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Nacionales - 13-05-2020 / 10:05
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Denunciarán en la justicia al macrismo por la cacería de jueces que ejecutó

Denunciarán en la justicia al macrismo por la cacería de jueces que ejecutó
La Justicia estuvo asfixiada durante los cuatro años que gobernó Mauricio Macri. Hubo presiones y operaciones mediáticas contra distintos magistrados. Aquellos que no se alinearon con los intereses de la Casa Rosada sufrieron denuncias penales y en el Consejo de la Magistratura.
La primera que se decidió a hablar fue la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa. Días atrás, entrevistada por un periodista, denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri un alto funcionario, "que estaba por debajo del ministro de Justicia", entró a su despacho para presionarla por la causa sobre el memorándum con Irán. Además dijo que no fue esa la única metodología empleada, ya que las presiones también llegaban a través de "títulos de diarios".
 
Horas después la jueza federal de San Martín, Martina Fons, consultada sobre la denuncia de su colega, afirmó que durante el macrismo las presiones formaban parte de "un plan sistemático" y que en su caso las recibía de Esteban Conte Grand y Graciela Ocaña. Además recordó que su marido fue despedido del Ministerio de Justicia acusado de "socialista".
 
Por su parte, el juez de la Cámara del Trabajo, Luis Rafaghelli, sumó su voz para recordar que bajo el gobierno anterior "no se respetaba la independencia judicial" y que los jueces laborales fueron víctimas de infinidad de operaciones del Poder Ejecutivo, especialmente aquellos que fallaban en contra de los despidos masivos que el macrismo producía en el Estado.
 
El último -hasta ahora- en hablar del tema fue el juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slokar, quien en una entrevista no dudó en afirmar que "existió persecución ideológica y hubo intento de disciplinamiento de muchos jueces" durante los años del macrismo.
 
Esta seguidilla de declaraciones parece estar indicando que no pocos magistrados del Poder Judicial se han decidido a denunciar el clima opresivo que sufrieron por no allanarse a dictar fallos a gusto del paladar macrista. El gobierno nacional ya se prepara para denunciar las presiones del macrismo a jueces durante el mandato de Mauricio Macri. "Tengo varias denuncias preparadas por actividades. Estoy esperando que vuelva la actividad judicial para presentarlas", confirmó la titular de la AFI, Cristina Caamaño.
 

 
El ejemplo más obsceno fue, sin dudas, el del juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, sobre quien el gobierno de Macri ejercía fuertes presiones para que meta preso al sindicalista Pablo Moyano. A ese magistrado lo visitaron dos espías de la AFI para entregarle un escrito con la orden de detención del dirigente gremial. El juez rechazó la ofensiva pero pagó cara su osadía: terminó suspendido por una causa amañada en el Consejo de la Magistratura.
 
Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah de la Cámara Federal de Apelaciones tuvieron que abandonar el tribunal apremiados por el Consejo de la Magistratura luego de haber cometido el "pecado" de dejar libres a Cristóbal López y Fabián De Souza. Los empresarios eran objeto de una furiosa persecución, y estuvieron más de dos años detenidos con prisión preventiva, porque se negaron a poner el canal C5N al servicio de la ofensiva macrista.
 
María Romilda Servini, la jueza más antigua del fuero federal porteño, afirmó, con relación a las presiones que llegaban a su juzgado, que "esto yo no le he vivido con ningún gobierno en 42 años de justicia".
 
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La titular de la AFI adelantó que el Gobierno denunciará las presiones del macrismo a jueces
 
El gobierno nacional ya se prepara para denunciar las presiones del macrismo a jueces durante el mandato de Mauricio Macri. "Tengo varias denuncias preparadas por actividades. Estoy esperando que vuelva la actividad judicial para presentarlas", confirmó la titular de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño.
 
La director a de la Agencia Federal de Inteligencia lo adelantó en medio de una semana donde dos juezas denunciaron públicamente a la mesa judicial de Macri y el ex senador PRO Federico Pinedo reconoció que desde Cambiemos era normal apretar magistrados.
 
Sobre el ya reconocido caso del juez Luis Carzoglio, "visitado" por dos altos cargos de la AFI para presionarlo exigiéndole la detención de Hugo y Pablo Moyano, Caamaño aseguró en diálogo con Página 12: "El doctor Carzoglio es un funcionario público y por lo tanto es quien tiene que denunciar la existencia de un apriete o un delito. Está obligado. Pero si después un juez cita a esos directores de la AFI, ellos están obligados a pedir el levantamiento del secreto que deben guardar. No pueden ir a declarar así como así. Y yo también estoy obligada".
 
La directora de los espías amplió: "Si encuentro documentación sobre un delito, tengo la obligación de hacer la denuncia. De manera que, efectivamente, tengo varias denuncias preparadas por actividades. Estoy esperando que vuelva la actividad judicial para presentarlas".
 
Por otra parte, Caamaño adelantó: "No puedo revelar mucho. Pero es cierto que hemos encontrado documentación que acredita actividades ilegales, como seguimientos ilegales, espionaje ilegal, presiones indebidas que constituirían delitos. Pongamos, por ejemplo, que a usted como periodista lo hayan estado siguiendo y espiando y que hay pruebas de eso acá, en la AFI. Yo tengo la obligación de hacer la denuncia y las voy a hacer. Tengo varias denuncias preparadas, se lo reitero".
 
Esta semana, la jueza de San Martín Martina Forns rompió el silencio luego de que se cumplieran cuatro años de la brutal persecución que sufrió de los medios, el anterior gobierno y el propio Poder Judicial, y reveló los nombres de los principales operadores políticos del macrismo en la Justicia.
 
Se trata de la jueza de San Martín a quien le habían pedido el juicio político en 2016, luego de su fallo a favor de los amparos contra la suba de tarifas eléctricas de Mauricio Macri. Incluso trolls macristas hicieron un escrache violento en las redes sociales y hasta le pusieron una bomba en la puerta de su casa.
 
La jueza dijo que "no le sorprendió" la presentación en su contra porque molestó "demasiados intereses" pero insistió en que cuenta con "fundamentos conforme a derecho". "Había numerosos operadores en la justicia y lo sabíamos muchísimos. El ministro de Justicia, Garavano, tenía su operador. En mi caso fue (el jefe de gabinete del ministerio, Esteban) Conte Grand. Fue el que hizo echar a mi marido", sentenció sobre el final.
 
Además, reveló que Graciela Ocaña fue una de las operadoras del Gobierno de Mauricio Macri y que los pedidos de jury en su contra estuvieron motorizados por la actual diputada nacional opositora junto a "algún trasnochado que necesitaría un favor del Estado".
 
La magistrada rompió el silencio luego de que se cumplieran cuatro años de la brutal persecución que sufrió de los medios, el anterior gobierno y el propio Poder Judicial. En declaraciones a Víctor Hugo Morales, en la AM 750, aseguró que debió enfrentar "los pedidos de jury en el Consejo de la Magistratura, por su puesto en mi caso, con operadores como Graciela Ocaña o algún trasnochado ahí, que necesitaría un favor del Estado".
 
Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta luego de que la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa denunciara que fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Macri en el marco de la causa memorándum de Irán.
 
"Acabo de escuchar en @AM750  a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán", escribió Cristina Kirchner en su cuenta personal de Twitter.
 
Fuente: El Destape
 

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03-12-2020 / 10:12
El presidente Alberto Fernández convocó el miércoles a "construir otra normalidad, con más justicia y equidad" y, en ese sentido, destacó que aparecen "las primeras señales" de recuperación de la economía, con un incremento en el consumo, que contribuye a que esa nueva etapa "incluya a todos" y a que "YPF siga creciendo" para dar a los argentinos la energía necesaria para empujar ese crecimiento.
 
"Seamos capaces de construir otra normalidad, con más justicia, equidad, y que a todos incluya, en la que YPF siga creciendo para darnos la energía que necesitamos", afirmó el Presidente al participar ayer de la inauguración de La Plata Cogeneración II (LPC II), una central térmica de generación de energía de YPF que requirió una inversión de 166 millones de dólares.
 
En lo que hace a YPF, el jefe de Estado cuestionó con dureza "el daño" que le hizo en el gobierno un Mauricio Macri con políticas que calificó como "frustrantes" para el desarrollo de la petrolera de bandera. "YPF fue la nave insignia de las empresas argentinas. Funcionó durante muchos años como motor del crecimiento argentino", recordó el mandatario en la inauguración de la planta, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
 
Fernández trazó una comparación entre el daño que se le provocó a la empresa de bandera hidrocarburífera en dos momentos de la historia: la dictadura militar y el gobierno de Macri. "Pensé que era muy difícil hacerle el daño que se le hizo durante el gobierno militar", pero "en los cuatro años pasados, el daño que le hicieron y lo frustrante para el desarrollo, fue llamativo", señaló. En cambio, subrayó la capacidad transformadora y la visión actual que impera en la empresa.
 

03-12-2020 / 09:12
La historia del saqueo del macrismo en beneficio de Capital Federal es una suerte de remake de la eterna lucha entre unitarios y federales, entre el interior y el puerto, la pelea por la coparticipación entre el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires, con chicanas y presión a la Corte Suprema, que sigue su curso.

El Gobierno de Alberto Fernández reúne a la mayoría de los gobernadores en su respaldo. Los diputados cordobeses de Juan Schiaretti recordaron que Mauricio Macri le pasó por decreto a la CABA 67.000 millones por 19.900 policías, mientras en Córdoba hay 22.000, con sueldos similares, que cuestan 35.000 millones con más población y territorio. Conclusión: "Transfirieron de más".

Pero, aprovechando el tema, Mauricio Macri salió nuevamente a intentar disputarle el liderazgo de la oposición a Horacio Rodríguez Larreta. El ex mandatario aseguró que "dominada por el oficialismo ayer la Cámara de Diputados atropelló nuevamente las instituciones, los derechos de los argentinos y el federalismo. La ley que aprobaron saquea el presupuesto de la Ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas".

Si se lee bien, la declaración no fue un apoyo a Larreta (al que ni mencionó), sino un intento de ponerse en el centro de la escena. Para Macri, lo que hizo la Cámara de Diputados, con el voto de los representantes del pueblo, es 'atropellar las instituciones' mientras que él, que regaló indebidamente y por decreto, las habría respetado. El argumento es insólito y antidemocrático.

En tanto, la sobreactuación de Larreta sólo se explica por la falta de argumentos. Parece más una estrategia comunicacional para justificar el impuestazo que le esta propinando a los porteños con los aumentos de peajes, subtes, ABL, patentes y la nueva tasa a los consumos con tarjeta de crédito.
 


02-12-2020 / 11:12
02-12-2020 / 10:12
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "el puerto" capital de la oligarquía, es el distrito más rico del país y durante el gobierno de Mauricio Macri se la benefició sin motivo ni explicación de todas las maneras posibles. Fue escandaloso el modo en que se la favoreció a costa del resto de las provincias argentinas.
 
Si bien el proyecto de ley que fija el monto del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad no se convirtió en ley y volverá a ser tratado por el Senado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se apresuró a montar una conferencia de prensa en el que se volvió a exhibir como candidato presidencial. El alcalde porteño, que estuvo acompañado por sus principales aliados, anunció que presentará una nueva demanda ante la Corte y le reclamó que resuelva pronto.
 
Pese a que la iniciativa todavía no fue convertida en ley por el Congreso, Larreta defendió el "regalo", el traspaso de fondos por decreto realizado por Macri y atacó al gobierno nacional. El que salió a responderle fue el ministro Wado de Pedro: "Corregir no es quitar. Estamos corrigiendo lo que estuvo de más. En 2016, aprovechando la transferencia de la policía a la CABA, Macri aumentó de manera desproporcionada y con una clara finalidad partidaria los recursos que le correspondían, de un 1,40% a un 3,75%".

Y continúo: "El Congreso es el ámbito para esta discusión. Si pierden la votación, dicen que es un ataque. Si la mayoría de los gobernadores -que representan el federalismo- opinan en contra, es un ámbito sesgado. Pareciera que quieren una democracia sin Congreso y un federalismo sin provincias. Es hora de que entiendan que el país no tiene dueños y la República es de iguales". El porcentaje de la coparticipación que Macri les sacó a las provincias para regalárselo a Larreta, con una clara finalidad partidaria, hay que devolvérselo a las provincias.

La Opinión Popular


01-12-2020 / 11:12
Para dos jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Federal las declaraciones de los arrepentidos de la causa de las fotocopias de los cuadernos son válidas y no hay ningún motivo para disponer la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2016 en la que se basaron para tomarlas el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal macrista Carlos Stornelli.
 
Pese a que no hay más que registros escritos de esas "delaciones" pero ningún audio o filmación que hubiera dejado constancia de lo que ocurrió en esas audiencias, los jueces ultra macristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone sostuvieron que los empresarios y funcionarios de segundas líneas detenidos se arrepentían por propia voluntad.
 
Fue muy evidente en los inicios del expediente en agosto de 2018 que sólo se les concedía la libertad a aquellos que se "arrepentían" y pero quienes no aceptaban hablar para complicar a funcionarios K quedaban presos.
 
La jueza Ana María Figueroa votó en disidencia por declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley en cuestión (27.304) por considerar que atentan contra las garantías de prohibición de autoincriminación (declarar contra sí mismo), presunción de inocencia, derecho de defensa en juicio y del debido proceso.
 
Además postuló la nulidad de las declaraciones tomadas de los imputados colaboradores porque no estuvieron registradas debidamente por "medios técnicos idóneos", como establece la misma norma para poder ser controladas por las partes y saber qué sucedió realmente en las audiencias. La discusión desembocará en la Corte Suprema y todo indica que podría demorar un juicio oral.
 

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