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“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 03-08-2020 / 12:08
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL

Impulsar la economía sin aflojar controles sanitarios

Impulsar la economía sin aflojar controles sanitarios
En el orden provincial, la salud y la atención a los sectores más necesitados es prioridad para la administración de Gustavo Bordet, como también lo es la reactivación de la economía que sufrió el impacto negativo del coronavirus.
La tarea principal del gobierno de Alberto Fernández es la reducción de daños, el apoyo a los sectores populares en la dura cuarentena y el mantenimiento de la paz social. Para eso tuvo que preservar fuentes de trabajo y derechos laborales. Inversiones sociales enormes, salvatajes a empresas, prohibición de despidos, doble indemnización. Coherentes con la historia social del peronismo, afrontando resistencias de grandes empresarios y medios opositores.
 
En el orden provincial, la salud y la atención a los sectores más necesitados es prioridad para la administración de Gustavo Bordet, como también lo es la reactivación de la economía que sufrió el impacto negativo del coronavirus.
 
Para colaborar en las reactivaciones provinciales, Alberto prepara un proyecto de obras públicas para todo el país que apuntale la economía. Entre Ríos estará en agenda con el avance de dos tramos de la ruta nacional 18 (Paraná - Concordia) y obras hídricas en La Paz y Paraná. En el listado de las obras públicas a comenzar este año, tras la pandemia y luego del arreglo por la deuda externa, para Entre Ríos figuran cuatro obras por un monto de 466 millones de pesos.
 
Puntualmente serían dos tramos de la ruta nacional Nº 18 que unirá Paraná y Concordia, la ampliación de una planta de potabilización en La Paz y otra en la capital entrerriana. El plan implicará una inversión en todo el territorio nacional de unos 4700 millones de pesos. Hasta aquí la relación Alberto-Bordet suena como un violín afinado.
 
En la Rosada, Bordet firmó un convenio con el ministro del Interior de la Nación, Wado De Pedro, para habilitar el llamado a licitación de la obra de pavimentación de la ruta 23 entre Pronunciamiento y Villa Elisa por 1.640 millones de pesos.
 
Además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió a Bordet en el Congreso, con el objetivo puesto en la recuperación pospandemia. Dialogaron sobre el excedente de la Planta Hidroeléctrica de Salto Grande y la automaticidad para el desarrollo productivo entrerriano; obras de agua para el Gran Paraná -"importante para el desarrollo y calidad de vida de la región más poblada de esa provincia"- y la ampliación de la Moratoria 2020, que alcanzaría a más de 14 mil comercios, Pymes y productores entrerrianos.
 
El crédito para micro emprendimientos y Pymes, la inversión en obra pública y el apuntalamiento de las distintas actividades que componen el sector productivo entrerriano ocuparán un lugar central en las políticas diseñadas por el gobierno de Bordet para transitar el duro camino hacia la nueva normalidad.
 
Para dejar atrás la pesada herencia macrista y el covid-19, el objetivo es apuntalar el proceso de reactivación que sigue a la progresiva liberación de actividades económicas, que habían quedado paralizadas por la pandemia, y que fue logrado gracias al accionar del sistema de salud en el combate contra el avance del virus.
 
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Impulsar la economía sin aflojar controles sanitarios

Crueldad de la peste
 
Alberto Fernández llegó al Gobierno en un momento difícil, agravado con crueldad por la peste. Salvando las distancias de todo tipo en la índole de la emergencia, para poder dimensionar el nivel de impacto que tiene en la población el covid-19, hay que remontarse a la crisis de 2001-2002, a la guerra de Malvinas o a los años de la dictadura para encontrar una crisis que envuelva de tal manera a todos los habitantes de la provincia y del país.
 
Como el experto general que sabe que no se deben dar todas las batallas al mismo tiempo, Alberto reacomodó las fichas en su tablero. Retiró sus tropas del frente Vicentín, donde el combate se había tornado más duro de lo esperado, para concentrarse en objetivos más ambiciosos como la reforma judicial y el plan post pandemia.
 
Al presidente lo entusiasma articular con gobernadores e intendentes, pactar acciones conjuntas o concertadas por la división federal de poderes. Los enaltece, les abre el juego. Las conferencias de anuncios sobre cuarentena proveen escenas jamás vistas antes en la Argentina. Pide que los mandatarios ejerzan autoridad y exhiban un grado elevado de coincidencias.
 
Junto a sus ministros y en contacto con los gobernadores, le da vueltas y más vueltas al ansiado plan de reactivación de la economía que marcaría el relanzamiento de su gestión, pero la incertidumbre que impone el maldito coronavirus al mundo entero lo obliga a la tediosa tarea del recálculo constante, lo limita, lo frena.
 

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Hay acuerdo con los bonistas extranjeros
 
El Gobierno de Alberto Fernández y los acreedores extranjeros confirmaron el entendimiento para reestructurar la deuda de 66 mil millones de dólares. Se extiende el plazo de la oferta hasta el 24 de agosto para definir los nuevos contratos de bonos.
 
El acuerdo por sí solo no reactiva pero elimina escenarios apocalípticos. El cierre del arreglo permitirá descomprimir las presiones que desde los grandes medios macristas porteños y el establishment agudizan la crisis que sacude la economía argentina, golpeada por el descalabro que produjo Mauricio Macri y la pandemia.
 
En el equipo económico plantearon desde el inicio de las negociaciones que la prioridad de la Argentina es lograr una reestructuración que cuide la sustentabilidad financiera. Esto implica que los acreedores no pierdan con este canje sino que moderen su tasa de rentabilidad.
 
El arreglo de la deuda con ley extranjera no tendrá un impacto extraordinario en la economía y el bolsillo de la gente. Al menos no respecto a la realidad que se vivió durante los últimos cuatro meses. Pero sí implicará un cambio importante en las expectativas. Y más en concreto: en lo que se podría haber vivido si el arreglo no ocurría.
 
Para los próximos meses se espera una baja en los dólares paralelos, lo que implicará un alivio temporal en la devaluación e inflación esperadas. Eso redundará en que el BCRA deje de perder reservas. El Gobierno todavía deberá enfrentar los desafíos macro que dejará la herencia macrista y la pandemia.

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Sin expropiación y sin intervención
 
Fernández demostró esta semana que tiene una capacidad que no abunda entre sus compañeros del kirchnerismo más duro: cuando las cosas no salen como las esperaba, puede revertir una decisión aunque la haya anunciado, confirmado y reconfirmado.
 
Lo hizo con la discutida expropiación de la aceitera Vicentin. El presidente la había anunciado a principios de junio y la defendió contra críticas de sectores liberales, que denunciaron un atropello contra la propiedad privada, y también de sectores de izquierda que advirtieron que una expropiación implicaría un nuevo caso de estatización de deuda privada.
 
Expropiar una empresa para rescatarla de la quiebra es una medida económica, no un mandato humanitario, que se debe encarar más allá del resultado. Impulsar lo inviable daña la reputación del gobierno, dispersa fuerzas, fortifica a los opositores. Un error por donde se lo mire. Quien propugna una expropiación debe contar con los votos necesarios en Diputados.
 
Al ver que su propuesta concitaba más rechazos que apoyos, Alberto no solo desestimó la posibilidad de expropiar la empresa sino que además dejó sin efecto el decreto que determinó la intervención estatal de la compañía.
 
Pero el caso Vicentin está lejos de cerrarse. Ahora la justicia y la comisión legislativa constituida a tal efecto, deberán continuar con las investigaciones para comprobar si la crisis de la aceitera que creció llamativamente durante la administración de Mauricio Macri y se desplomó sospechosamente con el cambio de gobierno, fue consecuencia de maniobras fraudulentas.
 
Luego del fracaso del fideicomiso y el decreto del presidente, hay temor en el norte provincial de Santa Fe por el futuro de los trabajadores de la empresa, pero también de la situación de los productores que la cerealera clavó y las ciudades de la región.
 
El vaciamiento de Vicentín se ha puesto al rojo vivo, a partir del secuestro del celular del secretario de Macri, Darío Nieto, quien habría sido el intermediario para que los bancos públicos siguieran arrojando millones de dólares al barril sin fondo de Vicentín.
 
En términos políticos, el Presidente se sacó un problema de encima. Ahora volvió a su idea original: dejar que recaiga sobre el directorio de la compañía el peso del concurso de acreedores y de los juicios que vendrán, uno de ellos del Banco Nación. Salió de una situación en la que tenía mucho por perder y nada por ganar.
 
Sin embargo su decisión no está exenta de costo político. Por un lado generó disconformidad en la tropa K que se había enamorado del Alberto expropiador e interpreta los últimos acontecimientos como un gesto de tibieza frente a la oposición y a "los sectores concentrados de poder económico".
 
Para tranquilizar a estos sectores, desde el albertismo volvieron a poner en agenda el proyecto de un impuesto a las grandes riquezas, pero no hay certezas del rumbo que podría tomar el trámite legislativo de esa iniciativa.
 
Por su  parte, los sectores opositores macristas videlistas olfatearon debilidad en la marcha atrás respecto a Vicentin y ese es otro costo que deberá asumir el presidente.
 
El intento fallido despertó protestas que se realizaron violando la cuarentena. En el oficialismo describen que sigue siendo un grupo minoritario que no logra sumar voluntades. Lo cierto es que, el sector más fanático y gorila del macrismo, está dispuesto a oponerse a todo lo que haga el Gobierno con un activismo que nunca antes manifestó.
 
Envalentonados y convencidos de que consiguieron torcerle la mano a Alberto a fuerza de cacerolazos y presión mediática, no dudarán en repetir la receta con cada medida que perjudique sus intereses, con el único afán de poner trabas a la gestión oficial por una cuestión eminentemente política. "Van a explotar algunos petardos", decían con ironía en sectores de la oposición fanática.
 

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Temor por las quiebras
 
Con la pandemia, las carencias económicas se tornan dramáticas. La Cámara de Diputados acaba de sancionar una moratoria impositiva a la que podrán ingresar desde los monotributistas hasta las grandes empresas. Y que, más allá de la acusación política macrista sobre el "traje a medida" para Oil Combustibles, de Cristóbal López, o el ingreso al plan de refinanciamiento de la compañía Telecom, lo que muestra en el fondo es que el sector privado atraviesa una crisis enorme.
 
Por eso, los diputados del peronismo y la oposición se unieron -como casi nunca lo hacen- para suspender los plazos de ejecución de la Ley de Quiebras, ya que la reapertura de esa instancia judicial prevista podría habilitar la caída de miles de empresas, el 70% radicadas en el AMBA. La situación es tan delicada que la CGT y la ultra liberal Asociación Empresaria Argentina (AEA) se reunieron para avanzar en un plan de contingencia sin el aval del Gobierno. Claro que eso no cayó bien en el oficialismo. Y el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, reprochó al jerarca cegetista Héctor Daer los términos del documento.
 

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Tiempo de reforma
 
La reforma judicial, necesaria, llega demorada y light. La derecha macrista la ataca en nombre de la "República". Aún si el proyecto fuera aprobado en el Congreso, puede frenarse en Comodoro Py. Una resistencia que deberá enfrentar el Gobierno para sacar adelante la reforma que busca diluir el poder de los jueces federales mediante la creación de una justicia federal porteña con 23 nuevos juzgados y otros 94 juzgados y 85 fiscalías en distintos puntos del país.
 
La reforma judicial Alberto se demoró un montón pero al final cumplió. Lo había anunciado en su discurso del 1 de marzo pasado y lo presentó el 29 de julio, casi cinco meses después, junto a los once miembros de un Consejo Asesor que harán sus propuestas. Luego de receptarlas y discutirlas, el presidente las enviará al Congreso, por ejemplo la relativa a la ampliación o no del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia.
 
El número de miembros de la Corte Suprema está desbordado por la lógica de un sistema que la tiene como última instancia en una cantidad de causas muy superior a la capacidad de respuesta de los jueces que la componen. Aunque el proyecto retoma parte de uno anterior que había impulsado Cambiemos, generó un inmediato rechazo por parte de esa fuerza.
 
En un intento por despejar esas dudas, el proyecto que elevó Fernández al Congreso propone la creación de un Consejo Consultivo integrado por reconocidos juristas que deberán elevar propuestas de nombramientos "para fortalecer el Poder Judicial y el ministerio público".
 
La reingeniería de los fueros federales se expandirá por toda la Argentina. La creación de juzgados en las provincias cumple dos funciones imprescindibles. Terminar con el unicato, fuente de concentración de poder en pocas manos. Y fomentar acción más eficaz contra determinados delitos en todo el territorio nacional que se consuman a diario y con enorme inmunidad, como el contrabando, la evasión fiscal, el lavado de dinero, la trata de personas...
 

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Sesenta medidas para la recuperación
 
Los ministros del área de Economía de todas las provincias se reunieron para avanzar en el plan de reactivación que espera instrumentar el Gobierno cuanto antes. Al mando de la reunión estuvo la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca que anticipó que habrá 60 medidas concretas, aunque no detalló mucho más.
 
Dijo que la obra pública tendría un rol protagónico en el programa y que además se otorgarían beneficios para las inversiones privadas orientadas a la construcción. Anticipó que el plan actuará en dos ejes de manera simultánea: uno buscará aportar respuestas inmediatas a necesidades de corto plazo y otro contendrá medidas estructurales pensadas para el largo plazo.
 
La sustitución de importaciones sería central en la estrategia que diseña el equipo económico de Alberto, al menos eso se desprende de las declaraciones de Todesca que indicó que uno de los objetivos del proyecto será incrementar el componente de producción nacional en la oferta de productos para bajar la incidencia de las importaciones y aumentar el empleo.
 
La funcionaria prometió también una reforma impositiva "para poner los incentivos donde tienen que estar que es en la producción y no en la especulación". Para el sector privado llegaron dos buenas noticias desde Diputados que otorgó media sanción a los proyectos de extensión de la moratoria impositiva y de suspensión de quiebras.
 

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La vida que nos 'toca' vivir
 
Las palabras que definen el estado de las cosas en todos los niveles del poder (nacional, provincial y municipal) es "incertidumbre por el estado de las cosas". Corridos por el hartazgo de la gente ante la cuarentena, los gobernantes decidieron flexibilizar, abrir. Y eso se dio (y se da) en el peor momento de la pandemia.
 
La apertura comercial y productiva, que es también social, implementada en las principales ciudades de la provincia no estuvo acompañada siempre de los suficientes controles ni de las necesarias campañas para alertar que la pandemia no desapareció por arte de magia de un día para otro.
 
En este punto hay que agregar que esa lucha necesita para sostenerse el éxito en la empresa común, es decir que la situación sanitaria se mantenga bajo control, lo que según se ve claramente en estos días dista de estar asegurado. Es la vida que nos 'toca' vivir.
 
Luego de meses de lograr contener la diseminación del virus con una gran disciplina social, decididas medidas de salud y decisión política de contención económica, los entrerrianos llegamos a creer que le habíamos encontrado la vuelta al problema.
 
El resultado, que está hoy a la vista, parece ser el anticipo de un camino en subida aún mayor de los contagios. Aunque sean muy pocas las personas que contrajeron el virus y que además precisen atención hospitalaria, el colapso del sistema puede estar a la vuelta de la esquina.
 
Hay reuniones sociales. Es difícil que alguien no conozca algún caso de parientes, amigos o amantes que hayan decidido arriesgarse antes de seguir sufriendo la angustia de la distancia, sin medir la terrible responsabilidad de ser eventualmente el transporte del virus.
 

Bordet y el desafío de gestionar en precariedad de recursos
 
Apuntalar el proceso de reactivación
 
El gobierno provincial incrementará el apoyo financiero a los proyectos que incluyan componentes importantes de innovación en distintos ámbitos.
 
Como suele ocurrir, cuando el agro anda bien tracciona al resto de la economía, lo que se debería notar en el corto plazo, en un incremento en las ventas de los comercios y en un incremento de obras privadas de ampliación y reforma de viviendas.
 
Algunos empresarios aseguran que la recuperación podría ser más acelerada, pero la pandemia impone limitaciones. Lo saben los dueños de restaurantes que ven como la demanda los desborda cada vez que abren, pero solo pueden trabajar en días y horarios determinados, o los comerciantes que reciben pedidos que no pueden satisfacer por problemas de abastecimiento generados también por la pandemia.
 
Incluso el sector más golpeado por el coronavirus, el turismo espera con expectativas positivas la temporada de verano, cuando todo indica que las playas de Brasil no serán opción para ningún argentino.
 
Contra la ansiedad de muchos empresarios que preferirían una salida más acelerada de las medidas de aislamiento social, desde el gobierno provincial tienen la certeza de que la continuidad de la recuperación de la economía depende directamente de la capacidad de mantener a raya al virus, al menos hasta que se desarrolle y distribuya una vacuna efectiva.
 
Prudencia es la palabra clave. A esta altura de la pandemia sería estúpido ignorar los ejemplos que dejaron experiencias en distintos lugares del mundo que se apuraron en salir de la cuarentena y después tuvieron que volver al confinamiento pagando un alto costo en vidas pero también con la paralización de sus economías.
 
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Alberto Fernández avaló U$S 80 millones para obras en Entre Ríos. El presidente firmó el decreto que aprueba un préstamo millonario del Banco Intermaericano de Desarrollo (BID) a la provincia. Será para construir y mejorar sistemas cloacales en ciudades de la costa del Uruguay.
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Con los pies en el barro: El Gobernador, Gustavo Bordet, concurrió hasta las islas ubicadas frente a Victoria que en las últimas semanas se incendiaron y provocaron problemas medioambientales y conflictos con Santa Fe. Afirmó que la solución dependerá de un trabajo articulado entre la provincia, los santafecinos y Nación.
28-03-2024 / 08:03
Una nueva, polémica, cruel e insensible decisión del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei que perfecciona el desgobierno. Las marchas y contramarchas con la nueva movilidad jubilatoria por DNU, eludiendo al Congreso, sumadas al desbarajuste causado por los despidos indiscriminados en la Anses, terminaron impactando de lleno en los jubilados: se anunció oficialmente que la liquidación de abril se pagará en dos cuotas y ni siquiera se comunicaron las fechas en que se efectivizarán. La libertad avanza en el saqueo: jubilaciones licuadas y en dos cuotas.

Siempre contra los más débiles y en medio de despidos en Anses, por primera vez las jubilaciones se pagarán desdobladas. La primera parte corresponderá al mismo monto de la jubilación de marzo y el segundo tramo a la diferencia por el bono y el aumento por inflación. Milei y Luis "Toto" Caputo siguen golpeando a los adultos mayores bajo el pretexto de demoras en los cálculos para aplicar los ajustes por inflación y el bono de $70.000.
 
El mismo día que se conoció el dato de pobreza, confirmando que casi 20 millones de personas están alcanzadas; y mientras avanzan con despidos masivos en Anses y otras dependencias estatales, el gobierno aplica un nuevo golpe a los jubilados. En el primer tramo se pagará el mismo monto que se cobró en marzo y la fecha es la correspondiente al calendario. Mientras en segundo tramo se liquidará la diferencia correspondiente al aumento y el bono de $70.000 y aún no hay fecha determinada de pago.
 
Este ataque se suma a la estafa de la nueva movilidad por DNU anunciada este lunes. En la misma se establece que las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril un 27,35 %, que es la suma de un 12,5 % de "compensación" por lo "perdido" en enero, cuando en realidad la inflación fue de 20,6 % que el gobierno se negó a dar completo. Y se adiciona un "adelanto de la movilidad" del 13,2 % por la inflación de febrero, "correspondiente al mes de junio de 2024".

A su vez, en mayo se otorgará un aumento "a cuenta" de la movilidad de junio, también basado en la inflación de dos meses previos, es decir la de marzo. Y en junio se aplicará la diferencia por la movilidad actual, es decir, descontando los aumentos a cuenta. El ajuste por IPC entrará en vigencia desde el mes de julio. Otro robo, dando una dádiva que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Además del robo del empalme el DNU 274/2024 de Milei busca consolidar haberes de miseria y licuar el impacto del bono anunciado. El gobierno de LLA viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional, y lograr el superávit fiscal para cumplir con el FMI. El plan motosierra y licuadora no se detiene, hay que enfrentarlos.

Milei tiene una alta dosis de insensibilidad y no entiende lo que le pasa a un jubilado que cobra 200 lucas. Se ha caracterizado desde que asumió por estar muy lejos de combatir a "la casta", todas las medidas van en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Con las jubilaciones por el piso, la Argentina firmó una carta de intención para adquirir 24 aviones obsoletos F-16 a Dinamarca. Cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones en desuso en un gesto cipayo hacia EE.UU. en su disputa con China. El relato de "no hay plata" se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EE.UU. en busca de financiamiento del FMI para su delirante aventura dolarizadora.

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27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
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26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
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25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
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24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

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