11:21 | Jueves 18 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 04-06-2020 / 10:06
REIVINDICACIÓN DE LO ESTATAL
Buscan rescindir los turbios contratos PPP de la obra pública macrista
El derrumbe estrepitoso de la economía que provocó “el mejor equipo de los últimos cincuenta años” dio por tierra con ese negociado. La decisión del actual gobierno de Fernández de desactivar definitivamente ese sistema y de llevar a cabo un plan de obras públicas por fuera de tal modelo, implica un alivio para las cuentas públicas y una recuperación del rol del Estado en la materia.
Comienza un proceso alentador en nuestro país, quizás oscurecido hoy por la contundente irrupción del Covid-19. La rescisión de los polémicos contratos de obras públicas realizados durante el macrismo bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP), un modelo de contratación muy perjudicial para el Estado pero que no prosperó por la crisis financiera.
El gobierno de Alberto Fernández puso en marcha el proceso para la rescisión de los seis contratos de obras de corredores viales que habían sido adjudicados por Mauricio Macri bajo la cuestionada modalidad PPP en julio de 2018. Ya en plena crisis externa y con el país con el crédito externo cortado, salvo el acuerdo con el FMI, el gobierno de Mauricio Macri firmó contratos bajo una modalidad que sólo había provocado fracasos y sospechas en el mundo.
El programa PPP, participación público-privada, es un modelo por el cual las mismas concesionarias debían obtener el financiamiento y realizar las obras, a cambio de la explotación comercial de las rutas y autopistas licitadas. Es decir, las concesionarias contrataban una deuda que después debía pagar el Estado, mientras que aquéllas se quedaban con el negocio del peaje y de la renta de los espacios comerciales que se desarrollaran a lo largo de las rutas (estaciones de servicio, por ejemplo).
La marcha atrás con el modelo PPP es una buena noticia. Ese engendro ya había fracasado en Europa dejando un tendal de deudas siderales que debieron ser afrontadas por los Estados. Se trata de un sistema que, como todo producto "made in neoliberalismo", privilegia las finanzas por sobre la producción.
En este caso las grandes empresas constructoras -multinacionales muchas de ellas- se hacían cargo de las obras viales licitadas, de su financiamiento y, como frutilla del postre, de la futura explotación de las autopistas. Todo cotizado en dólares, con tasas de interés altísimas y, por supuesto, con el Estado como garante del negocio de los privados.
El gobierno de Alberto Fernández puso en marcha el proceso para la rescisión de los seis contratos de obras de corredores viales que habían sido adjudicados por Mauricio Macri bajo la cuestionada modalidad PPP en julio de 2018. Ya en plena crisis externa y con el país con el crédito externo cortado, salvo el acuerdo con el FMI, el gobierno de Mauricio Macri firmó contratos bajo una modalidad que sólo había provocado fracasos y sospechas en el mundo.
El programa PPP, participación público-privada, es un modelo por el cual las mismas concesionarias debían obtener el financiamiento y realizar las obras, a cambio de la explotación comercial de las rutas y autopistas licitadas. Es decir, las concesionarias contrataban una deuda que después debía pagar el Estado, mientras que aquéllas se quedaban con el negocio del peaje y de la renta de los espacios comerciales que se desarrollaran a lo largo de las rutas (estaciones de servicio, por ejemplo).
La marcha atrás con el modelo PPP es una buena noticia. Ese engendro ya había fracasado en Europa dejando un tendal de deudas siderales que debieron ser afrontadas por los Estados. Se trata de un sistema que, como todo producto "made in neoliberalismo", privilegia las finanzas por sobre la producción.
En este caso las grandes empresas constructoras -multinacionales muchas de ellas- se hacían cargo de las obras viales licitadas, de su financiamiento y, como frutilla del postre, de la futura explotación de las autopistas. Todo cotizado en dólares, con tasas de interés altísimas y, por supuesto, con el Estado como garante del negocio de los privados.
El derrumbe estrepitoso de la economía que provocó "el mejor equipo de los últimos cincuenta años" dio por tierra con ese negociado. La decisión del actual gobierno de Fernández de desactivar definitivamente ese sistema y de llevar a cabo un plan de obras públicas por fuera de tal modelo, implica un alivio para las cuentas públicas y una recuperación del rol del Estado en la materia.
La obra pública es hoy una revalorización del Estado como agente activo. No es un hecho menor en un país, que suele caer periódicamente en la trampa de los proyectos de la elite económica neoliberal, convenientemente maquillados con globos amarillos.
Este duro aprendizaje político debiera consolidarse para evitar nuevas frustraciones y dolorosas experiencias que se pagan con pobreza, desempleo, destrucción del aparato productivo y endeudamiento externo. Una cosa es el Estado como promotor del bienestar general, y otra muy distinta el Estado al servicio de las grandes empresas monopólicas extranjeras. Si no se aprende esto viviremos de error en error, condenados a repetir la historia.
La Opinión Popular
El Gobierno busca recuperar los corredores PPP y pelea con constructoras por las garantías
El viernes habrá una reunión entre representantes empresarios y funcionarios para comenzar con la rescisión de los contratos de seis corredores viales
El Gobierno busca recuperar el control de los seis corredores viales licitados bajo Participación Público Privada ( PPP) y comenzará un proceso de negociación con las empresas ganadoras para rescindir los contratos. El viernes, representantes de estas empresas mantendrán una reunión con funcionarios, mientras escala la pelea por las garantías.
El puntapié inicial lo dio el Ministerio de Obras Públicas con una intimación para que incrementen estas últimas al 2,5% de la inversión desde el 2% actual. La intención de la cartera es llegar a un acuerdo para que los seis proyectos pasen a su órbita y así poder tener un mayor control, ante el fracaso de este tipo de contratos firmados durante el macrismo. "Empezamos a desactivar la bomba", plantearon desde la cartera.
Sin embargo, las constructoras no sólo están disgustadas por esta movida sino que incluso pujan por recuperar estas mismas garantías al entender que las obras no podrán llevarse adelante ante la falta de financiamiento. Por eso el consorcio que tenía a cargo los corredores E y F inició juicio y consiguió aval para reemplazar las correspondientes al cierre financiero y servicios de operación por un seguro de caución en pesos.
Lo cierto es que por esta vía, los bancos están embolsando unos USD300.000 mensuales en comisiones desde que se firmaron los contratos por cada corredor, hace casi dos años, lo cual da un total de cerca de USD40 millones que fueron a parar a las arcas del sistema financiero por proyectos que tuvieron un avance de apenas un 2%. En total, se entregaron garantías por USD567 millones.
De ahí el enojo que mostró el ministro Gabriel Katopodis. En declaraciones radiales, consideró "ruinoso" el sistema, lo acusó de estar "al servicio del sector financiero" y remarcó que estaba pensando "para llenarle los bolsillos a los bancos y vaciar las cuentas del Estado".
Mientras tanto, fuentes del sector privado adelantaron a BAE Negocios que este viernes habrá una reunión entre funcionarios nacionales y representantes empresarios.
En medio de la pelea, en el Gobierno no descartan que eventualmente las garantías puedan ejecutarse, y apuntan a que las rutas que conformaban los proyectos pasen a ser controladas por la estatal Corredores Viales SA, como ocurrió con otras cinco concesiones que vencían a lo largo de este.
"En 2019 se destinaron $19.000 millones en subsidios a concesionarios de peajes y no está muy claro en qué se gastaron. Al volver a Vialidad podrá haber más control", apuntaron fuentes oficiales.
La postura oficial es que los PPP "fueron un negocio financiero y de los bancos", pero las constructoras aducen que "no tiene nada que ver" cumplir con el aumento de las garantías con la rescisión de los contratos, y que incluso sería más sencillo hacer esto último directamente sin esta instancia previa.
Las empresas buscan recuperar las garantías porque si consiguen que se las devuelvan, los bancos ya no tendrían más el riesgo y quedaría un cupo crédito disponible para ellas, y les permitirá que regresen a sus manos las contragarantías que entregaron.
Primeras cartas jugadas del póker de las PPP.
Por Ignacio Ostera
Fuente: BAE Negocios
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