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Nacionales - 01-12-2020 / 11:12
UN FALLO ESPERABLE DE CASACIÓN

Dos jueces ultra macristas convalidaron las declaraciones de los arrepentidos en la farsa de las fotocopias de los cuadernos

Dos jueces ultra macristas convalidaron las declaraciones de los arrepentidos en la farsa de las fotocopias de los cuadernos
Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña fueron designados por Macri pocos días antes de que se hiciera pública la maniobra de los Cuadernos (el primero mantiene una "íntima amistad" con Germán Garavano). Ahora avalaron todo lo actuado por los jueces de los tribunales inferiores. Que el voto en minoría de la magistrada Ana María Figueroa –la otra integrante de la sala I que intervino en el caso- haya desmontado toda la “Operación Cuadernos” desnuda aún más el mecanismo. Es la única que no llegó ahí por Macri.
Para dos jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Federal las declaraciones de los arrepentidos de la causa de las fotocopias de los cuadernos son válidas y no hay ningún motivo para disponer la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2016 en la que se basaron para tomarlas el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal macrista Carlos Stornelli.
 
Pese a que no hay más que registros escritos de esas "delaciones" pero ningún audio o filmación que hubiera dejado constancia de lo que ocurrió en esas audiencias, los jueces ultra macristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone sostuvieron que los empresarios y funcionarios de segundas líneas detenidos se arrepentían por propia voluntad.
 
Fue muy evidente en los inicios del expediente en agosto de 2018 que sólo se les concedía la libertad a aquellos que se "arrepentían" y pero quienes no aceptaban hablar para complicar a funcionarios K quedaban presos.
 
La jueza Ana María Figueroa votó en disidencia por declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley en cuestión (27.304) por considerar que atentan contra las garantías de prohibición de autoincriminación (declarar contra sí mismo), presunción de inocencia, derecho de defensa en juicio y del debido proceso.
 
Además postuló la nulidad de las declaraciones tomadas de los imputados colaboradores porque no estuvieron registradas debidamente por "medios técnicos idóneos", como establece la misma norma para poder ser controladas por las partes y saber qué sucedió realmente en las audiencias. La discusión desembocará en la Corte Suprema y todo indica que podría demorar un juicio oral.
 

 
Los planteos de inconstitucionalidad y de validez de las declaraciones de 24 arrepentidos, muchos empresarios y otros ex funcionarios de rangos menores, fueron llevados a Casación por algunos de los imputados que fueron señalados en ellas.
 
Hicieron reclamos diversos las defensas de Julio De Vido, Hernán Gómez, Gerardo Ferreyra y Juan Carlos Lascurain. Pese a que varios portales intentaron presentar la noticia como una derrota para la vicepresidenta, no hubo, sin embargo, recursos por este tema de parte de Cristina Fernández de Kirchner y su abogado Alberto Beraldi.
 
Barroetaveña y Petrone partieron de la base de que los imputados no demostraron un perjuicio directo en función del análisis de la Ley del arrepentido y que en todo caso se podrá dirimir todo en un juicio oral "con la amplitud probatoria propia del debate" para "el supuesto de que en algún caso concreto se verifique afectación de garantías constitucionales".
 
Para ellos, además, el hecho de que las declaraciones no hayan sido grabadas o filmadas no las vuelve nulas. "Los recaudos para el registro tienen por finalidad garantizar 'su evaluación posterior' como indica el propio texto de la norma, de modo que si el medio utilizado en el caso posibilita ese examen, no existiría, en principio, vulneración al derecho de defensa y a la facultad de controlar esa prueba", señalaron.
 
La jueza Figueroa discrepó de manera rotunda y planteó la nulidad de las declaraciones. Advirtió: "El momento del acto de colaboración es único, por ello el legislador lo ha pretendido preservar para que pueda ser examinado con posterioridad a su producción (....). Un acta no puede reemplazar un medio técnico grabado observable, lo audible, lo presencial (...) es un documento que contiene una narración de lo entendido por un tercero de un suceso que ha ocurrido; aquello que prueba qué ha sucedido y le ha sido asequible a través de sus sentidos, y que a su vez ha logrado volcar por escrito (por computadora, mecánicamente con máquinas de escribir o manuscrito), fiel y textualmente según sus propias palabras. Las actas que se han acercado a esta instancia por la medida para mejor proveer ordenada desde esta Presidencia, no han registrado, reflejado, ni descripto estados anímicos, tonos de voz, gestos, miradas, expresiones, integralidad del acto, no consta si reflejan una parte o la totalidad de lo expresado. Tan sólo han dado cuenta del acontecimiento de un hecho, la existencia de una declaración que desconocemos si fue textual o una síntesis de lo relatado, y se ha volcado formalmente en un acta".
 
Por aquellos días en que crecía el caso con la aparición de los cuadernos Gloria supuestamente escritos por el chofer Oscar Centeno, se hizo famosa una frase que el fiscal Stornelli repetía con jactancia en Comodoro Py: "no hay sortijas para todos".
 
Lo decía en el momento en que varios empresarios estaban detenidos, e incluso el propio Centeno. La declaración del remisero fue una de las muestras más acabadas de que la colaboración de los detenidos en ese entonces no parecía de lo más espontánea.
 
A Centeno lo fue a buscar al instante a los tribunales de Retiro su entonces abogado, Norberto Frontini, pero nunca pudo contactarse con él, y fue mágicamente reemplazado por un defensor oficial. Luego resultó que le habían informado su derecho a arrepentirse, pero no su derecho a negarse a declarar, como denunció la defensora de Hernán Gómez, Laura Fechino. Esta fue la tónica que marcó de ahí más toda la causa.
 
La postura de los jueces Barroetaveña y Petrone, acorde a lo que pedían a gritos los medios afines a la oposición y el fiscal de Casación, Raúl Plee, que ni siquiera se había presentado a la audiencia ante el tribunal penal, es que "la decisión de colaborar en el proceso a partir del acogimiento a la figura del arrepentido --señalan citando a otros autores-- configura una herramienta más con la cual el imputado cuenta para ejercer su defensa, siendo la obtención de un beneficio una modalidad más de ella, y no pudiendo determinar que ello implique un medio coactivo que lo induzca a brindar información o que implique un atentado contra la prohibición de auto incriminación: el acogimiento al instituto es libre y voluntario, no amenaza con la imposición de una sanción mayor en caso de negarse a colaborar ....".
 
Ellos sostienen que "no es posible afirmar que el imputado se ve forzado o que resulta inválida 'la peor opción', cuando esa alternativa se trata precisamente de someterse al proceso y responder penalmente en función de su culpabilidad por el hecho. De tal modo, reiteramos, no estamos frente a la amenaza de ser sometido a un trato injusto o de que se le aplique una pena desproporcionada". Dicen también que "arrepentirse" "no es garantía de obtener la libertad durante el proceso", si no una opción que deben analizar los jueces según los peligros procesales.
 
Para Figueroa, sin embargo, en ese punto radica una de las cuestiones más polémicas de la ley y que ella considera inconstitucional. "Resulta éticamente inaceptable en un Estado de derecho, y contrario a las disposiciones convencionales y constitucionales tal vinculación de acogerse a la figura del arrepentido para conservar la libertad durante el proceso o de lo contrario cumplir con prisión cautelar, dado que esta última sólo puede ser fundada válidamente en una estricta valoración de la existencia de riesgos para el proceso. Extremando el razonamiento, podría decirse que la norma bajo estudio incorpora de facto un nuevo peligro procesal -o, al menos, una nueva valoración de éstos: el de no arrepentirse y no colaborar con la investigación sería una causal de prisión", sostuvo la camarista.
 
Pero además, sostiene la jueza, si un arrepentido ofrece una declaración no veraz o quiere desdecirse, corre riesgo de ser imputado por otro delito, con pena de 4 a 10 años de cárcel, lo que trastoca de por sí la esencia de la declaración de un imputado, que no está obligado a decir la verdad. La declaración dejaría de ser libre y sin coacción.
 
Para esta camarista la Ley del Arrepentido viola la prohibición constitucional de declarar contra sí mismo y la garantía de igualdad ante la ley. Ante el mismo delito a una persona se le rebaja la pena y a otra no, a una se le otorgaba la libertad y a otra no. Algo que, como se vio en el caso "cuadernos" fue previo y no durante el juicio --cuando debería regir la libertad a menos que existan peligros procesales--.
 
El camino que eligen Barroetaveña y Petrone para resolver es otro. Ellos dicen que "las defensas" "no aportan argumentos sólidos" que muestren que "la Ley 27304 contradice el art 18", de la Constitución (nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo) "sino que, además, los cuestionamientos son básicamente generalidades en los que no se precisa, en algún caso específico de imputados colaboradores, de qué manera se violó la mentada garantía. En otras palabras, no desarrollaron ninguna crítica concreta a una declaración puntual -por presentar vicios en la voluntad del declarante- ni indicaron cómo esas manifestaciones generaron un perjuicio específico a sus defendidos, motivo por el cual este agravio tampoco tendrá favorable recepción".
 
Otro de los ejes de deliberación de la sentencia fue introducido la defensa de De Vido, que sostenía que no se le podía aplicar a hechos de 2008 a 2015, una ley sancionada en 2016. Para la mayoría, lo que importa en este caso es qué norma estaba vigente en el momento en que se produjeron las declaraciones de los arrepentidos, ya en 2018.
 
Agregan que "las defensas no incorporaron a sus argumentaciones un razonamiento que vincule la conjetural violación al principio que prohíbe la retroactividad de la ley penal -ya que ninguna invocó una lesión actual- con un perjuicio concreto a sus representados".
 
Figueroa, en cambio, consideró que no se podía aplicar una norma anterior y que no estaba respetando el principio de la aplicación de la ley penal más benigna.
 
"Siendo el instituto del arrepentido una figura que no sólo demanda una acción concreta por parte del sujeto delator (la declaración en los términos legales), sino también como ha ocurrido en las presentes actuaciones, la identificación de otras personas posiblemente involucradas en el hecho, el resultado de la imputación del delatado no permite concluir que la ley 27.304 sea más beneficiosa que la norma vigente al momento de los hechos".
 
"En definitiva, un análisis que privilegie la posición del arrepentido por sobre los perjuicios del imputado delatado, viola la garantía convencional y constitucional de igualdad ante la ley, pues ambos imputados -arrepentido y delatado- deben conservar su status de partes iguales en el proceso, y debe asegurárseles los derechos y garantías fundantes de todo Estado de Derecho", señala la jueza. Y es contundente en que la ley en este caso "no aprueba el test de constitucionalidad, para poder ser aplicada retroactivamente".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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18-04-2024 / 12:04
Internaron a la diputada nacional Marcela Pagano, que entró en crisis después de llamados libertarios amenazantes para que renuncie a la Comisión de Juicio Político. La diputada, luego de la pelea con Karina "el Jefe" Milei y Martín Menem, colapsó con vómitos y tiene una úlcera sangrante. Su familia le pide que directamente abandone La Libertad Avanza y sus práctica antidemocráticas y patoteras.
 
Allegados a la diputada libertaria confirmaron que luego del llamado comenzó con un episodio de vómitos que obligó a internarla. Según estas fuentes los médicos le diagnosticaron "ulcera sangrante" y luego de sedarla ordenaron sacarle el celular para tratar de bajarle los niveles de estrés. Pobrecita, se pensaba que era un juego esto de la ultra derecha, y no sabía donde se metía.
 
En una conversación Pagano le ofreció a su interlocutor, que habría sido Martín Menem, renunciar a todas las comisiones que integra, incluida la de Juicio Político, pero pidió a cambio "una salida digna" y advirtió su preocupación por no hacer algo ilegal, ya que su nombramiento fue votado por todos los diputados de la comisión.
 
Debe ser escalofriante que te amenace un Menem. El problema de Pagano es que los Menem y Karina Milei pretenden que desconozca el acta de su designación y la periodista no está dispuesta a dar ese paso y ofrece la renuncia, solución que hasta esta crisis no le aceptaba.
 
La desesperación de Menem para que Pagano desconozca su designación se debe a que el PRO le había avisado que este jueves no iban a acompañar el intento de desplazar a la periodista de la presidencia de la comisión de Juicio Político.
 
Como se adelantó, ni siquiera el PRO iba a acompañar al riojano en su embestida contra la periodista, dejándolo sin el quórum necesario para abrir la reunión paralela. El creciente malhumor del bloque macrista con el gobierno de Melei quedó en evidencia este martes cuando no acompañaron a los libertarios en el dictamen que pretendían imponer sobre la nueva fórmula jubilatoria. En ese contexto, los diputados de la "Armada Brancaleone" que respaldaron a Menem en su pelea contra Oscar Zago culparon a Pagano por el fracaso político de su propia jugada.
 
Sin el apoyo del macrismo, el radicalismo, el pichettismo y el peronismo, los libertarios se arriesgaban a presentarse a la reunión convocada por el presidente de la Cámara Baja sin alcanzar el número suficiente para sesionar. "A lo sumo juntan seis", un diputado macrista. Asimismo, otra de las maniobras que evaluaba Menem en medio de la desesperación, era forzar una reunión de la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, para tratar el paquete fiscal, cuyo expediente protocolizado ingresó en las últimas horas.
 
"Busca tapar el vacío que le hizo el PRO y la derrota que eso implica convocando a una comisión que concentra la atención", analizó un diputado peronista. Los libertarios no son diferentes, no son lo nuevo, no son liberales, no son moral, ni estéticamente superiores, la única batalla que están ganando es en la que luchan contra jubilados indefensos, los enfermos de cáncer, los universitarios y los trabajadores. Son hasta ahora, lo peor de la vida política del país.
 
La Opinión Popular
 

18-04-2024 / 11:04
A pesar de la fuerte concentración que existía (sólo 10 empresas concentran el 83,4% del "mercado") el DNU 70/23 del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei habilitó subas sin tope beneficiando a las prepagas. Las cuotas se dispararon, se volvieron impagables para miles de afiliados. Ahora recularon en chancletas y anuncian una marcha atrás en las subas, pero permanecerán ajustadas a la inflación. La medida involucra a un grupo de siete prepagas que subieron sus cuotas por encima de la inflación, Osde, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medife, el Hospital Alemán y el Británico. La decisión exige que estas empresas retrotraigan las cuotas a los montos de diciembre y que vuelvan a calcular su valor ajustándolo por inflación (IPC). 

Mientras siguen pregonando las bondades del libre mercado, a casi 4 meses de haber asumido, el libertario Milei quedó rendido ante el poder y la influencia de un mercado que el mismo gobierno liberó: el de la medicina prepaga. Tras el malestar social que generaron los aumentos récord del sector y luego de haberle dado vía libre para que suban a voluntad, el Ministerio de Economía incineró la bibliografía libertaria y se vio obligado a intervenir y fijar cómo y cuánto deben aumentar las tarifas de la salud privada.


Un esquema que, por seis meses, no será libre sino que se volverá al precio de diciembre y, desde allí, se aplicarán subas en base a la inflación mensual. Esto redundaría, vía intervención del Estado que Milei desprecia, en un aumento un 30 por ciento menor que el que se dio en el esquema de precios libres. En pocas palabras, como el mercado de la medicina prepaga no se moderó ni compitió por precios a la baja, sino que hizo todo lo contrario, el Presidente decidió volver a regular al sector para evitar un descontrol de precios.

Lo hizo, además, en medio de una confusión total a nivel gestión y posición ideológica: Economía avanzó en regular cuando hace menos de 24 horas había presentado un amparo judicial para frenar los aumentos; todo mientras rige el DNU que, entre otros puntos, liberó las tarifas de las prepagas. Todo ese ida y vuelta siendo el Gobierno quien tiene la potestad de controlar, sin ir a la Justicia.

Y un dato más: tan afectado quedó el relato del libre mercado que Milei no se animó a avanzar en una acusación directa por cartelización de prepagas, asunto denunciado por la Coalición Cívica y sobre el que sobra evidencia. Si lo hacía, podía dejar fluir el libre mercado pero imponiendo multas y sanciones por conductas anti competitivas, que es lo que todos los países que ostentan el libre mercado hacen. Pero eligió, por el temor al escándalo y la crisis social, regular antes que multar vía Comercio, cartera denostada por los libertarios.

Dato de color: con el mismo DNU que desreguló a las prepagas, también eliminó el Gobierno el esquema de información de costos que regía en la Ley sectorial. Sin eso, hoy no tiene forma de lograr, en la práctica, que las empresas les devuelvan a los usuarios el dinero mal cobrado en estos meses. Es decir, la capitulación política fue total y, además, desordenada.

¿Milei se hizo comunista?
 Lo real es que no son tan libertarios: se la vieron negra en las encuestas y retrotrajeron el aumento. De esta manera, comienza a desinflarse poco a poco la idea delirante de libre mercado a rajatabla que plantea el Ejecutivo nacional. Milei plagió al "marxista" Groucho Marx, quien afirmó: "Éstos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros".


La Opinión Popular

17-04-2024 / 10:04
Las asociaciones que nuclean a los pacientes con cáncer y patologías graves presentaron un amparo para que vuelva a funcionar la Dirección de Asistencia, el organismo del Estado encargado de proveerles la medicación que los mantiene con vida, paralizado desde que asumió el gobierno de Javier Milei. "Nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera", aseguran sus dirigentes. Otra crueldad más de un Gobierno que desde que asumió no para de generar políticas a favor de los grandes empresarios y perjudicar al pueblo, como queda en claro en estos casos.
 
"La palabra es mistanasia: la muerte por abandono indigno de personas. Para que no haya más mistanasia es que presentamos este amparo, queremos que la gente reciba los medicamentos ya. ¡No nos mientan más! Mil veces tuvimos conflicto con los gobiernos, pero nunca como ahora existió la voluntad de que la gente se muriera".
 
La que habla con vehemencia y se le quiebra la voz cuando golpea el puño sobre la mesa hasta contagiar las lágrimas es Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos de la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa).
 
Es una de las seis organizaciones que presentaron un amparo colectivo que reclama el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), en el sistema de protección de la salud, cuya paralización provocó que cientos de personas (que carecen de cobertura de salud o subsidios) dejaran de recibir la medicación para el tratamiento del cáncer y otras patologías severas o enfermedades raras.
 
En el salón del bloque de Unión por la Patria, donde las asociaciones de familiares y pacientes habían convocado a una conferencia, empezó resonar el grito de los presentes al escuchar a Florencia: "¡Ni un paso atrás!".
 
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, la Dadse casi no provee medicamentos ni resuelve expedientes y reclamos. No tiene autoridades ni organigrama administrativo, dice el amparo. En la sede habían puesto un cartel que decía: "La Dadse permanecerá momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos".
 
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había anunciado una auditoría sobre el procedimiento para la adquisición de medicamentos; lo invalidó e hizo una denuncia pero no reemplazó el sistema por otro. En febrero, la Dadse pasó al Ministerio de Salud en medio del ajuste y la disparada de precios de los medicamentos en un 110 por ciento. El Gobierno, además, anunció este martes el recorte a esa cartera de 140 mil millones de pesos.
 
El texto del amparo colectivo, que quedó a cargo del juez contencioso Walter Lara Correa, explica que desde que comenzaron a hacerse públicas algunas historias de quienes dejaron de recibir medicamentos, Salud subió a la página web dos llamados a cotizar medicación para 15 expedientes y otro para 83. El segundo incluye casos judicializados individuales que obtuvieron cautelares que obligan a proveer la medicación. El procedimiento todavía no terminó. 
 

15-04-2024 / 09:04
El sábado por la noche, la República Islámica de Irán envió varios centenares de drones y misiles contra Israel en respuesta al ataque israelí contra Damasco en el que murieron varios comandantes iraníes, señalando que la escalada guerrerista es principalmente responsabilidad de Israel. El presidente Javier "Mambrú" Milei, a contramano de la mayoría de sus pares de la región, sobreactuó su respaldo a Israel con un abrazo con el embajador Eyal Sela, al que le cedió todo el protagonismo de un extravagante "comité de crisis" argentino por la guerra en Medio Oriente, en un nivel de cipayismo inaudito.

Antes, en una entrevista, Milei había reiterado su apoyo "irrestricto" a cualquier decisión que tome el primer ministro Benjamín Netanyahu en medio del conflicto. El Gobierno anarco capitalista profundizó así su intromisión, abandonando la tradicional posición de no-alineamiento de la Argentina y su búsqueda de la paz. Hubo duras críticas opositoras al ideologismo libertario y los riesgos que entraña para el país desembarcar en un conflicto donde nadie lo llamó
, aliándose con un país que siempre vota en contra de la Argentina en el tema Malvinas.


El sábado por la noche, Irán lanzó una represalia sin precedentes contra Israel, disparando más de 300 proyectiles, incluidos 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos. También se dispararon cohetes, drones y misiles desde Líbano, Irak y Yemen. Tras el ataque a un edificio diplomático iraní en Damasco y la muerte de varios comandantes de la Guardia Revolucionaria, Irán se enfrentó a un dilema: responder, y con un grado de intensidad sin precedentes, pero limitando el peligro de desencadenar una guerra total que sería devastadora.

En este contexto, Irán optó por una respuesta graduada, llevando a cabo un ataque importante, en cuanto al número de misiles y drones lanzados, pero limitado desde el punto de vista estratégico. Al optar por no delegar su defensa como en el pasado en sus aliados libaneses, yemeníes o iraquíes, Irán rompe con su política histórica de "disuasión". Sin embargo, al lanzar su ataque desde su propio suelo, en lugar de desde posiciones más cercanas a Israel, la República Islámica se ha asegurado de que los proyectiles tarden varias horas en alcanzar su objetivo, dando tiempo a Tel Aviv y a sus aliados imperialistas para preparar una defensa. Según los primeros informes israelíes, casi todos los disparos fueron interceptados.
 
Las potencias occidentales han mostrado un fuerte apoyo a Israel, en línea con su apoyo al genocidio de Gaza, denunciando el ataque iraní mientras ignoraban el ataque israelí a la que era una respuesta. Sin embargo, Estados Unidos y Francia intentan evitar represalias que puedan desencadenar una conflagración regional. Al parecer, Joe Biden le dijo a Netanyahu que Estados Unidos se negaría a participar en operaciones ofensivas contra Irán y no apoyaría tales operaciones. Netanyahu se enfrenta a una enorme crisis interna en la que su supervivencia política dependerá de la continuación de la guerra genocida en Gaza y de la satisfacción de las exigencias de sus socios de extrema derecha.
 
Dirigentes locales de la oposición, peronistas y figuras que integraron el cuerpo diplomático del macrismo cuestionaron la decisión de Milei de abandonar la tradicional estrategia geopolítica de no alineamiento o neutralidad del Estado argentino para posicionarlo abiertamente a favor de Israel y los Estados Unidos en el conflicto de Medio Oriente. Las críticas advierten que el Presidente actúa sin tener en cuenta los intereses del país, al que expone de manera irresponsable y peligrosa. Milei pone sus prejuicios ideológicos y afinidades religiosas por encima del interés nacional. Cual moderno "Mambrú" pretende traer las consecuencias de una guerra entre potencias a la Argentina.
 
La Opinión Popular

14-04-2024 / 09:04
El estallido del bloque oficialista en la cámara de diputados llegó en un momento inoportuno, a pocas horas de que el Poder Ejecutivo hiciera circular el nuevo proyecto de ley de Bases entre algunos legisladores con los que busca complicidad. Existe una máxima parlamentaria: "no podés salir a buscar votos afuera antes de tener ordenada la tropa propia". La genuflexión de los de siempre pone a prueba la sabiduría popular, veremos si alcanza.
 
El fin de semana pasado Javier Milei recibió en Olivos al entonces jefe del bloque oficialista Oscar Zago y a la diputada Marcela Pagano, y dio el visto bueno para que ella ocupe la presidencia de la comisión de Juicio Político. El trámite se concretó el martes en una reunión que el presidente de la cámara, Martín Menem, intentó evitar y sólo pudo interrumpir cuando el nombramiento de autoridades ya estaba terminado. Menem desconoce el resultado de esa sesión.
 
Horas más tarde, por orden de Karina Milei, se desplazó a Zago de la conducción del bloque. Aunque en un primer momento parecía que el daño había sido encapsulado, Zago se negó a dejar su despacho y Pagano tampoco quiere renunciar a la presidencia de la comisión. De los 41 diputados de La Libertad Avanza, sólo 36 votaron a favor de que el cordobés Gabriel Bornorini, también cercano a Karina, presida la bancada. En Casa Rosada asumen que puede haber nuevas deserciones.
 
En una entrevista el exjefe de bloque dio a entender que la secretaria general toma decisiones que corrigen o desautorizan lo que decide el presidente. En el caso de Zago, ella espera que el acepte desarmar su partido, el MID, para fundirse con LLA en las elecciones de medio término, no ya como aliados en un frente común sino dentro de un nuevo partido en el que los Milei concentren el poder. Bornoroni aceptó las condiciones y se convirtió en un alfil de Karina.
 
En el Senado también empieza a crujir la estructura. Esta semana Victoria Villarruel no pudo repetir la mayoría que había articulado en diciembre, porque perdió el apoyo de los senadores que responden a los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilnek, y de Santa Cruz, Claudio Vidal. Si las chances de que el gobierno logre aprobar la ley de Bases son dudosas en la cámara de diputados, en la cámara alta directamente hoy parecería una hazaña.
 
A fines de la semana anterior, el jueves 4 de abril, renunció a su asiento en la comisión de Trámite Legislativo, que debe evaluar los DNU, el salteño Juan Carlos Romero. Sin ser de la LLA (tiene su propio bloque) fue el más hábil operador en la fallida defensa del DNU. Tiene contactos muy fluidos con la vicepresidenta y con Mauricio Macri. Su movimiento, inusual, genera suspicacias en el gobierno. Karina no confía en ninguno de los tres.
 
¿Quién toma las decisiones en el gobierno? Es una pregunta que todavía no encuentra respuesta. Lo cierto es que lo que se acuerda en reuniones con funcionarios de primera línea, e incluso con el propio presidente, usualmente no llega a concretarse. Todo choca contra una red invisible: un problema que se encuentran desde Villarruel hasta Bullrich, empresarios, gobernadores, sindicalistas, dueños de medios y hasta embajadores extranjeros. ¿Es el Jefe?
 
Eso sospechan los gobernadores que dieron crédito a Milei y quedaron pagando. Hoy son la principal amenaza contra el gobierno porque tienen la llave que puede pulverizar el DNU y la ley de Bases. 
 

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