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"Vine a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos". Alberto Fernández
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Nacionales - 04-06-2020 / 11:06

El PRO descubrió ahora que está contra la violencia policial, luego de haber justificado las muertes de Maldonado y Nahuel

El PRO descubrió ahora que está contra la violencia policial, luego de haber justificado las muertes de Maldonado y Nahuel
En un giro copernicano de 180 grados de sus posiciones como oficialismo, el PRO salió a condenar la violencia institucional a raíz de desapariciones forzadas, asesinatos y femicidios en Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y San Luis. No estampó su firma, en este caso, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aunque el comunicado fue difundido por todas las vías institucionales del partido.
"Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público", indicó el partido de la derecha en un comunicado que firmó el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, pero no la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien -como ministra de Seguridad- justificó el asesinato por la espalda de personas a manos de policías y prefectos.
 
Se entiende por qué la omisión: como ministra de Seguridad, Bullrich justificó cuanto acto de violencia institucional ocurrió durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario, dicho sea de paso, recibió en Casa Rosada y felicitó al policía Luis Chocobar, mientras estaba siendo investigando penalmente por matar por la espalda al sospechoso de un delito.
 
Bullrich también justificó el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda por parte de integrantes de la Prefectura. Antes de que siquiera comenzara la investigación penal, la ministra emitió un comunicado en el cual aseguró que los prefectos habían sido atacados por poco menos que un comando guerrillero.
 
Nunca se encontraron evidencias de esto, pero la entonces ministra jamás se retractó. De hecho, dijo que en casos de violencia institucional como ese "no necesitamos pruebas: le otorgamos el carácter de verdad a la versión de Prefectura". Lo mismo hizo a lo largo de las semanas y semanas que estuvo desaparecido Santiago Maldonado: defendió sin pruebas a los gendarmes y se negó a hablar de desaparición forzada (un término que, por suerte, ahora el PRO aprendió a usar en su comunicado).
 
La nueva posición del PRO despertó ironías y críticas en las redes, donde no dudaron de tildarlos de farsantes. 

 
Con los antecedentes, no fue extraño que en las redes el comunicado del PRO fuera calificado de "hipócrita" y se recordaran también las represiones cuando se votó la rebaja al incremento de jubilaciones a fines de 2017.
 
Otros, en cambio, prefirieron saludar el ingreso del PRO a los partidos que repudian la violencia institucional, luego de que su ex presidente Macri hablara del "curro de los derechos humanos". ¿Autocrítica o tomadura de pelo?
 
 
LUEGO DE HABER JUSTIFICADO LAS MUERTES DE SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL
 
El PRO descubrió que está contra la violencia institucional
 
El comunicado del PRO se tituló "Decimos no a la violencia institucional" y, por su redacción, pone al partido de derecha en el mismo discurso que diversas organizaciones de derechos humanos que, a diferencia de ese espacio, denunciaron de manera consecuente la violencia policial e institucional a lo largo de las últimas décadas.
 
En el comunicado del PRO, indican que "la aparición sin vida de Florencia Magali Morales y Franco Maranguello en celdas de comisarías de la provincia de San Luis; la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza en Tucumán luego abandonado en Catamarca, la muerte de Hugo Coronel en Santiago del Estero tras estar detenido en la comisaría décima, más los hechos de brutal avasallamiento y agresión contra una familia de la comunidad qom en Chaco exigen la más rigurosa investigación para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia para que den cuenta de sus actos".
 
Un poco tardío, el reconocimiento del PRO de las situaciones que viven los pueblos originarios en la Argentina llega después de que, por cuatro años, los criminalizaran, sindicando a mapuches como integrantes de una fantasmagórica agrupación (la RAM). Bullrich, de hecho, está imputada en una causa por espiar y reprimir a los mapuches.
 
"No vamos a permitir que amparándose en el cumplimiento de las políticas sanitarias y de aislamiento social obligatorio se violen los derechos humanos de los argentinos y mucho menos seremos indolentes cuando se atenta contra la vida misma. Los gobiernos provinciales son responsables, deben expresarse y actuar en consecuencias", indicaron sobre las víctimas que fueron violentadas en provincias gobernadas por el peronismo.
 
 "El PRO exige el pleno respeto de las garantías constitucionales y solicita al Gobierno Nacional no ser indiferente pues el silencio es cómplice. Los argentinos queremos vivir en paz y seguridad. Queremos sentirnos cuidados", afirmaron. Además de Avruj, el comunicado lo firman los responsables del PRO de las distintas provincias aludidas.
 
Bullrich defendió a la Gendarmería cuando disparó contra una murga en la villa de Bajo Flores, de la que participaban niños y donde hubo, al menos, diez heridos. "Vamos a defender a todos los efectivos, no dejaremos que los ataquen con tanta impunidad", dijo en ese momento. Más adelante, aprobó un protocolo para el uso de armas letales que permitía que se disparara a una persona que huye.
 
Estas incongruencias de sus aliados tampoco amilanaron al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien salió a sugerirle al presidente Alberto Fernández que eche a su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, "por la inacción de la Secretaria de Derechos Humanos ante los casos de violencia policial en San Luis, Tucumán y Chaco". "No hay espacio para sesgos ideológicos o partidarios cuando están en juego los derechos humanos", aseguró Negri.
 
Por Werner Pertot
 
Fuente: Página12
 

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11-07-2020 / 09:07
El diputado Fernando Iglesias y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fueron denunciados por "incitación a la violencia" y "daño agravado" por ser convocantes de las manifestaciones virulentas realizadas el 9 de julio con epicentro en el Obelisco.
 
La denuncia, presentada por el abogado José Luis Ferrari,  acusa a la presidenta del PRO y al diputado de ser responsables de los hechos violentos en la movilización y de fomentar la violación de la cuarentena obligatoria.
 
¿De qué manera se puede definir al sector de la dirigencia macrista más gurka que convocó a la población a desafiar la cuarentena social y salir a las calles a protestar este 9 de julio con un claro sentimiento de oposición al gobierno nacional? ¿No queda claro que fue una incitación a la violencia?
 
Sus consignas, sus gestos, hasta sus actos de violencia contra sus adversarios, son evidentes. Los que salieron a la calle no hicieron más que multiplicar aquellos gestos, volverlo masivo y traducirlo en un acto de barbarie contra un grupo de comunicadores al que identificaron como "oficialistas". Y después, la ausencia de autocrítica seria sobre estos desbordes violentos.
 
El presidente Alberto Fernández, en su discurso por la fecha patria, hizo una clara convocatoria a la unidad nacional: "Vine acá para terminar con los odiadores seriales y para que todos nos unamos. No vengo a instalar un discurso único. Sé que hay diversidad, la celebro y propicio", expresó.
 
Al día siguiente el diario ultra macrista Clarín le dedicó dos títulos en su tapa: "Fernández, duro en el discurso del 9 de julio. 'Voy a terminar con los odiadores'"; y un poco más abajo: "Alberto cae en la trampa de la política extrema".
 
No hace falta demasiada astucia para reconocer la matriz derechista de semejante interpretación -y distorsión- de las palabras del presidente. Es bien sabido que ese diario fue uno de los principales fogoneros de la movilización y que su línea editorial es favorable al macrismo kamikase, que es la fuerza que representa como ninguna otra a la derecha argentina.
 

11-07-2020 / 08:07
Los actos anticuarentena como el del 9 de Julio pasado convocan pelajes de todos los colores, algunos con protestas más legítimas que otros, pero todos con el mismo común denominador de odio y violencia.
 
No se trata de un pequeño sector que no representa a la mayoría de los que asisten porque la violencia es generalizada, está en el tono de las consignas que gritan, en los carteles que llevan y en la actitud de los manifestantes.
 
No puede ser de otra forma porque la convocatoria es en términos violentos y porque sus referentes se expresan en forma violenta. Los manifestantes acatan los términos como fueron convocados y reproducen las actuaciones de sus referentes.
 
Hay una responsabilidad política por este tipo de manifestaciones que llevan a su punto más crítico la posibilidad de convivencia con la mayoría de las personas que piensa de otra forma.
 
Cada golpeador y agresor tiene una responsabilidad, pero la alianza Juntos por el Cambio y el grupo de periodistas afines al macrismo deberían asumir la responsabilidad principal de este fenómeno que atenta contra la posibilidad de vivir en paz y en democracia.
 
No hay un reclamo puntual, como puede ser una marcha por aumento salarial o en defensa de las jubilaciones. Los planteos que se escuchan ni siquiera están en relación con la consigna de la convocatoria, que se convierte en una excusa.
 
El odio está puesto en el otro. Odian al gobierno que no es el que ellos quieren. No conciben que tendrán oportunidad de volver a votar. Si no es el gobierno que ellos quieren, hasta ahí llega el concepto que tienen de democracia.
 
Convertir a la cuarentena por la peste en una dictadura stalinista es de un silogismo tan simplón que no resiste la inteligencia de un mono. 
 

10-07-2020 / 13:07
"En los últimos meses surgió un virus nuevo, no hay motivo para el pánico."
"El miedo y el pánico te hacen tomar decisiones extremas que después resultan estúpidas y muy destructivas."
 
Parece una única frase de un único autor. Pero son dos, con diferentes emisores. La primera pertenece al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La segunda, a Mauricio Macri.
 
No son lo mismo. En realidad, a favor de Bolsonaro, hay que decir que su frase es del 6 de marzo de este año, cuando no había ningún muerto y apenas 9 contagiados de coronavirus en Brasil. Ese día, en Argentina había 8 contagiados y 1 muerto.
 
La de Macri es de la noche del 8 de julio, cuando los contagiados en Brasil llegaban a 1.716.196 y los muertos a 68.055. En la Argentina, los contagiados sumaban 87.030 y los muertos 1.694.
 
Ya se hizo costumbre preguntarse qué hubiera pasado en Argentina si las elecciones de 2019 las hubiese ganado Macri. Por suerte, nunca lo sabremos. Y las especulaciones contrafácticas no tiene mayor sentido.
 
Pero sí resulta relevante conocer qué opina la principal figura de la oposición sobre la amenaza del coronavirus y cuáles son las políticas que impulsa para enfrentarla. Para ello, las definiciones que dejó en la entrevista que difundió este miércoles resultan reveladoras.
  
Lo primero que hace Macri es destacar la frase que inicia esta nota. Considera que el mundo "tomó decisiones extremas y estúpidas" para enfrentar la pandemia. Y sorprende con la confesión de que hace poco leyó un libro, y "lo volví a releer" asegura orgulloso, donde el médico sueco Hans Rosling sostiene que para tomar estas decisiones no hay que guiarse por "el miedo o la intuición" sino "por los datos".
 
Resulta difícil descubrir a qué datos se refiere Macri, que en el curso de la entrevista acusa a la Organización Mundial de la Salud de haber "confundido" al mundo con sus instrucciones equivocadas, en línea con lo afirmado con Donald Trump.
 
Para hacerlo, elige el ejemplo extraordinario de una clave fundamental que él descubrió, y que se le había pasado por alto a los epidemiólogos de todo el mundo: "en esta globalización no se tuvo en cuenta que mientras hay unos que están en verano hay otros que están en invierno".
 
En realidad, como lo demostró en su gobierno dinamitando a los sistemas: científico y de salud pública, no solo rebajándolos de ministerios a secretarías sino desfinanciando hasta la asfixia a cada una de sus partes, ni Macri ni sus más leales seguidores están pensando en datos científicos.
 
Por eso crearon el término de "Infectadura", para burlarse de que se tome en cuenta la opinión de los infectólogos a la hora de tomar decisiones sobre cómo combatir la pandemia.
 

10-07-2020 / 11:07
Nuevo "banderazo" anti cuarentena con las consignas de siempre. La protesta porteña se concentró en el obelisco, aunque hubo grupos también en Belgrano y frente a la quinta de Olivos. Las demostraciones de a pie no fueron muy importantes, unos cientos de personas terminaron frente a la Casa Rosada, pero algunos miles se manifestaron desde sus lujosos autos en contra el gobierno. Hubo protestas en varias ciudades del interior.
 
En el centro porteño, una turba de manifestantes exaltados se acercaron al móvil de C5N y en medio de insultos y gritos golpearon la camioneta de los trabajadores de prensa que realizaban la cobertura periodística de la manifestación en el lugar. El SiPreBA (sindicato de prensa) repudió la brutal agresión.
 
El ataque ocurrió dentro del contexto de manifestaciones en distintos puntos del país referidas como "anticuarentena" o "por las libertades y la República". Las mismas son supuestamente auto convocadas desde las redes sociales, pero es visible la manipulación y el aliento dado por sectores políticos de la oposición de derecha macrista.

En la concentración en el Obelisco algunos de los manifestantes impidieron realizar el trabajo a periodistas y el equipo de C5N, mediante golpes al móvil, a sus ventanillas, insultos y gritos de amenaza a los trabajadores. El móvil terminó siendo expulsado del lugar a los empujones. Luego, persiguieron y golpearon en patota al periodista Ezequiel Guazzora y los de Crónica TV también tuvieron que soportar amenazas de los manifestantes. Repudiable. 

Indudablemente que no es todo el macrismo, sino grupos minoritarios y violentos, odiadores seriales porque fueron derrotados en las urnas en las últimas elecciones. Un macrismo residual cada vez más agresivo, profundamente anti democrático. Quieren imponer un clima de violencia política porque no conciben una sociedad democrática e igualitaria. Una sociedad que pueda pensar en el bien común de la mayoría de los argentinos.
 

09-07-2020 / 13:07
Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri,  Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron imputados por la venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad. La medida fue tomada por el fiscal federal Ramiro González, quien además le solicitó al juez federal Daniel Rafecas una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.
 
La cúpula de la AFI macrista ya está siendo investigada por espionaje ilegal a políticos oficialistas y opositores, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, entre otros. En este caso, se trata de una causa iniciada a partir de una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien detectó que la Agencia hizo una venta ilegal de 296 armas propias, de distinto calibre, entre 73 espías y funcionarios a precios que eran un 20 por ciento de su valor real, y con mínimos requisitos.
 
Ahora, el fiscal imputó tanto a Arribas como a Majdalani, y también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia.
 
Entre las primeras medidas, el fiscal González solicitó que se realice una tasación del armamento cuestionado y que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre funcionarios y agentes.
 
De acuerdo con la denuncia, el ilícito se basó en dos resoluciones dictadas por Arribas en 2017 y 2018, que habilitaron esta suerte de mercado de armas en la AFI: primero se declaró al armamento en condiciones de "rezago" "por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación" y, en función de eso, se autorizó su venta "a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean credencial de legítimo usuario". El procedimiento de venta que aprobaba consistía en el descuento del valor establecido a través del pago de haberes. 
 

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