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Nacionales - 19-06-2020 / 10:06
PRESENTÓ EL PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS

Cierre de operaciones de LATAM con una extorsión a Alberto Fernández

Cierre de operaciones de LATAM con una extorsión a Alberto Fernández
Antes de la pandemia, Latam, la empresa del presidente chileno Sebastián Piñera, acumulaba pérdidas multimillonarias. La empresa se presentó en quiebra en Nueva York, donde despedir es gratis. Pero en la filial local rigen las leyes argentinas, doble indemnización incluida, que permiten que el Estado intervenga para evitar que la compañía vulnere los derechos de los 1700 trabajadores.
Tras repartir ganancias en Chile, la casa matriz había entregado U$S 57 millones entre sus dueños, Latam Airlines presentó un procedimiento preventivo de crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo, para cesar sus actividades en el país por tiempo indeterminado, tanto de pasajeros como de carga. Son 2.000 los empleados que dependen de la compañía, a los que ya les había recortado el salario unilateralmente.
 
Latam, la empresa que volvió multimillonario al presidente chileno Sebastián Piñera, moverá cielo y tierra para no cumplir con la ley y sus obligaciones. Cuenta con apoyo del establishment local y de los medios dominantes: Clarín, La Nación, América TV e Infobae, por razones ideológicas y porque solía gastar fortunas en publicidad.
 
Si Latam pretende huir pagando migajas no será tan sencillo. Según la normativa actual los despidos están prohibidos. Posiblemente, de facto (no por pura legalidad) los trabajadores estarán impedidos de conseguir reincorporaciones de una aerolínea que cerró sus puertas.
 
La aerolínea atraviesa problemas serios en todo el mundo. Desde hace años. Tan grandes son que está en quiebra, que tramita ante los tribunales de Nueva York. La legislación chilena permite ese periplo. Latam argentina no está incluida en aquel expediente de bancarrota, porque es una sociedad constituida conforme las leyes nacionales y sujetas a jurisdicción local.
 
El Estado deberá actuar y actuará para impedir que Latam deje un tendal sin hacerse cargo. La tradición laboral peronista, acentuada por el presidente Alberto Fernández en meses recientes, impone una intervención activa, con sesgo pro trabajadores. En Estados Unidos despedir es gratis. No así en estas pampas.
 
Latam arrojaba pérdidas colosales en Argentina en la pre pandemia. Según sus voceros corporativos y mediáticos perdió 260 millones de dólares entre 2018 y 2019 durante el mandato de la gestión del presidente Mauricio Macri, corpos extranjeras friendly. El transporte de cargas le dejaba ganancias. El de pasajeros, el más expandido y costoso, enorme déficit.
 

 
En este año Latam propuso a los sindicatos del sector reducción de salarios. Pagar el cincuenta por ciento para los más altos, onda 75 por ciento para los más bajos. Se realizaron numerosas audiencias ante el Ministerio de Trabajo. Los gremios se opusieron, la cartera laboral ordenó que pagaran los sueldos en su totalidad.
 
Las secuelas económicas de la pandemia se expanden geográfica y sectorialmente. Impactan distinto en diferentes ramas de actividad. Las ligadas al transporte internacional, la hotelería y el turismo están entre las más castigadas.
 
Para el bloque de gremios aeronáuticos, Latam sólo intenta hacer su propio juego, presionando al Gobierno para mantener beneficios incluso incumpliendo normativa vigente. Alberto topa con un tremendo caso testigo. El desafío es poner en juego los medios legales, renovar la tradición laboral argentina en una circunstancia cruel. También activar organismos de fiscalización y control para investigar inconductas empresarias. Que se hagan cumplir las responsabilidades de las patronales que hacen de la fuga un arte y un rebusque.
 
La Opinión Popular
 
 
LAS LEYES ARGENTINAS QUE RIGEN EL CONFLICTO, LOS PRECEDENTES
 
Latam en busca de la impunidad empresaria
 
El miércoles Latam anunció que termina sus actividades en Argentina. Sus empleados se enteraron por los diarios. Se presentó pedido de Procedimiento preventivo de crisis (PPC) ante el ministerio de Trabajo. El Estado deberá actuar y actuará para impedir que LATAM deje un tendal sin hacerse cargo.
 
La tradición laboral peronista, acentuada por el presidente Alberto Fernández en meses recientes, impone una intervención activa, con sesgo pro operario. En Estados Unidos despedir es gratis. No así en estas pampas.
 
Latam pretende dejar en la calle a más de 1700 trabajadores muchos altamente calificados y especializados. Huir pagando migajas no será tan sencillo. Según la normativa actual los despidos están prohibidos. Posiblemente, de facto (no por pura legalidad) los trabajadores estarán impedidos de conseguir reincorporaciones de una aerolínea que cerró sus puertas.
 
Tienen derecho a reclamar doble indemnización lo que, considerando los buenos sueldos del sector, puede llegar a cifras importantes. Ese resarcimiento puede funcionar como piso si los trabajadores resuelven reclamar ante los tribunales daño moral u otros perjuicios consecuencia del despido ilícito y abrupto.
 
Latam moverá cielo y tierra para no cumplir con la ley y sus obligaciones. Cuenta con apoyo del establishment local y de los medios dominantes, por razones ideológicas y porque solía gastar fortunas en publicidad.
 
Las lecturas parroquiales, auto centradas, están de moda. Vale la pena desafiarlas, hablar del contexto nacional e internacional.
 
La aerolínea atraviesa problemas serios en todo el mundo. Desde hace años. Tan grandes son que...
 
* ...está en quiebra, que tramita ante los tribunales de Nueva York. La legislación chilena permite ese periplo.
 
* Latam argentina no está incluida en aquel expediente de bancarrota, porque es una sociedad constituida conforme las leyes nacionales y sujetas a jurisdicción local.
 
* Latam arrojaba pérdidas colosales en Argentina en la pre pandemia. Según sus voceros corporativos y mediáticos perdió 260 millones de dólares entre 2018 y 2019 durante el mandato de la gestión del presidente Mauricio Macri, corpos extranjeras friendly. Con viento a favor, pongalé. El transporte de cargas le dejaba ganancias. El de pasajeros, el más expandido y costoso, enorme déficit.
 
* En este año Latam propuso a los sindicatos del sector reducción de salarios. Pagar el cincuenta por ciento para los más altos, onda 75 por ciento para los más bajos. Se realizaron numerosas audiencias ante el Ministerio de Trabajo. Los gremios se opusieron, la cartera laboral ordenó que pagaran los sueldos en su totalidad.
 
* Para mantener las fuentes de trabajo, el Estado concedió a la línea aérea los ATP subsidios que ayudan a sufragar los sueldos de los laburantes,
 
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El PPC es una herramienta concebida pensada para frenar decisiones empresarias inconsultas, obligatoria en caso de despido de más de 50 trabajadores... Latam no lo articula por buena onda.
 
La norma dispone que antes de poner multitudes de patitas en la calle, la empresa "debe explicitar las medidas para superar la crisis o atenuar sus efectos". En los gobiernos kirchneristas, su ministro de Trabajo Carlos Tomada impulsó PPC en todo el país para atender situaciones que pudieran afectar el nivel de actividad y de ocupación. El diálogo social, con Estado presente y no disfrazado de falsa neutralidad, mitigó los efectos de la crisis mundial de 2008-2009.
 
El macrismo inclinó la cancha en sentido opuesto. Grandes y medianas empresas se valieron del PPC y del favoritismo oficial para sustraerse a sus obligaciones, Demasiados casos para abordar en esta reseña. Un botón de muestra, Carrefour (no exactamente una PyME) consiguió que se le dejaran de cobrar cargas sociales para afrontar supuestas zozobras financieras.
 
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Las secuelas económicas de la pandemia se expanden geográfica y sectorialmente. Impactan distinto en diferentes ramas de actividad. Las ligadas al transporte internacional, la hotelería y el turismo están entre las más castigadas. En Economía, ojímetro en mano, estiman que explican el 7 por ciento del Producto Bruto Interno.
 
Las consultas cotidianas y francas entre distintos gobiernos, constituyen una novedosa consecuencia de la crisis. Mientras el presidente Fernández se comunica con sus pares, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fomenta diálogos entre el ministerio local y sus homólogos de Europa.
 
En especial los de Italia, Francia, España y Gran Bretaña. El movimiento obrero del Viejo Mundo no es lo que fue entre la posguerra y las décadas del 80 u 90. Pero cenizas quedan: conserva presencia y poderío.
 
Los interlocutores de ultramar vaticinan que la desoladora coyuntura de la aeronáutica comercial se prolongará por lo menos tres años, en la hipótesis más optimista. Lo comentan en charlas informales, lo traducen en medidas concretas.
 
El vicecanciller y ministro Federal de Finanzas alemán, Olaf Scholz, anuncia que el Estado comenzaría a recuperar la millonada de euros del salvataje de Lufthansa en 2023. Comenzaría, se subraya el potencial. En el ínterin, será imposible que la línea se sostenga con sus ingresos.
 
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La CEO de la filial argentina de Latam, Rosario Altgelt, emitió ayer un comunicado, todo un autorretrato. Contiene tramos que mezclan recursos de los libros de autoayuda con trazos de psicópata. Procura empatizar con las víctimas de su decisión que, dramatiza, jamás hubiera querido tomar.
 
Añade luego acusaciones a los presuntos culpables. La empresa, se ufana, buscó soluciones eficaces pero "cada iniciativa fue consistentemente resistida" (por los sindicatos). Falta en esa narrativa explicar lo sucedido a nivel mundial. Tal vez la intransigencia de los trabajadores argentinos, la odiosa rigidez de las leyes, perjudicaron a Latam. Los tribunales neoyorquinos tendrán la última palabra al respecto.
 
El gobierno de Alberto Fernández topa con un tremendo caso testigo. Indeseable, dañino. El desafío es poner en juego todos los medios legales, renovar mejor la tradición laboral argentina en una circunstancia cruel. También activar organismos de fiscalización y control para investigar (in)conductas empresarias.
 
La multinacionales saben desenganchar a las filiales argentinas de las casas matrices. En 2001 y años siguientes eso les sirvió a los grandes bancos para sustraerse a sus responsabilidades con los ahorristas locales.
 
Habrá que ver cómo funciona el mecanismo ahora con Latam matriz en bancarrota mientras los CEOS y responsables argentinos están sometidos al peso de la ley de Quiebras, a investigaciones. A que por una vez se hagan cumplir las responsabilidades de las patronales que hacen de la fuga un arte y un rebusque.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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Cierre de operaciones de LATAM con una extorsión a Alberto Fernández
Un nuevo escándalo en Latam acorrala a Piñera: le pagan USD 34 millones a los hijos del Presidente un año antes de su vencimiento.
05-07-2020 / 10:07
Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
 
Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.
 
Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.
 
Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.
 
Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con  casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.
 
"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.
 
A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
 
La Opinión Popular
 

05-07-2020 / 08:07
04-07-2020 / 10:07
04-07-2020 / 09:07
Cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.
 
Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional anti republicano de Cambiemos.
 
Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas y dirigentes sociales.
 
Crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios.
 
No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático. Si hubo o no corrupción durante los gobiernos K quedará en la incógnita porque, en la mayoría de las causas que abrieron, se ve la mano en la trampa. 
 

03-07-2020 / 12:07
En los últimos meses se han reportado 60 abominables hechos delictivos contra silobolsas con granos en campos de productores de diferentes provincias. Las pérdidas significan un perjuicio económico para el productor y los Estados nacional, provincial y municipal que dejan de recaudar a través de impuestos y tasas al no poderse vender. 
 
Ayer la cadena agroindustrial respaldó el proyecto de Ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para enfrentar al delito rural y pidió un rápido tratamiento en el Congreso. Mientras, sectores de la oposición política, mediática y económica mas gurka encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas.
 
La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al kirchnerismo, aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones.
 
Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron algunas entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los violentos discursos.
 
En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su "silencio cómplice", dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. Una verdadera falta de prudencia y discernimiento.



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