la existencia de un pacto sindical-militar y se comprometió a dejarla sin efecto.
 
Al poco tiempo de asumir como presidente, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley para derogar dicha ley, lo cual se aprobó con la ley n.º 23.040 una semana después, el 28 de diciembre de 1983.
 
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El Gobierno Democrático de Alfonsín deroga la Ley de Autoamnistía dictada por la Dictadura Militar  
Madres de Plaza de Mayo en diciembre de 1983.

 
El artículo n.º 1 de la ley 22.924 declaraba lo siguiente:

ARTICULO 1º - Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos.
 
El artículo n.º 5 de la ley declaraba lo siguiente:

ARTICULO 5º - Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores.1
 
El artículo n.º 12 de la ley declaraba lo siguiente:

ARTICULO 12. - Los Jueces Ordinarios, Federales, Militares u organismos castrenses ante los que se promuevan denuncias o querellas fundadas en la imputación de los delitos y hechos comprendidos en el artículo 1º, las rechazarán sin sustanciación alguna.
 
El candidato presidencial del Partido Justicialista en las elecciones de octubre de 1983, Ítalo Argentino Lúder se pronunció por la validez de la ley en tanto el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín denunció durante su campaña la existencia de un pacto sindical-militar y se comprometió a dejarla sin efecto.
 
Al poco tiempo de asumir como presidente, Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley para derogar dicha ley, lo cual se aprobó con la ley n.º 23.040 una semana después.
 
Dicha derogación fue la primera ley aprobada por el Congreso Argentino tras la restitución de la democracia en 1983.3 Luego de la derogación de la Ley de Pacificación Nacional el Ministerio de Defensa de Raúl Alfonsín comunicó oficialmente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el decreto de procesamiento de los integrantes de las tres primeras juntas militares.
 
La derogación de esta ley permitió llevar a cabo el Juicio a las Juntas que dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.
 
Fuente: Wikipedia

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El Gobierno Democrático de Alfonsín deroga la Ley de Autoamnistía dictada por la Dictadura Militar
25-01-2021 / 19:01
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El 26 de enero de 1972, el Partido Justicialista, como expresión electoral del Movimiento Peronista, proscripto desde 1955, vuelve a obtener su personería jurídica.
 
Se vivía entre gobiernos civiles seudo democráticos (Frondizi, Illia) o dictaduras militares (Aramburu, Onganía, Lanusse) y se convivía en la ilegitimidad política como si fuera normal que así sea. Se daba por aceptado que el peronismo no podía participar de la vida política. De esto se beneficiaban todos los políticos gorilas, especialmente los radicales.
 
Pero, asediadas por el incremento de la protesta social, el fenómeno insurreccional con las sucesivas "puebladas" que se produjeron desde el Cordobazo en 1969 hasta mediados de 1972, y frente al creciente predominio de la guerrilla, las Fuerzas Armadas se vieron ante la necesidad imperiosa de producir una apertura política destinada al restablecimiento del libre juego democrático.
 
La dictadura militar de la "Revolución Argentina", continuadora del proyecto iniciado durante la llamada "Revolución Libertadora", lanzó un plan político: el Gran Acuerdo Nacional (GAN) que pretendía lograr una transición democrática controlada por el poder militar.
 
Luego de reconocer al PJ en la Capital Federal, la justicia electoral extendió la personería política al justicialismo en todo el país. No obstante, este reconocimiento, no implicaba que el proceso de legalización estuviera terminado.
 
En tal sentido, entre febrero y junio de 1972, se intentaría consolidar la estructura partidaria del PJ; formando las distintas conducciones provinciales y perfilando el camino de las candidaturas. 
 
En Córdoba se constituyó el Partido Justicialista y me tocó integrar la primera Junta Provincial del PJ, presidida por el legendario Ricardo Obregón Cano. El que esto escribe tenía 24 años y representaba a la Juventud Revolucionaria Peronista (JRP).

La Legendaria Toma del Frigorífico Lisandro De La Torre
Escribe: Blas García



24-01-2021 / 22:01
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El 25 de enero de 1997 fue asesinado José Luis Cabezas, un reportero gráfico y fotógrafo. Casado y con una hija, su caso se convirtió en el mayor emblema de la lucha de la prensa argentina por la libertad de expresión. La repercusión política fue enorme y derivó en cambios en el gabinete de gobierno de Carlos Saúl Menem y en la pérdida de las elecciones del gobernador Eduardo Duhalde, por entonces candidato presidencial del oficialismo.
 
Su cadáver calcinado fue hallado en la localidad atlántica de General Juan Madariaga, dentro de un auto incendiado, con las manos esposadas a la espalda y dos tiros en la cabeza. Fue después de que tomara, para la revista Noticias, las primeras fotos públicas del empresario Alfredo Yabrán, objeto de una investigación periodística sobre la presunta implicación en casos de corrupción.
 
El asesinato ocurrió durante la gobernación de Duhalde en la Provincia de Buenos Aires, y fue visto como un posible "mensaje mafioso" de la policía de la provincia de Buenos Aires hacia su gestión; "me tiraron un cadáver" declaró. Por su parte el presidente Menemprometió esclarecer el caso; sin embargo recibió fuertes críticas por la posible complicidad en los presuntos negociados investigados.
 
El 2 de febrero de 2000, en juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua los cuatro integrantes de la banda "Los Horneros": Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, así como a Gregorio Ríos, jefe de Seguridad de Yabrán, y los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo.
 
Sin embargo sólo continúan detenidos dos de "Los Horneros", Horacio Braga y José Luis Auge, y no precisamente por la muerte del reportero gráfico, sino por violar las condiciones de los arrestos domiciliarios.
 
El policía Gustavo Prellezo, autor material del crimen del fotógrafo, ya había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por la Cámara de Apelaciones de Dolores y luego se le permitió trasladarse en transportes públicos, en la ciudad de La Plata, para asistir a la universidad estatal donde estudia Derecho.
 
Mientras tanto, los otros ex policías, Sergio Cammarata y Aníbal Luna, quienes habían sido beneficiados con la llamada ley del 2x1, ya derogada, fueron detenidos nuevamente en noviembre pasado para que terminen de cumplir con la pena.
 
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