“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
Impulsar la economía sin aflojar controles sanitarios
En el orden provincial, la salud y la atención a los sectores más necesitados es prioridad para la administración de Gustavo Bordet, como también lo es la reactivación de la economía que sufrió el impacto negativo del coronavirus.
La tarea principal del gobierno de Alberto Fernández es la reducción de daños, el apoyo a los sectores populares en la dura cuarentena y el mantenimiento de la paz social. Para eso tuvo que preservar fuentes de trabajo y derechos laborales. Inversiones sociales enormes, salvatajes a empresas, prohibición de despidos, doble indemnización. Coherentes con la historia social del peronismo, afrontando resistencias de grandes empresarios y medios opositores. En el orden provincial, la salud y la atención a los sectores más necesitados es prioridad para la administración de Gustavo Bordet, como también lo es la reactivación de la economía que sufrió el impacto negativo del coronavirus. Para colaborar en las reactivaciones provinciales, Alberto prepara un proyecto de obras públicas para todo el país que apuntale la economía. Entre Ríos estará en agenda con el avance de dos tramos de la ruta nacional 18 (Paraná - Concordia) y obras hídricas en La Paz y Paraná. En el listado de las obras públicas a comenzar este año, tras la pandemia y luego del arreglo por la deuda externa, para Entre Ríos figuran cuatro obras por un monto de 466 millones de pesos. Puntualmente serían dos tramos de la ruta nacional Nº 18 que unirá Paraná y Concordia, la ampliación de una planta de potabilización en La Paz y otra en la capital entrerriana. El plan implicará una inversión en todo el territorio nacional de unos 4700 millones de pesos. Hasta aquí la relación Alberto-Bordet suena como un violín afinado. En la Rosada, Bordet firmó un convenio con el ministro del Interior de la Nación, Wado De Pedro, para habilitar el llamado a licitación de la obra de pavimentación de la ruta 23 entre Pronunciamiento y Villa Elisa por 1.640 millones de pesos. Además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió a Bordet en el Congreso, con el objetivo puesto en la recuperación pospandemia. Dialogaron sobre el excedente de la Planta Hidroeléctrica de Salto Grande y la automaticidad para el desarrollo productivo entrerriano; obras de agua para el Gran Paraná -"importante para el desarrollo y calidad de vida de la región más poblada de esa provincia"- y la ampliación de la Moratoria 2020, que alcanzaría a más de 14 mil comercios, Pymes y productores entrerrianos. El crédito para micro emprendimientos y Pymes, la inversión en obra pública y el apuntalamiento de las distintas actividades que componen el sector productivo entrerriano ocuparán un lugar central en las políticas diseñadas por el gobierno de Bordet para transitar el duro camino hacia la nueva normalidad. Para dejar atrás la pesada herencia macrista y el covid-19, el objetivo es apuntalar el proceso de reactivación que sigue a la progresiva liberación de actividades económicas, que habían quedado paralizadas por la pandemia, y que fue logrado gracias al accionar del sistema de salud en el combate contra el avance del virus. La Opinión Popular
Crueldad de la peste Alberto Fernández llegó al Gobierno en un momento difícil, agravado con crueldad por la peste. Salvando las distancias de todo tipo en la índole de la emergencia, para poder dimensionar el nivel de impacto que tiene en la población el covid-19, hay que remontarse a la crisis de 2001-2002, a la guerra de Malvinas o a los años de la dictadura para encontrar una crisis que envuelva de tal manera a todos los habitantes de la provincia y del país. Como el experto general que sabe que no se deben dar todas las batallas al mismo tiempo, Alberto reacomodó las fichas en su tablero. Retiró sus tropas del frente Vicentín, donde el combate se había tornado más duro de lo esperado, para concentrarse en objetivos más ambiciosos como la reforma judicial y el plan post pandemia. Al presidente lo entusiasma articular con gobernadores e intendentes, pactar acciones conjuntas o concertadas por la división federal de poderes. Los enaltece, les abre el juego. Las conferencias de anuncios sobre cuarentena proveen escenas jamás vistas antes en la Argentina. Pide que los mandatarios ejerzan autoridad y exhiban un grado elevado de coincidencias. Junto a sus ministros y en contacto con los gobernadores, le da vueltas y más vueltas al ansiado plan de reactivación de la economía que marcaría el relanzamiento de su gestión, pero la incertidumbre que impone el maldito coronavirus al mundo entero lo obliga a la tediosa tarea del recálculo constante, lo limita, lo frena. Hay acuerdo con los bonistas extranjeros El Gobierno de Alberto Fernández y los acreedores extranjeros confirmaron el entendimiento para reestructurar la deuda de 66 mil millones de dólares. Se extiende el plazo de la oferta hasta el 24 de agosto para definir los nuevos contratos de bonos. El acuerdo por sí solo no reactiva pero elimina escenarios apocalípticos. El cierre del arreglo permitirá descomprimir las presiones que desde los grandes medios macristas porteños y el establishment agudizan la crisis que sacude la economía argentina, golpeada por el descalabro que produjo Mauricio Macri y la pandemia. En el equipo económico plantearon desde el inicio de las negociaciones que la prioridad de la Argentina es lograr una reestructuración que cuide la sustentabilidad financiera. Esto implica que los acreedores no pierdan con este canje sino que moderen su tasa de rentabilidad. El arreglo de la deuda con ley extranjera no tendrá un impacto extraordinario en la economía y el bolsillo de la gente. Al menos no respecto a la realidad que se vivió durante los últimos cuatro meses. Pero sí implicará un cambio importante en las expectativas. Y más en concreto: en lo que se podría haber vivido si el arreglo no ocurría. Para los próximos meses se espera una baja en los dólares paralelos, lo que implicará un alivio temporal en la devaluación e inflación esperadas. Eso redundará en que el BCRA deje de perder reservas. El Gobierno todavía deberá enfrentar los desafíos macro que dejará la herencia macrista y la pandemia. Sin expropiación y sin intervención Fernández demostró esta semana que tiene una capacidad que no abunda entre sus compañeros del kirchnerismo más duro: cuando las cosas no salen como las esperaba, puede revertir una decisión aunque la haya anunciado, confirmado y reconfirmado. Lo hizo con la discutida expropiación de la aceitera Vicentin. El presidente la había anunciado a principios de junio y la defendió contra críticas de sectores liberales, que denunciaron un atropello contra la propiedad privada, y también de sectores de izquierda que advirtieron que una expropiación implicaría un nuevo caso de estatización de deuda privada. Expropiar una empresa para rescatarla de la quiebra es una medida económica, no un mandato humanitario, que se debe encarar más allá del resultado. Impulsar lo inviable daña la reputación del gobierno, dispersa fuerzas, fortifica a los opositores. Un error por donde se lo mire. Quien propugna una expropiación debe contar con los votos necesarios en Diputados. Al ver que su propuesta concitaba más rechazos que apoyos, Alberto no solo desestimó la posibilidad de expropiar la empresa sino que además dejó sin efecto el decreto que determinó la intervención estatal de la compañía. Pero el caso Vicentin está lejos de cerrarse. Ahora la justicia y la comisión legislativa constituida a tal efecto, deberán continuar con las investigaciones para comprobar si la crisis de la aceitera que creció llamativamente durante la administración de Mauricio Macri y se desplomó sospechosamente con el cambio de gobierno, fue consecuencia de maniobras fraudulentas. Luego del fracaso del fideicomiso y el decreto del presidente, hay temor en el norte provincial de Santa Fe por el futuro de los trabajadores de la empresa, pero también de la situación de los productores que la cerealera clavó y las ciudades de la región. El vaciamiento de Vicentín se ha puesto al rojo vivo, a partir del secuestro del celular del secretario de Macri, Darío Nieto, quien habría sido el intermediario para que los bancos públicos siguieran arrojando millones de dólares al barril sin fondo de Vicentín. En términos políticos, el Presidente se sacó un problema de encima. Ahora volvió a su idea original: dejar que recaiga sobre el directorio de la compañía el peso del concurso de acreedores y de los juicios que vendrán, uno de ellos del Banco Nación. Salió de una situación en la que tenía mucho por perder y nada por ganar. Sin embargo su decisión no está exenta de costo político. Por un lado generó disconformidad en la tropa K que se había enamorado del Alberto expropiador e interpreta los últimos acontecimientos como un gesto de tibieza frente a la oposición y a "los sectores concentrados de poder económico". Para tranquilizar a estos sectores, desde el albertismo volvieron a poner en agenda el proyecto de un impuesto a las grandes riquezas, pero no hay certezas del rumbo que podría tomar el trámite legislativo de esa iniciativa. Por su parte, los sectores opositores macristasvidelistas olfatearon debilidad en la marcha atrás respecto a Vicentin y ese es otro costo que deberá asumir el presidente. El intento fallido despertó protestas que se realizaron violando la cuarentena. En el oficialismo describen que sigue siendo un grupo minoritario que no logra sumar voluntades. Lo cierto es que, el sector más fanático y gorila del macrismo, está dispuesto a oponerse a todo lo que haga el Gobierno con un activismo que nunca antes manifestó. Envalentonados y convencidos de que consiguieron torcerle la mano a Alberto a fuerza de cacerolazos y presión mediática, no dudarán en repetir la receta con cada medida que perjudique sus intereses, con el único afán de poner trabas a la gestión oficial por una cuestión eminentemente política. "Van a explotar algunos petardos", decían con ironía en sectores de la oposición fanática. Temor por las quiebras Con la pandemia, las carencias económicas se tornan dramáticas. La Cámara de Diputados acaba de sancionar una moratoria impositiva a la que podrán ingresar desde los monotributistas hasta las grandes empresas. Y que, más allá de la acusación política macrista sobre el "traje a medida" para Oil Combustibles, de Cristóbal López, o el ingreso al plan de refinanciamiento de la compañía Telecom, lo que muestra en el fondo es que el sector privado atraviesa una crisis enorme. Por eso, los diputados del peronismo y la oposición se unieron -como casi nunca lo hacen- para suspender los plazos de ejecución de la Ley de Quiebras, ya que la reapertura de esa instancia judicial prevista podría habilitar la caída de miles de empresas, el 70% radicadas en el AMBA. La situación es tan delicada que la CGT y la ultra liberal Asociación Empresaria Argentina (AEA) se reunieron para avanzar en un plan de contingencia sin el aval del Gobierno. Claro que eso no cayó bien en el oficialismo. Y el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, reprochó al jerarca cegetista Héctor Daer los términos del documento. Tiempo de reforma La reforma judicial, necesaria, llega demorada y light. La derecha macrista la ataca en nombre de la "República". Aún si el proyecto fuera aprobado en el Congreso, puede frenarse en Comodoro Py. Una resistencia que deberá enfrentar el Gobierno para sacar adelante la reforma que busca diluir el poder de los jueces federales mediante la creación de una justicia federal porteña con 23 nuevos juzgados y otros 94 juzgados y 85 fiscalías en distintos puntos del país. La reforma judicial Alberto se demoró un montón pero al final cumplió. Lo había anunciado en su discurso del 1 de marzo pasado y lo presentó el 29 de julio, casi cinco meses después, junto a los once miembros de un Consejo Asesor que harán sus propuestas. Luego de receptarlas y discutirlas, el presidente las enviará al Congreso, por ejemplo la relativa a la ampliación o no del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. El número de miembros de la Corte Suprema está desbordado por la lógica de un sistema que la tiene como última instancia en una cantidad de causas muy superior a la capacidad de respuesta de los jueces que la componen. Aunque el proyecto retoma parte de uno anterior que había impulsado Cambiemos, generó un inmediato rechazo por parte de esa fuerza. En un intento por despejar esas dudas, el proyecto que elevó Fernández al Congreso propone la creación de un Consejo Consultivo integrado por reconocidos juristas que deberán elevar propuestas de nombramientos "para fortalecer el Poder Judicial y el ministerio público". La reingeniería de los fueros federales se expandirá por toda la Argentina. La creación de juzgados en las provincias cumple dos funciones imprescindibles. Terminar con el unicato, fuente de concentración de poder en pocas manos. Y fomentar acción más eficaz contra determinados delitos en todo el territorio nacional que se consuman a diario y con enorme inmunidad, como el contrabando, la evasión fiscal, el lavado de dinero, la trata de personas... Sesenta medidas para la recuperación Los ministros del área de Economía de todas las provincias se reunieron para avanzar en el plan de reactivación que espera instrumentar el Gobierno cuanto antes. Al mando de la reunión estuvo la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca que anticipó que habrá 60 medidas concretas, aunque no detalló mucho más. Dijo que la obra pública tendría un rol protagónico en el programa y que además se otorgarían beneficios para las inversiones privadas orientadas a la construcción. Anticipó que el plan actuará en dos ejes de manera simultánea: uno buscará aportar respuestas inmediatas a necesidades de corto plazo y otro contendrá medidas estructurales pensadas para el largo plazo. La sustitución de importaciones sería central en la estrategia que diseña el equipo económico de Alberto, al menos eso se desprende de las declaraciones de Todesca que indicó que uno de los objetivos del proyecto será incrementar el componente de producción nacional en la oferta de productos para bajar la incidencia de las importaciones y aumentar el empleo. La funcionaria prometió también una reforma impositiva "para poner los incentivos donde tienen que estar que es en la producción y no en la especulación". Para el sector privado llegaron dos buenas noticias desde Diputados que otorgó media sanción a los proyectos de extensión de la moratoria impositiva y de suspensión de quiebras. La vida que nos 'toca' vivir Las palabras que definen el estado de las cosas en todos los niveles del poder (nacional, provincial y municipal) es "incertidumbre por el estado de las cosas". Corridos por el hartazgo de la gente ante la cuarentena, los gobernantes decidieron flexibilizar, abrir. Y eso se dio (y se da) en el peor momento de la pandemia. La apertura comercial y productiva, que es también social, implementada en las principales ciudades de la provincia no estuvo acompañada siempre de los suficientes controles ni de las necesarias campañas para alertar que la pandemia no desapareció por arte de magia de un día para otro. En este punto hay que agregar que esa lucha necesita para sostenerse el éxito en la empresa común, es decir que la situación sanitaria se mantenga bajo control, lo que según se ve claramente en estos días dista de estar asegurado. Es la vida que nos 'toca' vivir. Luego de meses de lograr contener la diseminación del virus con una gran disciplina social, decididas medidas de salud y decisión política de contención económica, los entrerrianos llegamos a creer que le habíamos encontrado la vuelta al problema. El resultado, que está hoy a la vista, parece ser el anticipo de un camino en subida aún mayor de los contagios. Aunque sean muy pocas las personas que contrajeron el virus y que además precisen atención hospitalaria, el colapso del sistema puede estar a la vuelta de la esquina. Hay reuniones sociales. Es difícil que alguien no conozca algún caso de parientes, amigos o amantes que hayan decidido arriesgarse antes de seguir sufriendo la angustia de la distancia, sin medir la terrible responsabilidad de ser eventualmente el transporte del virus. Apuntalar el proceso de reactivación El gobierno provincial incrementará el apoyo financiero a los proyectos que incluyan componentes importantes de innovación en distintos ámbitos. Como suele ocurrir, cuando el agro anda bien tracciona al resto de la economía, lo que se debería notar en el corto plazo, en un incremento en las ventas de los comercios y en un incremento de obras privadas de ampliación y reforma de viviendas. Algunos empresarios aseguran que la recuperación podría ser más acelerada, pero la pandemia impone limitaciones. Lo saben los dueños de restaurantes que ven como la demanda los desborda cada vez que abren, pero solo pueden trabajar en días y horarios determinados, o los comerciantes que reciben pedidos que no pueden satisfacer por problemas de abastecimiento generados también por la pandemia. Incluso el sector más golpeado por el coronavirus, el turismo espera con expectativas positivas la temporada de verano, cuando todo indica que las playas de Brasil no serán opción para ningún argentino. Contra la ansiedad de muchos empresarios que preferirían una salida más acelerada de las medidas de aislamiento social, desde el gobierno provincial tienen la certeza de que la continuidad de la recuperación de la economía depende directamente de la capacidad de mantener a raya al virus, al menos hasta que se desarrolle y distribuya una vacuna efectiva. Prudencia es la palabra clave. A esta altura de la pandemia sería estúpido ignorar los ejemplos que dejaron experiencias en distintos lugares del mundo que se apuraron en salir de la cuarentena y después tuvieron que volver al confinamiento pagando un alto costo en vidas pero también con la paralización de sus economías. La Opinión Popular
Alberto Fernández avaló U$S 80 millones para obras en Entre Ríos. El presidente firmó el decreto que aprueba un préstamo millonario del Banco Intermaericano de Desarrollo (BID) a la provincia. Será para construir y mejorar sistemas cloacales en ciudades de la costa del Uruguay.
Con los pies en el barro: El Gobernador, Gustavo Bordet, concurrió hasta las islas ubicadas frente a Victoria que en las últimas semanas se incendiaron y provocaron problemas medioambientales y conflictos con Santa Fe. Afirmó que la solución dependerá de un trabajo articulado entre la provincia, los santafecinos y Nación.