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Nacionales - 30-11-2020 / 10:11
EN DOS CASOS CLAVE: CORREO Y STORNELLI

Las maniobras de Casal para encubrir y proteger a Macri

Las maniobras de Casal para encubrir y proteger a Macri
Macri utilizó (y utiliza) al interino Casal para influir en el tema judicial que más le preocupa: Correo Argentino. No es para menos: por un lado, en el fuero comercial, la fiscala Boquin logró frenar la condonación de la multimillonaria deuda que tienen los Macri con el Estado y el caso se encamina a una quiebra luego de casi 20 años de dilación.
El procurador interino Eduardo Casal es una de las piezas clave en el entramado judicial del lawfare que sigue en su lugar para cumplir una función: encubrir y proteger a Mauricio Macri y operar en su favor.
 
La persecución a la fiscal Gabriela Boquin por el caso Correo Argentino es el caso clave. Macri no es el único cuidado por Casal, también lo es el procesado fiscal Carlos Stornelli. La diferencia entre el trato del interino Casal hacia Boquin y Stornelli evidencia sus motivaciones.
 
El rechazo intransigente de la oposición para terminar con el extenso interinato de Casal se explica por estas relaciones promiscuas con Macri que aún hoy, a casi un año del nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández, continúan vigentes. Y rinden frutos.
 
De allí, el intento de bloquear la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal que busca, entre otras cosas, establecer un lapso de 5 años para el mandato del jefe de los fiscales y bajar a mayoría absoluta los votos necesarios para elegir a un nuevo procurador general. Casal es funcional a Cambiemos.
 
Los intereses del macrismo para sostener a Casal parecen más que evidentes. 
 

 
Caso Correo
 
Macri utilizó (y utiliza) al interino Casal para influir en el tema judicial que más le preocupa: Correo Argentino. No es para menos: por un lado, en el fuero comercial, la fiscala Boquin logró frenar la condonación de la multimillonaria deuda que tienen los Macri con el Estado y el caso se encamina a una quiebra luego de casi 20 años de dilación.
 
Si Correo quiebra sus deudas las tiene que asumir SOCMA, la nave nodriza del holding Macri. Para intentar frenar a Boquin el interino Casal desplegó una batería de maniobras que incluyen el armado de un sumario por una falsa denuncia por maltrato laboral y el vaciamiento de su fiscalía, entre otras.
 
Por otro lado, existe una causa penal donde Macri fue denunciado por este intento de favorecer a su familia desde su cargo presidencial y por el vaciamiento de la empresa. Comparte carátula con Oscar Aguad, quien era su ministro de Comunicación y fue el encargado de la maniobra para que el Estado aceptara una propuesta de pago ínfima por parte de la familia Macri, y los tocayos Jaime Kleidermacher y Jaime Cibilis Robirosa, uno abogado y otro presidente de Correo Argentino.
 
En ese expediente el juez Ariel Lijo hace malabares para demorarlo y no llamar a indagatoria a Macri. El rol de Casal allí fue desplazar al fiscal Juan Pedro Zoni, que le tocaba investigar el caso desde Comodoro Py y no se alineaba con los intereses del presidente PRO.
 
La protección de Casal a Macri en el caso de la fiscala Boquin incluye, como informó El Destape, una serie de aprietes para desplazarla de la fiscalía ante la Cámara Comercial.
 
El mismo día que Alberto presentó su proyecto de Reforma Judicial el interino Casal le inició un sumario a Boquin. Se basa en una denuncia por supuestos maltratos laborales, sostenida en la declaración de una ex empleada de la fiscalía de Boquin cuyo esposo, el juez Sebastián Sánchez Cannavó, está concursando para acceder a la Sala B de la Cámara Comercial. Es un dato muy relevante: es la Sala que interviene en el caso Correo Argentino.
 
La maniobra, tal como informó El Destape, se inició con la unificación de los expedientes 157 y 1535, ambos de 2018, en los cuales 2 personas denunciaban maltrato laboral contra Boquin. Una es Verónica Fernández, que tiene una discapacidad por la cual tenía un régimen laboral diferenciado, que denunció malos tratos pero hay documentación a la que accedió El Destape donde reconoce la sensibilidad de Boquin respecto a su condición y lo documentos indican que no hubo motivos para su enojo.
 
La peona clave de esta jugada es Marina Nieves Calzia, que trabajó en la fiscalía comercial de Boquin entre mayo de 2015 y abril de 2017 e inició un reclamo interno en la Procuración por supuestos maltratos laborales. Boquin y Calzia se conocen desde hace años, ya que la ahora denunciante era secretaria de Ricardo Nissen en la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas donde la fiscal realizó numerosas actividades y llegó incluso a ser vicepresidenta de la institución.
 
Cuando Calzia pasó a trabajar en la fiscalía de Boquín aún no se había recibido de abogada. Aprobó un buen número de materias y terminó la carrera en el ambiente que ahora denuncia como hostil.
 
En el expediente constan intercambios vía mail y Whatsapp certificadas por escribano que muestran la buena relación y trato entre Boquin y Calzia. Pero no los tuvieron en cuenta.
 
Las presiones sobre la fiscala Boquin no son nuevas. Apenas frenó la maniobra de Macri para condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia de la deuda que tienen con el Estado hubo un raid de declaraciones en su contra por parte de la primera plana macrista.
 
Luego sufrió sospechosos ataques e intermitencias en su custodia policial, incluido el robo de documentación de su auto (del cuál no tocaron ninguna otra cosa de valor) y la aparición de su gato muerto, ambos hechos en la puerta de su casa.
 
Macri nombró a Boquin en todas las charlas con periodistas serviciales que tuvo en su último raid televisivo. Tuvo efecto: logró que se reactive el sumario contra Boquin basado en una denuncia falsa y que la Cámara Federal de Comodoro Py ordene investigarla en una contradenuncia. Nada dijo Casal.
 
La última maniobra contra la fiscala Boquin fue hace unas semanas cuando, tal como informó El Destape, los Macri la recusaron. ¿Con que excusa? Llegan al extremo de plantear que vio afectada su objetividad porque "se siente presionada" por Macri.
 
Una clara inversión de la carga de la prueba: es un hecho que la presionaron mediática y judicialmente, que hubo sospechosas fallas en su custodia, que le robaron papeles del caso Correo de su auto, que su gato apareció muerto en la puerta de su casa, que le armaron una falsa denuncia por violencia laboral. Y ahora la acusan de parcial.
 
Boquin ya rechazó el planteo, entre otras cosas porque no hay vía legal para recusar a un fiscal comercial. Nada dijo Casal.
 
 
Caso Stornelli
 
El otro ejemplo que condensa las razones por las que el macrismo busca blindar a Casal es el caso Stornelli. El procurador general interino se transformó en el protector del procesado titular de la Fiscalía Federal N° 4 con asiento en Comodoro Py.
 
Casal frenó los sumarios internos que se le abrieron a Stornelli por sus vínculos con la banda de D'Alessio, que fue definida por la Justicia como una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal. Los sumarios son los únicos que pueden desencadenar, vía un jury, que Stornelli pierda los fueros que posee y en los que se recuesta para evitar ser detenido.
 
Incluso, el procurador general podría suspenderlo en el cargo, tal como sucedió en la provincia de Buenos Aires con otro fiscal relacionado a la banda de D'Alessio: Juan Ignacio Bidone. A este fiscal general de Mercedes, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, lo suspendió de inmediato. Está claro que Stornelli representa otros intereses.
 
El primer sumario que adormeció Casal fue el que se generó porque Stornelli no iba a declarar al juzgado federal de Dolores en el marco del D'Alessiogate, donde se lo citó a indagatoria en reiteradas ocasiones. Luego de meses y 6 llamados a indagatoria, en noviembre de 2019, el Consejo Evaluador que asesora al procurador dictaminó que debía presentarse porque si no debía enfrentar un juicio político. Ese fue el disparador que llevó al fiscal del caso de las fotocopias de los Cuadernos a prestar indagatoria ante el juez Alejo Ramos Padilla.
 
Pero otro de los sumarios que había en la Procuración por el mismo caso quedó congelado. Se trata del que analiza la conducta del fiscal por los delitos que se le achacan en la causa que involucra al espía ilegal Marcelo D'Alessio y a la AFI macrista. Stornelli fue procesado por 8 hechos en ese expediente, tiene prohibido salir del país y le retuvieron el pasaporte. Ramos Padilla lo considera "penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal". Está a un paso del juicio oral.
 
La excusa que esgrimió siempre para defenderse de esa acusación nunca prosperó porque carece de sustento: que el D'Alessiogate fue una operación que se tejió para derribar la causa Cuadernos. Es una coartada que está atada a la archivada "Operación Puf", una operación mediático-judicial que impulsó la AFI macrista con escuchas ilegales tomadas en la cárcel de Ezeiza y que Stornelli junto a la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, llevaron a Comodoro Py.
 
Esto no es todo. El 19 de mayo pasado, el senador Oscar Parrilli requirió la destitución vía juicio político de Stornelli por su rol en el caso "Cuadernos". Los acusó de "mal desempeño en sus funciones" y de ser el armador de la persecución contra opositores durante el gobierno de Mauricio Macri junto al difunto juez Claudio Bonadío y al defensor oficial Gustavo Kollmann, quien representó al chofer Oscar Centeno en la causa de las fotocopias.
 
En su presentación ante el MPF, Parrilli le reclamó a Casal que se excuse de intervenir porque consideró que durante la gestión cambiemita tuvo una actitud "encubridora" de Stornelli por la que "deberá responder oportunamente". El procurador rechazó la excusación.
 
En ese marco, la corporación judicial decidió blindar a Stornelli. El Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal (MPF), con una integración diferente a la que se inclinó por el juicio político si no se presentaba en la indagatoria, propuso cerrar el sumario que se había abierto para analizar su accionar en la causa Cuadernos.
 
De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio, el consejo -integrado por 5 fiscales generales- propuso clausurar la investigación en contra de Stornelli por 4 votos contra 1. La mayoría la conformaron fiscales generales relacionados a Stornelli y su entorno.
 
Entre otras cuestiones, los cinco fiscales generales que integran el consejo debatieron si las actas escritas en las que se registró el testimonio de los imputados colaboradores del caso "Cuadernos" bastan para ser considerados "medios técnicos idóneos" para una posterior revisión de las declaraciones. Es decir, si era necesario o no grabar las audiencias de los arrepentidos. Cuatro fiscales generales avalaron a Stornelli. Únicamente, Alejandro Alagia cuestionó, y en duros términos, el accionar de sus pares
 
¿Quiénes fueron los integrantes del Ministerio Público Fiscal que respaldaron a Stornelli?
 
-Oscar Ciruzzi, quien mantiene un vínculo cercano a Stornelli, por lo que debía excusarse de intervenir. Está relacionado al mundo Boca, al igual que el fiscal procesado.
 
-Susana Pernas, quien por decisión de Casal reemplazó en el consejo a Adriana García Netto. Está relacionada al fiscal Carlos Rívolo, quien colaboró con Sotrnelli en la instrucción del caso Cuadernos. Es decir, un interesado en que no se cuestione esa investigación. Pernas es secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF de la Nación, que preside Rívolo.
 
-Julio Piaggio. Se jubiló el 28 de febrero, al dejar de ser fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Según publicó Ricardo Ragendorfer en el diario Tiempo Argentino fue "juez federal de Lomas de Zamora durante la última dictadura" y "luego se recicló como fiscal en la Cámara Federal de La Plata, desde donde conspiró contra los Juicios de la Verdad". Se lo relaciona al fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plee, uno de los "protectores" de Stornelli en Comodoro Py.
 
-Guillermo Pérez de la Fuente. Es fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Tal como publicó Ragendorfer en Tiempo Argentino, "en sus años mozos fue agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Su nombre está en la lista del Personal Civil de Inteligencia (PCI) desclasificada en 2009 por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM)".
 
Por decisión de Casal, el mentado Consejo Evaluador es el que analiza los sumarios contra los fiscales y firma dictámenes no vinculantes pero que sirven de apoyo al procurador para tomar sus decisiones.
 
Por Ari Lijalad y Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape
 

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28-03-2024 / 08:03
Una nueva, polémica, cruel e insensible decisión del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei que perfecciona el desgobierno. Las marchas y contramarchas con la nueva movilidad jubilatoria por DNU, eludiendo al Congreso, sumadas al desbarajuste causado por los despidos indiscriminados en la Anses, terminaron impactando de lleno en los jubilados: se anunció oficialmente que la liquidación de abril se pagará en dos cuotas y ni siquiera se comunicaron las fechas en que se efectivizarán. La libertad avanza en el saqueo: jubilaciones licuadas y en dos cuotas.

Siempre contra los más débiles y en medio de despidos en Anses, por primera vez las jubilaciones se pagarán desdobladas. La primera parte corresponderá al mismo monto de la jubilación de marzo y el segundo tramo a la diferencia por el bono y el aumento por inflación. Milei y Luis "Toto" Caputo siguen golpeando a los adultos mayores bajo el pretexto de demoras en los cálculos para aplicar los ajustes por inflación y el bono de $70.000.
 
El mismo día que se conoció el dato de pobreza, confirmando que casi 20 millones de personas están alcanzadas; y mientras avanzan con despidos masivos en Anses y otras dependencias estatales, el gobierno aplica un nuevo golpe a los jubilados. En el primer tramo se pagará el mismo monto que se cobró en marzo y la fecha es la correspondiente al calendario. Mientras en segundo tramo se liquidará la diferencia correspondiente al aumento y el bono de $70.000 y aún no hay fecha determinada de pago.
 
Este ataque se suma a la estafa de la nueva movilidad por DNU anunciada este lunes. En la misma se establece que las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril un 27,35 %, que es la suma de un 12,5 % de "compensación" por lo "perdido" en enero, cuando en realidad la inflación fue de 20,6 % que el gobierno se negó a dar completo. Y se adiciona un "adelanto de la movilidad" del 13,2 % por la inflación de febrero, "correspondiente al mes de junio de 2024".

A su vez, en mayo se otorgará un aumento "a cuenta" de la movilidad de junio, también basado en la inflación de dos meses previos, es decir la de marzo. Y en junio se aplicará la diferencia por la movilidad actual, es decir, descontando los aumentos a cuenta. El ajuste por IPC entrará en vigencia desde el mes de julio. Otro robo, dando una dádiva que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Además del robo del empalme el DNU 274/2024 de Milei busca consolidar haberes de miseria y licuar el impacto del bono anunciado. El gobierno de LLA viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional, y lograr el superávit fiscal para cumplir con el FMI. El plan motosierra y licuadora no se detiene, hay que enfrentarlos.

Milei tiene una alta dosis de insensibilidad y no entiende lo que le pasa a un jubilado que cobra 200 lucas. Se ha caracterizado desde que asumió por estar muy lejos de combatir a "la casta", todas las medidas van en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Con las jubilaciones por el piso, la Argentina firmó una carta de intención para adquirir 24 aviones obsoletos F-16 a Dinamarca. Cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones en desuso en un gesto cipayo hacia EE.UU. en su disputa con China. El relato de "no hay plata" se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EE.UU. en busca de financiamiento del FMI para su delirante aventura dolarizadora.

La Opinión Popular

27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

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